Ecuador: Escalada del conflicto por narcotráfico y militarización, sus impactos en el sector rural

Por: Francisco Hidalgo Flor
Sociólogo, profesor de Sociología
Agraria en la Universidad Central del Ecuador.

Es una situación compleja la que atraviesa el Ecuador a inicios del 2024, ahora fuertemente marcada por el impacto del incremento de la violencia, que ha alcanzado tales niveles, que, si comparamos con los registros de fines del 2019, tiempos de prepandemia, se ha agravado en un 300%. Las masacres carcelarias de enfrentamientos entre bandas criminales provocaron en los últimos dos años alrededor de 170 víctimas. Si es de espanto, pero no se resuelve decretando situación de guerra. Poco ayuda, la reciente medida del gobierno del novel primer mandatario Daniel Noboa de declarar situación de “conflicto armado interno”.

Una situación es aquella de expansión de bandas de narcotráfico y masacres carcelarias, y otra distinta es un conflicto armado interno. Cabe preguntar: ¿Cuántos países en el mundo atraviesan por fenómenos como el crecimiento del narcotráfico y expansión de mafias?: muchos; y, ¿cuántos califican y proceden como situación de conflicto armado interno?: Ecuador y algunos más por allí.

Las causas que han provocado que Ecuador se convierta en un punto medular de los nuevos circuitos de tráfico de droga hacia los Estados Unidos y Europa obedecen más a razones externas que internas, y no se resuelven escalando militarmente el conflicto.

Entre los factores externos que se mencionan están: el incremento de cultivos de coca y producción de cocaína en las regiones fronterizas con Ecuador, el rol mas acentuado de mafias transnacionales con asiento en México para el narcotráfico con Estados Unidos y de mafias balcánicas hacia los mercados de Europa, que han buscado y alentado a “socios locales” en Ecuador, la expansión de la demanda en el “primer mundo”.

Entre los factores internos se encuentra la aguda crisis económica y de desempleo en el país, que afecta intensamente a los jóvenes de los barrios marginales urbanos y la corruptibilidad de jueces y policías, la permeabilidad para el uso de puertos en el litoral, en los embarques de exportación y de los circuitos financieros azuzados por la dolarización.

Lo más grave son los impactos en el conjunto de los sectores populares, urbanos y rurales, la expansión de las bandas de narcotráfico, junto a ello trata de personas y extorsión, peligro más agudo en los territorios de especial interés para estos sectores, las zonas cercanas a puertos, de cualquier dimensión que estos sean y el masivo reclutamiento de jóvenes, a veces casi niños/as. Esto se expresa principalmente en las provincias de la región litoral, y también en algunas de la amazonía, así como en zonas de frontera. Un ejemplo de ello es que el grupo que efectuó el asalto al canal de televisión TC, días pasados, estaba conformado por jóvenes entre los 16 y 24 años, que fueron incapaces de transmitir cualquier mensaje que no sea aquel de mostrar armas, dinamita y amedrentamiento a rehenes.

Las razones para la declaratoria político – militar de “conflicto armado interno” no están en la expansión del narcotráfico sino en otro lado, en los sectores y fuerzas que ven la ocasión de obtener con ello un consenso social que no lo han podido forjar de otra manera.

El estado de “conflicto armado interno”, declarado por el gobierno de Noboa no resuelve elementos inmediatos y mediatos de la problemática, y si beneficia a los cuerpos  militares y la expansión de las redes del Departamento de Estado de Estados Unidos en el control de la seguridad del país y las fronteras, incluida la marítima. En estos días el principal portavoz gubernamental es el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, y el embajador de los Estados Unidos concurrió a la reunión del Consejo de Seguridad del Estado.

Le permite al gobierno del nuevo presidente Noboa hacer uso de un discurso y apelar a tipo de políticas con mayor cuerpo de aquel que exhibió en la campaña electoral y en los primeros eventos gubernamentales (sus intervenciones públicas apenas duraban alrededor de quince minutos). Con el coro de los grandes medios de comunicación se expande el vocabulario de: guerra, armamento, restricción de derechos, unidad nacional, hasta se menciona la pertinencia de un “impuesto de guerra”.

A la par se anuncia la instalación de bases militares estadounidenses, que desde un par de años atrás ya tienen actividad abierta en la región insular de las Galápagos.

En todos estos operativos nada o poco se menciona del control e investigación a la circulación de capitales provenientes del narcotráfico en el sistema financiero nacional. Se han denunciado vínculos con sectores políticos gubernamentales, por ejemplo, la relación que tenían con familiares cercanos al ex - presidente Lasso. Pero de la banca y sectores como el inmobiliario nada se dice. La condición de un país dolarizado es un acicate para el lavado de este tipo de dineros.

Esta situación coloca en el centro de la preocupación nacional al tema de la crisis de seguridad y violencia, el ambiente de miedo se difunde. Uno de los efectos es que desvía la atención a los esfuerzos por fortalecer al campo popular, tanto organizativa como políticamente. En cambio, consolida a discursos de derecha y de conflagración. Aúpa la propagación de lo que pudiéramos denominar un “sentido común conservador” en la población ecuatoriana.

Impactos de la escalada del conflicto en los sectores rurales.

En el marco de este breve artículo, de mirada general y sintética sobre el conflicto marcado por la expansión del narcotráfico, la respuesta por la vía de decretar la situación de “conflicto armado interno” y la expansión de la violencia, en este punto nos detenemos en una rápida mirada respecto de la situación en el sector rural ecuatoriano, para lo cual colocamos cinco puntos clave:

El primer punto clave a considerar es que en el Ecuador es reducida la producción local de coca y marihuana u otro tipo de drogas criminalizadas, por lo cual zonas rurales dedicadas a la producción o procesamiento de este tipo de drogas es baja. Sigue siendo principalmente una región dedicada a la circulación y punto de embarque y envío hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.

El segundo punto a indicar es que la afectación mas importante está referida a los nexos de las zonas rurales con las redes de narcotráfico, que afecta especialmente a los sectores exportadores y dentro de ellos a fases de la producción, comercialización y exportación bananera, de otras frutas y cacao. En el rango de producción bananera por el uso de pequeños aeropuertos para avionetas de fumigación en estas plantaciones, de hecho, se registran varias capturas de las llamadas “narcoavionetas” en haciendas medianas o grandes en la región litoral. En el rango de comercialización y exportación, se registra el fenómeno denominado de “contaminación de embarques”, esto es la colocación de paquetes de cocaína, en ocasiones llega al nivel de varias toneladas, en los contenedores de exportación de este producto, y también en otros como piña o cacao, en especial hacia los países europeos.

Un tercer punto es el impacto en la población joven migrante e itinerante entre zonas rurales y los barrios periféricos o marginales de las urbes con mayor impacto de las bandas de narcotráfico: Guayaquil, Durán y Esmeraldas, por lo cual se incrementa el nivel de “reclutamiento” hacia estas organizaciones delincuenciales.

Un cuarto punto, articulado a los anteriores, es el impacto en ciudades pequeñas o medianas rurales, en especial en la región litoral, que se convierten en zonas de reserva y acopio, tanto de droga, como armas y circulación de los miembros de las bandas, lo cual altera y trastorna las condiciones de vida en estas partes del campo.

Un quinto punto es la expansión del fenómeno de la militarización del país, el crecimiento de la presencia y control policial y militar de ciudades, barrios y recintos, de fuerzas directas o de redes de contactos e informantes, junto a ello la propagación de propaganda y criterios ideológicos que legitiman y aúpan esta militarización también de las zonas rurales.

A modo de conclusión, los fenómenos analizados: la profundización de la vía militar para enfrentar política y policialmente el conflicto y la expansión de las redes de mafias de narcotráfico, más el acentuamiento de un sentido conservador en la opinión pública, están cambiando la sociedad, la política y la cultura del Ecuador, que probablemente luego de la evolución de estos acontecimientos será muy distinto, en sus zonas urbanas y rurales y en su población.

Disputar la vida al patriarcado:
Mujeres – cuerpo - territorio

Melisa Hinojosa Pérez
Politóloga e investigadora.

A propósito del Informe Mujeres Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (https://doc.ipdrs.org/InformeMujeres) que publicamos recientemente, creo necesario apuntar los aprendizajes de realizar una investigación que pone en el centro la trama y potencia de las mujeres y los aprendizajes resultantes de la propia investigación.

Realizar una investigación abocada a las mujeres rurales significó enfrentarse a múltiples desafíos, pues no es solo una sumatoria de datos, condiciones, características y roles que hacen y viven las mujeres rurales; tiene que ver con un complejo tejido social, político, y epistemológico que requirió un profundo compromiso de nuestra parte para comprender lo que ellas están proponiendo.

El Informe plantea proporcionar información sobre la dinámica actual del acceso a la tierra y territorio que viven las mujeres, para ello fue imprescindible darles un espacio estructural a sus voces, pues partimos de reconocer su agencia y potencia para significarse a sí mismas, y para significar su propia experiencia. Partimos del postulado de que la experiencia es la mayor evidencia que tenemos ante el sistema patriarcal y colonial encarnado en las instituciones y organizaciones que invisibilizan su trabajo, aporte y existencia.  La construcción colectiva de esta investigación también nos exigió repensar las múltiples conexiones de la violencia y reafirmarla como estructural, así como la interdependencia de las luchas porque lo que está en juego es la vida misma.

Al centrarnos en el quehacer de las mujeres rurales se extiende la experiencia de la lucha cotidiana y general visibilizando formas renovadoras de interdependencia para sostener la vida. La apuesta política que surge es la valoración de las relaciones entre las mujeres y las acciones que despliegan, que supone una revaloración de la potencia política que contienen, y la creación subjetiva de vivencias más gozosas acerca de la capacidad de crear otros mundos en medio de un sistema de explotación y dominación. De ello, la revaloración de la voz en primera persona como una fuente de conocimiento para salir de ese lugar de “pobreza” epistémica y simbólica que busca atribuirse a las mujeres, particularmente, a las mujeres rurales, como condición y trampa del desarrollo extractivista.

