Algunos aspectos a tomarse en cuenta en torno a los derrames petroleros
"Petroperu ha cometido negligencia en sus labores, generando un escandaloso daño a los ecosistemas y vida en territorio de San Pedro… dejando a nuestra comunidad atrapados en la destrucción de nuestro propio territorio".
Comunidad Nativa de San Pedro en la cuenca del Marañón – Loreto-Perú
PARTE I
Por Mario Zuñiga Lossio*
23 de febrero, 2017.- El avance de la contaminación petrolera no respeta carnavales, si no, pegúntenle a San Pedro, una comunidad indígena en la cuenca del Marañón, Loreto-Perú impactada por dos derrames petroleros del oleoducto nor-peruano producidos en estos tres años. Hoy, con la crecida de las aguas por causa de las lluvias, la comunidad ha terminado cercada por el desastre.
Lo peor es que como todo en este país, la situación en la que se encuentran, pudo ser evitada oportunamente, sin embargo, no fue así: la contaminación de hace tres años fue mal remediada, y la de hace un año, ni siquiera concluye, por lo tanto, si uno observa los videos de los monitores independientes de la comunidad, puede ver clarísimo cómo esta contaminación avanza sin pedirle permiso al Estado, a las empresas, ni a las comunidades(1).
Pero esta comunidad, no es la única afectada, es una entre tantas comunidades que hoy viven prácticamente en guetos de devastación territorial, territorios impactados por la actividad petrolera que someten y cercan a poblaciones enteras en contextos de impacto permanente donde se genera: inseguridad alimentaria por dispersión del petróleo hacia quebradas y chacras, enfermedades por consumo de alimentos y agua contaminada, destrucción de paisajes culturales y físicos y la transformación inequitativa del territorio del agua, tierra, imaginarios y cuerpos.
La declaración de la comunidad de San Pedro por medio de su organización representativa deja en evidencia estos hechos:
No hay pescado en la comunidad San Pedro, han huido los peces. Tras la matanza de peces denunciada el 30 de diciembre por el apu Humberto Iñapi (estimó una tonelada de peces muertos) ahora, peces como el acarahuazú, carachama, entre otros de consumo diario y bien preciados, han migrado(2).
No hay que insistir pero lo hacemos, todo sucede sin permiso de nadie, sucede sin calcular movilizaciones o protestas o proyectos de sociedad civil, sin calcular la venida de Relatores de la ONU y CIDH, o salidas políticas a gobiernos que se ven envueltos en corrupción y descalabros por conflictos, no suceden porque es un tema de hollywood o un trending topic académico u oenegero, sucede porque sucede hace más de cuarenta años y nadie, ningún presidente, funcionario del Estado le tomó real atención, con urgencia, como si de su familia se tratara.
La visita de la CIDH, impulsada por sociedad civil y la iglesia, así como las comisiones de investigación del Congreso que hoy está en funcionamiento y quién sabe la propuesta de Comisión de la Verdad por impacto Petrolero que irán a la zona, seguramente tendrán que indagar y revisar la información existente sobre las causas tecnológicas de la contaminación, las responsabilidades frente a los desastres y finalmente la dramática situación de devastación que las comunidades viven.
Sin embargo, hay que tener algo en claro, esta atención no es algo novedoso. Las Naciones Unidas con informes(3) y mandatos(4) del Relator y la Relatora especial sobre los derechos de los pueblos Indígenas, y del Relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos(5); varios informes del Congreso de la República elaborados por Marisol Perez Tello y Verónika Mendoza; más informes realizados por el ejecutivo mediante la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, así como del Ministerio del Ambiente, incluyendo OEFA y hasta Ministerio de Energía y Minas por medio de OSINERGMIN, ya nos han advertido e insistido desde hace más de 8 años, acerca de la necesidad urgente de transformar la situación de despojo petrolero en las comunidades y de la situación decadente de la infraestructura petrolera. Con todo ello, seguimos encontrándonos con situaciones y casos que nos indican que estamos lejos de una democracia en la que todas y todos vivamos protegidos, sin contaminación y con múltiples oportunidades de transformación equitativa de los territorios indígenas.
