La Organizacion Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani denunció que el aumento de la minería ilegal en el río Caura, estado de Bolívar, mantiene a los indígenas Yek’wana y Sanema de la zona en condiciones de maltrato y explotación por parte de los mineros y las tropas del ejército apostadas en la zona.
En un comunicado, la referida organización que agrupa a los 53 pueblos indígenas de la cuenca, indicó que más de tres mil mineros trabajan con maquinaria de tierra y de agua en el río Yuruaní y su desembocadura en el Caura, el tercer río más importante de Venezuela.
El aumento de esta actividad extractiva ha traído a la zona prostíbulos y bares donde menores de edad son explotados en medio del libre expendio de drogas sin que haya incautación por las fuerzas armadas apostadas en cinco bases a lo largo del río.
Kuyujani acusó a los militares de crear un “clima de terror, miedo, zozobra” mediante “vejámenes y humillaciones” en los indígenas cuando se desplazan por los ríos y cuando llegan a los poblados.
“En la mayoría de los casos los militares en su manera de proceder en las requisas muestran tratos y conductas discriminatorias y menosprecio hacia los indígenas” afirmó Magdaleno Cortés, director de Kuyujani.
Cortés llamó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomar cartas sobre el asunto y conformar una comisión para combatir el “ecocidio” en el Caura y proteger a las comunidades indígenas.
También pidió a los organismos defensores de los derechos humanos y a instituciones oficiales como la Defensoría del Pueblo para que insten a los militares a cesar las hostilidades contra los nativos.
Responsabilizan al Gobierno
La situación de “descontrol” en el Caura es el resultado de la inacción del Gobierno, denunció Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV).
Lanz dijo que el Gobierno nacional “ha corrido la arruga pero no se ha hecho nada”, a pesar deser conocida la situación. Las consecuencias de esta inacción son la prostitución infantil y la explotación laboral de los indígenas.
“Hay una esclavitud con los menores de edad, que son obligados a cargar en los hombros 70, 80 litros de combustible, de cerveza y de ron 20 kilómetros cuesta arriba y con un pago que es nada (…) los maltratan y les caen a palos” indicó.
Consideró también que estas condiciones laborales configuran una “neo-esclavitud en pleno desarrollo…”, pues “se habla de amor, de paz, de derechos humanos pero no se cumplen”.