Las luchas que emprenden las mujeres rurales tejen diálogos que dan cuenta del tránsito del feminismo a los feminismos, y de los feminismos a las luchas anti patriarcales; por ello, ensayamos concentrarnos en el quehacer de las mujeres por lo que propician y no, así como contenedoras de identidades fijas.

Si lo personal es político las múltiples formas de defensa territorial también lo son, los emprendimientos de artesanías, las prácticas de la medicina ancestral, la preservación y práctica de las lenguas nativas, las ollas comunes, las practicas agroecológicas, el resguardo de las semillas, la agricultura familiar e indígena, la producción sin agrotóxicos, y tantas otras prácticas y acciones que realizan las mujeres rurales para sostener la vida son profundamente políticas.

Verónica Trpin, en la entrevista que le realizamos, enfatiza en que lo que aprendemos las feministas de las mujeres y feministas rurales y de las luchas territoriales es el giro eco-territorial; es decir, la posibilidad de pensar otras formas de sostenibilidad de la vida denunciando los efectos del extractivismo, de pensar desde el cuerpo – territorio como imprescindibles para la lucha por la justicia social, para la liberación de los pueblos y de las mujeres, porque no se pueden separar los cuerpos explotados del territorio explotado. El territorio y el cuerpo están intrínsecamente relacionados, son el centro de las luchas y actualizan los sentidos de unidad de la reproducción de la vida porque se construye en el tejido social colectivo.

Ellas nos advierten que la explotación de las mujeres guarda una fuerte relación con otras formas de explotación, y que lo que se vive actualmente, en Sudamérica, es una cadena de explotaciones. Por ejemplo, el proyecto de explotación minera en el Arco del Orinoco, en Venezuela, donde se extrae oro de manera ilegal, las denuncias sobre vulneración de derechos humanos y ambientales, violencia y delincuencia organizada incrementaron y han desencadenado masacres en las comunidades, han contaminado con mercurio los ríos afectando la supervivencia de pueblos indígenas como el Pemón.  Además de generar importantes cambios en las relaciones sociales, culturales y económicas de las poblaciones, y específicamente, de las mujeres que son obligadas a realizar trabajos en condición de esclavitud moderna o ser explotados sexualmente. Es decir, la misma explotación ejercida para saquear los recursos naturales es ejercida sobre los cuerpos feminizados, empobrecidos y racializados. De igual manera, el despojo de tierra en Paraguay, que realizan las empresas transnacionales para el cultivo de soja transgénica está acompañado por la criminalización, persecución y estigmatización de las luchadoras/es de la tierra y defensoras/es de derechos humanos. El caso de Bernarda Pesoa, defensora del pueblo Qom, es el claro ejemplo de que al ingreso de un proyecto extractivo le sigue una serie de vulneraciones de derechos colectivos e individuales, hasta el punto de amenazar la vida de quienes defienden sus territorios y judicializar a sus familias.

Este panorama se repite con mayor o menor intensidad en toda la región, sin embargo, esto no ha hecho que las luchas de las mujeres se desarticulen y paralicen, por lo contrario, se han atizado las organizaciones de mujeres y comunitarias, que enérgicamente están politizando las experiencias individuales y colectivas de la violencia estructural y, denunciando la explotación y destrucción de la vida. Esto a su vez nos permite pensar la historia desde las resistencias y reivindicaciones históricas, entablar conexiones con otras latitudes, saberes y sentires, reconstruir y reparar desde la memoria colectiva.

Sobre este último aprendizaje me parece fundamental politizar aún más el cuidado que sostienen las mujeres rurales. Es importante tener cautela con romantizar estos trabajos de cuidado, pues podemos correr el riesgo de anestesiarnos frente a la sobrecarga, abnegación y violencia que recae en los cuerpos-territorios de ellas. Creo fundamental nombrar - a la par de visibilizar estos trabajos de sostenimiento de la vida- que en la mayoría de los casos las mujeres se encuentran en situaciones de alta precariedad, “malos” cuidados, y vulneración que muy rara vez son atendidos y reparados.

De esta corta reflexión surge un cuestionamiento apremiante ¿El trabajo de cuidados es un derecho que ejercen las mujeres rurales o más bien las estructuras de explotación se sirven de este trabajo?

Las compañeras de Colombia como Magaly Belacázar, o las compañeras de Chile como Estefany Lobos, y de Argentina como Moira Millán nos proponen, esperanzadoramente, que no todas las actividades de reproducción y sostenimiento de la vida están totalmente subsumidas a los sistemas de dominación y explotación. Esto creo que tiene un potencial que vale la pena pensar, sentir, politizar y profundizar porque nos permite leer las luchas actuales y dignificarlas.

En este mismo sentido, creo que es urgente plantear que el cuidado es un derecho que también las mujeres   particularmente, las rurales deben ejercer. De las compañeras de los territorios aprendimos que existe un vínculo entre el cuidado y la sanación, que la insistencia es por la vida y por las tramas colectivas. La creación de comunidades o colectividades que atiendan y asuman el lugar del dolor e indignación que produce la explotación, pero al mismo tiempo que asuman la resistencia y existencia cariñosa y placentera me parece fundamental para criar otros mundos posibles.

Habilitar una lectura desde la política del cuidado que despliegan las mujeres rurales posibilita establecer vínculos entre la violencia estructural, el modelo de desarrollo extractivista, la vigencia del sistema patriarcal y colonial, y disputar el sentido de las crisis económicas, políticas, sociales, por una crisis de la sostenibilidad de la vida.

Concluyo señalando que es importante nombrar que la mercantilización de la vida y la intensificación de las desigualdades van de la mano con las alianzas patriarcales. Es urgente generar interdependencias que no forjen desigualdades y que visibilicen las redes de cuidado para avanzar en la colectivización del mismo y construir narrativas que hablen desde la vida.

Encuentro por la tierra y territorio, una agenda territorial para Sudamérica

Ruth Bautista Durán
* Socióloga especialista en desarrollo rural, egresada de la maestría de literatura latinoamericana (UMSA),
con estudios de etnicidad y género. Actualmente, es investigadora del Instituto para el
Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS

El IX Encuentro por la tierra y territorio se desarrolló de forma virtual, entre el 15 y 16 de noviembre de este año[1]. Congregamos a una veintena de investigadores de la región sudamericana en torno a la exposición de temas clave del Informe 2021 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (Descarga: http://doc.ipdrs.org/3EerEn8).

La primera jornada la inauguró el IPDRS y congregó a Irene Mamani de la Fundación Tierra de Bolivia, Emiliano Terán Mantovani del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Juan Wahren, Gisela Hadad y Tomás Palmisano del Grupo de Estudios Rurales y el Grupo de Estudios de Movimientos Sociales de Latinoamérica de la Universidad de Buenos Aires, Francesca Repetto y Pablo Díaz del Núcleo de Estudios Rurales de la Universidad de la República del Uruguay, y, Lisa Meyer y Luís Rojas del Centro de Estudios Heñoi del Paraguay.

Para recoger los elementos comunes y los temas principales respecto a estos países, invitamos a Lena Mozas, referente de tierra territorio y derechos campesinos del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra de Argentina. Mozas apuntó a la crisis climática como un elemento que dificulta el acceso a la tierra y el modo de vida campesino e indígena en toda la región, y que, a su vez es producto de la crisis del modelo capitalista.

Lena Mozas apuntó también que la pandemia cristalizó el retorno a la tierra, la re-territorialización, permitió una mejor valoración de las zonas rurales como espacio de vida, y también el rol de las mujeres en la producción y cuidados como aporte a la economía campesina e indígena. También inscribió la importancia del agua en la lucha por la tierra, pero también como otro objeto de disputa, pues los proyectos y empresas buscan la tierra por el agua; es decir, afirmó Mozas que no sólo es el agronegocio el que disputa la tierra, sino también los megaproyectos de infraestructura y energía, el IIRSA, y principalmente, la niñería.

Por su parte, Eduardo Gudynas investigador del Centro Latinoamericano de Estudios Socioambientales – CLAES, valoró el Informe 2021 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, y rescató que desde el inicio del encuentro se haya notado la diferencia entre propiedad y acceso a la tierra, pues las dinámicas de apropiación del uso y aprovechamiento de la tierra e imposición de paquetes tecnológicos, a través del acceso, que no siempre modifican la propiedad formalizada de la tierra. Sugirió prestar atención al cómo se brinda la asistencia en prácticas agropecuarias a los pequeños y medianos agricultores, campesinos e indígenas; así mostró la utilidad de conocer el papel de la academia, empresas y cámaras comerciales, en la actividad de propagación de difusión de esas tecnologías que incentivan modelos de desarrollo.

Respecto a la profundización del modelo extractivista de desarrollo y los altos índices de conflictividad que desata la minería de oro aluvial, Gudynas mostró que era muy útil hacer seguimiento y documentar la trayectoria de los jóvenes rurales que salen de los predios familiares hacia la minería en busca de capitalizarse. Lo que no es previsible para ellos, pero que suele pasar es que esta industria tarde o temprano entra en crisis, baja sus precios y los jóvenes intentan retornar a la agricultura, pero han perdido sus conocimientos y les dificulta recobrarlos. También apuntó que la violencia está mejor caracterizada en Brasil y Colombia, pero que es un común denominador en el resto de países, lo cual, no es un tema menor. Y finalmente, rescató la posibilidad de renovar categorías y sugirió abordar el tema de la renta de la tierra, para actualizarla en el nuevo contexto y necesidades.

