El 17 de abril de 1996, la represión militar avalada por terratenientes de Brasil, asesinó a 19 campesinos del Movimiento Sin Tierra de ese país. En el marco de la segunda Conferencia Internacional, en Tlaxcala, México, realizada por la organización campesina Vía Campesina, decidieron declarar el 17 de abril como “Día Internacional de la Lucha por la Tierra”.
A partir de ese año, organizaciones sociales, campesinos e indígenas, realizan concentraciones y movilizaciones cada 17 de abril en diferentes lugares del mundo. Durante las movilizaciones y concentraciones, se realizan actos de liberación de la madre tierra, siembras de semillas nativas, descontaminación de fuentes de agua y campañas de arborización entre otras. Los campesinos e indígenas tienen muy claro que la tierra es la que produce los alimentos y que el campesino no puede producir si no tiene tierra para hacerlo. También han alertado a la sociedad sobre el peligro que se encuentra la soberanía alimentaria y el derecho al acceso al agua limpia.
Antecedentes de las luchas en los campos
Durante los años 60 y 70, la problemática agraria se fue agudizando en América Latina. Para prevenir la extensión de la revolución Cubana, Estados Unidos promovió la reforma agraria a través de la Alianza para el Progreso. Este modelo fue tomado en Colombia por el presidente Carlos Lleras Restrepo.
Luchas por la tierra en Colombia
Con la reforma agraria propuesta por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se fue gestando malestar en los campesinos. La reforma no tenía un proceso de redistribución de tierras, además hablaba de facilidades de crédito pero los campesinos no tenían tierra. Fue entonces cuando los campesinos agrupados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- en 1971, inició el proceso de recuperación de tierras, especialmente en los Montes de María. Durante el proceso de recuperación se presentó violentos enfrentamientos de la fuerza pública contra los campesinos generando muertos y heridos.
Después de diálogos y negociación, y con la mediación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA-, fueron distribuidas más de 100 mil hectáreas de tierra en Sucre. Muchas familias a las que se les adjudico la tierra fueron asesinadas y otras abandonaron las tierras.
Posteriormente surgieron nuevos cambios en términos de política agraria hasta llegar a la contra-reforma agraria. Muchas de las organizaciones campesinas fueron decayendo por falta de crédito para inversión. A esta situación se agregó la aprobación del Estatuto de seguridad en el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala en 1978. El estatuto fue utilizado para perseguir a las organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y maestros. Se asesinaron selectivamente a los líderes sociales y se debilito la organización campesina.
La protesta agraria se criminalizó y se convirtió en discurso que legitimó la arremetida paramilitar presentándose asesinatos selectivos de líderes sociales y masacres. Las regiones más golpeadas por este hecho fueron los Montes de María. Se fue extendiendo el proyecto paramilitar en Colombia. Posteriormente, la coca empezó a jugar un papel importante en el conflicto. En 2013, la ONU reconoció que el problema de la coca en Colombia es producto de la pobreza y el olvido Estatal.
Los mega-cultivos de caña y palma aceitera
Desde el 2001, el tema de tierras se ha concentrado para el uso de mega-cultivos productores de biodiesel como la caña y la palma africana. En el gobierno de Andrés Pastrana se implementó el programa Plante que establece la siembra de la palma africana. El gestor de la iniciativa fue el entonces Ministro de Agricultura Carlos Murgas Guerrero.
Con la implementación del programa Plante se fueron extendiendo los mega-cultivos de palma en grandes zonas del país, especialmente en el oriente Colombiano. Una característica de las zonas cultivadas con palma es la concentración de la tierra en manos de terratenientes. Otra característica es la pérdida de miles de hectáreas de bosque y la migración de especies nativas, la desaparición de fuentes de agua, nacientes y humedales que surten los acueductos, afectando la producción agroalimentaria y consumo humano.
Además, los territorios donde se ha implementado el cultivo, se han generado problemas de orden social, prostitución, riñas y alteración de orden social. Muchos de los terrenos cultivados por palma pertenecieron a familias que fueron desplazadas por grupos paramilitares como el caso de la zona del Catatumbo en Norte de Santander.
Las decisiones políticas en materia agraria y la implementación de la locomotora minero energética por el gobierno de Juan Manuel Santos, ha incrementado el deterioro del campo. El programa de restitución de tierras que implemento el gobierno no ha llenado las expectativas de las comunidades, que siguen sin tierras, olvidadas y atacadas cuando salen a las movilizaciones a reclamar sus derechos.
Los ataques más recientes de la fuerza pública han sido los registrados en el Cauca donde las comunidades indígenas han realizado actos de liberación de la madre tierra, reclamando la devolución de las tierras que se encuentran ocupados por multinacionales azucareras con monocultivos de caña.