Pero no todo está perdido, pues las comunidades no se quedan llorando sobre el petróleo derramado. Desde hace años, a partir de lo que podemos llamar utopías de retaguardia(6) o vigilancia territorial, desde su pura lucha y fuerza como pueblos que quieren sobrevivir, han denunciado, denuncian y plantean rutas de reflexión para quienes quieren ahora ingresar a conocer lo que tanto tiempo vienen sufriendo.
Así, preparamos este y otros 2 artículos más, en el cual podremos observar desde algunos pronunciamientos de Acodecospat y desde las federaciones en el ex Lote 1Ab (hoy 192) y 8, cuatro aspectos primordiales que deberían ser tomados en cuenta por actores que estén entrando ahora a revisar la situación de despojo territorial petrolero en estas zonas. Lo haremos no desde el mundo ideal del derecho o de la academia, sino que iremos a estos mundos desde los mismos reclamos de los actores, desde sus pronunciamientos, desde donde se supone es el lugar donde comienza una escucha intercultural.
1. A partir de las responsabilidades compartidas entre petroleras nacionales y privadas indagar en la trayectoria histórica de contaminación y el marco histórico y jurídico sobre el que actuaron
Es sabio el reclamo que reiteraba Acodecospat en un pronunciamiento en setiembre del 2016:
“La actividad petrolera promovida por el Estado peruano y ejecutada por empresas como Petroperú, Pluspetrol y OXY, ha dejado un daño histórico en nuestros pueblos, con impactos negativos severos e impunes”(7)
Estamos seguros que no solo las confrontaciones ideológicas y el berrinche político divide a las izquierdas y derechas, al interior de cada una de ellas también hay otras tendencias que causan tensiones nerviosas. Veamos solo una: el caso de la contaminación por hidrocarburos producidas por las empresas nacionales y las privadas denunciadas por los pueblos indígenas.
Sobre ello, por un lado, tenemos a tendencias ecológicas de izquierda contra nacionalistas energéticos y por otro, tenemos a liberales o gente de derecha que se desgarran las vestiduras culpando solo a Petroperú y alentando la protección ecológica a la vez que son ciegos de los descalabros realizados por las empresas privadas en los territorios indígenas(8). En el Perú parece que nadie se pone de acuerdo sobre las causas, causantes y el fondo del asunto.
Por ello, son en realidad los pueblos que verdaderamente luchan por sus derechos, los que la tienen clara desde siempre y a quienes debemos escuchar. A ellos no les importa si hay empresas privadas o nacionales en sus territorios, las dos empresas han contaminado desde hace décadas y siguen contaminando, por lo tanto, deben ser investigadas en trayectoria, también deben tener el mismo trato, y de hecho deben de resarcir de la misma manera por los daños causados.
Pedir que se investigue tanto a empresas privadas y públicas no es un capricho, información actualmente proporcionada por el Estado, es clave para entender, solo en el caso de ductos, cómo operan las empresas privadas y públicas desde hace lustros. Tomemos, el ejemplo de Petroperú, Pluspetrol Norte S.A y Pacific que opera recién hace un año en el Lote 192 ex 1AB, es decir en el contexto en el cual las investigaciones del Congreso, la CIDH y otras quieren indagar
Comparativo entre empresa pública y privada con respecto a operaciones de ductos
Fuente: Elaboración propia (9)
Los que nos demuestra es que la situación de contaminación va más allá de un tema que se enfoque solo en la empresa petrolera nacional, en las buenas prácticas y todas las mejores intenciones de redistribución petrolera ya sea privada o pública o en fotos de Instagram con aves vistosas. En ese sentido, lo que tendríamos que tomar en cuenta es la trayectoria histórica del proceso que ha hecho posible tantos años de afectación por parte de públicos y privados, a la vista y paciencia de todas y todos nosotros. La historia nos permite tener en perspectiva también, cómo es que Petroperu y las empresas privadas, heredan posiblemente contextos legales que les permiten aún operar impunemente contaminando los territorios de comunidades indígenas, afectando diversos derechos territoriales más.
Entonces, ¿esto no debería ser lo primero que deberían pensar cualquier Comisión que investigue sobre los impactos en zonas petroleras?, ¿mirar un poco el espectro amplio e histórico, antes de profundizar en un actor en particular, demonizándolo o no?. Esperemos que las comisiones creadas no respondan lo que ya hemos escuchado antes: El carácter de esta comisión no es… o se limita a…. y etc, toda una justificación formal, que termina por cercenar la realidad y repetir lo que ya se ha indagado y terminar por obviar insumos y hechos que pueden mejorar la información y las propuestas de transformación sobre la situación de pueblos afectados no hace tres o cuatro años sino desde hace más de 40 años.