En la segunda jornada del IX Encuentro por la tierra y territorio en Sudamérica, se contó con las exposiciones de Javier Medina del Centro de Investigación y Educación Popular Programa de Paz - CINEP de Colombia, Paula Aguayo y Alexander Panez de la Universidad del Bio-Bio, Laureano del Castillo del Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES, Stalin Herrera del Instituto de Estudios Ecuatorianos – IEE, y, Jorge Montenegro y Gustavo Steinmetz Soares de la Universidad Federal de Paraná del Brasil y el Colectivo Enconttra. Comentaron la jornada, Dione Torquato, Secretario General del Consejo Nacional de Populaciones Extractivistas – CNS y Stephanie Burgos, directora asociada de Oxfam América Latina.

Dione Torquato se presentó como un hijo de siringueros y además como parte del Consejo Nacional de los pueblos y comunidades tradicionales, y saludó el evento pues abordó la lucha de las populaciones tradicionales y el derecho de acceso a la tierra en Sudamérica, un tema de importancia para quienes viven en los territorios y viven amenazas constantes, como por la crisis climática como por la presión política electoral, y también, por las grandes empresas, que miran a Sudamérica no con la visión del desarrollo sostenible, sino con ojos de la apropiación de la riqueza amazónica. Ese es un problema que vivimos todos los países, apuntó Torquato, la disputa por la tierra y la presión del gran capital, un problema central para las comunidades tradicionales, este enfoque fomentado por los gobiernos locales.

Según Torquato, las comunidades campesinas, indígenas y tradicionales necesitan crear una estrategia de articulación para enfrentar al gran capital y mostrar la importancia que tienen la Amazonía y los territorios tradicionales, para enfrentar la crisis climática y generar la oportunidad de una economía sostenible. Partiendo de las buenas experiencias de los pueblos, en los bosques en Sudamérica, “es muy importante reforzar, que los territorios para nosotros, significan vida, significa cultura, modo de producción de manera sostenible, y eso es lo que el mundo tiene que ver”; así, el impacto de la gran minería, de la deforestación traen consecuencias a la población local, pero también al resto de la sociedad.

Respecto al proceso político, Torquato afirmó que se han vivido procesos de mucho ataque y retrocesos en la agenda socio ambiental y territorial, y ahora existe mucha expectativa con el nuevo gobierno, pues se espera que retome la agenda de demarcación de tierras indígenas, las comunidades quilombolas, la creación implementación de unidades de conservación sostenible que son las reservas extractivistas, sobre todo el fortalecimiento de la agricultura familiar tradicional en el Brasil.

Stephanie Burgos, para el cierre del evento, rescató dos puntos, por un lado, la polarización política, relacionada con procesos electorales, que incluyen algunos muy esperanzadores; y por otro lado, los derechos estancados o lo que se puede llamar ‘derechos de papel’ que no se llevan a la práctica. Respecto al primer punto, se refirió a Colombia y Brasil, cuyas expectativas del cambio de derecha a izquierda, son correlativas a las movilizaciones ciudadanas por la votación. Destacó que, en el Ecuador, se haya producido un hecho sin precedentes, pues la movilización también determinó el resultado. El voto nulo obtuvo un nivel histórico, pero también mostró la ausencia de un movimiento campesino e indígena articulado, lo cual fue determinante para la victoria de la derecha.

En un contexto menos esperanzador, el Perú mostró una polarización nunca antes vista, pero el cambio político no ha llevado a una mejoría en el campo, pues la desigualdad de la tierra sigue en aumento, y manifiestan conflictos comunes a la región, en casi todos sus departamentos, aquellos relacionados con la minería, hidrocarburos, agronegocio, etc.

Respecto al segundo punto, los derechos de papel, que supuestamente están reconocidos en políticas, leyes, normas, pero las estructuras institucionales no han sido capaces de llevarlo a la práctica en planes concretos. Con la vigencia el modelo extractivista y exportador, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, no se llevan a la práctica; peor aún, con la excusa de responder a la demanda de alimentos y la necesaria reactivación económica luego de la pandemia, los Estados se hacen cada vez más dependientes de insumos agrícolas de importación. El modelo extractivista no está casado con una línea política, afirmó Burgos, así lo muestra el poco e inadecuado acceso a la tierra, los conflictos en aumento, la violencia y persecución a líderes, con niveles altos o bajos, pero presentes en toda la región.

Los derechos a la tierra y territorio en el papel, no llevados a la práctica, son invisibilizados por el poder económico y la apuesta al extractivismo. Para los próximos años, se espera que los cambios políticos lleven a cambios reales, se reduzca la dominación del modelo extractivista y la energía verde, responda a los derechos y a la crisis climática.

Los encuentros por la tierra y territorio se llevaron a cabo en diferentes países y reuniendo a organizaciones rurales, liderazgos y aliados por la tierra, académicos, activistas e instituciones de desarrollo. Esta es la tercera vez que el encuentro se realiza en formato virtual y basándonos en los datos que reúnen los capítulos del Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.

Como puede verse, el encuentro apunta una agenda territorial a la cual prestar atención desde las múltiples actuaciones que puede tener la gama de actores interesados en el respeto a los derechos indígenas, derechos campesinos, en la soberanía alimentaria y en sobrellevar la crisis climática superando al extractivismo como un modelo imperante, tanto de desarrollo económico, como de vida.

Aprovechamos para agradecer, una vez más, a todas y todos los colaboradores del Informe Anual Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, las y los autores, sus plataformas institucionales, lectores y lectoras, a las agencias financiadoras, al equipo de edición y diagramación; y también, al equipo de comunicación del IPDRS, que posibilitó un encuentro fluido para visibilizar esta agenda territorial urgente. 

[1] Jornada 1 (Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay y Paraguay): https://www.facebook.com/IPDRS/videos/538513650947830; Jornada 2 (Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Brasil): https://www.facebook.com/IPDRS/videos/849427266063931

La última oportunidad para nuestros bosques y para nuestra gente

Gonzalo Baptista Mercado
Comunicador del IPDRS.

Hace pocos días, el IPDRS en coordinación con la Unidad Educativa Técnico Humanístico Mariano Justiniano Orbe del municipio del Sena ubicado en la Amazonía boliviana, realizó un concurso denominado “Mi querida Amazonía”. En el concurso, los estudiantes pusieron a prueba los conocimientos adquiridos en varios procesos de capacitación.

Por un lado, desarrollamos la iniciativa de los bosques educativos, en la que los niños niñas y adolescentes conocen su bosque como extensión de su escuela, en un afán de que puedan convertirse en una especie de cuidadores/as, protectores/as de la naturaleza. Por otro lado, desplegamos una campaña de prevención de desastres naturales y de origen antrópico, en la cual que los estudiantes y los profesores fueron parte de un proceso de capacitación liderada por profesionales en gestión de riesgos.

No obstante, nos surgen algunas preguntas como: ¿Qué tan pertinente es hacer estos esfuerzos y/o generar estos espacios? ¿Por qué hablar con los estudiantes sobre gestión de riesgos? ¿Qué tan importante y cuánto impacto tendrá? Lo cierto es que no eres consciente de la magnitud del problema hasta que lo ves con tus propios ojos. Solamente al recorrer el tramo del Municipio de Puerto Rico al Sena puedes ver cómo la gente chaquea, le prende fuego al bosque con el objetivo de deforestar, limpiar el espacio y ocuparlo para actividades productivas que, en muchas ocasiones, no equivalen ni a la mitad del daño que se le hace al medio ambiente; mucho menos son conscientes de cómo el humo opaca el hermoso paisaje amazónico.

En Bolivia, según el Viceministro de Defensa Civil Juan Carlos Calvimontes, en sus últimas declaraciones en septiembre, los incendios forestales afectaron unas 854.724 hectáreas; haciendo un recuento, en 2021 los incendios alcanzaron 4,2 millones de hectáreas, en 2020 se registró 5,2 millones hectáreas incendiadas y en 2019 se quemaron más de 5,3 millones, considerada la más grande de los últimos años.

Lo preocupante es que no es el único territorio donde sucede esto. A lo largo del año, se han perdido cantidades enormes de espacios verdes, en Colombia, por ejemplo, entre enero y marzo de este año, se deforestaron 50.400 hectáreas, superando las 45.500 hectáreas reportadas para el mismo periodo de 2021, y la cifra de los últimos 21 años ya supera los 3 millones de hectáreas, según el Ministerio de Ambiente de ese país. Por otro lado, en Paraguay, el Informe Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de uso de la tierra de 2017 a 2020, publicado recientemente por el Instituto Forestal Nacional (INFONA), revela que durante 2005 y 2020, alrededor de 4,37 millones de hectáreas de bosque se han deforestado y transformado en otros usos de la tierra, principalmente, para actividades relacionadas a agricultura y ganadería.

Por todo esto, no es novedad que, si bien las agendas mediáticas hablan del tema, no dejan de ser noticias a vuelo de pájaro, que no hacen eco sobre las consecuencias y pérdidas irrecuperables. No existe un seguimiento de parte de las agencias de información, el periodismo de investigación es casi inexistente al respecto, pero acaso, ¿Es culpa de los medios que no les interesa el tema? ¿Es posible acceder a los datos? ¿Existe algún interés de por medio que limita estos esfuerzos?

Podemos plantearnos muchas más interrogantes y debemos admitir que hay mucha debilidad en cuanto a campañas de prevención, concientización y comunicación al respecto. Es inevitable sentir que los esfuerzos de las instituciones, que sí lo hacen, no son suficientes frente a la inmensidad del problema. Tampoco son suficientes las determinaciones de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas y campesinas, mientras no exista normativa y voluntad política para proteger los bosques y los territorios.

A nivel estatal, en varios países de la región existen ciertas normativas de poco alcance que están ahí para tener tranquila a la opinión pública. Mientras que, en la práctica, estas no son respetadas ni se implementan bajo control institucional. A la vez, se aprueban leyes para hacer excepciones a la norma, y así, abrir paso a la deforestación, al cambio de la planificación de uso de suelos y el chaqueo sin control, respondiendo a intereses privados de grandes empresas, estatales o no, con la excusa de desarrollo y progreso.

Nos queda claro que el problema no se va solucionar de la noche a la mañana. Entonces usted, estimada lectora o lector, se preguntará ¿de qué sirve hablar de esto, si no hay nada que hacer? Por el contrario, sí podemos hacer algo, podemos dejar de prender fuego a los chacos, dejar de quemar la basura y la ropa vieja; en este ámbito, hasta el apagar la colilla del cigarro cuando termine de fumar ayuda. Además, ayuda el apoyo a los sistemas alimentarios campesinos e indígenas, la corresponsabilidad con los precios justos y el consumo responsable. La agricultura intensiva y la ganadería extensiva son un lastre que sostenemos las sociedades de consumo, remiten al mercado internacional y las exportaciones, y nunca a la soberanía alimentaria.

Por otro lado, no debemos olvidar que, la información es poder. Como aquellos estudiantes de la Amazonía, si reconocemos nuestro bosque no sólo como una despensa para la recolección de productos para la comercialización, si contabilizamos las variedades y especies de árboles, plantas, animales, insectos, y recaemos en los riesgos de que toda esta biodiversidad desaparezca. Si logramos comprender los servicios de la biodiversidad para las comunidades humanas, en términos de agua, alimentos, oxígeno, seremos conscientes de lo que implica afectar el equilibrio ecosistémico, y nos brindaríamos de mejor forma a proteger, cuidar, resguardar este tesoro natural.

Desde el Instituto planteamos el Concurso anual para jóvenes de esta gestión, abordando la temática del devaste territorial. Buscamos visibilizar la realidad que enfrentan las familias, comunidades y territorios rurales frente a este tipo de adversidades, y así, poder compartir las iniciativas de cuidado y resguardo de los diferentes ecosistemas. Buscamos conocer alternativas a los procesos más agresivos de manejo del bosque e incluso, la restitución de ellos. Uno de los objetivos de este concurso es elevar la voz de las y los jóvenes, pues son quienes tendrán que tomar la delantera por su futuro.

 Muchos dicen que estamos en recta final, que la crisis climática está en un momento de gravedad importante y que, de no frenar los agravios a la naturaleza, se impondrá la cuenta regresiva para el agotamiento del planeta. Desde mi opinión aún no es demasiado tarde, pero sí es cierto que debemos escuchar las alertas, posicionarnos y darle una última oportunidad para nuestros bosques y nuestra gente.

Anotaciones sobre derechos indígenas y campesinos de las mujeres

Por: Gloria Erazo Garnica

*Abogada colombiana con experiencia en incidencia política para el diseño y transformación de marcos legales y en el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y comunidades campesinas y urbanas, derechos culturales, protección del medio ambiente y de la diversidad biológica. Es asesora en incidencia de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, articulada a la Consejería de Territorio, Biodiversidad y Bienes Naturales de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

El proceso histórico de los Derechos Humanos se da en medio de debates históricos y políticos de la humanidad; la lucha contra el colonialismo, la pugna entre el individualismo y el colectivismo, la afirmación de soberanía de los estados. Sin embargo, muchas constituciones nacionales consagraron los derechos de la Declaración Universal y se dio al mismo tiempo una internacionalización de la defensa de los Derechos Humanos.

La internacionalización tuvo unos primeros pasos con la firma del Tratado de Versalles en 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial y la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha sido muy importante para el avance de los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales)  y la defensa de los derechos de los trabajadores.

El segundo paso fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945. El primer texto normativo específico sobre derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, con ella se reitera el principio de trato único para todos los seres humanos, el artículo 10, estableció:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Mujeres delegadas de varios países desempeñaron un papel clave para la inclusión de los derechos de la mujer, dos de ellas: Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, gran impulsora de la aprobación de la Declaración, y Hansa Mehta de India. Entonces, cambiaron la frase "Todos los hombres nacen libres e iguales" por "Todos los seres humanos nacen libres e iguales" en el Artículo 1, este es inspirador y sería maravilloso que así fuera.

Derechos de las mujeres

Las mujeres indígenas fueron invisibilizadas en los procesos coloniales y republicanos, a pesar de su importante rol económico, ritual y cultural en las sociedades indígenas. Fueron sometidas al trabajo doméstico, lo que facilitó el despojo de territorios y el exterminio indígena. Pero también la resistencia de la mujer indígena fue fundamental en la conservación, desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos tradicionales e identidad cultural indígena. Aún tenemos que esforzarnos por lograr condiciones para que las dedicaciones familiares, agrícolas y pastoriles, no dificulten su participación y se supere la discriminación estructural en las sociedades mestizas e indígenas.

El Convenio 169, (artículo 3) establece la no discriminación entre hombres y mujeres indígenas, e influyó en que muchos estados de América Latina firmaran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Es el principal instrumento jurídico para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor en septiembre de 1981. Ha sido ratificada por todos los Estados de América Latina y el Caribe.

La CEDAW tiene como finalidad eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, determinando a los Estados a promulgar leyes para ello. Cuenta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, órgano que hace seguimiento a las acciones de los Estados en cumplimiento de la Convención y de las recomendaciones del Comité.

Las Observaciones y Recomendaciones son el resultado del diálogo constructivo entre el Comité y cada estado parte, además, el Comité escucha a las organizaciones de la sociedad civil y a organismos especializados de las Naciones Unidas.

El Comité también celebra jornadas de debate y formula recomendaciones generales que son sugerencias y aclaraciones dirigidas a los Estados para el cumplimiento de los derechos consagrados. Se reúne dos veces al año en Nueva York.

La CEDAW cuenta también con un protocolo facultativo que otorga el mandato para el Comité de recibir comunicaciones de individuos o grupos de individuos que presenten denuncias de violaciones de los derechos protegidos por la Convención. Son obligaciones generales de los estados:

1. Eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la vida;
2. Garantizar el pleno desarrollo y avance de las mujeres para que puedan ejercer y disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales de la misma manera que los hombres.
3. Permitir que el Comité del CEDAW examine sus esfuerzos para aplicar el tratado informando al organismo a intervalos regulares.

El comité ha realizado 39 recomendaciones generales, de ellas las primeras 12 refieren a la presentación de informes y procedimientos con los estados, las restantes son recomendaciones temáticas para los estados en los temas de políticas publicas para la garantizar los derechos de las mujeres  .

La recomendación General 39 se refiere a los derechos de las mujeres rurales y en el año 2021 se adoptó la primera recomendación general sobre Mujeres y niñas indígenas.

Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP)

El COVID 19 fue el síntoma de la seria situación ambiental que vivimos. La destrucción de muchas áreas de vida silvestre, la práctica agroindustrial de hacinar animales e hipermedicarlos, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, los cambios en usos del suelo, el comercio y consumo de fauna silvestre, elaboraron lo que se llama el “desborde de zoonosis” o salto de especie de las enfermedades animales a los humanos.

Las comunidades rurales de América latina, que aún conservan prácticas, saberes, usos y conocimientos heredados de sus culturas y conservan una relación íntima y respetuosa con la naturaleza, muestran caminos que favorecerán que la humanidad salga del laberinto que la obsesión por las ganancias; antropocéntrica y patriarcal, ha elaborado. Las evidencias son indiscutibles, es esta una década definitiva para la humanidad, y la realización practica de la UNDROP es clave para su superación.

En décadas de movilización e incidencia en defensa de la población rural, en 1993, La Vía Campesina, focalizó la campaña en pos de un instrumento legal internacional para la defensa de los derechos de los pueblos a sus territorios, semillas, agua y bosques. Durante 17 largos años, Campesinas, trabajadores, pescadoras, pueblos originarios de todos los continentes, alzaron sus voces, en especial, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Al fin, en diciembre de 2018, la Asamblea General, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la “Declaración de derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales” (UNDROP, por sus siglas en inglés), esta no solo considera a los Campesina(o)s  como “sujetos de derecho”, los reconoce como agentes fundamentales para superar las crisis actuales.

La UNDROP reafirma las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos que fueron establecidas por la CEDAW, que reconoce las condiciones y los desafíos a los que hacen frente las mujeres rurales en su artículo 14.

