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Desde el comienzo del gobierno del actual presidente colombiano, Álvaro Uribe, en 2002, más de 14 mil personas murieron o desaparecieron fuera de combate por razones sociopolíticas, fuera del combate. Más de la mitad de esas muertes (75%) fueron atribuidas al Estado. Estos números son parte de una serie de otros datos sobre violaciones de derechos humanos en Colombia, divulgados ayer (9) en Ginebra, por organizaciones no gubernamentales. Hoy (10), el Estado colombiano presenta la segunda fase del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según las ONGs, siete personas mueren cada día en Colombia desde 2002 por violencia sociopolítica fuera del combate. Ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, desapariciones, fosas comunes, torturas, niños soldados, secuestros y asesinatos de sindicalistas y defensores humanitarios son algunos de los tipos de violaciones que ocurren diariamente en el país.

Sindicalistas y defensores de derechos humanos son los blancos más frecuentes de los ataques. En los primeros ocho meses de 2008, 40 sindicalistas fueron asesinados. En los últimos 20 años, murieron 2.700, de los cuales 480 ocurrieron en el período 2002-2007. En relación con los defensores de derechos humanos, las organizaciones afirman que 75 fueron muertos o desaparecidos desde el comienzo del gobierno de Uribe.

Durante el período registrado, la tortura alcanzó por lo menos a 932 personas, de las cuales 731 fueron asesinadas. Hay denuncias de que los paramilitares no se desmovilizaron y que cerca de 20 grupos paramilitares reaparecieron en el país. El gobierno colombiano, esforzándose por presentar una imagen de que el país está atento a los problemas, divulgó números en los que se observa la caída de los índices de violencia.

Haciendo un contrapunto a las denuncias de las ONGs, el gobierno difunde los números de una manera más positiva. Lasicar caída del número de homicidios es un ejemplo: en 2002, fueron 28.837; en 2007, cayó a 17.198. Otro destaque es que el número de sindicalistas muertos, que en 2002, fue de 99, en 2007, quedó en 8. Los secuestros también disminuyeron, pasando, en 2002, de 2.882, a 521 en 2007.

El gobierno también resalta que Colombia fue el único estado latinoamericano que asumió voluntariamente el desafío de presentarse ante la nueva instancia elaborada para evaluar la situación de derechos humanos de las Naciones Unidas. En un informe presentado en septiembre de este año, el Estado colombiano se compromete a actuar para combatir las violaciones dentro de su territorio.

Son 69 compromisos voluntarios que se ratificarán en la sesión de hoy. Entre ellos, se destacan el fortalecimiento de la atención a las víctimas de minas antipersonales; el fortalecimiento de la confianza en el poder judicial; el impulso de las investigaciones de crímenes contra los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas. La última etapa de evaluación se realizará en marzo de 2008. En la ocasión, se aprobarán los resultados, las recomendaciones y los compromisos

www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36459

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