En ese sentido y para terminar, como un primera reflexión, propongo algunos aspectos clave que no tendrían que ser obviados en estas investigaciones en torno a antecedentes sobre los impactos petroleros y que requieren cada uno de ellos de una profundización especial:
1. La historia de la contaminación petrolera en Perú, para tener el panorama completo del mismo y observando el desempeño de las empresas privadas y nacionales en él. En dicha historia hay que tener claro cómo el modelo de desarrollo petrolero impuesto en estas zonas ha transformado los territorios a la vez que las vidas de los pueblos indígenas, enfocándose en un recuento de los impactos históricos producidos. En segundo lugar, visibilizar cómo los pueblos han reaccionado de manera creativa, aportando nuevas perspectivas importantes a tomarse en cuenta, es decir, no solo concebirlos como víctimas, sino como actores que han resistido y en algunos casos transformado la misma institucionalidad nacional para salvaguardar sus derechos. Un ejemplo de ello es el acta de DORISSA; un acta producida luego del levantamiento Achuar en el Río Corrientes, que permitió por primera vez la exigencia de la reinyección de aguas de producción y con ello el establecimiento de la normativa sobre reinyección, un tema que es invisibilizado, por el Estado(10), por los medios y hasta por sociedad civil.
2. El marco jurídico de hidrocarburos, enfocado en el tema de estándares de contaminación ambiental, remediación, indemnización y compensación, derivado de esa historia, comparando con experiencias internacionales contemporáneas de aquel entonces(11), que como dicen algunos investigadores, no eran tomadas en cuenta a propósito, desprotegiendo así a la población local y beneficiando a las empresas privadas.
3. También indagar, en lo que algunos pensadores y pensadoras han llamado, la agenda a largo plazo de inversiones impuesta sobre los territorios amazónicos(12), representada en leyes, decretos e institucionalidades que promueven inversiones en desmedro de derechos territoriales, lo cual tiene efectos en la salvaguarda de derechos en caso de situaciones de contaminación. Pensar por ejemplo, entre otras cosas, en la creación de zonas territoriales a favor de Petroperu o de las empresas privadas que atentan contra el derecho de propiedad de los pueblos indígenas(13) impidiendo, la titulación de territorios, el derecho a servidumbre, o que se impida una verdadera vigilancia y cuidado de sus territorios, y con ello un resarcimiento de los daños causados por las actividades (el cual no respeta los límites de zonas administrativas), como le corresponde a cualquier ciudadano. O pensar también en cómo Perupetro en las últimas décadas se encargó de promover actividades petroleras mediante marcos contractuales débiles, aprovechándose de vacíos en la planificación territorial, permitiendo que en algún momento la Amazonía esté cubierta en más del 40% de su superficie(14) por Lotes petroleros. ¿Ello no demostraría una institucionalidad corporativa público-privada de carácter neocolonial hacia territorios indígenas?.
4. Finalmente, tomar en cuenta la voz de los pueblos que vienen luchando no hace meses o dos años, sino hace decenas de años por la defensa de sus derechos y tienen una voz rica en experiencias y propuestas. La voz, debería ser abordada con especial cuidado y metodología, tomando en cuenta las diversas voces existentes de los impactos: ancianos y ancianas, mujeres, hombres, jóvenes y niños, principalmente quienes se vieron involucrados de diferentes modos en las actividades petroleras, o aquellos que han visto los efectos de la misma en sus territorios y que pueden relatar una historia más cercana y compleja de la que normalmente se escucha de parte del mismo Estado.
