El autor de Extractivismos: ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, Eduardo Gudynas, explica las implicaciones de ese modelo de desarrollo adoptado en Sudamérica. Se entiende por extractivismo (de gobiernos conservadores o progresistas) la extracción de recursos naturales en grandes volúmenes con el objeto de ser exportados.
¿Cómo ve el discurso transicionista de los gobiernos progresistas en relación al extractivismo?
La invocación de un extractivismo transitorio se da especialmente en Bolivia y Ecuador; sin embargo, no hay ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo por varias razones: la primera es que la forma en que se usa la riqueza generada por el extractivismo en buena parte se destina a programas que profundizan más el extractivismo, por ejemplo, aumentar las reservas de hidrocarburos o alentar la exploración minera. Segundo, los extractivismos tienen derrames económicos que inhiben procesos de autonomía en otros sectores productivos, tanto en la agricultura como en la industria. El Gobierno tendría que tomar medidas de precaución para evitar esa deformación y eso no está ocurriendo, de hecho hay una deriva agrícola a promover cultivos de exportación mientras se aumenta la importación de alimentos. Tercero, como los proyectos extractivos generan tanta resistencia social (ejemplos recientes son el de los Guaranís de Yategrenda, Santa Cruz, o la reserva Yasuni en Ecuador), los gobiernos tienen que defenderlos de forma tan intensa que refuerzan la cultura extractivista en amplios sectores de la sociedad y por tanto inhiben la búsqueda de alternativas.
¿Hay paralelismo entre el discurso del extractivismo transitorio y el de la salida también gradual del capitalismo?
En el caso del Ecuador eso tiene una elaboración teórica. Ellos consideran que el extractivismo es la única vía que tienen para la acumulación de capital que permita una transformación de su aparato productivo, pero suceden problemas similares a los de Bolivia: no hay una transformación de ese aparato y tampoco se acumula los volúmenes de capital esperados, a causa de la caída de los precios de las materias primas y el gasto corriente del Estado. Ese discurso tiene una complicación: es muy parecido al de la defensa convencional del desarrollo capitalista por etapas de Walter Whitman Rostow: que los países atrasados debían, por la exportación de materias primas, acumular capital para intentar el “salto industrial”. Así, escuchar el discurso transicional tiene un sabor agridulce por ser una idea similar a la de los defensores del capitalismo de mediados del siglo XX.
El “salto industrial”, que en Bolivia es un mandato constitucional, se parece al deseo de la izquierda tradicional del siglo XX.
Hay diferencias sustanciales. Aquella izquierda concebía mal depender de los extractivismos, los veía como sinónimo de atraso. La nacionalización de los recursos era un medio para dar el salto industrial. La otra diferencia es que esa izquierda quería recuperar autonomía frente a los procesos internacionales bajo el paraguas del “imperialismo”; sin embargo, el progresismo actual defiende al extractivismo, dejó en segundo plano medidas y discursos industrialistas. Solo hay planes industriales con propuestas sustantivas en Argentina y Brasil, con alguna implementación en Brasil. Tienen un discurso de crítica a países del norte, al sistema financiero, pero quieren adentrarse más en la globalización porque ésa es la vía comercial de salida para sus materias primas.
En Bolivia hay una campaña gubernamental mediática de industrialización…
Sí, pero la prioridad de la industrialización para salir del extractivismo, en países como Bolivia, estaría claramente en lo agropecuario. Porque ese sector podría fácilmente articularse con una gran variedad de producción y con el consumo propio del país para evitar seguir importando alimentos; sin embargo, una industrialización para cumplir apenas la primera etapa de refinado de un metal y transformarlo en lingotes dista mucho de la manufactura.
Recién se hizo una cumbre al respecto y se incentivará cultivos de soya.
En el sector agropecuario es evidente la presión y tentación de caer en una estrategia extractivista, eso va a tener consecuencias porque contribuye a ser dependiente la producción de los indicadores de precios de los mercados globales y, por lo tanto, la capacidad del Gobierno para definir qué cultivar y qué no. Se afecta incluso la capacidad del agricultor para tomar esa decisión, se ve acotado porque terminan respondiendo a las alzas de precio de los mercados internacionales. Los resultados de la cumbre corren el riesgo de contribuir a la subordinación comercial agrícola de Bolivia. Segundo, la ampliación de la frontera agropecuaria genera mucha preocupación por sus posibles impactos ambientales. Tercero, preocupa la posibilidad de que se autoricen transgénicos, no solo por el lado de la variedad transgénica, sino porque el transgénico se cultiva como parte de un paquete tecnológico que incluye ciertos químicos, cierta maquinaria y por lo tanto cierto tipo de producción. Eso contribuye a la subordinación comercial y productiva del país y a desplazar variedades nativas de cultivo. Habrá años en que los agricultores ganarán más plata, cuando los precios estén altos, pero como esta es una producción más intensificada, sus gastos corrientes son mucho más altos, por lo tanto los márgenes de rentabilidad son estrechos. Es un rumbo muy riesgoso.
