El cultivo transgénico ya es una realidad en países como Estados Unidos, México o Brasil, donde millones de agricultores lo producen y de personas lo consumen. Pero no por eso está libre de controversia. Sus defensores creen que podría ayudar a reducir los problemas de hambre en el mundo y sus detractores que supone una amenaza para el ecosistema de la zona y la salud de sus consumidores. Aún así, en los últimos años se ha registrado un fuerte aumento de hectáreas cosechadas.

Brasil es uno de los países donde más está calando este tipo de cultivos, que siguiendo la estela de Estados Unidos, pionero en la producción e implantación de los métodos de modificación genética en la agricultura ha logrado un puesto relevante en esta materia a nivel mundial. A través de cultivos como el maíz, diferentes variedades de soja y de caña de azúcar, el país sudamericano se sitúa segundo en el ránking mundial de superficie de cultivos biotecnológicos, tras Estados Unidos (que produce 64 millones de hectáreas al año), con una producción anual, en 2009, de 21,4 millones de hectáreas.

Brasil ha desplazado en el segundo puesto por superficie a Argentina que, especializado en cultivos se soja, maíz y algodón, cuenta con 21,3 millones de hectáreas. El relevo de Brasil se debe a su notable incremento (un 35%) en el último año, en un claro ejemplo de la apuesta que el gobierno de Lula da Siva ha hecho de este modelo de producción. Lejos de ellos se sitúan otros mercados donde los cultivos modificados genéticamente están permitidos, como India y Canadá que cuentan con una producción de 8,4 y 8,2 millones de hectáreas respectivamente.

En el caso del mercado europeo, la implantación es mucho menor e, incluso, en algunos países las reticencias por los posibles riesgos en la salud y el medio ambiente han llevado a los respectivos gobiernos a legislar restrictivamente este tipo de cultivos modificados genéticamente. No obstante, en los últimos meses, se están llevando a cabo ciertas pautas que muestran una apertura a este nicho de mercado. Así, en marzo, la Unión Europea (UE) autorizó, tras doce años de reticencias, el cultivo de una patata transgénica, desarrollada por la empresa alemana Basf, destinada a la producción de almidón para la industria papelera. La autorización europea abre la puerta al consumo humano de este tipo de cultivo al incluir una cláusula que permite la presencia de forma puntual (en un 0,9%) del alimento transgénico en alimentos para humanos.

Esta apertura cuenta con el respaldo de los consumidores, tal y como indica "el último Eurobarómetro (sondeo oficial de la Comisión Europea) sobre Agricultura y política común agraria, publicado en marzo de 2010", señala Carlos Vicente, experto en Agricultura Transgénica del IE Business School y director de Biotecnología y Relaciones Corporativas en España, Portugal y Egipto de Monsanto. En él, se desvela que "una mayoría abrumadora (90%) (de consumidores) considera la agricultura como un factor clave para el futuro. Y un 77% considera que los agricultores europeos deben aprovechar los avances biotecnológicos agrarios para poder ser competitivos y luchar contra retos como los que se derivan del cambio climático".

Los tomates fueron los primeros

Los productos transgénicos se encuentran implantados durante más de una década (1996 fue el primer año de su comercialización). La gente de más de 50 países consume productos que contienen ingredientes extraídos de productos genéticamente modificados. Su proceso proviene de una premisa básica: lograr que los cultivos sean más eficientes a partir del cambio del material genético. La técnica se basa en identificar un gen específico de un organismo vivo, aislarlo y multiplicarlo, para luego integrarlo en uno de los cromosomas del receptor.

El origen de este tipo de productos se encuentra en Estados Unidos. Fue en 1993 cuando se obtuvo la primera planta modificada en el país norteamericano. Once años después, EEUU permitió la comercialización del primer alimento transgénico. Se trataba de un tomate de larga duración, creado a partir una compleja técnica que permitía inhibir la enzima responsable del envejecimiento de la hortaliza. Desde entonces, ha aumentado la producción y consumo de alimentos modificados genéticamente y se calcula que, en la actualidad, la superficie mundial destinada a la producción de cultivos biotecnológicos ascendió a 134 millones de hectáreas, una extensión que se reparte, de forma dispar, entre 25 países.

