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Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que solicitará a la Asamblea Nacional que conceda la amnistía a los manifestantes procesados por participar en protestas contra el Gobierno en agosto del año pasado.

La petición será presentada este jueves en la sede de la Asamblea en Quito, como una de las acciones que ha emprendido la Conaie tras la condena a cuatro años de prisión contra dos indígenas por participar en unas protestas en la localidad de Saraguro, en la provincia de Loja.

Legisladores del movimiento Pachakutik, el brazo político de la Conaie, serán los encargados de presentar el pedido de amnistía ante la Asamblea, informó la organización en un comunicado.

Jorge Herrera, presidente de la Conaie, recordó que la justicia procesa a varios campesinos acusados de agredir a policías y paralizar varios servicios públicos durante las protestas de agosto.

El principal albergue de San José de Chamanga, parroquia rural ubicada al sur del cantón Muisne, acoge a 1.016 personas tras el terremoto del 16 de abril y sobrepasa los límites de su capacidad. Según las normas de convivencia básica, en ese sitio debería haber entre 400 y 500 damnificados, y contar con espacios recreativos (limitados actualmente) para que los niños practiquen deportes o jueguen.

Una de las medidas que se implementan, a más de un mes y medio del desastre natural, es la construcción de la segunda fase de ese albergue para desconcentrar a la gente e incluir, por ejemplo, una cancha de fútbol. Así lo informó el equipo de Ministerio de Ambiente (MAE), responsables de la zona desde el Gobierno Central. 

Con tanques y la red de distribución afectados por el terremoto del 16 de abril y sus réplicas, la distribución de agua en Bahía de Caráquez continúa realizándose en tanqueros. Los problemas en el sistema aún impiden que el servicio de agua potable se restablezca con normalidad en algunos sectores.

En los barrios se comienza a sentir malestar porque moradores perciben que el agua que abastecen los tanqueros no es suficiente. “El asunto es grave, desde el terremoto para acá no hay agua, lo que están haciendo es repartir agua en tanqueros”, dice con preocupación Ignacio Andrade, dirigente del sector de Julio Marín Barreiro.

Afirma que en los últimos días el tanquero pasó una vez por su barrio y la calidad del líquido que se está repartiendo tiene un olor desagradable. “Tenemos que racionarnos, ni siquiera tenemos la opción de beber esa agua que no es potable”, afirma Andrade, quien teme que el problema se agudice como ocurrió en 1998.

Ayer, a través de una rueda de prensa, Sandra Naranjo, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades); Omar Bello, coordinador de la unidad de Desarrollo Sustentable y desastres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); Diego Zorrilla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador (ONU); y José Rosero, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), presentaron los resultados de la estimación de los impactos del evento sísmico del 16 de abril y el costo de la reconstrucción.

Durante el evento, la ministra Naranjo señaló que se requerirán $ 3.344 millones para solventar los costos de reconstrucción. De este monto, el 67% ($ 2.253 millones) será asumido por el sector público y el 33% ($ 1.091 millones) por el sector privado.   

La adjudicación de áreas será efectuada mediante subastas competitivas basadas en el 'Swiss Challenge'. El proceso inicia según la fecha determinada para cada una de las cinco zonas.

El 'Catastro Minero' es un registro público de las áreas mineras concesionadas, reservadas y libres, existentes en el país en un momento determinado. Aquel registro facilita la supervisión y el control de la información para la zonificación de áreas susceptibles de concesionar en el territorio nacional.

Con la apertura de esta herramienta se posibilita que personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras) puedan solicitarle al Estado ecuatoriano que les conceda áreas para efectuar exploración geológica y para desarrollar nuevos proyectos mineros. Las concesiones pueden ser otorgadas a empresas privadas, públicas, mixtas, comunitarias y autogestionarias.

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