Desde mediados de junio de 2015, en la Comisión Agraria del Congreso, está pendiente la aprobación del predictamen del proyecto de ley sobre parámetros para fijar los límites y la extensión de las tierras agrícolas1. Esta iniciativa no es novedosa.Los intentos de poner límite a la propiedad agraria vienen desde hace varios años, pero no han prosperado.
Proyectos de ley impulsados en el Congreso entre 2006 y 2011
En abril de 2009, el congresista Alfredo Cenzano presentó un proyecto de Ley para establecer límites máximos a las propiedades agrícolas. El proyecto de ley Nº 3194 proponía fijar en 40 mil hectáreas el límite de extensión de la propiedad agrícola en la costa. En esta misma línea, en junio del mismo año, el congresista Tomás Zamudio presentó la propuesta legislativa Nº 4075 que señaló que para las tierras agrícolas en la costa el límite de la propiedad agraria debía ser de 25 mil. Al respecto, cabe preguntarse ¿Por qué el límite máximo se planteó solo para la costa? ¿Por qué 40,000 o 25,000 hectáreas? De haber prosperado estas propuestas se hubiera consolidado legalmente los nuevos latifundios, teniendo en cuenta que hasta antes de la reforma agraria de 1969 los latifundios de la costa no excedían las 30,000 has. También en junio de 2010, la congresista Susana Vilca presentó el proyecto de Ley 4062 con el objetivo de promover la pequeña y mediana propiedad de tierras generadas por proyectos de irrigación para que sean adjudicadas prioritariamente a los agricultores de las regiones donde se sitúen dichos proyectos. La propuesta de la congresista Vilca señaló como límite máximo de propiedad -ya sea persona natural o jurídica- 1,000 has en un solo valle y hasta 5,000 has en toda una región (la extensión exacta se determinaría en función de estudios que señalaran la dimensión más adecuada para cada región). Si bien el proyecto presenta puntos favorables, al igual que las dos propuestas anteriores, no señaló con claridad por qué el límite debía ser hasta 1,000 o 5,000. Durante el actual gobierno se han presentado varias propuestas que han servido de base para el pre dictamen que se encuentra hoy en espera de ser aprobado.
Sobre el pre dictamen que se encuentra pendiente de aprobación
El pre dictamen establece como límites a las tierras bajo riego: 10 mil hectáreas en la costa, 5 mil en la sierra y 20 mil en la selva. Hay que resaltar que estos parámetros no se aplican, por ejemplo, a tierras de secano las que, en principio, podrían ser concentradas en extensiones mucho más grandes, teniendo como único límite que una sola persona natural o jurídica no puede acumular más del 30% de tierras con aptitud agrícola en un solo valle o cuenca.
Sin criterios para establecer límites
Hay otros puntos preocupantes en este pre dictamen; uno de ellos –como en las propuestas anteriores– es que no se explica cuál es el criterio para establecer estos límites y no hay información mínima sobre el sustento técnico o científico que ha llevado a los legisladores a señalar estas extensiones. En el mismo dictamen, y como fundamentación, se cita y compara con leyes de otros países, donde las cifras establecidas son menores, como el caso de la República de Argentina que fija en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales, frente al 30% que señala el proyecto de ley peruano.
Tenemos también el caso mexicano, donde el límite es de 300 hectáreas en posesión o Brasil que, aun con su extenso territorio, limita a todo ciudadano a adquirir un máximo de 5 mil hectáreas de tierras rurales. En Bolivia el límite es de 2,500 hectáreas y en El Salvador 245. Y no se trata solo de países con profunda tradición de reformas agrarias porque estos parámetros estrictos también los tienen varios estados de EE.UU. que, con argumentos de defensa de la agricultura familiar, establecen límites de aproximadamente 600 hectáreas. Entonces, ¿cómo llegan los legisladores peruanos a las cifras de 5 mil, 10 mil y 20 mil hectáreas?