En los últimos años los cultivos biotecnológicos están creciendo más rápido en los países en desarrollo que en los países desarrollados, según Vicente. "La biotecnología es una más de esas tecnologías de lo que no podemos permitirnos prescindir, y su rápida adopción en los países en desarrollo es una muestra de ello y de cómo está contribuyendo a incrementar los rendimientos de los cultivos de una manera sostenible".

Se calcula que durante los doce primeros años de comercialización, los cultivos biotecnológicos representaron un beneficio neto de 44.000 millones de dólares a nivel mundial. Desde 2008, setecientos mil agricultores pasaron a engrosar la cifra de productores agrobiotecnológicos hasta situarla en 14 millones en 2009, un 90% de los cuales (13 millones) son pequeños agricultores pobres de los países en desarrollo. Esta cifra supone un incremento de 700.000 productores con respecto a 2008.

Del millón restante eran grandes agricultores de países industrializados como Estados Unidos y Canadá o de países emergentes como Argentina y Brasil. Según el informe Situación mundial de la comercialización de cultivos biotecnológicos/genéticamente modificados en 2009 elaborado por Clive James, fundador del ISAAA (International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications) y Presidente del Consejo de Administración, de esos 13 millones de pequeños agricultores pobres (la mayoría productores de algodón Bt) de todo el mundo, 7 millones viven en China (algodón Bt), 5,6 millones en la India (algodón Bt) y los 250.000 restantes en Filipinas (maíz biotecnológico), Sudáfrica (algodón, maíz y soja biotecnológicos cultivados a menudo por mujeres que practican la agricultura de subsistencia) y otros doce países en desarrollo que producen cultivos biotecnológicos.

El mayor incremento del número de productores agrobiotecnológicos se registró en 2009 en India, donde en la actualidad 600.000 pequeños agricultores han engrosado la lista de productores mundiales de la variante algodón Bt, que representa ahora el 87 % de todo el algodón, frente al 80 % de 2008. "En el periodo 2002 a 2008 el algodón Bt generó en India unos beneficios económicos de 5.100 millones de dólares, redujo a la mitad la necesidad de tratamientos insecticidas, contribuyendo a doblar los rendimientos de cultivo y convirtiendo a India de ser un país importador de algodón a ser un neto exportador", señala el profesor del IE.

En el informe de la ISAAA se destaca que la mayor renta que generan los cultivos biotecnológicos para los pequeños agricultores pobres supone una "modesta contribución inicial para aliviar su pobreza". Durante la segunda década de comercialización (2006-2015), los cultivos biotecnológicos pueden ser "de gran ayuda para cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir la pobreza a la mitad en el horizonte de 2015", señala. Según Clive Jame, en China, los primeros estudios indican que otros 10 millones de pequeños agricultores pobres de ese país podrían ser beneficiarios secundarios del algodón Bt, como por ejemplo jornaleros.

Sudamérica

El número de países productores de cultivos biotecnológicos ha ido en constante aumento desde los 6 de 1996 hasta los 18 de 2003 y los 25 de 2009. De estos 25, 10 de ellos son países de América Central y Sudamérica, una cifra histórica para la región. El último en incorporarse a la lista de productores fue Costa Rica (en 2009), que, al igual que Chile, produce cultivos biotecnológicos exclusivamente con destino al mercado de exportación de semillas.

Según la investigadora María José Vila�a de Vasconcelos de la ciudad de Sete Lagoas, en el Centro-Oeste del país, la ingeniería genética es una nueva frontera intelectual e industrial en el siglo XXI, lo que "se está convirtiendo en una auténtica revolución en la agricultura mundial y, sin duda, tendrá un impacto positivo sobre la agroindustria brasileña". Las granjas de maíz en Brasil, como otros negocios agrícolas orientados a la cosecha, ya trabajan con granos modificados genéticamente.

