Las tierras tradicionales de los pueblos indígenas abarcan alrededor del 22% de la superficie del planeta, una porción donde coincidencialmente se encuentra el 80% de la diversidad biológica mundial. Y alegando la protección de la naturaleza, se estima que en los últimos 20 años el 50% de las zonas protegidas del mundo se ha establecido en las tierras que históricamente han sido ocupadas por estos pueblos aborígenes.
En paralelo, durante ese mismo periodo de tiempo, se ha ido impulsando la adopción de principios sobre los derechos de los pueblos indígenas por parte de las organizaciones dedicadas a la conservación. Fue el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés) la primera en haber adoptado este tipo de políticas específicas en 1996.
El problema radica en que en estas dos décadas lo que ha registrado un avance es la superficie de las zonas protegidas que casi se ha duplicado, pasando de 8,7 millones de kilómetros cuadrados en 1980 a 16,1 km² en 2002.
La aplicación efectiva del paradigma de la conservación basado en los derechos humanos, en cambio, no ha tenido el mismo ritmo de expansión y, de hecho, ha sido lenta. “Todavía sigue en sus primeras fases. Las medidas de conservación basadas en los derechos siguen viéndose obstaculizadas por el legado de violaciones pasadas y por la falta de reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los Estados”.
Así lo concluye Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el informe en el que explora los desafíos que estos grupos enfrentan ante los programas y políticas de conservación y que discutió durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, que se desarrolló en septiembre.
A partir de ese reporte, en el Congreso, Tauli-Corpuz también atribuyó parte de la responsabilidad a las asociaciones ambientalistas, al denunciar que proyectos a los que apoyan “continúan desplazando poblaciones locales de sus hábitats ancestrales”.
Asesinatos, expropiaciones o uso de tierras sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que viven en ellas son algunas de las prácticas que la relatora constató y que la llevan a indicar que millones de indígenas son víctimas de estos abusos en África, Asia y América Latina.
La especialista no cita nombres en su informe, pero confió a la agencia AFP que entre las cuestionadas figuran WWF y Conservación Internacional.
El reporte identifica algunos de los países donde las políticas sobre áreas protegidas han afectado negativamente los derechos de los pueblos aborígenes. En Honduras, por ejemplo, estuvo con la activista lenca Berta Cáceres cuatro meses antes de que fuera asesinada en marzo pasado por “sus protestas contra el proyecto de la represa de Agua Zarca”, se indica en el informe.
Y de Tailandia, la relatora señala que sin consultar a los karenes, “que han sufrido desalojos forzosos, la destrucción de sus viviendas y cultivos, detenciones y desapariciones forzadas”, el Gobierno solicitó en 2013 que el parque nacional Kaeng Krachen sea declarado Patrimonio Mundial.
Con respecto al de Tailandia, un caso en el que lleva años trabajando, Gonzalo Oviedo, asesor senior de Política Social de UICN, señala que tanto en este como en la mayoría “no es justo” atribuir la responsabilidad a las organizaciones de conservación. “Son los gobiernos los que cometen esas acciones. Muchas veces no específicamente porque se trata de un área protegida, sino porque tienen otras agendas políticas”, asegura.
Añade y explica que esas “otras agendas políticas” implican que los gobiernos usen o se aprovechen de las iniciativas de conservación de las organizaciones “para emprender acciones que son totalmente diferentes a las que habían sido propuestas desde un inicio”.
Por este motivo, sin desconocer los problemas que se han presentado, Oviedo cree que la atribución de responsabilidades a las ONG sobre esos problemas en el informe de Tauli-Corpuz está hecha de una manera simplista, exagerada e imprecisa.
Por su parte, Hugo Arnal, director de WWF Ecuador, dijo que se pronunciarán sobre declaraciones o documentos públicos “que tengan la necesaria especificidad” y aclaró que su relación con las organizaciones indígenas “es excelente”.
Para Oviedo el progreso en el reconocimiento y efectiva puesta en práctica de los derechos de los pueblos ancestrales que tenga un país está condicionado al contexto político. “No depende de la voluntad de las organizaciones de conservación únicamente”. Y agrega que algunos gobiernos “tienen mucho recelo” de tomar decisiones que impliquen “darles más poder a los pueblos indígenas”. “Entonces por más que las organizaciones tengan sus nuevas políticas y las impulsen y trabajen con las comunidades, la negociación con los gobiernos es un gran obstáculo...”. asegura.
En su informe, Tauli-Corpuz también plantea que entre las principales dificultades que existen para avanzar en la aplicación a nivel nacional” se cuentan los entornos políticos y jurídicos poco propicios que no reconocen a los pueblos indígenas”. Pero, asimismo, dice que dada la posición de poder que las organizaciones dedicadas a la conservación ocupan con respecto a las autoridades de los países en desarrollo, “deberían aprovechar mejor y más asertivamente su condición para influir en las autoridades” nacionales en el ejercicio de la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas.
¿Qué tan independiente entonces se puede llegar a ser cuando la puesta en práctica de los proyectos requiere, primero, de los permisos de los gobiernos y segundo, cuando gran parte del financiamiento para la conservación va directamente a los gobiernos?
Arnal dice que WWF acompaña y promueve proyectos y programas con los gobiernos nacionales y subnacionales “siempre y cuando haya una coincidencia en las agendas y nuestra colaboración sea solicitada por dichos niveles de gobierno”.
Conservación Internacional a través de su departamento de comunicación global, dijo a este Diario –por vía e-mail, al igual que WWF– que como cualquier otra organización no gubernamental internacional, ellos son invitados en los países en los que trabajan, algo que deben tener en cuenta “para mantener las cosas equilibradas”. (I)
107 ONG están activas en Ecuador, 73 han finalizado su convenio con el Estado y 9 están en proceso de suscribirlo.