Desde hace más de cuarenta años, las heridas sobre territorios, imaginarios, físicos, espirituales y corporales, fue generada de manera permanente, y las voces que han sufrido dichos impactos, no han dejado de denunciar el hecho, aún ahora lo hacen, cuando ven que la contaminación ha empezado a cercar su existencia, manifestando: “ahora la contaminación la comemos, la surcamos, la bebemos diariamente y nadie hace nada por cambiar”(15)
Esta situación de urgencia, debería llevarnos a recuperar caminos andados y a andar por nuevos caminos, nos debería empujar más allá de nuestras diferencias ideológicas en torno a la importancia o no de los hidrocarburos en la actualidad, o de si es privado o público, enfocándonos en los derechos que se deben salvaguardar para no seguir generando guetos de devastación. De hecho, el primer paso para cualquier tipo de actividad petrolera o no, debería ser primero pensada a partir de cerrar aquellas heridas abiertas en la historia y regresar la voz de los sin voz, para que definan sus futuros ejerciendo plenamente sus derechos.
Para terminar esta primera parte, y en ese marco, hay que tener claro algo tantas veces repetido: Para no Repetir la Historia de Despojo, Abusos y Contaminación, es necesario conocerla, comprenderla y encontrar en ella nuevos caminos de relaciones territoriales. Urge como lo dice Chirif y el cercano Perico García, replantear la historia. En ese sentido, mirar un poco atrás para recuperar la vitalidad de los territorios, para proveer a los pueblos indígenas de las condiciones necesarias para vivir una vida decente(16).
Notas:
(3) Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. A/HRC/27/52/Add.3. 7 de mayo del 2014.
(4) Mandatos de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos. Victoria Lucia Tauli-Corpuz Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas Baskut Tuncak Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos. HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND. 27 de agosto del 2015
(5) Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos. Baskut Tuncak. A/HRC/33/41. 2 de agosto del 2016.
(6) https://www.servindi.org/actualidad-opinion/27/01/2017/utopias-de-la-devastacion
(7) http://observatoriopetrolero.org/acodecospat-pronunciamiento/
(8) En esas peleas, pocos congresistas han peleado solo con la bandera real de los derechos de los territorios y las vidas, y hay que nombrarlos: Marisol Pérez Tello (que aún ahora como ministra continúa), Verónika Mendoza y María Elena Foronda, quien ha cogido la vaya de Verónika y es la única ahora que ha abogado por que toda investigación involucre a todos los actores, sin privilegios nacionales o privados.
(9) INFORME 1258-2016-OS-DSHL. 9 DE SETIEMBRE DE 2016. Preguntas formuladas al Osinergmin - Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República; INFORME DE RESPUESTA A SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA No 262-2016-0S/DSHL, emitido por OSINERGMIN el 1 de marzo del 2016; INFORME DSHL-1587-2016. 2 DE NOVIEMBRE DEL 2016. Información complementaria solicitada por el Congreso de la República, concerniente las operaciones del Oleoducto Norperuano, Lote 1AB y Lote 8.; Respuesta al Oficio N° 3154-2012/OS-GFHL-UPPD Avance del Programa de Adecuación Primera Disposición Complementaria DS-081-2007-EM. 15 DE JULIO 2014; y Convoca, 2015
(10) Alberto Chirif. Petróleo y pueblos indígenas de Loreto: una visión histórica. “40 Años de Petróleo en Loreto”, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (27 de octubre, 2010).
(11) Alberto Chirif. Los Achuares del Corrientes: el Estado ante su propio paradigma. En Rev. ANTHROPOLOGICA/AÑO XXVIII, N° 28, 2010, Suplemento 1, pp. 289-309
(12) Frederica Barclay y Fermando Santos Granero. Prólogo a la segunda edición. La frontera Domesticada. Historia Económica y Social de Loreto, 1850 – 2000. Tierra Nueva, Iquitos, 2015.
(13) Fredeica Barclay y Mario Zúñiga. POLÍTICAS ESTATALES a FAVOR DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA SOBRE TERRITORIO INDÍGENA EL CASO DEL ALTO PASTAZA, LORETO. Peruequidad, Lima, 2016.
(14) Matt Finer and Martı Orta-Martınez. A secondhydrocarbon boom threatens the Peruvian Amazon: trends, projections, and policy implications. Environ. Res. Lett. 5 (2010) 014012 (10pp). Published 16 February 2010 Online at stacks.iop.org/ERL/5/014012
(16) Alberto Chirif y Pedro Garcia Hierro. Marcando territorio Progresos y limitaciones de la titulacion de territorios indigenas en la Amazonia. IGWIA, 2007
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*Mario Zúñiga Lossio es antropólogo, egresado de la Uiversidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Es investigador en temas ambientales, derecho de pueblos indígenas, Amazonía y conflictos.