En la actualidad, el país es responsable del 16% de los cultivos biotecnológicos del mundo, lo que le generó unos beneficios de 2.800 millones de dólares, durante el periodo que va de 2003 a 2008, según datos del informe de la ISAAA.

De los 21,4 millones de hectáreas, 16,2 millones se destinaron a la producción de soja RR (del tipo Roundup Ready), frente a los 14,2 millones de hectáreas de 2008. El índice de adopción alcanzó un récord del 71 %, frente al 65 % de 2008, estimándose en 150.000 los agricultores beneficiarios de los productos de soja RR. Además, Brasil plantó este año 5 millones de hectáreas de maíz Bt por segunda vez tanto en la temporada de verano como en la de invierno. La superficie de maíz Bt aumentó en 3,7 millones de hectáreas -lo que supone un récord casi histórico: casi un 400 % con respecto a 2008, lo que representa, con diferencia, el mayor incremento absoluto registrado por cualquier cultivo biotecnológico en cualquier país del mundo en 2009.

Los índices de adopción fueron del 30 % en el maíz estival y del 53 % en el caso de maíz invernal. En el caso del algodón, la superficie ocupaba por la variedad Bt alcanzó en 2009 las 145.000 hectáreas por cuarta vez; 29.000 de estas hectáreas fueron por primera vez de algodón HT.

Por superficie total de soja, maíz y algodón biotecnológicos de Brasil alcanzó en 2009 un crecimiento interanual del 35 % con respecto a 2008, equivalente a 5,6 millones de hectáreas; se trata del mayor incremento registrado por país alguno y, lo que es más importante, hizo que Brasil se situase por primera vez en la segunda posición mundial por superficie biotecnológica.

La importancia y relevancia de la industria de cultivos biotecnológicos en Brasil es tal que cuentan con una feria internacional, nacida en 1989, donde se muestran los últimos avances en la materia. En esta última edición, celebrado el pasado mes de febrero, los participantes reunidos pudieron observar las 4.800 parcelas experimentales, las nuevas variedades de cultivos y las tendencias en materia de herbicidas e insecticidas. El evento también supone un importante foco comercial y durante la feria se vendieron 1.200 máquinas agrícolas, que representan un volumen de 600 millones de reales brasileños (unos 330 millones de dólares).

Contaminación

Sin embargo, este tipo de agricultura ha suscitado grandes rechazos en algunos países desarrollados, sobre todo en Europa, que dudan de que los efectos beneficiosos que permiten los transgénicos no contengan, a la vez, elementos perniciosos para el medio ambiente y la salud. España, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Rumania han apostado por este sistema de producción frente a Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo, donde se han prohibido. Aún así, los productores solo sumaron 300.000 hectáreas de superficie cultivable en 2009. En concreto se teme que estos cultivos transfieran al ser humano genes con resistencia a algunos antibióticos y, por otro lado, las organizaciones medioambientales creen que la contaminación genética puede hacer que desaparezcan especies vegetales autóctonas.

El profesor del IE cree que "las reticencias obedecen a criterios ideológicos y económicos y no a criterios científicos. Algunos de estos países que se oponen a los cultivos biotecnológicos y a la entrada de granos procedentes de estos cultivos -por ejemplo maíz originario de países de fuera de la UE- son al mismo tiempo grandes productores de maíz", explica. Desde la multinacional, también se dice que "el caso de España, donde trabaja con maíz transgénico, no se ha descrito ningún caso de conflicto entre los campos transgénicos y tradicionales, ni se han reducido los alimentos; al contrario, se ha mejorado la productividad de las tierras".

A este respecto, Alda Lerayer, directora ejecutiva del Consejo de Informaciones sobre Biotecnología de Brasil (CIB), comenta: "Uno de los mitos sobre los organismos modificados genéticamente es que acaban con la biodiversidad, cuando ésta es fundamental para mejorar y desarrollar la genética". Aún así, según la regulación brasileña vigente, la distancia entre un cultivo convencional y uno transgénico debe ser igual o superior a 100 metros. No obstante, la normativa también permite reducir esta distancia a 20 metros y plantar 10 filas del cultivo tradicional junto al transgénico, para evitar que se mezclen.

