Sudamérica Rural Suscribase

Somos parte de

Contáctenos

Av. 20 de octubre # 2396, casi esq. Belisario Salinas
Edif. María Haydee. Piso 12
Telf. 591-2-2115952
Casilla Nº 9052
Contacto: ipdrs@sudamericarural.org
La Paz – Bolivia
NIT: 169994029

CRISIS DEL AGUA EN BOLIVIA: “LO MEJOR ESTÁ POR VENIR”

Fuente: Observatorio Boliviano de cambio Climático y Desarrollo
Autoría: Stasiek Czaplicki y Juan Pablo Neri
Fecha: Lunes, 30 Enero 2017

Bolivia es un país con abundantes recursos hídricos, con una población pequeña con relación a su territorio y que consume poca agua, pero que, paradójicamente, vive una de sus peores crisis de desabastecimiento del recurso hídrico, no sólo en las zonas urbanas sino y sobre todo en el área rural. En el presente artículo intentamos exponer algunas de las principales causas de esta crisis, enfocándonos principalmente en los casos de las ciudades de La Paz y El Alto.

Más de una década ha pasado desde las históricas movilizaciones sociales o ‘’guerras del agua’’ que lograron revertir los intentos por privatizar el agua que se llevaron adelante en ciertas urbes, durante el primer quinquenio del siglo XXI. En ese entonces la gestión del agua era deficiente y el servicio de agua no era accesible sobre todo para la población con menos recursos. Las empresas transnacionales que sí lograron hacerse cargo de la gestión del recurso hídrico incumplieron con los niveles de inversión comprometidos pese a que subieron las tarifas como consecuencia lógica de la privatización del servicio[1]. Las denominadas guerras del agua no sólo fueron movilizaciones masivas en contra de la privatización del servicio en manos de capitales transnacionales, sino que también pedían una mejora en el mismo así como en su accesibilidad a la población. Si bien con el ingreso de capitales privados hubo mayor inversión, esto no implicó que el servicio se hiciera más accesible, ni más eficiente.

El cambio de gobierno que tuvo lugar en 2005 debía conllevar, no sólo a un cambio en la dirección política del Estado, sino también una mejora en la gestión pública y la dotación de servicios básicos a la población. Pero ¿qué sucedió?
En el presente, a pesar de que con la gestión del agua en manos de empresas públicas se redujeran las tarifas a niveles más accesibles, los niveles de inversión para el incremento en la cobertura del servicio se mantuvieron bajos. El Estado invirtió en promedio sólo 44 millones de US$ por año entre el 2001 y el 2005 para agua y saneamiento, y un poco más de  42,2 millones de US$ por año invertidos entre el 2006 y 2013[2]. Esto es, pese a la bonanza financiera que trajo consigo la explotación de hidrocarburos, desde el año 2006 no subieron los niveles de inversión en agua y saneamiento. Tomando en cuenta el crecimiento poblacional entre 2005 y 2013 la cobertura de agua sube, de 84,5% a 90,6% a nivel urbano y de 51,4% a 65,1% a nivel rural[3]. Pero los niveles de inversión son aún muy bajos y el ejercicio del derecho “fundamentalísimo” al agua y saneamiento para toda la población parece una utopía lejana.

Ahora bien, el acceso al recurso hídrico no lo es todo. Se supone que el servicio también debe ser eficiente además de proveer agua apta para el consumo humano. Desafortunadamente, con el pretexto de la falta de lluvias y la sequía, desde el 2009, cada año se raciona agua en 4 de 9 departamentos. Es más, todos los departamentos han atravesado por una situación de desabastecimiento de agua desde el mismo año. Por un lado, si bien este desabastecimiento se limitó generalmente a ciertos barrios y no a toda la urbe, fue poco mediatizado. Siguiendo con una tradición neoliberal, en los casos de La Paz y El Alto son generalmente los barrios marginales y/o fuera de la urbe donde la atención de los medios de comunicación y de los tomadores de decisión es ausente. Por otro lado, el argumento de la falta de lluvia y de la sequía utilizado excesivamente cada año y sin mucha evidencia, perjudica al entendimiento de la complejidad de esta problemática.
A continuación realizamos un breve repaso en el tiempo del caso de desabastecimiento de agua en las ciudades de La Paz y El Alto que tiene lugar desde mediados del año 2016, que nos sirve para sopesar los diferentes factores que conllevaron a esta situación y la importancia de los mismos.

