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Durante el atentado del pasado 31 de diciembre perpetrado con una granada, artefacto de uso privativo de las fuerzas militares, murieron 5 indígenas kankuamos, entre ellas 4 mujeres. Además 91 resultaron heridos o mutilados, 17 huérfanos.

El pronunciamiento denuncia la tardía reacción las autoridades nacionales, regionales, locales y de la fuerza pública; la limitación de recursos económicos y humanos y el desconocimiento de la dimensión y repercusión de la tragedia por parte de algunos medios masivos de comunicación y el Estado colombiano.

A dos meses de la tragedia, las organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron a las autoridades nacionales desarrollar un proceso de investigación en búsqueda del esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables en coordinación con las autoridades indígenas del pueblo kankuamo.

Al respecto, el Cabildo Gobernador Jaime Enrique Arias aclaró que no existe ningún, "pacto de silencio" de la comunidad kankuama para no cooperar con la pesquisa, tal como afirman autoridades nacionales. "Nosotros mismos lo más interesados en conocer lo que verdaderamente ocurrió, y de hecho fuimos los primeros en solicitar revisión del caso", afirmó.

Arias manifestó que se rehúsa a creer que se simplifique la magnitud de los hechos a "un motivo individual vinculado a una relación sentimental", cómo lo expresó el general Oscar Naranjo quien dio a conocer la identidad del hombre kankuamo que habría activado el artefacto explosivo, a algunos medios de comunicación.

Las organizaciones sugirieron que todas las acciones sean articuladas a través de la IPS Kankuama, de manera que se duplique esfuerzos y se tenga una organización más articulada, debido a la presencia de diversos organismos que prestan ayuda en salud.

www.servindi.org/actualidad/8527

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