Son algunos de sus elementos:

• El reconocimiento de los campesinos como grupo social. Se remplazó el término “trabajador agrario” por el de “campesino(a)”. Se les reconoce como comunidad diferenciada, quienes merecen categorías de derechos adaptados a sus vidas, a sus culturas, a sus necesidades, a sus aspiraciones.
• Se incluye expresamente la dimensión de género, haciendo visibles a las mujeres campesinas. Un reto especialmente importante para las mujeres campesinas, que han luchado con la marginación y la discriminación doble; la estatal y la que ocurre dentro de sus propias comunidades. Asuntos como la titulación de la tierra, el acceso a crédito, son más difíciles para las mujeres campesinas, lo que se traduce en índices de pobreza rural más altos para las mujeres que para los hombres.
• El estilo de vida de campesina merece la adaptación de derechos universalmente reconocidos, como la educación, la salud, con la incorporación de los sistemas de conocimientos indígenas y campesinos. Se parte del reconocimiento de los usos, saberes, prácticas y conocimientos, revalorados hoy en el marco de crisis globales como la emergencia climática y la perdida de diversidad biológica. Las comunidades campesinas que tienen relaciones más cercanas y respetuosas con la naturaleza y los ecosistemas son valiosas para su conservación y mantenimiento.
• La adopción de esta norma fue recomendada en documentos de los relatores de los derechos Económicos, Sociales y Culturales, la revaloración de estos sistemas de conocimiento tiene muchas aplicaciones; en la construcción de vivienda tradicional rural, en cumplimiento del derecho a la alimentación, en investigación sobre los ecosistemas y las especies, etc., los sistemas de conocimientos deben ser respetados, y debe estimularse, fomentarse e incentivarse su conservación y fortalecimiento.
• Esta protección específica el derecho de las comunidades campesinas para mantener, controlar, desarrollar e intercambiar sus conocimientos ancestrales, recursos genéticos y semillas, de acuerdo con sus prácticas tradicionales, esto apoya la autonomía productiva y alimentaria y desliga a los sujetos campesinos de poder controlador de las multinacionales de las semillas.
• Se pone en la reflexión internacional tres derechos vitales: el derecho a la tierra, al agua, a las semillas y a los conocimientos propios, se protege así también derechos esenciales del resto de la población como el derecho a la alimentación, a la salud y a un ambiente sano.
• El reconocimiento de varias formas de tenencia -individual, colectiva o asociativa. Es una interpretación del derecho a la tierra, distinto del derecho de propiedad, introduce un nuevo paradigma para pensar la territorialidad en zonas rurales, incluye otros criterios en la planeación y el uso de la tierra.
• Introduce el mecanismo de consulta popular para garantizar la participación y el consentimiento en las decisiones sobre los usos del territorio que puedan afectar a la vida de las comunidades campesinas.
• La aplicación del instrumento internacional sobre los derechos de los campesinos tiene dos rutas inmediatas; la interpretación más adecuada de normas nacionales para que sean mejor implementadas y la identificación de grandes vacíos de política pública y normas internacionales que deben empezar a diseñarse con una nueva mirada sobre sus derechos.

El estatus de Declaración es diferente a la de un tratado, no es vinculante, pero el estatus logrado es muy importante, por varias cosas; la declaración contribuye al desarrollo de la normatividad internacional, esto se conoce como enfoque progresivo o incremental, es decir que un instrumento no vinculante que establece principios básicos es seguido por un tratado que establece obligaciones específicas para materializar los principios. También ayuda a identificar estándares en el comportamiento de los Estados, es decir, a establecer y registrar la diligencia debida de estos. En tercer lugar, sus disposiciones ayudan a precisar el contenido normativo de otros tratados, como podría ser el caso de los Tratados de Libre Comercio-  TLC.

La declaración cumple un rol fundamental como herramienta y parámetro de interpretación en la toma de decisiones judiciales, legislativas y/o comunitarias sobre la población campesina y representa un importante respaldo para el campesinado de nuestros países. Son algunos niveles de incidencia que se abren con la Declaración:

Los 119 países que votaron a favor de la Declaración reconocen la necesidad de protección de la población campesina y resaltan la relación de esta declaración con otros instrumentos como el Convenio de Diversidad Biológica o las “Directrices Voluntaries sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional”

Los países que votaron en contra (Australia, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos) argumentaron: rechazo a reconocer los derechos colectivos, la indefinición internacional de varios de sus contenidos; sobre semillas, uso de formas tradicionales de cultivo o soberanía alimentaria. Conocer estas objeciones es importante pues son temas en los que tenemos que unir información, análisis y acciones para que los países reacios reconozcan e implementen la UNDROP.

Fian Internacional apunta, a partir del Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación de la Asamblea General sobre mujeres trabajadoras agrícolas (14 de diciembre de 2015) se da cuenta de lo siguiente, respecto a su papel: “Las mujeres desempeñan un papel significativo en la producción alimentaria mundial. Cultivan, labran y cosechan más del 50% de la alimentación mundial.Las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en áreas rurales son fundamentales para los medios de vida de sus comunidades: actúan como cuidadoras, productoras de alimentos, trabajadoras agrícolas, y portan y preservan los saberes agrícolas tradicionales”. “Se ven afectadas de manera desproporcionada por la malnutrición y la inseguridad alimentaria, y sufren varias formas de violencia y discriminación (abusos verbales, violencia física y sexual, acceso desigual a la propiedad, salarios desiguales, etc.). Pese a su contribución en la producción de alimentos, las mujeres son propietarias de menos del 2% de la tierra”, de acuerdo a Pruit, LR. (2011:347), en el texto, Deconstrucción del artículo 14 de la CEDAW: nombrar y explicar la diferencia rural.

El derecho a la alimentación ha obtenido reconocimiento en los últimos años como un marco de política, sin embargo, en este tema aún falta elaboración de análisis basado en el género y en la diferenciación cultural. Apenas comienza a tomar dimensión de género el Marco Estratégico Mundial del derecho a la alimentación, lo que tiene una gran potencia transformadora, hay que contribuir en la elaboración de evidencias para reconocer el papel de la mujer como productora de alimentos y en la realización de los derechos a la alimentación y a la nutrición.

Extractado de: ERAZO, G. Gloria (2022). Balance normativo de los derechos de las mujeres en los derechos campesinos e indígenas. Curso virtual: Los derechos campesinos e indígenas de las mujeres de Sudamérica. La Paz: IPDRS- Interaprendizaje.

Recuperando la cultura viva del Pueblo guaraní a través del tejido tradicional

Clelia Palacios Illescas
Técnico parte del equipo IPDRS - Chaco

El arte del tejido es una de las expresiones más relevantes de los pueblos indígenas a lo largo de los siglos en los diferentes grupos étnicos en Bolivia. Su importancia radica en el uso de diversos materiales naturales para la elaboración de los tejidos y las distintas técnicas ancestrales.

Por lo general, los tejidos son trabajados tradicionalmente por mujeres y son utilizados para la elaboración de prendas, bolsos, alforjas, manillas, hamacas, costales, entre otros. Esta práctica conserva un profundo valor cultural, por lo que, las técnicas, diseños, colores y distintivos de los tejidos expresa la identidad de cada pueblo, su historia, su esencia y el conocimiento ancestral que las mujeres transmiten de generación en generación.

En la cultura guaraní, las tejedoras más reconocidas son las tejedoras de la zona del Isoso del Departamento de Santa Cruz, por mostrar su cultura plasmada en sus tejidos, los saberes ancestrales y conservar esta actividad viva en el territorio. Al pasar el tiempo se ha visto que la enseñanza de los textiles tradicionales, se ha ido perdiendo por la falta de práctica, agotamiento de algunos recursos naturales, necesidades económicas de las tejedoras e intereses variados de las jóvenes.

En la región del Chaco, las tejedoras trabajaban con hilos de lana de ovejas, algodón, fibras de algunas plantas, pigmentos naturales, piedras, hojas, entre otros; en la actualidad se han incorporado los hilos sintéticos, otras técnicas de elaboración, combinación de colores, esto debido a la falta de la materia prima en el territorio y por la pérdida de conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones.

Muchas mujeres tejedoras de la región del Chaco están convencidas de que la única manera de conservar la cultura es a través de la práctica y promoción de los saberes tradicionales. Para esto, buscan acciones de apoyo para el aprendizaje, con profesoras del territorio y que esta práctica, pueda ser una contribución a la economía familiar y a la activación de los saberes ancestrales de la cultura guaraní.

Dentro de las acciones que el IPDRS realiza, con el cofinanciamiento del ayuntamiento de Málaga, ayuntamiento de Sevilla y Manos Unidas, en el Chaco boliviano, se desarrolló el Curso Textil Guaraní: Tradición e innovación, en el cual participaron alrededor de 36 personas entre mujeres y hombres de las Capitanías de Huacaya, Santa Rosa, Ivo, Macharetí, Villa Montes e Isoso.

En el encuentro de tejedoras de distintas se rescataron saberes y experiencias que tienen de sus antepasados y de los territorios. El curso de igual manera ha permitido tener el aporte de facilitadoras de Bolivia, Guatemala y las profesoras de la Escuela de Artes y Música de Santa Rosa como la presencia de las tejedoras del Isoso (Charagua)

Entre las reflexiones, Hilda Rivera de la comunidad de Tentami indica “Mi Mamá me decía que se teje hasta que el sol ya está por entrar a su ocaso porque si seguimos tejiendo él se llevara nuestro tejido y ya no vamos a poder tejer”.

Otra de las creencias y mitos que se tiene indicaba Marleni Guerrero de la Comunidad de Caigua “No se debe jugar con el hilo porque no terminarás de hacer el tejido, este te costará mucho trabajo y muchos días”.

“Para nosotros como mujeres guaraníes es importante rescatar estas enseñanzas porque es nuestro sentir, nuestro modo de ser. Para mí el tejido es amor a la cultura porque puedo estar tranquila, disfrutar de los colores al realizar el trabajo y ver como con nuestras manos se pueden hacer maravillas” explica Justina Inti de la comunidad Chimeo, Capitanía Zona Villa Montes.

Como lo mencionaban las tejedoras, la enseñanza con el pasar el tiempo se ha ido perdiendo, pues el interés de las jóvenes va por otros caminos. A pesar de esto, las tejedoras creen que a través del tejido se pueden reflejar historias y puede ser una manera de revalorizar la cultura y recuperarla, por ello, deben fortalecer las capacidades de las tejedoras en los territorios y atraer a las nuevas generaciones, pues que el arte del textil es el Ñandereko guaraní (Modo de ser).

Derechos digitales y virtualización de la educación, miradas sudamericanas y desde los pueblos indígenas

Jhaquelin Dávalos Escobar
Profesional en ciencias de la educación, realización
cinematográfica y responsable de Intraprendizaje del IPDRS..

