Bajo el argumento de promover las inversiones para reactivar la economía, el Estado peruano vuelve a vulnerar los derechos colectivos de las comunidades, ahora mediante el Decreto Supremo 001-2015-EM, publicado el 6 de enero último, donde dicta disposiciones con el objeto de reducir plazos y simplificar procedimientos para “(…) impulsar la inversión vinculada a proyectos mineros de Concesión de Beneficio, actividades de Exploración y Explotación de concesiones mineras” (Art. 1). Dichas normas vulneran y ponen en riesgo los derechos de las comunidades campesinas del país.
La primera violación consiste en modificar el régimen administrativo de las comunidades, otorgándole competencias a las Juntas Directivas Comunales pasando por encima del órgano supremo de la comunidad, la Asamblea General (Ley 24656). La segunda, es que se modifica las reglas por las cuales las comunidades deciden sobre sus tierras, establecidas en el artículo 11 de la Ley 26505 (conocida como Ley de Tierras). De esta forma una norma de menor jerarquía, como un decreto supremo, pretende modificar dos leyes, violando el artículo 103 de la Constitución Política que señala que una ley se deroga sólo por otra ley, lo que constituye una ilegalidad.
Cabe señalar que la norma de Energía y Minas debe ser materia de consulta previa, considerando que afecta directamente los derechos colectivos de las comunidades modificando su organización interna, por lo que transgrede el Convenio 169 de la OIT y la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
Por estas razones, la Plataforma y el Colectivo exigen a las autoridades que el mencionado Decreto Supremo sea declarado inconstitucional y por lo tanto nula su aplicación. En la misma línea que el Decreto Supremo, el Congreso de la República viene discutiendo el Proyecto de Ley 3941/PE-2014 con el objeto de “promocionar las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social”, conocido como el cuarto paquetazo. Este proyecto establece la simplificación e integración de permisos y procedimientos para la aplicación de derechos de servidumbre en tierras eriazas, derechos de vía y expropiaciones de bienes inmuebles para obras de infraestructura a favor de inversionistas en todo el territorio nacional.
El proyecto de ley pretende otorgar derechos sobre tierras eriazas estatales, cuya definición no es clara en la legislación nacional, además de no estar plenamente identificadas. Existe un catastro de tierras imperfecto por la falta de georreferenciación de muchos predios, sobre todo comunales. En estas condiciones existe el riesgo de que se otorguen derechos sobre territorios de las comunidades vulnerando sus derechos de propiedad. Al no haberse terminado de titular el total de ellas, podría considerarse como tierras eriazas estatales parte de sus tierras que pueden estar inundadas o que carecen de agua.
Si bien es cierto que se ha trabajado un texto sustitutorio del proyecto de ley para excluir las tierras de las comunidades campesinas y nativas, es un texto muy ambiguo. Se señala que se entregarán derechos sobre tierras siempre que no estén ocupadas por las comunidades, pero la palabra ocupación podría interpretarse como apropiación o invasión, lo cual implicaría la pérdida de derechos de las comunidades cuando ella son poseedoras o propietarias. Lo concreto es que las comunidades no tienen cómo acreditar su derecho de propiedad pues no cuentan con títulos claros ni planos catastrales georreferenciados, por lo que la propiedad de sus tierras y territorios se torna en un derecho inseguro.
De aprobarse este proyecto de ley las comunidades campesinas y nativas, que suman más de 8,000 en todo el Perú, estarán en un estado de zozobra permanente pues la amenaza de una vulneración al derecho a la tierra y el territorio será permanente y podría generar conflictos territoriales y ambientales. Es por esto que desde la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú rechazamos rotundamente este nuevo proyecto de ley –que es continuación de la Ley 30230, actualmente materia de una demanda de inconstitucionalidad– que amenaza la seguridad jurídica de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
*La Plataforma de Gobernanza Responsable de la Tierra está conformada por: la Asociación Servicios Educativos Rurales – SER, laConfederación Campesina del Perú – CCP, la Convención Nacional del Agro Peruano – Conveagro, el Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES y el Instituto del Bien Común – IBC. Esta iniciativa es promovida por la International Land Coalition – ILC*
http://www.gobernanzadelatierra.org
http://comunidadesdelperu.ibcperu.org
Para más información, contactar a Flavia Goya
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Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, Territorios Seguros
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