El pasado 10 de octubre de 2023, se realizó la presentación del libro “Acceso a la tierra y territorio. Una oportunidad para reducir las desigualdades en Bolivia”, en el Centro Cultural Casa Melchor Pinto de la ciudad Santa Cruz de la Sierra. Una centena de participantes, escucharon los comentarios de Verónica Paz (Oxfam América Latina), Alcides Vadillo (Fundación Tierra), Vania Sandoval (periodista); y la presentación de Oscar Bazoberry y Ruth Bautista, parte de la coordinación de la publicación y el equipo del IPDRS.

De cara a la coyuntura político-electoral de 2025, propusimos abordar el conjunto de problemáticas respecto a la cuestión de la tierra, bajo un esquema sencillo que motive, promueva y genere un escenario en el que se sistematice información de los procesos tan ricos de los últimos 30 años y, al mismo tiempo, se abran oportunidades de debate constructivo hacia el futuro.

La presentación inició con una contextualización y explicación metodológica del texto que reúne a 40 especialistas y propone una estructura temática en seis ejes: 1) Sostenibilidad, deterioro y función ambiental de la tierra; 2) Valor y conflictividad de la tierra; 3) Acceso a la tierra, cuidado y derechos de las mujeres; 4) Dinámica y continuidad en las relaciones y estrategias rurales y urbanas; 5) Pueblos indígenas y naciones originarias; y, 6) Balance y diseño institucional estatal.

Verónica Paz, Coordinadora de investigación e incidencia de Oxfam en América Latina, hizo una valoración del método de trabajo, la reunión de voces y además enfoques, lo cual permite traslucir el proceso de logro de reivindicaciones históricas y la dinámica de la burocracia. La nueva estructura estatal destinada a redistribuir y democratizar entre otros temas, la tierra, que es un bien fundamental, por lo que la reforma agraria no es en la historia, un momento, sino un proceso continuo y permanente desde 1953. Destacó que los seis capítulos del libro permiten observar, desde el hito del año 2006 y la reconducción comunitaria, el avance de las políticas públicas en medio de intereses y tensiones por los recursos naturales.

Por su parte, Alcides Vadillo, abogado y Director de la Fundación Tierra Regional Oriente, también realizó una valoración del libro por su calidad en la sistematización y la coherencia, el criterio multiactor, pese a ciertas ambigüedades. Hizo énfasis en hacer notar que la legislación planteada en los años 50, planteó principios que aún están vigentes en las políticas agrarias y se deben replantear, por ejemplo, el tema de la Función Económica Social en tiempos del cambio climático, planteado según Vadillo de forma muy tímida en el texto, y que refiere a pensar en la protección y sostenibilidad, a la vez que se ven ejemplos tan importantes de deterioro ambiental en el ámbito de la minería.

La contribución del libro, según Vadillo, es colocar el tema de tierra y territorio en el debate, que presenta tantos vacíos en el presente, cuando se superaron la servidumbre y el feudalismo, y más bien, los temas en cuestión son la crisis climática y la crisis alimentaria. Recordó Vadillo que, la dirección del INRA es todavía interina, porque en el país no se dan las condiciones para un consenso político y la garantía de transparencia de esta instancia. Por otra parte, y abordando el tema de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, Vadillo explicó que, aunque existen avances, algunos pueblos indígenas tuvieron que pagar su proceso de saneamiento y otros lo tienen aún pendiente. No se sanearon las áreas demandadas y en realidad no existieron procesos de expropiación y distribución a favor de los pueblos indígenas, y son temas que se abordan sin la suficiente profundidad ni franqueza.

Vadillo inquirió en que el ámbito agrario está fragmentado y no existe coordinación interinstitucional, ni horizontalmente entre instancias ministeriales, ni verticalmente entre instancias de gobierno subnacional. Esto repercute es una serie de temas no tratados y pendientes. Para finalizar recomendó mucho el artículo de Gabriela Sauma sobre los derechos territoriales, que es un insumo para abordar el enfoque de derechos colectivos y que podría ser revisado por la institucionalidad y las organizaciones.

Se explicó que la elaboración de la publicación colectiva estuvo acompañada de un proceso de difusión de las temáticas a nivel radial y que el propio lanzamiento estuvo acompañado de un proceso de difusión. El objetivo de estas acciones es posicionar el tema en los medios, pero principalmente en el ámbito de la opinión pública y las preocupaciones de la sociedad civil.

En ese marco, los últimos comentarios fueron de Vania Sandoval, periodista y politóloga, quien se refirió a la reconfiguración institucional que no alcanzó a introducirse a los modelos subnacionales, por ello, por ejemplo, no se logra medir la incidencia de la violencia y la defensa de territorios conforme a lo que estipula el Acuerdo de Escazú (2017), que establece un marco para el acceso a la información, justicia y defensa.

Respecto al tema de tierras explicó que, al ser un tema marcado por los intereses políticos, existe cierta opacidad para los medios, esto sería lo que pasa en el ámbito de la minería y la conflictividad territorial que desprende esa dinámica, y otros casos, que muestran territorios permeados por la violencia. El ámbito territorial, en la apreciación de Sandoval, es un ámbito fértil para generar estereotipos por la conflictividad, y que no catalogan a determinados actores sin abordar la complejidad.

Para finalizar, Oscar Bazoberry, Coordinador general del IPDRS, precisó algunas cuestiones en referencia al cambio transcendental de la estructura agraria del país, pues como no ha ocurrido antes se tiene la tierra de forma saneada, principalmente, en manos de campesinos e indígenas. En otros ámbitos, explicó que se requiere de muchos recursos y voluntad política para comprender problemáticas como la minería, si 180 municipios tienen actividad, pues esta no desaparecerá pronto, y precisamente, el tema será imprimir criterios de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales.

Bazoberry llamó la atención respecto a las competencias del Tribunal Agroambiental, cuya carga procesal es bastante menor y cuya capacidad de construcción de conocimiento y jurisprudencia no están siendo aprovechados ni apropiados por las universidades, por ejemplo. Esta nueva institucionalidad debe adquirir prácticas de comunicación fluida con la sociedad civil y actualizar permanentemente la información. Esta actualización es necesaria en varios ámbitos, Bazoberry cuestionó la pertinencia, método y objetivos del censo agropecuario, cuyos datos tienen una limitada utilidad para comprender la realidad agraria y territorial del país.

Tras algunos comentarios del público, se cerró la noche agradeciendo la asistencia e interés suscitados.

Reviva la presentación del libro en Santa Cruz