En primera instancia, el cambio climático es una de las principales amenazas para la provisión actual y futura del agua. Si bien la gran mayoría del agua de La Paz y el Alto proviene de las lluvias, los glaciares juegan un rol complementario esencial sobre todo en épocas secas. Sin embargo los glaciares están reduciéndose desde hace medio siglo, y con el aumento de temperatura se pronostica su desaparición a corto plazo. De igual manera, una parte de la provisión del recurso hídrico en la ciudad de El Alto proviene de los acuíferos, mediante pozos. Pero la falta de lluvias cada vez más recurrente afecta directamente a la recuperación de los acuíferos. Estos factores combinados son las causas principales del desabastecimiento que tiene lugar en el presente.

¿A qué se debe la disminución de las lluvias? No se trata simplemente de “fenómenos naturales” aparentemente trascendentes, o que son culpa únicamente de agentes externos imperiales. También, entre otras cosas, se debe a la creciente y sostenida deforestación que tiene lugar en el oriente del país (Bolivia ocupa el séptimo lugar en deforestación en el mundo, pues entre 1990 y 2015 se deforestaron 80.310 km2 según fuentes de la UNSD)[4]. La decisión continua de ampliar la frontera agrícola para favorecer principalmente al agronegocio es una política de las autoridades y no así un fenómeno natural. La deforestación lógicamente agravará aún más la disminución de las lluvias. A esto se suma que es cada vez más recurrente el fenómeno del niño, que de manera cíclica ocurría cada 3-4 años, y que trae consigo una disminución de lluvias. Justamente este año y el anterior coincidieron con un episodio del niño que acentuó el problema del desabastecimiento de agua en todo el país, afectando principalmente a las zonas rurales[5]. Todos estos problemas son consecuencia directa de la acción humana en el marco de la economía capitalista a escala global y local.

Es necesario entender que Bolivia vive un proceso de cambio climático temprano, pero frente al cual no está ni remotamente preparada, ni parece próxima a tomar conciencia de su gravedad. Esto sobre todo por parte de las autoridades políticas, aún a pesar de la retórica sobre el vivir bien y la madre tierra.

Los pronósticos de cambio climático son por lo general cautelosos. A medida que el cambio climático avanza, nuevos estudios muestran que tendemos a subestimar la severidad de sus impactos y que es importante actualizar rápidamente la información. Sin embargo desde hace varios años ya se cuenta con suficientes datos sobre la relación entre los problemas de carencia de agua, cambio climático, minería y otras actividades productivas intensivas y extensivas, como para actuar en consecuencia. En el caso del problema que se vive hoy, se contaba con por lo menos 20 estudios sólo para las ciudades de La Paz y El Alto que claramente indicaban la gravedad de la situación y como se la pudo prevenir.

Lo mismo sucedió en el caso del desaparecido lago Poopó –aún a pesar de que hoy los funcionarios del Estado salgan a vitorear su aparente “recarga”-. Los estudios que advertían sobre su secamiento fueron simplemente ignorados[6]. Paradójicamente, a gran mayoría de estos estudios no fue llevada adelante por instituciones públicas nacionales, sino por ONG o instituciones de investigación extranjeras. Empero, la guerra política que lleva adelante el gobierno del MAS en contra de ciertas ONG críticas con el mismo conllevó a una reducción en el financiamiento para la realización de estudios críticos sobre la gestión gubernamental y los impactos al medio ambiente que tienen lugar actualmente[7]. Además ha dado lugar a una autocensura por parte de las ONG y la comunidad científica, cuando justamente ahora es lo que más se necesita. En otras palabras el gobierno no sólo pone trabas para estudios actuales sino que carece de políticas públicas consecuentes que hagan un contrapeso real. Esta es una negligencia voluntaria y peligrosa.

En este sentido es importante entender el problema del agua también desde la gestión pública: La ausencia de proyectos estatales serios durante la última década es la causa del fracaso en las soluciones que el gobierno intenta plantearse hoy. Hay que decirlo: el mayor problema en las ciudades de La Paz y El Alto no es la falta de fuentes de agua sino su ineficiente distribución. En La Paz se consume en promedio 83 Litros/día per cápita y en el Alto 67 Litros/día per cápita, lo que es mucho menos que en cualquier otra urbe de la región (La OMS indica que 50 Litros es lo mínimo para una vida digna y 100 Litros lo mínimo para una vida cómoda). A ese promedio hay que restarle las pérdidas por fuga. Se estima que en La Paz y el Alto el 45% del agua que transita en los sistemas de distribución se pierde por fugas y por conexiones ilegales. En otras palabras por cada Litro que llega al grifo, 0,8 se pierden en el camino. El agua recolectada y purificada anualmente cuesta 14 millones de US$ al Estado. Esto equivale a 140 millones de US$ de pérdida sólo en La Paz y el Alto. Es decir el equivalente a 3 años del presupuesto nacional de agua y saneamiento. Pérdidas que son consecuencia principalmente de la mala gestión.
Por otra parte, además del consumo humano, existe el consumo para fines comerciales e industriales que es de proporciones muy superiores y que no contribuye al sistema de manera justa. Sin embargo y paradójicamente, es muy poco visibilizado por los funcionarios del gobierno al momento de establecer “responsabilidades” o apelar a una “cultura del derroche”. Un ejemplo puntual y contundente, es el de la compañía Coca-Cola que, según el propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, paga por su dotación de agua a nivel nacional tan sólo 40 000 bolivianos por mes[8]. ¡Y este es sólo un caso de privilegio corporativo entre varios otros! Las tarifas de agua necesitan ser revisadas urgentemente para que cada consumidor contribuya de manera justa al servicio, no sólo en relación al consumo sino también con relación a los beneficios económicos que pueda extraer del mismo, ¡sobre todo cuando se trata de corporaciones transnacionales!

