Los campesinos se oponen al plan Tía María por posibles daños ambientales
Henry Checlla Chura, de 35 años, es el segundo civil muerto por disparos de la Policía Nacional en menos de dos semanas en el valle del Tambo, en la región Arequipa (costa sur de Perú), donde los agricultores iniciaron un paro hace 43 días en protesta contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper, con una inversión de 1.400.000 dólares.
El proyecto Tía María genera tensiones en la zona desde 2009, cuando Southern Copper presentó por primera vez el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, planteando usar agua de río para la extracción de cobre: una evaluación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lo rechazó. En 2011 las protestas contra el proyecto causaron tres muertos y casi 50 heridos. La minera entregó un segundo EIA en 2013 con una modificación: desalinizar agua de mar para no abastecerse del río Tambo, y esta vez fue aprobado, en 2014, por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los agricultores temen que el polvo de la operación minera dañe sus cultivos. Frente a ello, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, dice que debido a la orientación de los vientos la agricultura no será perjudicada.
El ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha informado de que han llegado a la zona más de 1.000 nuevos policías —sumando casi 3.000 en total— para restablecer el orden en el distrito de Cocachacra, donde han sido constantes las manifestaciones, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre agricultores y los agentes. El funcionario dijo que lo hicieron el domingo para evitar “el costo social” pero los choques se reanudaron: 17 heridos civiles el lunes, y dos heridos por arma de fuego la noche del martes en la misma confrontación en la que perdió la vida el obrero de construcción civil Checlla en la zona llamada Alto Inclán.
“Se convoca a los trabajadores de construcción civil a estar presentes a primeras horas de la mañana para dirigirnos al hospital y no se cambie la versión de la muerte de nuestro compañero en manos de la Policía”, indicó el Sindicato de Trabajadores.
Poco después, el ministro de Interior confirmó en Lima la segunda muerte y los dos heridos del martes en el conflicto social, y criticó la “ferocidad de los ataques de los manifestantes”.
El miércoles 23 de abril, cuando se produjo la muerte del agricultor Victoriano Nina por un proyectil, cerca de una carretera que los agentes intentaban despejar, la policía negaba haber usado armas letales. Ese día, en Lima, el presidente Ollanta Humala quiso decretar el estado de emergencia en la provincia de Islay, pero no obtuvo el respaldo de todo el gabinete. Desde el último fin de semana, la medida ha sido mencionada públicamente como una posibilidad.
El economista José de Echave explica a EL PAÍS que las dudas entre los agricultores de Islay se deben “a la profundidad de los dos tajos que prevé la operación, pues hay canales de aguas subterráneas muy cerca del trazo. La percepción es que Tía María va a romper los equilibrios en un valle donde no abunda el agua. Temen que gradualmente la agricultura desaparezca”. Antes de que se produjera la segunda muerte en Islay, el primer ministro, Pedro Cateriano, anunció que el Gobierno solo dialogará si cesa la violencia, y tres alcaldes distritales de la provincia de Islay pidieron a la Defensoría del Pueblo que sea el mediador en el conflicto.
Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del paro en Islay ha habido 186 heridos: 111 policías y 75 civiles. Por eso, ha invocado a una pronta solución del problema, debido a la suspensión de las clases en las escuelas, el desabastecimiento y la inseguridad. Además, el gobierno de Humala arrastra el antecedente de un conflicto social similar que obstaculizó el proyecto minero Conga, en la sierra norte, y que produjo cinco muertes en 2012.
