La Defensoría del Pueblo advirtió hace mucho tiempo del alto riesgo de estallido de conflictos sociales generados por situaciones de abuso y violencia contra los sectores sociales excluidos, como son los pobladores de nuestra amazonía. Invocó a las autoridades gubernamentales diálogo y transparencia en las negociaciones de solución, respetando los derechos constitucionales de las personas y los sectores sociales organizados.

La soberbia y el autoritarismo, cobijados en el fundamentalismo ideológico del “mercado perfecto”, ganaron a nuestras autoridades ejecutivas y del parlamento. Hoy asistimos a una tragedia, donde los hombres del pueblo, como son los pobladores nativos, agricultores, policías y ronderos han perdido la vida.

En estas circunstancias de dolor, el Gobierno Central, el Parlamento, los partidos políticos, las organizaciones sociales de la amazonía, el Episcopado Peruano, y también los empresarios, están obligados a efectuar  el mayor esfuerzo para comprender y atender las demandas sociales de la población amazónica.

Las familias cafetaleras y cacaoteras compartimos con los hermanos nativos la dolorosa exclusión social y económica que se aplica ciegamente en nuestro país. Somos testigos de los diálogos improductivos que durante años se realizan con nuestras autoridades, debido a la política económica excluyente que aplican los gobernantes. Es hora que cambiemos la soberbia y autoritarismo por la cohesión social de todos los peruanos.

Las inversiones privadas son bienvenidas, pero sin  despojar derechos, ni contaminar el medioambiente. Los beneficios que genere la explotación de los recursos naturales deben alcanzar a todos los peruanos, y no exclusivamente a los “rentistas”. 

Demandamos a gobernantes y gobernados practiquemos la cultura del diálogo, con  soluciones que disminuyan la exclusión social en nuestro país.