Fuente: El Comercio
El ministerio del Ambiente notificó a Acción Ecológica (AE) que se inició un proceso de disolución en su contra. Este procedimiento fue un pedido del Ministerio del Interior a su similar del Ambiente haciéndose eco de las denuncias presentadas por la empresa minera EXSA. Esperanza Martínez, miembro de la organización ecológica y vocera en este caso, indicó que se intenta responsabilizar a AE de ciertas actividades en relación con el conflicto que se vive en el territorio Shuar, con habitantes de la Comunidad Nankints, en la parroquia Panantza, provincia de Morona Santiago.
El pasado 21 de noviembre y el 14 de diciembre del 2016 hubo enfrentamientos entre los miembros de la comunidad Shuar y efectivos policiales en las instalaciones del campamento de la Compañía Minera EXSA. Como resultado de este hecho hubo dos militares y cinco policías heridos, además de un policía fallecido. El Ministerio del Interior, el 19 de diciembre, realizó una solicitud de extinción de la Organización Social Cooperación Acción Ecológica. En el oficio ministerial, se alega que la organización ha realizado publicaciones en las redes sociales, donde respaldan "situaciones violentas" cometidas por la comunidad Shuar.
El Ministerio argumenta que AE no cumple con los fines para los cuales fue creada. Señala que promueve la movilización social, por ejemplo cuando realizaron una marcha frente a CIESPAL en rechazo a cualquier iniciativa de explotación de recursos naturales. Sin embargo, la posición de AE, según Martínez, ha sido convocar a la paz en el territorio Shuar, además de proponer una armonía con la naturaleza. Enfatizó que ellos sí cumplen con sus fines, como es "promover los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente sano y alcanzar los derechos del Buen Vivir, promoviendo el respeto integral". Gloria Chicaiza, de AE comentó, de su parte, que "somos una organización no violenta, de ecologistas que sostenemos la defensa de la naturaleza".
Esta institución no gubernamental manifestó que las autoridades gubernamentales que impulsan el proceso de disolución deben reverlo. Según Martínez, el cierre de una organización "es un evento agresivo y violento". También expresó que no permitirán que se liquide a la organización y que la defenderán. Para ello dijeron que acudirán a mecanismos nacionales e internacionales. AE tiene 24 horas para responder a la notificación y se abrirían 10 días para que puedan presentar las pruebas.
