Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra de Mendoza, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, expresamos nuestra más profunda preocupación y repudio por la medidas que están tomando los gobiernos nacional y provincial para el control de la polilla de la vid, a través de fumigaciones (pulverizaciones) aéreas con agrotóxicos.

En Argentina, el desarrollo en el campo de la agricultura industrial, impuesto por las corporaciones transnacionales, se basa en el uso masivo de agrotóxicos, lo que ha provocado, entre otras consecuencias, grandes desequilibrios ecológicos, graves daños a la salud de los pueblos rurales (que presentan altas tasas de cáncer) y alimentos cada vez más contaminados con venenos.

En Mendoza la vitivinicultura se encuentra en una etapa de extranjerización y camino a la dependencia de paquetes tecnológicos para disminuir el trabajo (que para los empresarios es un costo) y aumentar el uso de agrotóxicos. Esto genera grandes desequilibrios ecológicos que desencadenan efectos nocivos en los cultivos.

Hoy la corporación vitivinícola y el gobierno de la provincia impone una medida, que, lejos de promover la Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos, pone en riesgo la salud de la población rural y de las producciones agroecológicas y orgánicas de la provincia.

Desde este lunes comenzarán las aplicaciones aéreas de el agrotóxico chlorantraniliprole, que lleva como nombre comercial Coragem (de DuPont), en varios departamentos de nuestra provincia. El producto, rotulado como “banda verde”, pretende ser de baja toxicidad, pero las autoridades no dan garantías de que no vaya a afectar a la población y otros seres vivos, cómo las abejas o los controladores biológicos, tan importantes en cultivos agroecológicos y orgánicos. Un ejemplo de esto lo tenemos con el glifosato (el herbicida más usado de nuestro país), que a pesar de ser “banda verde”, ha sido declarado, en más de 200 investigaciones científicas, como altamente tóxico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que el glifosato es potencialmente cancerígeno.

Con este panorama nos preguntamos: si el producto no implica riesgos para las familias rurales: ¿porque el ISCAMEN y el SENASA recomiendan mover colmenas o tapar sus piqueras?, ¿porque las zonas con escuelas y centros de salud no serán fumigadas? Y, si, según consta en el propio instructivo del veneno, no se puede aplicar a cauces de riego y espejos de agua ¿porque se supone que no nos vaya a afectar la salud de las familias rurales?.

Ni siquiera las escuelas rurales de nuestra provincia, que verán pasar los aviones casi sobre sus cabezas, están enteradas de esta tan descabellada acción. Por todo esto repudiamos esta medida que es irresponsable y arbitraria, que pone en riesgo la salud de nuestras familias y que profundiza un modelo que, lejos de garantizar la alimentación de nuestra población, defiende los intereses de un puñado de empresarios.

Las familias rurales tenemos derechos a no ser fumigadas con productos químicos, aún cuando los presenten como inocuos.

Exigimos se contemple el principio precautorio, y el derecho a no ser fumigados, y se suspenda la fumigación aérea.

Exigimos estudios de impacto ambiental y de salud de la mano de ámbitos de consulta y participación de las comunidades rurales.

¡LOS AGROTÓXICOS MATAN!

¡SOBERANÍA ALIMENTARIA YA!

Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra

Movimiento Nacional Campesino Indígena

15 AÑOS LUCHANDO POR LA TIERRA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA