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Amy Kennemore nos cuenta sobre el momento de la interlegalidad en Bolivia

Amy Kennemore nos cuenta sobre el momento de la interlegalidad en Bolivia
Amy Kennemore
Responsable de la entrevista: INVESTIGACIÓN IPDRS
Fecha: Miércoles, 21 Diciembre 2016

Amy Kennemore es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Carolina del Norte, Charlotte y doctorante en Antropología por la Universidad de California, San Diego. Trabaja como asistente editorial para la revista Latin American and Caribbean Ethnic Studies, una publicación centrada en aportes a los debates y conocimiento sobre la construcción sociopolítica de la raza y las diferencias culturales y su relación a la reproducción o el desafío a relaciones de poder. Desde junio de 2015, reside en Bolivia realizando una estancia de investigación junto con la Asociación Departamental de Antropólogos La Paz.

 

¿Por qué te interesa trabajar sobre la experiencia de la interlegalidad en Bolivia?

La interlegalidad en Bolivia nos ha brindado un espacio único para entender y desafiar las formas de desigualdad social que han sido integradas profundamente en las prácticas de la producción de conocimiento occidental y la justicia ordinaria estatal, que presumen su autoridad para definir y medir una forma unitaria de organizar la vida, mediante una lógica positivista del derecho.

Me interesa la interlegalidad como una propuesta tanto ética como política, como un horizonte para repensar las relaciones sociales por amplificar, respetar y aprender de las prácticas colectivas y dinámicas de las comunidades indígenas originarias para gestionar su territorio y sus vidas, como un mecanismo legal que las permite acceder y ejercer sus propias formas de justicia en su territorio.

Por eso, un objetivo principal de mi investigación de doctorado es aportar en el desarrollo de métodos de investigación etnográficos que podrían servir como herramientas para ejercer la interlegalidad, en ambos sentidos.   

 

¿En qué momento está el ejercicio de la plurinacionalidad en Bolivia?

En muchos contextos me parece que se entiende la plurinacionalidad como un mero servicio del Estado, es decir, parecida al multiculturalismo. Se entiende como una obligación de tolerar al “consuetudinario”, entendido desde la distancia y jerarquía, sin poner en cuestión la lógica de la cultura jurídica dominante o los intereses económicos del Estado.

A pesar de esta tendencia, en los últimos años han surgido casos que materializan una plurinacionalidad verdadera a partir de las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios.

Mientras el Estado ha fracasado en elaborar mecanismos adecuados de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, incluso vulnerando algunos de los derecho fundamentales de las Naciones y Pueblos indígenas Indígena originario Campesino (NyPIOC) en la elaboración de las normativas, los líderes indígenas originarios demuestran en la práctica cómo se puede ejercer la justicia plural.

 

¿Qué experiencia territorial te permite trabajar en la interlegalidad en Bolivia?

Junto a la Asociación Departamental de Antropólogos La Paz colaboramos con las familias Quispe y Calani de la comunidad Coniri, perteneciente al Ayllu de Taparkarí (municipio de Pazña, Oruro), desde agosto de 2015 en el análisis e implementación de la interlegalidad para el ejercicio de la jurisdicción indígena originara y el retorno a sus terrenos y casas.

En junio de este año, concluimos una investigación de seis meses sobre el derecho de acceso a la justicia en Bolivia, planteando que la interlegalidad brinda un contenido nuevo y único al Derecho. El trabajo se trata de analizar los casos concretos de la interlegalidad para mostrar las maneras en las que las normas y procedimientos propios de las NyPIOC, como jurisprudencias legítimas de un Estado plurinacional, que actúan para superar muchas barreras al acceso a la justicia, tanto a la ordinaria como a la indígena originaria.

En septiembre de este año, acompañé a las autoridades de Jacha Marka Tapakarí y Cóndor Apacheta y de la comunidad de Coniri a la Cumbre de Justicia Indígena Originario Campesina Plurinacional, realizada en la ciudad de Sucre, donde participaron del debate, exponiendo sus experiencias interlegales y lo que deben hacer las NyPIOC para la defensa de sus derechos.   

 

¿Qué plataformas académicas, activistas u organizacionales trabajan acompañando a esta experiencia?

La más importante organización es la Jacha Marka Taparcarí y Cóndor Apacheta, en particular las máximas autoridades, Tata Mallkus y Mama T’allas del Ayllu Tapacarí, al que pertenece la comunidad Coniri. Aunque se nota la falta de seguimiento de las autoridades originarias sobre los conflictos internos del ayllu no resueltos en los últimos diez años, en el reciente año, estas autoridades tomaron un rol activo junto a la familia y para fortalecer la jurisdicción del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) por ejercer sus derechos fundamentales.

