La agricultura familiar campesina suele verse fundamentalmente como un asunto de producción y, escasamente, de comercio. Sin embargo, se quiera reconocer o no, sus sujetos están insertos de diversa forma en los mercados. Y aquí entran los consumidores como una dimensión imprescindible de considerar. La autora del presente artículo, primer premio en el Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en Agenda, 2014,  nos habla del papel de las y los consumidores en la inclusión exitosa de la agricultura familiar en el mercado.

Actualmente la pequeña agricultura se enfrenta a una serie de desafíos, que se enmarcan dentro de un escenariode alta disparidad en la distribución de la tierra, de marcados niveles de pobreza rural y de una decreciente y degradada base de recursos naturales.

Hay consenso general a nivel internacional respecto a que la globalización -y el consiguiente modelo de agricultura convencional- han favorecido especialmente al sector agrícola comercial a gran escala y no a la gran masa de campesinos, como señalan en sus informes anuales instituciones como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por ello, los efectos sobre la pequeña agricultura son amplios, abarcando, entre otros,  aspectos tan diversos comola pérdida de la importancia de los cultivos de subsistencia, el predominio de la agricultura empresarial capitalista altamente dependiente de insumos externos y tecnología y el de la fuerza de trabajo asalariada temporal, la creciente urbanización, el papel residual de la economía campesina, las migraciones del campo a las ciudades y la consecuente disminución del carácter agrario del ingreso de los campesinos.

De esta forma, la realidad del medio rural sudamericano se manifiesta de forma dicotómica. Por un lado, tenemos un sector dominado por empresas que son la base exportadora de cada país, con moderna tecnología y capacidad de innovación. Por otro, tenemos a la pequeña agricultura, con escaso capital y tecnología, pero que mantiene una estrecha relación persona-tierra, con características culturales y sociales bien definidas relacionadas al trabajo familiar, la solidaridad comunitaria y la predominancia de población indígena que condiciona la adopción de conocimientos ancestrales. Es este segmento el que se asocia con los índices de pobreza de las zonas rurales y el que se encuentra ante un futuro incierto y cada vez más constreñido.

La inclusión de la agricultura familiar en los mercados

A pesar de la importancia que representa la agricultura familiar campesina como abastecedora de alimentos y generadora de empleo en las zonas rurales de Sudamérica, se trata de un sector empobrecido. El carácter altamente competitivo de las fuerzas de mercado que operan actualmente, así como las tendencias observadas y proyectadas de la población campesina por parte de organismos internacionales del área, permiten concluir que las probabilidades efectivas de que los campesinos pobres de la región puedan salir masivamente de la pobreza son muy bajas, de no contar con políticas y estrategias claras y sectoriales.

En este contexto, no es de extrañar que los pequeños productores agrícolas tengan grandes dificultades para insertarse en los mercados. No sólo porque son demasiados los riesgos a los que deben enfrentarse, sino también porque no cuentan con las herramientas, conocimientos e insumos que los harían competitivos frente a la agricultura convencional. La FAO ha señalado reiteradamente que su presencia es minoritaria en los mercados formales e informales, así como su inserción en las cadenas de valor y en las ventas a agroindustrias y en la agricultura de contrato.

En este escenario, se propone que la reducción de la pobreza rural y, por ende de la pobreza al interior de la agricultura familiar campesina, debe orientarse al desarrollo de la agricultura comercial a pequeña escala, cumpliendo con determinados requisitos, por ejemplo su éxito depende de que la producción se oriente a satisfacer las demandas del mercado actual; estableciendo inteligencia de mercado propia y apuntando a generar datos de calidad y accesible a los agricultores, quienes actualmente no cuentan con los recursos, herramientas y conocimientos apropiados para aumentar su competitividad frente a la agricultura a gran escala (FAO. 2014).

Por consiguiente, los consumidores juegan un rol trascendental para permitir la inserción o inclusión de los pequeños agricultores en los mercados formales, al preferir y, por ende, consumir este tipo de productos. Por otro lado, instituciones públicas y privadas, también son imprescindibles, pues su rol es el de estudiar y entregar información acerca de las preferencias de los consumidores a los agricultores campesinos.

Sellos: una alternativa de comercialización para la agricultura familiar

Una de las alternativas más ampliamente estudiadas y desarrolladas para diferenciar ante los ojos de los consumidores a los productos provenientes de la agricultura familiar campesina a nivel mundial es la adopción de marcas o sellos que certifiquen y aseguren un determinado atributo de estos productos, dándoles ventajas comparativas que permitan a los pequeños productores insertarse en los mercados a través de la valoración de atributos específicos para los consumidores.

Por consiguiente, los sellos se transforman en una estrategia de comercialización que apela directamente a los consumidores, brindando información, destacando características de los productos, captando la atención pública y garantizando que un organismo certificador competente verificó la existencia de las características representadas por el sello.

Es así como gobiernos e instituciones a nivel mundial han promovido la utilización de denominaciones que destacan distintos atributos para promover la preferencia de los consumidores, tales como el origen campesino, ubicación geográfica, métodos de producción amigables con el medio ambiente o ligados a una determinada cultura o etnia, beneficios para la salud, estándares de calidad, etc.

En Sudamérica, resaltar mediante un sello de calidad características diferenciadoras de este tipo de productos aún es una práctica incipiente. Algunos ejemplos a nivel nacional son el “Sello de Origen” y “sello Orgánico” en Chile; el sello de “Producción Integrada” y “Sello Orgánico” en Argentina; “Alimentos con sello Campesino” en Colombia o el sello “Hecho en Bolivia. Consume lo nuestro” en Bolivia, además de otros en el resto de los países de la región.

La opinión de los consumidores

Pese a los esfuerzos destacados, todavía es escasala información con respecto al comportamiento o las preferencias de los consumidores sudamericanos por productos campesinos. Hasta la fecha, la información disponible señala que, si bien los consumidores se muestran dispuestos a adquirir este tipo de productos, no siempre están dispuestos a pagar un sobreprecio por ellos.

Por lo demás, estudios realizados en Chile, Argentina y Brasil señalan que los consumidores se muestran dispuestos a preferir este tipo de productos siempre que se cumplan ciertos estándares, como que se trate de productos funcionales, de calidad y origen campesino certificado. Ello se explicaría porque, para los consumidores, el criterio predominante al momento de elegir sus alimentos está relacionado con los beneficios para su salud y la de sus familias, lo que se expresa en buena calidad, presentación adecuada, inocuidad y valor nutricional de los productos de origen campesino. Es así como en Sudamérica la agricultura campesina, relacionada a métodos de producción libres de químicos, es asociada por los consumidores con la producción de productos sanos, naturales, nutritivos y sabrosos. 

Por otro lado, la importancia que dan los consumidores a la certificación refleja la necesidad de diferenciar los productos campesinos de aquellos provenientes de la agricultura a gran escala, los cuales muchas veces utilizan publicidad engañosa, además de no tener grandes diferencias en cuanto a su aspecto con aquellos provenientes de la agricultura a pequeña escala.

Considerando este escenario, es que se hace necesario fomentar la promoción de aspectos que hacen a los productos campesinos competitivos e incluso mejores que los industrializados a los ojos de los consumidores, tales como sus características organolépticas, su funcionalidad, origen local y origen campesino en general. Por consiguiente, la preferencia de los consumidores por productos campesinos está supeditada a que sean funcionales, de calidad y origen campesino certificado.

La responsabilidad de los consumidores

A pesar de que para la mayoría de los consumidores lo que motiva su compra es su propio beneficio, actualmente comienza a destacar un segmento de consumidores de alimentos que no sólo se preocupan por la forma como se produce el alimento que adquieren, sus características físicas, presentación, precio o calidad, sino también por quiénes se benefician de su compra.

Esta inquietud ha sido denominada como consumo ético o responsable por Harrison etal., y la manifiesta un tipo de consumidor que no sólo consume para satisfacer sus necesidades, sino que considera los efectos de su consumo sobre su entorno social y natural, siendo valores sociales e incluso emocionales o políticos los que motivan su compra.

Esta transformación en el consumo surge, entre otras razones, como consecuencia de las desigualdades y tensiones vinculadas a la globalización económica y el surgimiento de nuevos estilos de vida, en los que el consumo es parte dela construcción de las identidades individuales y grupales, además de buscar influenciar y ayudar a otros con estándares de vida menores.

