El Congreso votó para revocar dichas leyes a finales de la semana pasada. Las leyes socavaban los derechos de los pueblos indígenas y facilitaban que los foráneos se hicieran con el control de su tierra.
La organización indígena amazónica de Perú AIDESEP, ha calificado de “histórica” la decisión del Gobierno. “La lucha y la vida de nuestros hermanos indígenas no ha sido en vano. Hoy se ha demostrado que nuestra lucha es justa y que no ha sido manipulada por nadie” declaró su vicepresidente Daysi Zapata Fasabi.
El presidente de Perú, Alan García, admitió que las leyes se habían aprobado sin consultar a los habitantes indígenas del Amazonas y que se había cometido una “sucesión de errores” en cómo el Gobierno trató las protestas.
Según las cifras oficiales del Gobierno 24 policías y 10 indígenas fueron asesinados durante las protestas. Sin embargo, las fuentes locales cuestionan esas cifras. Según los informes, el alcalde del municipio local de Bagua ha declarado que hasta sesenta personas se encuentran todavía desaparecidas.
El Relator Especial de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, James Anaya, ha solicitado que se realice una investigación independiente sobre la violencia.
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