¿Riesgos propios de la minería o de los hidrocarburos?, ¿hay una constante?
Son los efectos derrame. Finalmente, sectores muy distintos se terminan pareciendo porque entran a funcionar bajo la lógica del extractivismo.
Hoy el Gobierno vincula al ecologismo con el imperio, ¿esto es similar en la región?
En Ecuador se los tilda de “izquierda infantil”. A mí me parece que cuando la demanda de preservar la naturaleza del propio país, la calidad del agua, del cielo, la fauna y flora de la propia nación son demandas inherentes a la propia condición de cualquier ciudadano, calificarlas como una imposición imperialista es desmedido. También refleja que hay actores políticos que ya no tienen argumento para responder a las llamadas de alerta. Entonces solo queda descalificar. Van a permanecer los problemas de contaminación del agua y regresará la protesta ciudadana y no se puede estar reaccionando de aquí a la eternidad diciendo que cualquier demanda responde a un resorte del imperialismo.
Hay extractivismos a la derecha y a la izquierda. ¿En qué se parecen y distan?
La economía tradicional, sea convencional o la de origen marxista, no tiene herramientas conceptuales para determinar la cara económica de la destrucción de los recursos naturales, termina contabilizando como positiva la destrucción del patrimonio porque lo exportan, pero es incapaz de analizar las implicancias de los daños sociales y ambientales. Entonces las visiones económicas tradicionales de izquierda y derecha tienen una enorme dificultad para entender qué pasa con la naturaleza del siglo XXI. Es paradojal que exista esta tensión en Bolivia porque es uno de los países donde ha estado más presente la visión de la Pachamama y la naturaleza.
¿Efectos derrame en la política y la globalización?
En la globalización tiene que ver con que exportar obliga a obedecer las reglas de la globalización, no hay escapatoria, entonces nuestras economías se vuelven dependientes. En el otro campo, los extractivismos conservadores o progresistas están en regímenes democráticos, pero al extractivismo le gusta un gobierno presidencialista para reducir otros poderes del Estado. Por ejemplo, para que la Justicia no le impida una inversión minera, u otros órganos de decisión se opongan. Cuanto más presidencialista es un régimen, mayores chances hay para los proyectos extractivos.
¿El poder económico transnacional se ha visto afectado por los nacionalismos de la región?
En la actual fase del capitalismo, la propiedad del recurso natural ya no es importante para el entramado de empresas internacionales, porque aceptan que pueda ser nacional. Ponen énfasis en controlar la tasa de extracción, la producción primaria y su comercialización, es por eso que en el sector petrolero proliferan empresas estatales que se encargan de la primera fase. Eso no le preocupa a las trasnacionales, no les afecta; en el sector minero incluso les conviene, porque la extracción la hace la empresa nacional y se ahorran todas las discusiones con las comunidades locales y gobiernos. Solo les interesa tener mineral para procesar y exportar. En el debate, se ha perdido la perspectiva de que para el capitalismo es más importante el control de las redes de comercialización y producción que sobre la propiedad del recurso.
¿La flexibilización en las normas ambientales en la región se vincula con lo que usted dice sobre el extractivismo?
Sí, para poder llevar adelante los extractivismos. Como tienen tal nivel de impacto social, ambiental y territorial, se deben reducir los controles y exigencias, eso lo hacen los países de diversas maneras, otorgando excepciones, por ejemplo: permitiendo la exploración en áreas protegidas, como en Bolivia y Ecuador; rebajando estándares, como en Brasil; achicando los tiempos de valoración para su aprobación automática, como se intentó en Colombia. Hay varios mecanismos por los cuales se hacen más laxas las exigencias.
¿Alternativas?
Puedo decir que en varios países se discuten salidas post extractivistas que implican repensar cómo salir de desarrollos que dependen y están dominados por el extractivismo; estas salidas son propuestas transicionales, porque hay que ir lidiando con este entramado cultural que apoya los extractivismos e implica medidas ambientales sociales con un fuerte componente de discusión de cómo reorganizar las economías nacionales para hacer funcionar nuestros países sin tener que depender de la exportación de las materias primas.
¿Qué opina de lo dicho por el Vicepresidente sobre cuatro ONG, entre ellas el Cedib, con la que usted trabajó?
He pasado de la sorpresa a cierta rebeldía, para terminar en la tristeza. Cedib tiene una bien ganada reputación de ser una de las organizaciones ciudadanas de investigación e información más serias de América Latina. Ese centro, como muchos otros, ofrece un marco independiente para dar a conocer investigaciones, análisis o reflexiones. En ellos hay muchas voces. Entonces, si se está en desacuerdo con esas voces, hay que argumentar, presentar datos, nuevas reflexiones. Pero aquí parecería que se quiere simplemente silenciar esas voces. Hacer eso no hará desaparecer los impactos, por ejemplo de explotar petróleo dentro de un parque nacional. En cambio, se debilitará la necesaria pluralidad de voces dentro de una sana democracia. Y es justamente que se haya caído en ese extremo lo que me genera tristeza.