Un punto que despierta las alarmas es que este pre dictamen, en la práctica, termina resguardando los intereses de los actuales propietarios de grandes extensiones de tierra, porque por efectos del principio de no retroactividad de las normas (y lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final del proyecto) a ellos no se les aplicarán estos límites, con lo que se les protege de futuros competidores. Concretamente hablamos del Grupo Gloria, propietario de cerca de 90 mil hectáreas, la corporación Miraflores Camisea, propietaria de 26,219 hectáreas, el Grupo Oviedo con 21,800 hectáreas y una decena más de grandes empresas agroindustriales que quedarán blindadas si este proyecto se aprueba
Más tierras, más poder
Parte de la estrategia para estigmatizar a la pequeña agricultura o agricultura familiar es presentarla como una propuesta arcaica que genera problemas para el desarrollo del agro nacional. El ex presidente Alan García oficializó esta postura —en El Comercio— en su célebre artículo «El síndrome del perro del hortelano»: «Son familias pobres que no tienen un centavo para invertir; entonces aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para Fertilizantes, semillas, tecnología de riego y además precios protegidos. Este modelo minifundista y sin tecnología es un círculo vicioso de miseria»2. En resumen, según García y los grupos empresariales que comparten su visión, en el Perú se deben preferir negocios de gran escala para aumentar la productividad.
Sin embargo, en un estudio, el Banco Mundial señala que «los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala. [...] la redistribución de la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer ganancias de eficacia a la economía»3. En el mismo artículo del Perro del Hortelano, García se manifestó respecto a las tierras de las comunidades llamándolas tierras ociosas, pues los comuneros no tienen recursos económicos ni formación para hacerlas producir y entonces lo mejor es venderlas para traer tecnología y hacerlas productivas. La receta de García es la venta de las tierras.
Pero, la propiedad de la tierra significa sobre todo poder económico y político y control de otros recursos como el agua. Ante la crisis y alza del precio de los alimentos en 2008 se incrementó fuertemente la adquisición de tierras por parte de inversionistas. Según Oxfam4, en los países no desarrollados, hasta 227 millones de hectáreas han sido vendidas o arrendadas desde 2001, principalmente a inversionistas internacionales. Tal vez los números no dicen mucho, pero si pensamos que una sola persona o empresa en el Perú puede ser propietaria de una extensión de 20 mil hectáreas o más, estamos hablando del control privado
de un área mayor a países como Aruba que tiene 18 mil hectáreas, e incluso cien veces mayor al territorio total del Principado de Mónaco que solo tiene 202hectáreas. Si buscamos un ejemplo local, es un área casi del tamaño del Cercado de Lima o del distrito de los Olivos en Lima. El artículo 70º de la Constitución señala que la propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, por lo que legislar sobre el límite a la propiedad de la tierra no solo es constitucional, sino que beneficia a todos.
La concentración de grandes extensiones de tierra genera anomalías en la oferta y en el precio de las tierras5y los alimentos. Sin embargo, las propuestas presentadas por los congresistas durante la última década, lejos de establecer límites reales, demuestran una insistencia en el intento de convalidar el latifundio, incluso en zonas donde el Estado ha realizado grandes obras de irrigación con recursos de todos los peruanos y cuyo aprovechamiento también debería beneficiar a medianos y pequeños agricultores.
Notas
1Iniciativa planteada por los congresistas WilderRuiz, de Gana Perú, y José León Rivera, de AlianzaParlamentaria.
2«El síndrome del perro del hortelano», publicado en en el diario El Comercio, 28 de octubre de 2007.
3Binswanger et al. Agricultural land redistribution. The World Bank, 2009, p. 11.
4http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/27-4-defensa-tierra-territorio/crece-oxfam
5Entrevista a Hernán Icochea, abogado especialista en derecho agrario; Revista Punto Edu; PUCP (febrero 2012) http://bit.ly/1H4qWqB