“Derechos digitales y virtualización de la educación, miradas sudamericanas y desde los pueblos indígenas” fue la ponencia presentada por Jhaquelin Dávalos (IPDRS) a la mesa Infraestructura urbana y tecnologías digitales: experiencias del Sur Global antes, durante y después de la pandemia de COVID-19 y las crisis asociadas – LAGWG en la Conferencia Anual de la 2022 de la Royal Geographical Society (IBG). Organizaron el panel, Debapriya Chakrabarti y Purva Dewoolkar de la Universidad de Manchester y Felipe Téllez de la Universidad de Sheffield.

La virtualización de la educación ha tomado una dimensión importante en el contexto de la pandemia de COVID-19 ante la falta de continuidad educativa, debido a las cuarentenas y el distanciamiento social impuesto por los gobiernos para evitar los contagios. En el contexto de la pos pandemia, persiste un escenario que exige la profundización de los derechos digitales enfocados en la tecnología educativa.

En la región sudamericana las respuestas gubernamentales a los efectos educativos de la pandemia se han instalado, casi siempre, en aspectos formativos, perdiendo de vista la producción de políticas que actúen sobre la inequitativa infraestructura de telecomunicaciones y electricidad y la economía de las telecomunicaciones.

Un balance planteado en el ensayo Virtualización de la educación en Sudamérica frente a la pandemia Covid-19 de Jhaquelin Dávalos y Camilo Forero (2020) planteaba tres respuestas de algunos ministerios de educación de la región sudamericana a la falta de continuidad educativa. Algunos ministerios produjeron entornos virtuales con todo lo que esto implica, generalmente con apoyo de compañías privadas (Uruguay, Chile, Argentina y Brasil), otros realizaron contenido digital sin necesariamente diseñar entornos virtuales de aprendizaje (Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia) y otros retomaron la educación por radio y televisión (Argentina, Chile, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil).

Estas medidas coincidían con un mapa de acceso tecnológico, el ejercicio de derechos digitales y la apropiación de la tecnología educativa, muy diferenciado entre los países. El desarrollo de entornos virtuales de aprendizajes se produjo en países donde la banda ancha de internet tiene un costo medio o bajo o países con tecnología educativa e industria cinematográfica (privada o pública) bien desarrolladas, hablamos de Chile, Argentina y Brasil. Así, para 2021, Marina Pasquali, (en su artículo ¿En qué países latinoamericanos es más caro el internet? 21 de enero de 2021), mostraba que Argentina era el país con el internet menos caro de la región, alcanzando una tarifa de 5 a 20 dólares americanos. Brasil mantenía una tarifa de 20 a 30 dólares. Chile, accedía a la banda ancha con 30 a 40 dólares. Y Bolivia junto con Ecuador, se ubicaba entre los países sudamericanos con el servicio de internet más caro de la región, con facturación de 40 a 60 dólares.

Con la pandemia de COVID19 la fibra óptica se ha expandido en muchos países. El mapa de fibra óptica de Bolivia de 2015 de Entel, de acuerdo al artículo “Política ciudadana digital en Bolivia: una esfera pública en conflicto” de Eliana Quiroz y que forma parte del libro Bolivia Digital, evidenciaba cómo la conexión de internet articulaba ciudades capitales como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y algo de Oruro, sin conectar con la Amazonía boliviana (Pando y Beni) ni con el departamento de Potosí. En cambio, para el 2020, de acuerdo a la ATT, Autoridad de Recaudación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, en su “Estado de Situación del Internet en Bolivia. Primer Semestre 2020” el mapa muestra que la fibra óptica se extiende a Pando, abarca al Beni, conecta Santa Cruz - Puerto Suarez, faltando conectar Potosí, Oruro (sudoste), parte del Beni y Santa Cruz (noreste).

Es importante revisar esta expansión con mucho cuidado. Pues, la ampliación no significa todavía democratización. Esta extensión es susceptible a evaluarse en términos de calidad, velocidad y costo. De acuerdo al estudio “Conectividad digital en Bolivia: análisis, brechas y plan de acción” (2022:4) de Antonio García, Pau Puig y Enrique Iglesias R., “A pesar de que el 80% de la población tiene cobertura 4G, menos de la mitad (49%) de radio bases que ofrecen servicios de telecomunicaciones móviles son con 4G, mientras que solo un 18% son con 3G y hasta un tercio (33%) son con 2G. La importante presencia de radio bases con tecnologías 2G y 3G – que soportan velocidades inferiores a 4G por ser tecnologías de generaciones más antiguas – en muchos casos puede responder a que la inversión para sustituir las radio bases de 2G y 3G por 4G tiene que ir acompañada de una inversión mucho mayor para desplegar fibra óptica hasta la radio base. Esto se debe a que las radio bases 2G y 3G que están demasiado alejadas de la red troncal de fibra óptica suelen estar conectadas mediante radio enlaces de menor capacidad – y costo de despliegue que la fibra óptica. Así, al sustituir las radios bases de 2G y 3G, también habría que sustituir esos radios enlaces por redes de fibra óptica de alta capacidad para soportar grandes volúmenes de tráfico 4G de alta velocidad.” 

Es importante indicar, en el caso expuesto, que es más probable que sean las áreas rurales y territorios indígenas las que cuentan con radio bases de 2G y 3G. Pues, en nuestro diálogo con territorios en la región del Chaco, ubicados al sur del país, hemos evidenciado cómo las y los jóvenes de la región Chaco y Amazonía buscan señal de manera puntillosa. De hecho, tienen marcados puntos específicos donde llega la señal, en el patio, en un árbol o en el cerro. Y por supuesto, a esto hay que agregar que, en el área rural, el acceso a banda ancha fija casi no existe, la mayoría accede a internet por banda ancha móvil.

De acuerdo al estudio de García, et al. (2022), en Bolivia, acceder a la banda ancha fija supone el 38,21% del salario del 40% población con menores ingresos; mientras que acceder a banda ancha móvil supone el 5,17%. En cambio, para los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), acceder a la banda ancha fija representa 2,38% y acceder a la banda ancha móvil representa 2,17% del salario boliviano. Esto dice mucho que la accesibilidad a internet está muy marcada por las estructuras económicas y tecnológicas.

Siendo que muchas familias de jóvenes del área rural y de los territorios indígenas acceden a internet a través de dispositivos móviles, preocupa también la velocidad de acceso, seguramente restringida para las urbes y mucho más para el área rural.  “Está limitada infraestructura de banda ancha también se refleja en el hecho de que la velocidad de acceso del servicio de banda ancha más utilizado para conectarse a Internet (4G) en Bolivia (18,4 Mbps) es inferior a la de ALC (23,4 Mbps) y menos de la mitad de la de la OCDE (43,2 Mbps) García, et al. (2022:5).”

El mundo rural está habitado principalmente por pueblos indígenas, la pandemia ha limitado su movilidad para acceder al mercado, su seguridad alimentaria se vio afectada con el uso de su reserva de semillas y la paralización de servicios turísticos. En el Chaco boliviano, las comunidades guaranís, han incrementado la crianza de animales menores, principalmente gallinas, con la finalidad de abastecerse de alimentos y de contar con recursos económicos para comprar megabytes y acceder a las clases virtuales. Es decir, que la economía campesina e indígena se ha enfocado en la sobrevivencia y en las aspiraciones de continuidad educativa de las niños, niñas y jóvenes de las comunidades. Pero, en ese proceso se ha mostrado resiliencia y apropiación de herramientas y de los beneficios de la virtualidad, aunque en condiciones muy desiguales y casi sin derechos digitales.

Los derechos digitales, están empezando asumirse como parte de los derechos humanos y su definición está en proceso de construcción. En este abordaje se evidenciarán tendencias e intereses, dependiendo los actores. Desde las Naciones Unidas se habla mucho de situar a los derechos humanos en el centro de normas sobre tecnologías digitales, el desarrollo de leyes basadas en los derechos humanos y la protección de datos o en salvaguardar la identidad digital. Desde la Carta de Derechos Digitales (2021) del gobierno de España se habla de protección de datos y ciberseguridad, del derecho a la no discriminación en el entorno digital, de derechos digitales en el ámbito laboral, la educación digital, la inteligencia artificial y el derecho a un entorno digital sostenible. En ese contexto ¿cómo aportamos a la construcción de definiciones y de líneas estrategias sobre los derechos digitales, desde la región y desde los territorios rurales y/o indígenas?

¿Cómo situamos los derechos digitales y su relación con la gestión del desarrollo territorial desde las experiencias de las comunidades indígenas y campesinas de la región?

Desinformación y sabotaje al proceso autonómico del territorio guaraní de Huacaya

Gonzalo Baptista Mercado
Comunicador del IPDRS.

El pasado 31 de Julio en la comunidad de Mboikovo perteneciente al municipio de Huacaya ubicado en el departamento de Chuquisaca, Bolivia, se esperaba que se lleve a cabo un proceso de elección de autoridades indígenas, como parte del proceso de consolidación de la Autonomía Indígena Originaria Campesina del territorio guaraní. Esto no pasó debido a que las autoridades del Estado central, que debían supervisar el proceso, no llegaron hasta la comunidad debido al bloqueo de caminos que organizaron los sectores que se oponen al proyecto autonómico del territorio guaraní.

Lo preocupante del tema es que no es el único que proceso autonómico que se ve perjudicado por diferentes sectores que, intermitentemente y con diferentes intereses, se oponen a la autonomía. En Macharetí, perteneciente al mismo departamento, se organizó una reunión en la que se dieron cita algunos representantes del Viceministerio de autonomías. Los asistentes dieron a conocer su rechazo al proceso con argumentos totalmente inválidos, como que se arrebatará la mitad de la producción agropecuaria al gobierno indígena, que las autoridades electas bajo el gobierno indígena no serán renovadas, que al convertirse en autonomía indígena ya no se recibirán recursos de parte del Estado, que se cobrarán los servicios de educación y salud, entre otras falacias, y que señalan temas normados en la Constitución Política del Estado, la Ley de Autonomías y el estatuto autonómico aprobado por el Tribunal Constitucional. Esta desinformación se propaga en busca de defender intereses políticos, personales y grupales, que comparten los sectores detractores de un proceso que inició en el año 2009 y se desarrolló con una campaña que planteó la interculturalidad y el diálogo, y fue ampliamente abierto y participativo.

