Por PEDRO SERVIN
The Associated Press
ASUNCION --
Campesinos sin tierra dieron un plazo de 72 horas al gobierno para que expulse a colonos brasileños de tierras que supuestamente están destinadas a la reforma agraria pero que por diversas razones fueron adquiridas por los agricultores extranjeros dedicados al cultivo de la soja.
Paraguay es el tercer productor de la oleaginosa en Sudamérica y sexto en el mundo.
Sin embargo, en el distrito General Resquín, departamento de San Pedro (a 340 kilómetros al norte de Asunción), unos 100 campesinos no aceptaron la tregua e invadieron el martes unas 1.500 hectáreas impidiendo la cosecha de maíz.
"Ya no queremos esperar; estamos cansados de reuniones y más reuniones que no resuelven nada", dijo a periodistas el dirigente campesino Anselmo Villagra.
El grupo de Villagra invadió la propiedad del empresario importador de automotores y campeón paraguayo de carreras de automóviles Francisco Gorostiaga, afirmando que el predio le fue regalado por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) a una mujer y ella lo transfirió a Gorostiaga.
"Significa que es terreno fiscal", explicó Villagra, agregando que parcelarían la propiedad para "crear un pueblo".
Aparentemente, Gorostiaga alquiló su finca a colonos brasileños.
El vicepresidente paraguayo Federico Franco, en conferencia de prensa anticipó el martes que la tensión en el campo "será solucionada antes que ocurra algo peor, antes que explote con consecuencias lamentables. El ministerio del Interior fue autorizado a evitar enfrentamientos entre campesinos y propietarios de establecimientos sojeros".
Elvio Benítez, líder del grupo Productores de San Pedro-norte, de izquierda, anunció la noche del lunes último en el pueblo Lima que "el presidente Lugo no debe temer a Brasil porque la tierra es de los paraguayos".
Afirmó que diferentes agrupaciones de labriegos sin tierra resolvieron otorgar un nuevo plazo pero sólo hasta la noche del jueves para que el gobierno "comience a recuperar la soberanía paraguaya", expresó en idioma guaraní.
Benítez aseguró que "en el departamento de San Pedro tenemos a la vista unas 15 fincas productoras de soja, en poder de brasileños, que vamos a ocupar y resistir hasta el final si el gobierno no desaloja a los usurpadores".
Añadió que su movimiento no aceptará que la fiscalía y otras autoridades judiciales sólo defiendan a los extranjeros y no a los reclamos sociales de los paraguayos.
La posición campesina cuenta con el respaldo del gobernador de San Pedro José Ledesma, quien explicó que "las reivindicaciones son justas".
Alberto Alderete, director del estatal Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), confirmó que "los brasileños que gestionaron la titulación de sus tierras antes del 29 de diciembre de 2004, no serán desalojados".
Juan Néstor Núñez, presidente de la patronal Asociación Rural, no obstante, advirtió que "estamos al borde de enfrentamientos armados. Las autoridades deben desarmar a los campesinos".
Hizo alusión a las escopetas, machetes y rifles de diferentes calibres que los labriegos exhiben durante sus incursiones ilegales en haciendas privadas.
Núñez indicó que "unas 20 empresas productoras de soja en el Alto Paraná (a 320 kilómetros al este de Asunción, en la frontera con el estado brasileño Paraná) siguen sin poder cosechar los granos. Ninguna autoridad nacional interviene", se quejó.
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