En el ámbito regional, el Centro de Estudios de Justica de las Américas (CEJA), junto con la organización alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), realizó el concurso sobre derecho de acceso a la justicia, promoviendo actividades y seminarios en los que hemos podido compartir las experiencias de la interlegalidad en Bolivia con investigadores de otros países sudamericanos.

 

¿Cómo has llegado a la experiencia de la comunidad de Coniri?

Durante el 2015, el investigador Pedro Pachaguaya (ADA La Paz) y Juan Carlos Marcani estaban difundiendo el logro de la central agraria de Zongo, al haber declinado su caso a través de la declinatoria a la JIOC, y personas allegadas a la comunidad de Coniri, nos invitaron a conocer este conflicto. La difusión de un caso exitoso que muestra cómo se puede ejercer el derecho a la igualdad jerárquica entra las jurisdicciones, abrió un nuevo espacio para las familias y las autoridades originarias a superar las barreras al resolver conflictos en su propia jurisdicción y de acuerdo con sus propias normas y procedimientos.

La relación originaria de las familias Quispe-Calani con el espacio territorial de Coniri se remonta hacia el siglo XIX. Desde entonces hasta ser expulsados de sus terrenos, la familia Quispe y Calani poseían y trabajaban sus tierras dedicándose a la producción agrícola papa, cebada, haba, hortalizas y otros, tuvieron sus sembradíos de alfalfa para el alimento de sus animales. Tuvieron su propio sistema de micro riego y también utilizaron el micro riego de la comunidad, sus casas tenían agua potable y paneles solares, y se encontraban en posesión pacífica de sus tierras, cumpliendo los usos y costumbres y la función económica social, como condición esencial para conservar la propiedad agraria conforme a la CPE y las normas propias del Ayllu.

Desde la expulsión de su terreno en el 2006, la familia Quispe-Calani ha vivido en la ciudad cercana de Challapata donde, sin acceso a la tierra y su modo de substancia fundamental, ha tenido que sobrevivir con trabajos precarios y lejanos de las prácticas y los valores de su propia cultura y crianza. Y por ello, su búsqueda permanente por retornar a su terreno para sostener sus vidas y mantenerse como un parte integral del ayllu.  

 

¿Cuáles son los principales aprendizajes de Coniri para las sociedades indígenas y rurales en Bolivia?

Lo que me parece más inspirador del caso Coniri son las acciones de la familia Quispe y Calani para recuperar su tierra. Lo importante no ha sido finalidad en sí misma, sino la solicitud permantente de apoyo a los Tata Mallkus y Mama T’allas del Ayllu Taparcarí. Esta decisión ha fortalecido la jurisdicción indígena mediante la realización de cabildos, actas y procedimientos propios, y un marco colectivo que destaca la importancia fundamental de las relaciones y prácticas sociales.

Cada vez que las familias Quispe y Calani pidieron a sus autoridades el respaldo para retornar al campo, se presentaron como huérfanos, abandonados tanto por el Estado plurinacional como de sus propias familias y autoridades indígenas originarias.

Además, el largo proceso de búsqueda de retorno a las tierras de la familia Calani-Quispe provocó profundas reflexiones sobre las barreras que limitan la gestión del TIOC. A partir de la experiencia de la comunidad de Coniri, las autoridades originarias empezaron a convocar cabildos para diagnosticar los conflictos de terrenos y fortalecer su jurisdicción frente la del Estado para así poder resolverlos. Cada vez más, las autoridades originarias ejercen su rol llevando a cabo la demanda de las NyPIOC por gestionar su territorio según sus normas y procedimientos propios, buscando la conciliación entre partes y evitando la influencia contagiosa de la justicia ordinaria.

Considero que el proceso de conocer y ejercer los derechos constitucionales y el bloque de constitucionalidad para la igualdad jerárquica entre la JIOC y las jurisdicciones del Estado, demuestran muchos aprendizajes que podrían inspirar la opción y el fortalecimiento de la JIOC en varios contextos. A nivel local, se trata de trabajar sobre la experiencia de la interlegalidad, desde las perspectivas y marcos teóricos de las comunidades rurales, para entender las barreras vigentes para ejercer su propia justicia y a la vez, difundir sus estrategias innovadoras para superarlas.