Un anteproyecto legislativo de ordenamiento territorial --que, en determinados casos, puede convalidar la expropiación de tierras si lo amerita el interés colectivo-- generó fuertes rechazos de la oposición política.
De prosperar la iniciativa --revelada ayer por el diario "La Nación" --, el Estado podrá imponer subdivisiones, edificaciones o, directamente, avanzar sobre inmuebles que declare ociosos cuando la situación socioterritorial lo requiera.
"Desde el Congreso, vamos a trabajar para que no salga. Viola una de las garantías constitucionales fundamentales: la propiedad privada", afirmó el diputado Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco).
"Amparándose en frases difusas como `interés general' se le otorga al gobierno la posibilidad de disponer de la tierra por encima de la voluntad de los legítimos poseedores del derecho de propiedad", agregó.
Como el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, desmintió que la Casa Rosada impulse políticas de expropiación, De Narváez lo cruzó. "Que no nieguen lo que realmente quieren hacer. El proyecto puede consultarse en el sitio oficial de esa dependencia", manifestó.
"El país necesita volver a la normalidad, un país donde sean debidamente abordados por el Estado los verdaderos problemas de la gente: inflación, inseguridad y pobreza extrema", finalizó.
De Vido se desligó de cualquier tipo de responsabilidad en el tema y aclaró que apenas es un borrador de anteproyecto hecho por las provincias para garantizar el ordenamiento territorial.
El texto, sin embargo, lleva el membrete de su ministerio y está publicado en el sitio web del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial.
"No es una política de expropiación; es un disparate pensar en política de expropiaciones de tierras", adujo De Vido y remarcó que las provincias trabajaron en función del artículo 75 de la Constitución (el inciso 5 faculta al Estado a disponer del "uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional").
De Narváez cree, no obstante, que el esquema tiene la "verdadera" impronta del Frente para la Victoria."Este ordenamiento territorial lo único que hace es avanzar en la manda constitucional, que es muy clara y habla de la necesidad de restituir tierras a los pueblos originarios, también de promover al crecimiento armónico de la Nación y poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas ante el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones", explicó De Vido al canal C5N.
También señaló que España, Alemania y Francia disponen de reglamentaciones similares o parecidas.
En otro momento de sus declaraciones, el ministro de Planificación Federal reflotó la controversia generada tras una interpretación del diputado nacional Agustín Rossi (Frente para la Victoria) sobre los barrios privados.
"Es un tema netamente municipal. Son asuntos no relevantes en función de los tantos intereses en los que trabaja el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (Cofeplan)", agregó.
El Cofeplan es un organismo integrado por todas las provincias. La primera reunión se hizo en 2009 y, desde entonces, se aboca a un proyecto que complemente la legislación provincial o local preexistente y que sea referencia para las leyes futuras.
"El primer borrador de anteproyecto fue elaborado en julio de ese año, con especial énfasis en la institucionalización de la planificación. A partir de ese momento, transita un proceso de difusión y discusión en base a los aportes de diversos foros", detalló un comunicado del ministerio de Planificación Federal.
"El encuadre constitucional de la planificación territorial debe partir del modelo federal como ocurre en Europa, que tiene un sólido andamiaje jurídico sobre el particular, sobre la conciencia de las corporaciones acerca de sus obligaciones cuando se interviene en el territorio y sobre la concepción de la función social como inherente al derecho de propiedad", finalizó.