De este modo, el consumo responsable se transforma en un componente de mercado, el cual posibilita la inclusión de la agricultura campesina en el comercio, favoreciendo la generación de ingresos por parte de los agricultores familiares campesinos. Dicho comportamiento podría ser promovido por los agentes responsables (instituciones internacionales, públicas o privadas), que destaquen un tipo de consumo diferenciado, el cual apela a la responsabilidad de los consumidores al momento de elegir sus alimentos, quienes aportarían a la mejora de los ingresos de un sector empobrecida, además de una sociedad más justa.

Sin embargo, ya sea promocionando aquellas características valoradas y preferidas por los consumidores o apelando a la responsabilidad de éstos, la agricultura familiar campesina que desea insertarse en los mercados y generar ingresos en base a esta actividad, debe considerar las preferencias y actitudes de los consumidores al momento de vender sus productos. Por ello, las instituciones públicas y privadas de apoyo a la agricultura campesina deben proporcionar información y recomendaciones de mercado claras y precisas, que posicionen en la mente de los consumidores a la agricultura campesina, los beneficios de sus productos y los beneficios sociales que implica su preferencia.

La alimentación y sus repercusiones nutricionales durante la etapa infantil son motivo de atención por padres de familia y educadores, al ser cruciales y determinantes dentro del desarrollo fisiológico y en el desempeño escolar de los niños. En el plano social, la alimentación es uno de los primeros procesos educativos de socialización y una extensión del contexto familiar respecto a la mentalidad sobre los alimentos y el hecho de alimentarse. Sin embargo, es difícil encontrar estas reflexiones más allá de los ámbitos muy especializados. Por eso resulta particularmente interesante el artículo que nos propone en esta oportunidad la antropóloga Claudia Terrazas.

En muchos casos, la alimentación escolar conserva y amplía muchos de los valores y significados adquiridos dentro de la alimentación familiar a la vez que puede, en ocasiones, contradecirlos (Nutrición y Alimentación en el ámbito escolar. J. Contreras et. al., 2012). En tal sentido, los hábitos y las costumbres alimentarias de la familia resultan de suma importancia. Por ello, la infancia es uno de los espacios donde se reproducen las preferencias alimentarias básicas por las que optan los miembros de las familias en los hogares, lo que en ocasiones puede producir efectos positivos como negativos en la nutrición y el estado de salud de los niños y niñas en edad escolar.

Por otro lado, en los procesos de alimentación intervienen varios factores e instituciones, que van desde los miembros de la familia hasta las políticas de gobierno, pasando por los servicios de salud, el mercado de alimentos infantiles, la escuela e incluso prácticas socioculturales de crianza (Contribución a la comprensión de la alimentación infantil. Salas et.al., 206:257).

Por esas razones, entre varias otras, definir cuáles son los mejores criterios que contribuyen a mejorar la alimentación escolar es un tema complejo. Pese a ello, hay varios aspectos sobre los cuales se puede dialogar.

Compromisos que se van gestando

Las iniciativas de algunos países de la región se conjugan con manifestaciones en diferentes instancias internacionales que vislumbran nuevos compromisos  para mejorar la calidad nutricional y regular el consumo de comida chatarra en los recintos escolares.  Estas apuestas se materializan con la creación de leyes, decretos y programas y, en muchos casos, la puesta en discusión del tema dentro de las agendas gubernamentales, para promover una alimentación saludable además de la prevención de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

Acciones similares se visualizan a través de la regulación de la venta de productos en los recintos escolares, así como de la incorporación de alimentos saludables en su oferta. Distintos nombres definen a esta iniciativa, uno de los más difundidos es el de “kioscos saludables”, instalación de puestos especiales de venta de alimentos para la población escolar, que van acompañado de otras acciones, como la regulación en el contenido de las etiquetas, control de la publicidad alimentaria e impuestos especiales para este tipo de comida.

Kioscos saludables y la guerra contra la comida chatarra en Perú

En 2012 el Ministerio de Salud del estado peruano, a través de la resolución 908, estableció la aprobación de una lista de alimentos saludables para incorporarlos en los kioscos de los centros educativos. Entre estos alimentos figuran los cereales, las frutas y las verduras, y comestibles envasados que cuenten con registro sanitario y tengan bajo contenido en grasa, azúcares y sal.

El paraguas de esta resolución fue la oficialización de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, inmediatamente nombrada por los medios de comunicación como “Ley de la Comida Chatarra” que estableció entre sus principales alcances retirar de los kioscos de las escuelas los productos procesados además de incorporar una serie de candados a la publicidad que promueve el consumos de alimentos con alto consumo de azúcar, sal y grasas.

Uruguay y la promoción de hábitos alimenticios saludables

El año 2014 el gobierno uruguayo emitió resoluciones que prohíben y suprimen la comida chatarra dentro de las escuelas públicas. El proyecto se estuvo tratando desde el 2012, en el marco de la Ley N° 19.140, que establece la protección de la población infantil y adolecente que asiste a los establecimientos escolares públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables. 

Las acciones supervisadas por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y la administración Nacional de Educación Pública, incluyeron el desarrollo de una lista de alimentos convenientes para vender en las instituciones educativas, y entre los que figuran jugos naturales, postres elaborados con leche, frutas y cereales.

Brasil y la regulación en los comedores escolares

El Senado de Brasil dio el visto bueno a un proyecto de ley mediante el cual se prohíbe vender comida “chatarra” en los colegios públicos, como una forma de disminuir los altos índices de obesidad infantil que confronta ese país.

La norma, que debe ser aprobada también por la Cámara de Diputados, se propone sancionar a los comedores escolares que vendan bebidas con bajo contenido nutricional, alimentos muy azucarados o con mucho sodio y grasa saturadas.

Ecuador y el sistema de etiquetado de los alimentos

El gobierno ecuatoriano implementó un sistema de etiquetado con información nutricional que entró en vigencia en noviembre del año 2013, con el fin de dar a conocer de forma clara el contenido nutricional de los alimentos.

El método está inspirado en las luces de los semáforos, señalando con un círculo rojo los altos niveles de sal, azúcar y grasa. La medida se complementa con regulaciones respecto a la publicidad de los productores industriales de alimentos que suelen emplear imágenes de animales, caricaturas, personajes y celebridades para promover productos con alto contenido de sal, azúcar o grasa.

Los mensajes educativos, en cambio, muestran una clasificación que establece tres grupos: alimentos y bebidas naturales o mínimamente procesados, alimentos procesados envasados que cumplan con los límites establecidos en cuanto al contenido calórico y nutrientes y alimentos de preparaciones envasadas en el punto de venta. Todo ello establece que, más que limitar la venta de los productos a la venta, se trata de establecer cómo y en qué cantidades éstos deben consumirse.

Complementariamente existe la medida de entregar a los alumnos bandejas alimenticias, para que los menús cumplan con los lineamientos que marca la Ley. Complementariamente, se recomienda suprimir los saleros de los comedores de los centros educativos, evitando que las y los consumidores agreguen condimentos a los platos ya elaborados. Por otro lado, en coordinación con los padres de familia, se intenta regular que las y los niños no lleven a la escuela alimentos prohibidos en la lista, fomentando, en cambio, el consumo de frutas y otros alimentos sanos.

Chile y el sistema de etiquetado con información nutricional

En el caso chileno también existe una regulación de la rotulación, comercialización y la publicidad de los alimentos procesados, a través de la promulgación de la Ley Nº 20.606 de Composición de los Alimentos y su Publicidad, más conocida como la Ley Súper 8, que entró en vigencia el año 2013. El nombre de la Ley hace referencia a un chocolate chileno tradicional que es consumido especialmente por los escolares.

A comienzos del año  2014 se definió que los productos calificados como poco saludables deben llevar en su envase una etiqueta que alerte a los consumidores. La nueva Ley de etiquetado de alimentos también regula la publicidad y ganchos comerciales.

Entre los mayores impactos de la Ley está que todo lo que sea rotulado como alto en sodio, azúcar, energía o grasas saturadas no podrá venderse en los kioscos de colegios de educación básica, media  y parvularia. 

