La organización internacional denunció en un reciente informe casos de desmonte ilegal en la región patagónica del país. En Bariloche en el período 2007/2011 se violó la prohibición de construir sobre la cota 900 (cerro Otto), con la finalidad de hacer viviendas sociales. Hubo desmontes y problemas con la llega de servicios.
El informe “El mapa del delito forestal en Argentina”, tiene el objetivo de revelar cómo empresarios y gobiernos violan la Ley de Bosques en varias provincias. En su nuevo informe, Greenpeace expone cuatro casos de la región patagónica, en Chubut, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego que demuestran cómo áreas protegidas por la Ley de Bosques fueron desmontadas ilegalmente.
Es de recordar que en noviembre de 2007 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Bosques. La norma incluyó la suspensión a los desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Además, estableció la obligatoriedad de efectuar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte, y protege los bosques utilizados por comunidades campesinas e indígenas.
En San Carlos de Bariloche, en el período 2007/2011, los vecinos presionaron y lograron que se pueda construir por arriba de la cota 900, en laderas del cerro Otto. Allí la finalidad era de viviendas sociales y pese a la advertencia de posibles derrumbes o deslaves producto de una tala indiscriminada, nada importó, sólo se quería poner manos a la obra en dicho lugar.
Las autoridades de esta ciudad debieron “aflojar” y terminaron aprobando el proyecto. Incluso desde Tierras y Viviendas se operó a favor de los vecinos.
En dicho momento el diario Andino publicó sobre el polémico loteo social, que existía preocupación en barrios aledaños por temor al desborde de vertientes por los desmontes y mayores dificultades en la provisión de los servicios de agua y gas.
El presidente de la junta vecinal de El Frutillar, Rubén Llanquinao, reclamó al Instituto de Viviendas y al Concejo Municipal precisiones sobre el impacto ambiental que tendría el desarrollo urbano previsto sobre las 42,5 hectáreas destinadas a viviendas sociales.
Ordenamiento territorial
Las actuales normas nacionales indican que debe existir un “ordenamiento territorial que establece la ley y que es esencial para solucionar la emergencia forestal en la que nos encontramos. La aprobación de esta norma es un gran avance en materia ambiental y salda una deuda pendiente”, declaró Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace.
“El logro de la Ley de Bosques es uno de los mayores éxitos de la ciudadanía de la Argentina y del accionar conjunto de numerosas ONG de todo el país. Demuestra que es posible que prevalezca el interés general y del bien común por sobre intereses cortoplacistas y sectoriales.
También es una prueba del valor del trabajo conjunto, la generosidad y el esfuerzo coordinado de muchas organizaciones y voluntades individuales. Es un ejemplo a nivel nacional y continental”, dijo por su parte Jorge Cappato, director de la Fundación PROTEGER y coordinador nacional del Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos suspende la emisión de permisos de desmonte por un año para que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Cumplido ese lapso de tiempo, aquellas jurisdicciones que no hayan realizado el ordenamiento territorial no podrán autorizar desmontes ni aprovechamientos productivos en zonas boscosas.
Para realizar el ordenamiento territorial,la ley establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y señala como prioritario cuidar los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
La norma reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques: conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, regulación hídrica, fijación de emisiones de gases de efecto invernadero y la defensa de la identidad cultural.
Además establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte, y prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos de bosques.
Delito federal
La organización denuncia que, en la mayoría de los casos, los responsables recibieron únicamente sanciones económicas. “Esto demuestra la necesidad de que Argentina considere a la deforestación ilegal como lo que realmente es: un crimen. Frente a esta situación, Greenpeace reclama al Congreso de la Nación la urgente sanción de una Ley de Delitos Forestales”, informa Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques.
“Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”, concluyó Giardini.
Tierras patagónicas
En Chubut, mientras tanto, los incendios forestales son los principales motivos de deforestación. Según un informe oficial de la provincia, en los últimos 13 años se incendiaron 87 mil hectáreas. Autoridades provinciales y nacionales han confirmado que muchos de estos incendios han sido intencionales para fines inmobiliarios y agropecuarios.
El reporte también presenta un caso de desmonte ilegal en Tierra del Fuego. La deforestación de tres hectáreas propiciada por el empresario Ángel Masciotra, por la cual recibió una multa de 2,2 millones de pesos. Sin embargo, el impacto ambiental provocado por el desmonte fue considerado como irreversible por el gobierno provincial.
En Villa La Angostura
En Villa La Angostura (Neuquén), la Municipalidad firmó un acuerdo con el empresario Martín Trozzo para realizar durante tres años el Mundial de Motocross en su propiedad. Para la realización de este torneo, 15 hectáreas protegidas por la Ley fueron desmontadas. El desmonte avanzó hasta un área que se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. “No sólo el terreno no se reforestó, sino que este año y el próximo continuarán los torneos de motocross en el lugar”, agregó Giardini.
En Río Negro
En tierras rionegrinas, el empresario Marcelo Mindlin deforestó un área de siete hectáreas para la construcción de un camino, con la aprobación del gobierno provincial. Luego de que la Dirección de Bosques presentará informes que constataban los daños ocasionados en el área, recibió una multa de 10 mil pesos. En 2011 este mismo organismo detectó e informó sobre la realización de tres lagunas artificiales de una superficie de 40 hectáreas en la estancia María, propiedad de Damián Miguel Mindlin, para lo cual “se han extraído aproximadamente 400.000 m3 de materia orgánica del mallín, quitando definitivamente las cualidades que los caracterizan”. Estos empresarios son accionistas y directivos de las empresas Pampa Energía S.A., Petrobras Argentina S.A. y Edenor.
Fotografía y Texto: El Cordillerano
Artículo original disponible en: http://elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/42208-la-organizacion-greenpeace-alerto-sobre-deforestaciones-ilegales-en-la-patagonia