Y añade: "Todos los productos lácteos que se consumen en el mundo tienen bacterias transgénicas, sólo que en algunos países no se consideran como tal, sino como aditivos, y no hay obligación de ponerlo en la etiqueta". Por eso insiste en que no hay riesgo ni para los animales ni para las personas porque el gen original está controlado y, si se generan problemas, éstos son detectados tanto durante el proceso como después.

Lo que está claro es que, con independencia de la controversia, esta nueva forma de entender la agricultura ha llegado para quedarse. Por eso, los expertos alertan sobre la desventaja que tendrán respecto al resto del mundo los países que no apuesten ahora por esta tecnología.

Comienza este martes (27) la primera audiencia en la historia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el cultivo de transgénicos. La resolución final podrá tener consecuencias para el futuro de ese tipo de semillas y también legales para los organismos de control estatales.

El caso de la empresa de productos orgánicos Geertson Seed Farms contra Monsanto gira en torno a una alfalfa resistente a los herbicidas que fue prohibida en Estados Unidos por un tribunal federal en 2007.

El fallo de hace tres años concluyó que el estudio de impacto realizado por el Departamento (ministerio) de Agricultura no era lo suficientemente riguroso en lo que respecta a las consecuencias para el ambiente y para la salud de la alfalfa transgénica y ordenó otra investigación.

En diciembre se dio a conocer el primer borrador del nuevo estudio, pero "no hay fecha prevista" para la versión final, dijo a IPS Suzanne Bond, portavoz del Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal (Aphis, por sus siglas en inglés), encargado de regular los transgénicos.

Los agricultores orgánicos cuestionaron el estudio del Departamento de Agricultura basándose en la Ley Nacional de Política Ambiental, que puede verse muy perjudicada por la resolución final del alto tribunal, que no se prevé para antes de junio.

La norma "obliga a los organismos federales a incluir el factor ambiental en su proceso de decisión y considerar las consecuencia de sus propuestas y posibles alternativas razonables", explicó Bond.

La Ley también es una herramienta legal para que los ambientalistas recusen decisiones de organismos estatales. La vulnerabilidad de la norma es una de las razones por las cuales varias organizaciones se ofrecieron a prestar testimonio en el caso contra Monsanto.

La demanda "tiene amplias consecuencias sobre la forma en que el gobierno realiza análisis ambientales y cuándo es necesario preparar informes de impacto", arguyó Noah Greenwald, del Centro para la Diversidad Biológica, al justificar la participación de su organización, que no suele trabajar con transgénicos.

"El gran tema acá es cuánta deferencia hay que tener a los organismos de control y a su capacidad para realizar su trabajo en realción con la que hay que darle a la población para que recuse al organismo ante la justicia", señaló el especialista Doug Gurian-Sherman, quien escribió varios artículos de opinión desde que comenzó el proceso en tribunales menores.

"La cuestión acá es cuan responsable es la Corte Suprema en lo que se refiere a habilitar a los ciudadanos a demandar a un organismo estatal que no hace su trabajo. Creo que eso es lo esencial de esta decisión", añadió Gurian-Sherman, quien trabaja en el programa ambiental y de alimentación de la Unión de Científicos Comprometidos.

La resolución del alto tribunal también tendrá consecuencias para los organismos modificados genéticamente en Estados Unidos y el mundo.

Los agricultores orgánicos arguyeron al principio que las abejas polinizadoras podían llegar a trasladar la alfalfa transgénica a plantaciones orgánicas vecinas, incluso las que están a varios kilómetros de distancia.

La consiguiente contaminación podría socavar sus posibilidades de colocar la etiqueta de "orgánico" a sus productos. Además, tampoco podrían exportar su cosecha a países que prohíben los transgénicos.

"Es posible que los consumidores no acepten productos contaminados. Se podrán hacer análisis de verificación e incluso, se hacen de forma bastante rutinaria, pero igual, el mercado puede llegar a rechazarlos", explicó Gurian-Sherman.

Otro de los argumentos contra la alfalfa Roundup Ready, es que combinada con el herbicida Roundup, de Monsanto, puede aumentar la resistencia de las semillas a ese tipo de productos químicos.

El Aphis prácticamente no considera el asunto en su análisis original, "pese a que en los últimos años la incidencia de las semillas resistentes y sus consecuencias económicas contradicen casi por completo sus estudios", indicó el especialista.

Las implicancias del litigio son extremadamente complicadas desde el punto de vista ético y sanitario. La amplitud del fallo de la Corte Suprema puede llegar a decidir el futuro de los organismos modificados genéticamente.

Hay un proceso judicial contra la remolacha azucarera. El tribunal permitió su cultivo este año, pero se reservó el derecho de prohibirlo en el futuro. El Departamento de Agricultura prepara un estudio de impacto sobre ese cultivo y sobre un tipo de agrostis transgénico.

"Hay varios indicios de que el Departamento de Agricultura no hace bien su trabajo en lo que respecta a la regulación de transgénicos", señaló Gurian-Sherman con preocupación.

"Analicé numerosas evaluaciones ambientales y considero que fueron poco rigurosas y a menudo sin sustento científico. No es que hayan sido totalmente negligentes, pero hay varios errores de razonamiento o en los datos o en el análisis de éstos", añadió.

El Aphis otorgó desde 1992 el estatus de "no regulado" a numerosos transgénicos en respuesta a 80 demandas, indicó Bond, entre ellas múltiples variedades de maíz, soja, algodón, semilla de colza, papa, tomate, calabaza, papaya, ciruela, arroz, remolacha azucarera, tabaco, alfalfa, lino y endibia.

Los testimonios que recibirá este martes la Suprema Corte de Justicia pueden llegar a tener consecuencias significativas sobre esa lista.

- La tenencia de la tierra, o la falta de documentos para sustentar su propiedad, es el principal problema que aqueja a los indigenas de America Latina, de acuerdo con Eva Gamboa, lider del Enlace Continental de Mujeres Indigenas.

``La no tenencia de la tierra trae problemas de violencia, desarraigo, discriminacion, migraciones, crimenes y la muerte de la cultura, de la lengua, medicina, alimentacion y tradiciones familiares'', indico Gamboa, en entrevista con Notimex en la sede de la ONU.

Gamboa, representante de indigenas de Sudamerica, participo en el Foro Permanente de la ONU sobre Cuestiones Indigenas, que termina hoy tras dos semanas de sesiones, en el evento ``Mujeres Indigenas: Empoderamiento y fortalecimiento organizativo''.

Gamboa explico que en muchos paises latinoamericanos, las autoridades gubernamentales exigen a las comunidades indigenas que demuestren con documentos la propiedad de la tierra que habitan.

De no sustentar la propiedad, las comunidades son desalojadas de los terrenos que habitan.

Si tienen suerte, las autoridades les ofrecen otro espacio para vivir, aunque el dano, de acuerdo con Gamboa, ha sido hecho.

``No es igual si nos mandan a otro lugar que no es el nuestro.

Nosotros tenemos arraigo con el sitio que habitamos, somos uno con la tierra'', afirmo la lider de la etnia Wichi, perteneciente a la provincia del Chaco, en Argentina.

Gamboa manifesto que en muchos casos de reubicacion se provee a las comunidades de pequenas viviendas, sin tierra para sembrar, lo que dispara una serie de problemas sociales y de salud.

``Como ya no pueden cazar, pescar, recolectar miel, los indigenas desplazados cambian su dieta, incluyen entonces azucares y harinas, y aumentan sus problemas de salud'', aseguro Gamboa.

La lider senalo, sin embargo, que los gobiernos identificados con la izquierda en America Latina han comenzado a mostrar mayor sensibilidad con los indigenas.

