La minería es una de las actividades que cada vez afecta a indígenas y campesinos de Sudamérica causando una serie de conflictos sociales y ambientales. En Perú hay alrededor de 400 unidades mineras y son 156 grandes empresas que amenazan las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas, de acuerdo con un informe del Defensor del Pueblo de ese país.
Frente a esto, los indígenas y campesinos, muchas veces organizados y otras veces solos, defienden y resisten en sus tierras ante intereses de los grandes monstruos mineros que concentran mucho poder e incluso, en ciertas oportunidades, respaldados por algunas instancias del Estado. Similar situación se repite en otros países de la región.
“Yo defiendo la tierra, defiendo el agua porque esto es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas seguiré luchando (por) los compañeros que murieron en Celendín, Bambamarca y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, fueron las palabras de Máxima Acuña cuando recibió el 2016 el Premio Medioambiental Goldman en reconocimiento a su lucha.
Máxima y su familia desde 2011 protegen sus tierras y las lagunas que están en su territorio, ante el interés de la empresa Yanacocha, que con capitales de la corporación estadounidense Newmont Mining y de la peruana Minas Buenaventura, quiere explotar en su predio Tragadero Grande, ubicado en Cajamarca, y que actualmente está en un litigio por 25 hectáreas en el área del Proyecto Minero Conga, uno de los más grandes en Perú.
Según las denuncias de Acuña y la ONG Grufides, ella y su familia continuamente reciben amenazas e incluso maltratos por parte de trabajadores de la minera Yanacocha. Los más recientes sucesos fueron en octubre de 2016, cuando Acuña fue golpeada, y en diciembre, cuando su hijo fue amenazado; ambos por personal de seguridad de la empresa. Asimismo, a finales de enero de este año, su esposo fue aprehendido, presuntamente, por golpear al abogado de la minera Yanacocha, tal como denunció la empresa, que constantemente niega las acusaciones de Acuña.
Pero la resistencia de Acuña y su familia no es la única, son varios los campesinos que en diversos momentos protestaron en contra las mineras por contaminar sus tierras y aguas o por intento de despojo de sus tierras. Muchas veces, incluso, tuvieron que hacer frente a la seguridad de las mineras y a las fuerzas coercitivas del Estado, en muchos casos, con consecuencias fatales.
Ese fue el caso de las tres personas que murieron y de docenas que fueron heridas en noviembre pasado durante un enfrentamiento con la Policía, debido a que no prosperó un diálogo entre los campesinos y el Consorcio Minero Horizonte sobre el proyecto Bernabé en la provincia de Pataz.
Esta situación se da pese a que en 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA pidió al gobierno peruano adoptar medidas de preventivas para salvaguardar los derechos de 46 líderes comuneros, defensores de sus derechos, medida que no fue cumplida a cabalidad.
Por ello, a la fecha, la Defensoría del Pueblo registró 156 conflictos activos, de las cuales 57 se consideraban "latentes". El 78% de esos conflictos están relacionados a temas sociales y ambientales, debido a que los comunarios temen la contaminación por parte de las empresas, desconfían de las mismas y de la capacidad estatal para hacer cumplir las leyes ambientales.
Esta desconfianza se debe que hasta el año pasado existían 8.616 pasivos ambientales mineros y 6.065 pozos mal abandonados, que evidencian la falencia de la gestión ambiental de las actividades mineras en ese país. Estos pasivos ambientales son un peligro para la salud de las personas.
Entre tanto las comunidades que enfrentan la mayoría de los proyectos mineros y los conflictos relacionados con la tierra se encuentran en la región de Apurimac, Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua.
Además de Yanacocha, entre las empresas que más conflictos causó está la Minera Antamina, que cuenta con siete conflictos, seguido por Hudbay Perú con cinco, Barrick Misquichilca - una subsidiaria de la canadiense Barrick Gold Corporation - con cuatro, y el sur de Perú con cuatro, según un reportaje de Telesur.
Asimismo, un conflicto latente en Arequipa es la oposición de agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay, al proyecto minero Tía María, de Southern Perú Copper Corporation, y que hay una intención del actual gobierno de ponerlo en marcha. Este conflicto comenzó en 2009 y tiene un saldo de siete personas muertes.
Éste es el panorama que resisten los indígenas y campesinos en Perú, en particular, y en Sudamérica, en general, que continúan en esta lucha por defender sus derechos a su territorio, a la salud y a la vida, muchas veces exponiendo la misma, tal como dicen un fragmento de la canción que Máxima cantó cuando la premiaron: “Por defender mis lagunas, la vida me quisieron quitar”.
Fuente original: MRxTT
