El Gobierno peruano promulgó ayer martes la ley de recursos hídricos que le da prioridad de uso a la actividad agraria y que establece que "no existe propiedad privada" sobre el vital recurso, informó la Presidencia.
La ley, que había sido rechazada por agricultores en violentas protestas ante temores de privatización del agua destinada al riego, fue elaborada con aportes y en consenso con la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego y el gremio exportador peruano Adex.
"Esta ley marca la seguridad y devuelve la confianza al mundo agrario", dijo el presidente peruano, Alan García, tras firmar la ley en Palacio de Gobierno ante cientos de campesinos y gremios agrícolas del país.
"El agua para fines agrícolas tiene la prioridad en el uso productivo de las aguas; importante la minería, importante la industria naturalmente; pero hablando de agua será prioridad para los campesinos y la agricultura, ese es nuestro compromiso", afirmó García.
La norma designó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para ejercer la administración exclusiva de las aguas, organismo que además buscará recuperar la calidad de las aguas y fiscalizará si es contaminada.
A inicios del 2008, agricultores de todo el país marcharon por las calles y bloquearon carreteras del norte y sur peruano en protesta de la ley de aguas que según ellos, afectaría el libre uso del recurso para el campo.
Pero luego los campesinos de la Junta de Riego, Gobiernos regionales, gremios industriales y mineros, así como autoridades y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la gestión del Agua aportaron para elaborar la norma, que fue difundida en talleres comunitarios.