Manual de Kioscos saludables en Argentina

En Argentina, la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles,  en coordinación con el Ministerio de Educación, presentó el año 2013 un Manual de Escuelas Saludables, con el objetivo de que se transforme en una herramienta educativa y de auto regulación de los establecimientos educativos y que sea, al mismo tiempo, soporte de legislaciones provinciales.

El manual contienen recomendaciones sobre qué productos ofrecer, cuáles no y cuáles pueden ofertarse pero bajo determinadas condiciones dentro. Esta iniciativa se encamina hacia un proyecto de ley sobre kioscos saludables. Entre los mayores impactos de la Ley está que todo lo que sea rotulado como alto en sodio, azúcar, energía o grasas saturadas no podrá venderse en los kioscos de colegios de educación básica, media  y parvularia. 

Bolivia, iniciativas a nivel municipal: Recreo saludable

En el caso boliviano, la Unidad de Alimentación Complementaria Escolar (UNASE) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, puso en marcha el programa piloto "Recreo saludable”, por el cual un día a la semana los kioscos de las escuelas deben vender frutas.

El año 2013 se implementó el programa de forma generalizada, con el objetivo de incentivar los consumos de alimentos nutritivos durante uno o dos días a la semana, para mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes. Para reforzar el programa, a los dueños de kioscos se les imparten talleres sobre la buena nutrición de los escolares.

El programa se implementa con la conformación de una comisión de personas especialistas en nutrición y salud, quienes organizarán y monitorearán el cumplimiento de la jornada del recreo saludable. De igual manera, se trabaja actualmente en un proyecto de normativa que regule la venta en kioscos, tanto dentro como fuera de los recintos escolares.

De la casa a la escuela: principio de responsabilidad

Las iniciativas mencionadas son avances que merecen seguimiento, porque aunque son  iniciativas interesantes, aún son parciales y deben ser acompañadas por otras instancias y actores. En tal sentido, la responsabilidad, que en ocasiones recae solamente en el sistema escolar, debe ser  compartida por los padres o los miembros de la familia encargados del cuidado de los niños. Complementariamente, es fundamental la responsabilidad empresarial, ya que los contenidos de la  publicidad son determinantes en la conformación de hábitos alimenticios perjudiciales para los escolares.

Una alimentación escolar pensada desde lo nutricional en complementariedad con el contexto sociocultural y acciones enfocadas en la incorporación de nuevas preparaciones debieran también proponer la revalorización de las preparaciones locales. Asimismo, queda como tarea pendiente la propuesta educativa  de integrar a la curricula temas relacionados con la alimentación y su importancia para el desempeño escolar y la salud de los escolares.

La tarea es ardua, ya que estamos bombardeados por publicidad alimentaria que privilegia el consumo y busca reducir el gasto en la producción de alimentos, criterios que se anteponen a cualquier requerimiento nutricional en favor de  la salud. Quedan pendientes investigaciones respecto a las prácticas alimentarias en los recintos escolares y sobre la influencia de los factores socioculturales que complementan la tendencia de los estudios con enfoque médico y económico que muy pocas veces explican el porqué de determinados hábitos alimentarios.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Entre el 12 y el 14 de noviembre de 2014, en la ciudad peruana de Puerto Maldonado, se llevó a cabo un conversatorio entre múltiples actores denominado “Dinámicas transfronterizas y modelos alternativos de desarrollo en la Amazonía” organizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en Bolivia y por CARITAS Madre de Dios en Perú, dentro del marco del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, con el propósito de reflexionar acerca de los problemas y los retos a los cuales se enfrentan las poblaciones y los territorios fronterizos, particularmente aquellos que conforman la triple frontera amazónica de Bolivia, Brasil y Perú. El presente artículo pretende, en base a lo discutido en dicho evento, describir algunos de los principales problemas que enfrenta esta región y argumentar algunas preguntas y desafíos que surgen a partir de este debate.

La Amazonía transfronteriza entre Bolivia, Brasil y Perú, desde una perspectiva más o menos compartida, está compuesta por el Estado del Acre en Brasil, especialmente los municipios del Alto Acre; el departamento de Madre de Dios en Perú, y el departamento de Pando y la parte norte de los departamentos de La Paz y de Beni en Bolivia. La zona de triple frontera abarca alrededor de 40 millones de hectáreas donde vive más de un millón de personas distribuidas en cuatro ciudades principales: Rio Branco en el Brasil, Cobija y Riberalta en Bolivia y Puerto Maldonado en el Perú, además de varias ciudades intermedias y una importante población en el área rural.