Gamboa resalto el papel de Evo Morales, indigena de la etnia aymara y presidente de Bolivia, como un factor que ha dado orgullo a los pueblos originarios y ha elevado su autoestima.

``Evo trajo un sentido profundo de pertenencia.

Para muchos fue como darse cuenta de que, al final, no habia sido malo ser indigena'', enfatizo Gamboa.

El foro "Mujeres Indigenas: Empoderamiento y fortalecimiento organizativo'' fue convocado por el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA), Family Care International y el Enlace Continental de Mujeres Indigenas.

Por Maurizio Guerrero, corresponsal Naciones Unidas, 30 Abr (Notimex).

 

Audiencia en la CIDH dejó claramente establecida la vulneración del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Los pueblos indígenas no están en contra de la IIRSA: la IIRSA está en contra de los pueblos indígenas.

 Washington DC.- La violación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado quedó claramente establecida hoy en la Audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

La Audiencia se inició poco después de las 11:30 de la mañana con las exposiciones de los representantes de las organizaciones indígenas que la solicitaron, en las que detallaron los impactos que los megaproyectos de la IIRSA provocan en los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza. Desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades y delincuencia, degradación ambiental irreversible, fueron algunos de los severos impactos sustentados por los dirigentes indígenas participantes.

Al término de la Audiencia, Luz Patricia Mejía, presidenta de la Audiencia, señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión mucho más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales, en los países suramericanos. Y que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando acerca del tema.

Derechos vulnerados

El primer expositor fue Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, una de las organizaciones solicitantes, quien detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos, de los cuales se incidiría en la Audiencia en tres: la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia, el complejo hidroeléctrico del Río Madeira en Brasil y la misma carretera en el Perú.

Crippa hizo hincapié en que los megaproyectos de la IIRSA sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente. Y recordó que la IIRSA es financiada principalmente por el BID, FONPLATA Y BNDES.

Detalló que estos megaproyectos vulneran tres derechos en particular: a la propiedad colectiva de la tierra, al ser trazados sobre territorios indígenas; a la libre determinación y el autogobierno, al desconocer las formas de desarrollo, las autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud, con la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

Casos específicos

Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía, recordó que la idea de la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia proyecta unir Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, en los cuales afecta directamente a 31 comunidades, amenazando su cultura, su biodiversidad y su integridad, porque permite la invasión de sus territorios.

Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de la zona, añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. Y que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre a quienes facilita el acceso, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros, y migración masiva a la zona.

Por su parte, Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil, dijo que los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira tienen como verdadero objetivo favorecer el monocultivo de soja. Y denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos transfronterizos Perú-Bolivia-Brasil.

"Las audiencias públicas no fueron realizadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecutándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado", subrayó.

Precisó que las obras han provocado el desplazamiento de un millón de personas, causan degradación irreversible en la biodiversidad, inundan tierras fértiles, aumentan la incidencia de malaria, han incrementado la deforestación en 600% y afectan principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Otra integración

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: "el buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza, es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global", enfatizó.

Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir tres puertos peruanos: Ilo, Matarani y Marcona con el Brasil, a fin de favorecer el acceso a los bienes naturales por las empresas transnacionales. Son 2603 kilómetros de carretera que implican un endeudamiento que supera los mil quinientos millones de dólares para el Perú.

La carretera, explicó, afecta los territorios de 3952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, tres parques nacionales y dos reservas naturales que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales albergan especies únicas que serán llevadas al borde de la extinción.

Entre los impactos más graves, mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión de territorios, sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos.

En cuanto a la central hidroeléctrica de Inambiri, Palacín  Quispe dijo que ésta afecta 46 mil hectáreas de tierras de cultivo en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos al ver destruido su modo de vida.

"Los pueblos indígenas -finalizó el Coordinador General de la CAOI- no estamos en contra de la IIRSA: es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas".

Washington DC, Estados Unidos, 2 de noviembre de 2009.

Coordinación General CAOI

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS - CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

 

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