A pesar de los avances en legislaciones sobre derechos de los pueblos indígenas, a menudo esos compromisos plasmados en leyes y políticas no se cumplen en los hechos, principalmente en el acceso a la tierra, agua, bosques y otros recursos contenidos en esos territorios. Así se hace necesaria la pregunta de si existe un avance o retroceso en este contexto de inseguridad.
Así lo plantea el informe “Territorio común: Garantizar los derechos a la tierra y proteger el planeta”, elaborado por el periodista Fred Pearce y publicado en marzo de este año Oxfam Internacional, ILC e Iniciativa para los Derechos y Recursos.
Servindi, 18 de octubre, 2016.- El informe “Territorio Común: Garantizar los derechos a la tierra y proteger el planeta” es un documento de llamamiento mundial a la acción sobre los derechos a la tierra de los pueblos Indígenas y las comunidades.
Este aporte realizado por el periodista Fred Pearce y publicado por Oxfam Internacional, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) e Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), tiene el respaldo de más de 300 organizaciones del mundo.
Es un manifiesto de solidaridad con las constantes luchas de los pueblos indígenas y las comunidades locales por asegurar sus derechos a la tierra.
El documento también señala un llamado de atención a los permanentes compromisios asumidos por los estados respecto a los pueblos indígenas pero que al final quedan en promesas vacías.
Las vidas de cerca de 2.500 millones de personas dependen de tierras indígenas y comunitarias, que suponen más del 50 por ciento de la tierra del planeta; sin embargo, legalmente sólo son dueñas de una quinta parte.
Los 5.000 millones de hectáreas restantes están desprotegidos y son vulnerables al acaparamiento por parte de entidades más poderosas como los gobiernos y las empresas.
Hay cada vez más pruebas que demuestran el importante papel que desempeña la titularidad legal plena de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra en la conservación de la diversidad cultural y en la lucha contra la pobreza y el hambre, la inestabilidad política y el cambio climático.
El documento manifiesta la importancia de proteger y ampliar la propiedad indígena y comunitaria de la tierra ha sido un elemento clave en las negociaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y es clave para el éxito de su puesta en práctica.
Estas tierras eran nuestros medios de vida. De ellas, obteníamos nuestros recursos. Nos pertenecían, y el agua también. Podíamos vivir de ellas. Con la propiedad común de estas tierras nos sentíamos libres. Mansa Ram, líder local de la aldea Kayarakhet, Udaipur, en la India, cuyas tierras comunitarias están en peligro
A continuación compartimos el preámbulo del informe.
Preámbulo
La inseguridad con respecto a los derechos a la tierra es una crisis mundial, tanto para millones de pueblos indígenas y comunidades locales que corren el riesgo de perder sus tierras y sus medios de vida, como para la humanidad en su conjunto, ya que mina nuestra capacidad de hacer frente al cambio climático, la inseguridad alimentaria, la pobreza y la inestabilidad política, y de proteger la diversidad de formas de vida, cultural y lingüística que aportan belleza y sentido a nuestras vidas.
A pesar de los avances que ha habido en muchos países, los compromisos para respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a menudo quedan en promesas vacías. Los bosques, el agua, las tierras de pastos y los recursos minerales siguen siendo objetivos primordiales de inversiones y proyectos “de desarrollo” que se extienden rápidamente desplazando a los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Las mujeres padecen de manera especial la inseguridad de estos derechos, y están aún lejos de disfrutar de un papel equivalente al de los hombres en el diseño de la organización comunitaria y de las políticas nacionales. El creciente número de personas asesinadas por defender sus tierras es un duro recordatorio de la indescriptible violencia y el inmenso reto a los que se enfrentan miles de personas en el mundo, desplazadas o sin voz en las decisiones que afectan a sus tierras y, en definitiva, a sus vidas.
Análisis recientes muestran que a pesar de que más del 50 por ciento de las tierras del mundo cuentan con una historia de utilización y tenencia consuetudinaria, los pueblos indígenas y las comunidades rurales de todo el planeta (hasta 2.500 millones de mujeres y hombres) tan sólo tienen derechos de propiedad reconocidos sobre una quinta parte de la tierra que legítimamente les pertenece.
Esta terrible brecha en el reconocimiento de los derechos a la tierra explica una gran parte de la privación de derechos, la pobreza, las violaciones de derechos humanos y los conflictos alrededor del mundo. Por ello, hacemos un llamamiento mundial a la acción: una movilización sin precedentes de los millones de personas de pueblos indígenas y comunidades locales, Gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y otros actores del sector privado, sociedad civil, movimientos sociales, investigadores y otras instituciones, y de la ciudadanía mundial para que se garanticen y se respeten los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Garantizar el ejercicio de los derechos a la tierra es el eje central para construir un mundo justo y equitativo. Desde la salud a la educación, desde la participación a la paz, desde el crecimiento a la diversidad cultural y la justicia de género, el adecuado reconocimiento de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales es crucial para lograr un verdadero desarrollo sostenible en un clima habitable.
Juntos, podemos y debemos apoyar las luchas de las comunidades por la tierra. Sólo así éstas podrán ejercer sus derechos humanos fundamentales.