Lo que muchas personas no quieren comprender es que al tomar medidas como el bloqueo y el impedimento de la realización de la elección de autoridades no solo se perjudican a sí mismos, sino que también están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación que están aprobados incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, tampoco consideran la normativa boliviana que en la Ley 031 marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” respalda y da total legalidad a las autoridades indígenas a realizar el proceso de conversión de municipio a Autonomía Indígena Originaria Campesina, cuyo estatus, reconoce y restituye el gobierno a los pueblos indígenas preexistentes al Estado boliviano y garantiza los derechos y participación política a todos los sectores, aún los minoritarios, de estos territorios saneados y titulados a favor del pueblo guaraní.

A pesar de que existan leyes y normativas bolivianas e incluso internacionales, no es casual que las autoridades correspondientes llegado el momento de hacer respetarlas, simplemente deciden quedarse de brazos cruzados, e incluso, colaboran de cierta manera a los atropellos que estos opositores comenten contra las autoridades indígenas y el mismo ejercicio mismo de la democracia y sus mecanismos de elección de autoridades.

Por otra parte, es de conocimiento público que los funcionarios públicos de niveles municipales están respaldando este tipo de movilizaciones y bloqueos, con el afán de asegurar su fuente laboral, incurriendo incluso en el incumplimiento de deberes. Ni qué decir de los recursos municipales que se están gastando en movilización de personas que no son del municipio Huacaya y que deciden intervenir y frenar un proceso democrático, refrendado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Solo con esta movilización de recursos y personas externas se puede hacer frente a los guaranís, que evidentemente son muchos más, y que llevan años luchando por su libertad frente a las haciendas que se habían incrustado en sus territorios, en el saneamiento y titulación de su territorio, y luego, en su autonomía y autogobierno.

La situación es tan critica que incluso existe en el imaginario de algunas personas, la idea de que las Instituciones de apoyo y cooperación son las causantes de estos problemas, manipulan a los dirigentes indígenas para impedir estos procesos y no consideran la voluntad de la mayoría. En su forma de argumentación afirman que ellos “nunca estuvieron de acuerdo”, que se realizaron asambleas fraudulentas en las que se aprobaron mociones e incluso el estatuto autonómico. Cuando en realidad estos procesos, durante años marcaron la agenda organizativa de toda la población y fueron refrendados uno a uno, por diferentes instancias del gobierno central, precisamente porque son parte del camino regular que establece la ley marco de autonomías.

Existen diferentes formas de desinformación que se propagan en el territorio, con argumentos totalmente inválidos, como los mencionados fragmentan un tejido social intercultural que se ha construido hace décadas y que, lamentablemente, debe ponerse en riesgo por intereses de personas y grupos políticos que ven que sus privilegios se ven amenazados circunstancialmente.  Esta campaña de desestabilización, de freno a la restitución territorial indígena y sabotaje al autogobierno y la libre determinación largamente demandadas por los pueblos indígenas, irrespeta el tiempo de las indígenas que, sin percibir un ingreso por el trabajo de tramitar y promover su autonomía, con constancia y perseverancia, hasta conseguir llegar a esta recta final, en la que, a punto de consolidar la autonomía y administrar sus recursos de manera más adecuada a sus necesidades socioeconómicas.

Muchas personas, guaranís y no guaranís, apuestan por el autogobierno, ya que es una esperanza de un futuro mejor para un territorio, múltiplemente presionado por agentes que buscan imponer modelos de producción basados en el monocultivo, la ganadería extensiva y promueven la exploración hidrocarburífera, que tiene altos impactos ambientales.

El ex alcalde de Huacaya Rober Rivera menciona que la autonomía “es la única forma de tener una mejor administración de recursos que realmente lleguen y atiendan a comunidades que lo necesiten, ya que los Mbvuruvichas conocen realmente lo que hace falta (…) debido a la complejidad del territorio que está dividido en dos (Santa Rosa y Villa Huacaya), el gobierno paralelo que plantea la autonomía haría que se coordine de mejor manera ciertas acciones que puedan beneficiar a ambos”.

A día de hoy, las elecciones en Huacaya se han suspendido en tres ocasiones y las voces en su contra se están acrecentando debido a la desinformación y tergiversación. A pesar de los intentos y esfuerzos de las autoridades indígenas para garantizar sus procesos, al parecer estos nunca serán suficientes, pues pese a cumplir con los requisitos de la ley y la legitimidad de la Constitución del Estado Plurinacional, no cuentan con la ayuda de las instituciones del Estado y de la fuerza pública. Ya está en curso una denuncia contra el Tribunal electoral departamental de Chuquisaca, su brazo ejecutor SIFDE y a los ex funcionarios que están detrás de este movimiento. Sin embargo, esto no es garantía de nada, y las familias y comunidades guaranís sienten el agotamiento del arduo proceso autonómico y de años de subordinación y relegamiento del ámbito público.

Esperemos la fuerza y la voluntad del pueblo sea más fuerte que la burocracia y los intereses personales y grupales, para que los pueblos guaranís puedan vivir el sueño que buscan desde hace generaciones, el sueño de ser libres, de no agachar la cabeza, de no tener dueño o como se dice en guaraní IYAMBAE. 

FOSPA 2022: Reflexiones sobre el “vivir bien” desde una mirada boliviana

Ruth Bautista Durán
Socióloga boliviana, investigadora del IPDRS.

A continuación, presentaré algunas reflexiones compartidas en la mesa “Vivir Bien: visiones desde los pueblos sobre la Naturaleza”, organizada por el Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental (OLMA), que ocurrió en el marco de la Casa de la Madre Tierra del Décimo Foro Social Panamazónico, en la ciudad de Belém do Pará a finales del mes de julio. Se trató de una mesa compartida con líderes indígenas como Gianella Sánchez del pueblo Shipibo de la Cuenca Sagrada del Perú, Wanda Ortega del pueblo Uitoto y el pueblo Kwararri Tenetehara del Brasil, e intelectuales activistas como Alberto Acosta del Ecuador y Valdecir Nascimento del Brasil.

Mis reflexiones provienen del acompañamiento a los pueblos indígenas, práctica que supone un aprendizaje y diálogo permanente, a pesar de las distancias y diferencias de lengua, cosmovisión, modos de hacer, de convivir e imaginar horizontes y alternativas a la actual situación de la Amazonía y el planeta.

Abordé algunas de las paradojas y contradicciones del vivir bien en el ámbito boliviano. El vivir bien como una posibilidad de renovación de los paradigmas planetarios, se ha incluido en el texto producto de la asamblea constituyente de Bolivia de 2008. Es decir, el vivir bien está constitucionalizado.

Textos como el artículo 8, incluye tres lenguas indígenas mayoritarias, quechua, aymara y guaraní, incorpora un código ético de comportamiento en comunidad, el vivir bien y el horizonte utópico del ciclo de la existencia para el pueblo guaraní y los pueblos de lengua quechua. La importancia de este artículo radica en la apertura al pluralismo, no sólo lingüístico sino también epistemológico y cosmogónico.

Este aliento nos prometía aproximarnos a las culturas, naciones y pueblos indígenas y así aprender de ellos. Sin embargo, casi 300 artículos después y en el mismo texto constitucional, el artículo 306, introduce al vivir bien en la descripción del sistema económico en el que conviven la economía privada, comunitaria, la social cooperativa y la estatal. Con ello se inaugurará en el año 2008 la narrativa de los planes de desarrollo que nominan al vivir bien como la superación de la pobreza, el analfabetismo y el acceso a beneficios estatales (educación y salud) a través de una fuerte actuación estatal.

Habría que recordar que la constitución ha sido producto de la lucha, resistencias y propuestas de los pueblos indígenas. Su testimonio en primera persona, el derecho ganado luego de caminar en al menos, siete marchas indígenas, desde los territorios hasta la sede de gobierno, por más de 1.000 km de distancia, atravesando el país y desandando, deconstruyendo todos los sistemas de opresión que les tenían excluidos y explotados. Este ímpetu logra inscribirse en la Constitución, no obstante, el persistente sistema de partidos, los intereses empresariales y la urgente defensa del poder político central, no permitieron que los pueblos indígenas tengan representación en la asamblea plurinacional legislativa, y esto es así, hasta el día de hoy.

¿Qué lugar ocupa la naturaleza en el contexto boliviano?

Luego de aprobada la Constitución, hasta cinco nuevas marchas indígenas expresaron la ruptura epistemológica entre las concepciones indígenas del vivir bien y la voluntad homogeneizante y utilitarista de ese concepto por parte del gobierno central (Heredia, Fernando “Teko Kavi: filosofía y práctica de la vida buena guaraní en el Estado Plurinacional de Bolivia”, 2015).

Los temas estructurales que siguen movilizando a los pueblos indígenas serán su acceso a la autonomía indígena, la agresión al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, y una seguidilla de afectaciones a territorios colectivos indígenas, titulados, áreas protegidas; avasallamientos de campesinos interculturales, minería, proyectos hidrocarburíferos, proyectos de mega infraestructura, etc.

Respecto al tema agrario y territorial, se nota mucho la falta de incentivo a los derechos colectivos constitucionalizados. Desde 2014, no se han admitido más demandas de territorios colectivos. La autonomía indígena no es un devenir a la plurinacionalidad constitucionalizada, es un proceso burocratizado, sin financiamiento y sujeto aún a la estructura republicana.

