En Uruguay, el 96% de tierras están en manos privadas, el cual no está sujeto a cumplir función social, y solo el 4% es propiedad del Estado. A las tierras estatales, los trabajadores asalariados rurales y productores familiares campesinos acceden a través de un proceso de otorgación. Sin embargo, el acceso es lento y angustioso y pueden pasar hasta 20 años en que los aspirantes a la tierra en el área rural logren su objetivo.
El investigador social uruguayo Pablo Diaz en su texto "LEGISLACIÓN SOBRE ACCESO A LA TIERRA EN EL URUGUAY” explica que desde 1830, la Constitución de Uruguay garantiza el derecho inviolable de la propiedad privada, amparando de esta manera la injusta distribución de tierras y que hasta ahora no se ha realizado una reforma agraria que revierta esta situación.
“De aquí se desprende que la gran mayoría de las tierras de propiedad privada en manos de particulares (el 96% del territorio) no estén afectadas a una función social ni hayan sido objeto de algún tipo de legislación que limite su exceso o tienda a su desconcentración, como sucede en los procesos de Reforma Agraria de otros países”, afirma Diaz.
Explica que ése es uno de los motivos que el precio de las tierras, ya sea en compra o en arrendamiento, sea absolutamente elevado y no permite que los campesinos puedan comprar terrenos para producir.
El presidente del Movimiento por la Tierra, Gustavo Delfín explica que debido a situación legal del país, actualmente hay una estrcutura latifundista que permite el acaparamiento de la tierra en manos de pocas personas. A esta situación se suma que muchos predios fueron vendidos a extranjeros quienes realizan actividades extractivas.
“Otro problema del aceso a la tierra, es que en los últimos años se ha extrajerizado la tierra para la producción de a soja y la deforestación”, relata en una ENTREVISTA que le hicieron en 2016.
Frente a esta situación, muchas personas que viven en el campo no cuentan con tierras propias y muchos trabajan en propiedades pivadas, muchas veces en condiciones defavorables. Por ello, en los últimas décadas comenzaron a realizarse ocupaciones de tierras que no cumplían función social, sin embargo dichas acciones fueron penalizadas por la Ley de “usurpación” de tierras en el año 2007, durante el primer gobierno de Tabare Vázquez.
Con todo este contexto, el pincipal modo de acceso a las tierras de los aspirantes a colonos es el proceso de otorgación al Instituto Nacional del Colonización (INC), que hasta el año pasado otorgó tierras a 5 mil colonos un total de 600.000 hectáreas de campos del INC, lo que representa cerca del 4 % de la superficie productiva nacional.
Si bien la ley de colonización habilita diversas formas de tenencia, las dos principales en su historia fueron: la adjudicación en modalidad de arrendamiento, con un precio muy inferior a las rentas que cobran los particulares para alquilar campos, y la venta en propiedad con créditos accesibles.
Éxodo del acceso
“Algunos de estos vecinos hace más de 20 años que están como aspirantes a tierras del Instituto de Colonización y no conocen los motivos por los que no se les ha adjudicado. En otros casos no ven apertura de parte de la regional cuando buscan información para conocer los requisitos de acceso a la tierra. Simplemente son ninguneados y frustrados en sus expectativa”, señala el acta fundacional de 2011 del Colectivo de Vecinos de Guichón en en la comunidad Cuchilla del Fuego, Paysandú que luego formaron el Colectivo “Tierra pa´todos”, protagonistas de uno de los próximos casos que publcará elEL MOVIMIENTO REGIONAL POR LA TIERRA Y TERRITORIO.
Como este colectivo, muchas personas han pasado por un éxodo para que el INC les otorgue en la modalidad de arrendamiento —que es por dos años con la posibilidad de adjudicarse de manera definitva— por ello en muchos casos forman grupos o cooperativas para que el proceso no sea tan largo.
Aún así, uno de los poblemas para que las personas se desanimen con el proceso son los tiempos que demora el acceso a la tierra en Uruguay. Por ello, por ejemplo de los 24 integrantes iniciales del “Grupo Centurión” del departamento de Cerro Largo, protagonistas del CASO 113 del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, solo ocho terminaron el proceso este caso evidencia el desafío de realizar una explotación ganadera sustentable en el marco de una Reserva Natural, como es el caso de Centurión.
Pese a lo tortuoso del proceso de adjudicación de tierras, muchos colonizadores que ya accedieron a sus tierras con sus producciones hacen un importante aporte a la económia agropecuaria, principalmente, ganadera.
Foto: Gustavo Diaz
Fuente original: MRxTT
