La comitiva (conformada por Parlamentarios, abogados, periodistas, referentes de la iglesia católica y organizaciones civiles) viajará hoy a la comunidad Primero de Marzo Joajú, ubicada en el departamento de Canindeyú -distrito de Yvyrarovaná- a 300 kilómetros al nordeste de Asunción.El objetivo es levantar y documentar la mayor cantidad de informaciones sobre la actuación del Estado en relación a los derechos elementales de las 300 familias campesinas que viven en el lugar hace cuatro años.
Las familias están articuladas a la Organización de Lucha por la Tierra(OLT) y ocuparon el lugar en 2011, luego de constatar que las mismas son tierras mal adjudicadas por la dictadura de Alfredo Stroessner en 1969.
Se trata de 4 mil hectáreas de tierras originales del Estado que fueron cedidas por el régimen estronista a la familia empresaria Bendlin a cambio de una avioneta, a pesar de que la ley vigente prohibía expresamente ceder tierras fiscales a no sujetos de la reforma agraria.
Desde su asentamiento, Primero de Marzo Joajú soportó al menos tres desalojos policiales-fiscales, el asedio de pistoleros civiles y una permanente campaña de criminalización por parte de cierto sector de la prensa empresarial y actores estatales.
El actual ministro del Interior, Francisco De Vargas, trató en varias ocasiones de delincuentes a las familias campesinas y las quiso salpicar con hechos de violencia, según la OLT.
“Actualmente la comunidad cuenta con una escuela a la que asisten diariamente 250 niños y niñas, un almacén comunitario, una radio comunitaria, así como caminos y servicios de energía eléctrica.
No obstante, vive en constante zozobra ante amenazas por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de las tierras, quienes actúan al amparo de autoridades locales”, explica la organización campesina en una gacetilla de prensa.
Desde un primer momento, las familias asentadas realizaron todos los trámites institucionales ante el Instituto de la Tierra (INDERT) para obtenerlas por esa vía o incluso planteó varias alternativas como el acceso a otras tierras.
Pero el INDERT cerró toda tratativa argumentando que no había presupuesto para comprar tierras, desentendiéndose así de su responsabilidad legal de garantizar los derechos elementales de las familias campesinas.
Actualmente está latente una nueva orden de desalojo sobre las familias campesinas.
Fotografía:Organización de Lucha por la Tierra -OLT
Autor: Base Is
Artículo original disponible en: http://www.baseis.org.py/una-mision-de-observacion-monitoreara-violaciones-de-derechos-en-asentamiento-primero-de-marzo/