Estamos hablando de la destrucción de los principios fundamentales del vivir bien: el tejido comunitario y los bienes comunes (Rivera Silvia “La destrucción de lo común o el mal vivir del proceso de cambio”, 2015). El caso del TIPNIS muestra una disputa entre la lógica del bien común, el territorio que es corazón de los principales bosques amazónicos en Bolivia y la priorización gubernamental del tramo carretero que destruye el curso de los ríos y permite la deforestación, el avasallamiento y la incursión de múltiples agentes externos interesados en los bienes del bosque.

En este ámbito y mirando a la política centralista, el lugar de la naturaleza está en los papeles y en el discurso público gubernamental: el lugar de la madre tierra que es sujeta de derechos –Ley Nº 71 Derechos de la Madre Tierra–, sirve también para justificar una serie de acciones, como la ampliación de la frontera agrícola y de las industrias extractivas. Por ello, al inaugurar un proyecto de exploración hidrocarburífera, los ministros agradecen a la madre tierra, la posibilidad del desarrollo en los territorios. Así, a nombre del desarrollo y el logro “positivista” y evolutivo al vivir bien, se impulsa los monocultivos, agrocombustibles, la biotecnología y semillas transgénicas.

En cambio, para los pueblos indígenas el lugar de la naturaleza es el ámbito del alimento seguro, de lo sagrado, de la convivencia y la reciprocidad con las y los humanos pares, con las montañas cuidadoras, con las aguas madres, con el viento, etc. Las eventualidades naturales son susceptibles de re-equilibrio y por ello, siempre existe una voluntad por comprender los ciclos y su transformación.

Los pueblos indígenas han enseñado lo que es la interculturalidad, pero también lo que es convivir con la naturaleza, ejercer gobernanza territorial y relacionarse con los externos. Nos muestran que la deshumanización -desconocimiento del otro- no es una posibilidad, porque la humanización es un proceso de permanente construcción, a través de ritos y ciclos de existencia.

Así como el vivir bien nace de la noción comunitaria de los pueblos indígenas. También nos enseñan una experiencia dinámica de lo comunitario, una posibilidad de retorno a las comunidades desplazadas, de las personas despojadas de identidad, urbanos, rurales, indígenas y no indígenas, y esto es importante porque el cuidado de la naturaleza no sólo corresponde a las poblaciones indígenas. Es muy importante que todas y todos nos reconciliemos en comunidad y en ese aliento de empatía ejerzamos el deber y derecho de cuidar a la naturaleza.

¿Cuáles serían los retos y compromisos para que la Naturaleza ejerza sus derechos?

Bolivia ya ha suscrito los derechos de la madre tierra, pero sólo en el papel y no en la práctica.

Necesitamos superar el antropocentrismo y la visión evolutiva, debemos restituir la memoria de los pueblos y cuestionar el progreso lineal; restituir la cosmovisión de los pueblos en el resto de la sociedad.

Necesitamos restituir la figura de autoridad como servicio, como lo hacen en las comunidades campesinas y pueblos indígenas, tomar las decisiones de abajo hacia arriba.

Necesitamos descentrar y pluralizar al Estado, que es una maquinaria de naturaleza centralista, homogeneizante y dominante. El vivir bien no lo proporcionará el plan de desarrollo de ningún gobierno. Ningún gobierno que agreda territorios y permita que agentes externos avasallen la tierra y avasallen la memoria y espacios sagrados de los pueblos indígenas, debería tomar el nombre de la madre tierra, ni del vivir bien, para instrumentalizar y usurpar sus significados y utilizar su potencialidad para justificar la continuidad del modelo del despojo, explotación y agresión a la naturaleza, la biodiversidad y la Madre Tierra.

Cartografía social para la gestión territorial

Jhaquelin Dávalos Escobar
Profesional en ciencias de la educación, realización
cinematográfica y responsable de Intraprendizaje del IPDRS.

La cartografía social es una herramienta para la gestión territorial de territorios campesinos, de pueblos indígenas, de territorios urbanos y para diferentes sectores de la población, mujeres, niños, personas con discapacidad, etc. En este artículo retomaremos tres ejemplos de cartografía social, el primero enfocado en la cartografía socio ambiental, el segundo, en la cartografía de violencia de género y el tercero, en la cartografía de los lugares desde la perspectiva de niños y niñas.  Estos ejemplos dialogarán con los aportes de los y las estudiantes del programa GESCCO de la Universidad Mayor de San Andrés que se forman como gestores sociocultural comunitarios en la Amazonía boliviana, específicamente en Rurrenabaque, San Buenaventura y Tumupasa.

En muchos casos, cuando los territorios han querido denunciar la contaminación ambiental de sus recursos, sus preocupaciones han sido paralizadas “porque no pueden probar o medir científicamente el grado de contaminación del agua, el aire o el suelo”, a pesar de que existen signos de afectación en su cotidianidad. No obstante, si bien la cartografía socio ambiental no puede determinar el grado de contaminación en términos bioquímicos puede georreferenciar la contaminación y aportar variables sociales y naturales que dan cuenta de la contaminación. Además, un mapa posee una dimensión pedagógica y actúa como dispositivo para instalar el debate y posibles rutas acción que demanden el ejercicio de derechos colectivos sobre un territorio.

En la Guía de metodologías comunitarias participativas de Fernanda Soliz y Adolfo Maldonado existe un mapa de la Comunidad Salinas, provincia de Sucumbios, Ecuador (2012:14) que presenta un buen ejemplo de cartografía socio ambiental. Pues, permite: identificar las propiedades, según familia; reconocer que las fumigaciones de coca y amapola atraviesan todo el territorio; señalar los puntos donde se ubican las enfermedades y los centros que alojan pesticidas dentro de las viviendas de las familias. También, el mapa permite encontrar la presencia de violencia en el territorio, representada con una simbología de un arma del que salen líneas rojas. Este último aspecto, nos muestra que una cartografía social genera un proceso creativo en el desarrollo de leyendas alternativas (entendidas como la parte de un mapa que contienen el significado de los símbolos que necesitamos para leer los mapas), permitiendo reconocer afectaciones ambientales y sociales que presionan doblemente al territorio.

Este ejemplo de cartografía socio-ambiental está siendo proyectada en la monografía de Henrry Eamara Yarari del GESCCO sobre los efectos ambientales de la EASGA, Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA). De hecho, de acuerdo a Robert Cartagena, autoridad en San Buenaventura, hace algún tiempo, las autoridades locales ya han manifestado preocupación por el uso de herbicidas en la producción de caña por parte de la empresa estatal, sin embargo, se han encontrado con que deberían reunir evidencias y estudios científicos. De manera, que un primer mapa social de la afectación ambiental podría dar insumos importantes para demandar acciones de mitigación de estos daños, de acuerdo a lo que establece la norma boliviana.

Para el segundo ejemplo, sobre la cartografía de violencia de género nos gustaría recuperar el texto sobre Violencia de género y ciudad: cartografías feministas del temor y el miedo de Julia Toro y María Ochoa (2016). Este mapa plantea una leyenda muy creativa para identificar distintas expresiones de violencia que viven las mujeres en algunos puntos de la ciudad de Medellín. Existe símbolos como piropos, que salen de una nube de palabras (bla, bla, bla), una R mayúscula para representar el robo, un redondo negro para mostrar que en ciertos lugares se siente miedo por las noches (por ejemplo, en los buses), una mano para mostrar que hay sectores en las que las mujeres han vivido experiencias negativas de violencia como el manoseo, esto último, justamente en calles muy estrechas de la ciudad. A partir de este mapa se evidencia que las mujeres transitan su territorio con miedo y que cotidianamente experimentan violencia en la calle, de manera que las fuentes del miedo deberían ser tratadas en las políticas de ordenamiento territorial de la ciudad.

A partir del caso anterior, Mery Chacón, con base en su experiencia y la de otras mujeres, ha elaborado un mapa de la violencia de género en Rurrenabaque. La Plaza de los Sauces y la Plaza Canadá son identificadas como lugares de cuidado, principalmente en las noches, mientras que la parte baja del puente, que une a Rurrenabaque y San Buenaventura, es mostrado como espacio peligroso. Igualmente, espacios donde se congregan mototaxis, por ejemplo, podrían ser espacios en las que las mujeres se ven obligadas a cambiar de acera, en algunos casos. De acuerdo a Chacón, en su trabajo como futura gestora, la cartografía le servirá para identificar problemáticas que existen en la población de manera gráfica y gestionar la solución de estos problemas ante las autoridades, a nivel de la infraestructura, iluminación, cámaras, etc.

Finalmente, la cartografía de los espacios también puede hacerse con niños y niñas. Con base en el artículo: Construcción del lugar por la niñez en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, Colombia, sobre los lugares que gustan y disgustan, algunos niños y niñas de madres y padres que estudian en el GESCCO se han recogido sus ideas respecto de la región amazónica de San Buenaventura, Rurrenabaque y Tumupasa. Y en esto, los temas medioambientales y el descuido en la infraestructura social son remarcados en frases como: “No me gusta la cuneta llena de basura,” (niño Pablo Montoya) o “me da miedo la Casa Artesanal, porque está abandonada y llena de murciélagos” (niña Sherlyn Cortez). Aunque, también, los niños y niñas muestran también su amor por los parques (niño José María Llanos) y su amor por el monte (niña Badhi Cartagena) que es cita como un lugar querido junto las casas de sus abuelas donde seguramente pasan mucho tiempo.

En síntesis, no cabe duda que la cartografía es una herramienta de investigación participativa, es accesible, mantiene una carácter pedagógico y movilizador, constituye en un buen inicio para la construcción de soluciones y la gestión territorial, con base en los conocimientos locales de cada región.