En otras palabras, si bien todxs debemos tomar conciencia sobre la importancia de cuidar el recurso hídrico, el hecho de afirmar todxs son responsables por la crisis del agua porque exista alguna cultura del derroche, como hizo el Ministro Quintana[9], es un razonamiento que encubre asimetrías y que además es bastante propio de la retórica liberal. Tomar conciencia entre todxs sobre la crisis del agua implica sobre todo tomar conciencia de los privilegios de que gozan grandes corporaciones y otros sectores productivos cuya acumulación de capital implica un uso excedentario y a veces irracional del recurso hídrico. No es la culpa de fulano, ni tiene que ver con que “la Pachamama otra clase está”, “¡Es el capitalismo, idiota!”

Finalmente, la calidad del agua es otro factor clave a la hora de pensar los retos a futuro. Otra de las múltiples causas de la crisis actual tiene que ver con la contaminación de este recurso por actividades mineras dañinas. La minería en el país es uno de los sectores productivos que ocasiona un alto impacto en la calidad de los recursos hídricos a nivel nacional. El Banco Mundial evidencia que el 41% de las cuencas hídricas del país están afectadas por la minería y que el 63% de la población consume agua que procede de zonas mineras[10]. Tomando en cuenta el alto grado de toxicidad que esta contaminación representa, debe resultar alarmante el hecho que sólo Bolivia emite el 7% del mercurio del planeta, y el 70% de esto es por la minería[11]. El efecto sobre la salud que tiene es muy alto, pero su impacto es desgraciadamente poco visibilizado por la falta de estudios y estadísticas confiables en salud pública.

Estudios locales evidencian los altos niveles de contaminación del agua y en algunos casos el altísimo impacto que tienen para la salud, como sucedió en el río Pilcomayo o en el lago Poopó, por citar dos casos entre muchísimos más, donde la contaminación minera, sumada a otros factores, significó daños en la fauna, la flora y la salud de la población, además del dramático secamiento del Lago Poopó. Tragedias que ahora parecen pertenecerle al olvido. Por otra parte, los casos de contaminación por minería en zonas rurales llevan a la creencia de que las zonas urbanas, con sus plantas de tratamiento de agua, no son afectadas. Y este es un llamado de atención a las poblaciones urbanas: es también imperativo considerar que la producción de alimentos del país es irrigada en gran parte con aguas contaminadas por las urbes y la minería. Alimentos que retornan a la ciudad para ser vendidos en los mercados.

La exposición que realizamos en el presente texto no es más que la punta del iceberg de una problemática que da para largo y cuya solución parece bastante lejana. Entonces, siguiendo lo que señalaron ferozmente los ministros de Evo ante las protestas ciudadanas por la falta de agua ¿Seremos imperialistas y derechistas por intentar contribuir a hacer notar la gravedad de esta problemática? Nosotros sabemos que no.

[1] (Maxwell, 2013) ‘’Water governance in Bolivia: policy options for pro-poor Infrastructure reform’’.
[2] ( Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2015) ‘’Rendición Pública de cuentas Agua potable y Saneamiento’’.
[3] (ibíd.)
[6] ( Ekdahl, 2007) ‘’Water utilization in a river basin in the Lake Poopó region of Bolivia: problems and conflicts’’
[7] Las ONG que fueron blanco principal de los ataques del gobierno fueron Fundación Tierra, CEDLA, CEDIB e IBIS. Las cuatro llevaron a cabo importantes trabajos de investigación con una mirada crítica desde antes de que el MAS asumiera el poder, pero fue durante este gobierno que fueron más hostigadas que otrora, debido directamente a su labor de generar información crítica. Ver: http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/11/gobierno-acusa-realizar-activismo-politico-66197.html
[10] (Banco Mundial, 2013) Gestión Ambiental en Bolivia: Innovaciones y oportunidades
[11] ( Ministerio de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente y Agua, 2016) ‘’Mercurio en Bolivia: Línea de base de usos, emisiones y contaminación’’.