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Ecuador

A nombre del Consejo de Gobierno de la CONAIE, de la diferentes organizaciones convocantes, reciban un cordial y atento saludo a usted y los miembros de la organización a la que representa.

Como es de conocimiento general, la Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves 7 de enero, el proyecto de Ley de Tierras rurales y Territorios Ancestrales, con lo que se espera únicamente el veto del Presidente de la República. La posición de la mayoría de las organizaciones campesino indígenas fue criticar el proyecto de Ley por no recoger los proyectos y propuestas presentadas por los sectores organizados y porque lo que el debate, y lo que finalmente se aprobó, no abre ningún proceso de reforma o revolución agraria ni democratiza el sistema jurídico-institucional del régimen agrario vigente en el país; más bien todo lo contrario: promueve, entre otros, un mercado de tierras que impide el acceso y la tenencia de este bien en manos de pequeños productores de alimentos, y no garantiza la reconstitución de los territorios ancestrales de comunidades indígenas, montubias y afro descendientes. A esto llamamos un “paquetazo agrario” normativo e institucional que busca generar las condiciones para afianzar la mercantilización de los bienes naturales al servicio del capital.

La Confederación de Nacionalidades Idígenas del Ecuador, Red Agraria y organizaciones del sector campesino de la Costa, Sierra y Amazonía reiteraron su rechazo a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional de Ecuador (por tercera ocasión) porque beneficia al agronegocio y no resuelve el problema del latifundio, por lo que realizarán una Cumbre Agraria en el 2016.

Jorge Herrera, presidente de Conaie, expresó que ante la ilegítima aprobación de la Ley de Tierras sin el debido debate con los verdaderos actores, desde la Conaie y sectores campesinos se convocará a una gran Cumbre Agrarria para los próximos meses. Al momento se realiza Cumbres zonales, indicó, en el que se recogen propuestas de las reales demandas ante la incompetencia y deuda agraria que mantiene el Gobierno de turno. El movimiento indígena le dice no al paquetazo agrario.

El próximo jueves 7 de enero, a partir de las 9h30, continuará la sesión No. 362 del Pleno de la Asamblea Nacional, con el objeto de reanudar el tratamiento del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales cuyo segundo debate inició el 17 de diciembre de 2015. El cuerpo legal tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental.

La normativa también regulará la posesión, propiedad, administración y redistribución de la tierra rural para garantizar la soberanía alimentaria, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.

Durante las tres últimas semanas, el segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se ha retomado en varias ocasiones. La próxima fecha será el 7 de enero.

En una entrevista con el Observatorio del Cambio Rural, Stalin Gonzalo Herrera Revelo, Doctorante del Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Rural de CLACSO, reflexiona sobre el modelo agrario para el campo en un contexto de aprobación de la Ley de Tierras en Ecuador.

El Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE), presenta su última publicación de la serie Alerta Agraria. Se trata del análisis crítico del Proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales debatido en la Asamblea Nacional. El texto propone elementos para el debate en torno al proyecto.

La pregunta orientadora que traza la linea de esta nueva propuesta de SIPAE es: ¿a qué agenda política responde el contenido de dicho proyecto?

Para construir una respuesta a esta interrogante, que no pretende ser la única, SIPAE propone diez elementos clave de discusión que son los siguientes: Concentración de tierra, latifundio y redistribución; Ausencia de regulaciones precisas al mercado de tierras; Ausencia de voluntad política para establecer límites a la propiedad agraria; La expropiación de tierras que no cumplen su función social y ambiental.La  redistribución  de tierras,  reducida  a lógicas  de  adjudicación  de  tierras del patrimonio público; Tierras comunitarias y territorios de los pueblos y nacionalidades; etc.

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