El Observatorio de Conflictos Mineros del Perú presentó su 16° Reporte de Conflictos, el encuentro reunió a José De Echave, Julia Cuadros, Ana Leyva y Marlene Castillo de Cooperacción; David Velasco de Fedepaz y Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña de Grufides.
En la presentación de informe se tocaron temas sobre el conflicto por el proyecto minero Tía María en Arequipa, la criminalización de la protesta y la situación actual de los conflictos ambientales en Cajamarca.
Marlene Castillo, señala que en el conflicto por el proyecto Tía María existen aspectos que no han sido aclarados por los EIA, como el impacto del Tajo La Tapada en el Valle del Tambo, respecto a la filtración de “agua acida” que es producida cuando el sulfuro, que se encuentra bajo la capa de cobre se mezcla con el agua de la capa freática y el oxigeno. Esta agua ácida, actúa con la tierra mineralizada, libera los metales y sigue el curso de la capa freática contaminada, pudiendo llegar al río el Tambo. Del mismo modo, afirma que el cambio de EIA del 2010 al 2014, se ha aumentado el volumen de la reserva mineralizada, lo que significa que la cantidad del desmonte se va a duplicar. Además, el EIA del 2014 revela que en 6 años se realizarán los tajos de La Tapada y Tía María, lo que provocarán nubes inmensas de polvo, en donde solo han considerado como dirección predominante los vientos de sur a norte pero no se ha considerado los vientos predominantes en la noche que van de norte a sur.
Por otro lado, David Velasco, indica que actualmente existe una política estatal diseñada para la criminalización de la protesta. Poniendo como ejemplos a ley 30151 que exime de toda responsabilidad penal a los policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio. Así como la ley 30327 de promoción de las inversiones para el crecimiento económicos y desarrollo sostenible, que impide a las personas a hacer uso de su legítimo derecho de defender su territorio pues podrían ser acusados de delito de usurpación agravada.
Por último, Mirtha Vásquez, agrega que todos los proyectos en Cajamarca tienen un conflicto presente y la población se moviliza con el respaldo de sus autoridades.
Asimismo, precisó que la situación actual de uno de los primeros proyectos mineros de Yanachocha, la mina San José es crítica debido a que ya se realizó el cierre de mina pero existen filtraciones de drenajes ácidos y a pesar de que la empresa trata de controlarlos no puede hacerlo. Lamentablemente, la OEFA, después de la promulgación de la ley 30230, no puede multar a la empresa y solo puede apelar a la subsanación voluntaria de la misma.
El informe escrito indica que ha sido un semestre dificil debido a que los conflictos se siguen complejizando, pues la base de datos de la defensoría del pueblo indica que desde el mes de octubre del año pasado se registró un incremento de 201 a 217 conflictos y en los primeros meses del año, existen un promedio de 211 conflictos. Asimismo, el número de heridos también se ha intensificado y suman 58 personas fallecidas durante este gobierno, de modo que los conflictos socioambientales representan el 57% de muertes en los problemas de toda índole.