La región se halla determinada por una serie de políticas de desarrollo y patrones de uso y aprovechamiento de la tierra y otros recursos naturales que en general, son similares para toda la gran Amazonía de Brasil, Perú y Bolivia.

En los tres países la Amazonía ocupa la mayor parte del territorio nacional (75%, 58% y 74% para Bolivia, Brasil y Perú, respectivamente) y dada su condición de macro cuenca, lo que sucede en un país tiene impactos en los otros, siendo más visible esta situación cuando se trata de agua.

A pesar de que en los tres países varios pueblos indígenas han gestionado y consolidado territorios amazónicos y es posible encontrar importantes áreas establecidas como reservas y zonas de conservación ambiental existe, a la vez, una significativa cantidad de concesiones forestales y explotaciones ilegales de madera. Tal situación se ha visto profundizada en los últimos años debido a nuevos procesos de asentamientos humanos con diversos niveles de control.

Asimismo, otros aspectos contrastan con las políticas conservacionistas que existen en cada país, reflejando claramente la cualidad extractivista del modelo de desarrollo preponderante en la región, como la creciente explotación de oro y otros minerales, el incremento de áreas de exploración y explotación hidrocarburífera, la ampliación de la red de carreteras asfaltadas dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la notable inversión, principalmente en el Brasil, dirigida a la construcción de represas para la generación de electricidad en la Amazonía.

Más allá de los discursos

En un escenario como éste, hay que considerar que, en general, las estrategias de inversión en infraestructura priorizadas por los Estados privilegian otras zonas de intervención pública, primariamente aquellas ubicadas más al norte: en el eje cardinal del IIRSA (Manaos y otras ciudades industriales importantes) y en el nacimiento de los principales afluentes de la cuenca. Sólo recientemente se tiene una carretera asfaltada que une la ciudad peruana de Puerto Maldonado en la frontera con Brasil y Bolivia. Por otro lado, las inversiones estatales ligadas a la agroindustria (soya y oleaginosas) están diseñadas para articular en futuro cercano al Brasil con puertos chilenos y peruanos a través del centro de Bolivia, al sur de la zona transfronteriza Bolivia, Brasil, Perú.

Considerando esto, el interés gubernamental por la región parece ser marginal en términos productivos y de desarrollo. En todo caso, si ha habido alguna intervención, se ha debido principalmente para establecer soberanía nacional en la frontera y sentar presencia de Estado. En este escenario, complejo y con intereses contrapuestos y contradictorios, las perspectivas para encarar un desarrollo rural que permita a comunidades campesinas e indígenas mejorar sus condiciones de vida son más complicadas que en otras zonas de los tres países.

Por un lado, a pesar de la existencia de importantes avances en términos de reconocimiento legal y constitucional de derechos territoriales de pueblos indígenas en Bolivia, su aplicación y ejercicio han venido decayendo en los últimos años en la medida en que la agenda desarrollista se ha sobrepuesto al discurso del “vivir bien”. Adicionalmente, las políticas de desarrollo hasta ahora no consideran a los territorios indígenas como espacios productivos, sino simplemente como escenarios de autodeterminación organizativa, por lo que las iniciativas de gestión territorial indígena no han sido apoyadas de manera consecuente. Tanto así que ahora se cuestiona su existencia por no contribuir a la producción agrícola nacional de alimentos, ya que se ignora o se desprecia su potencial agro forestal.

En el Perú, muy pocas comunidades indígenas han sido formalmente reconocidas por el Estado y es un tema aún pendiente en la lucha por la igualdad y la equidad en el acceso a la tierra y al territorio. La principal razón para ello es que se ha priorizado la dotación de concesiones forestales, mineras e hidrocarburíferas en zonas de población indígena.

Por una parte, Concepción muestra un municipio en el cual el poder político está ahora en manos de la población, que antes era relegada por los grupos de poder tradicional, y que actualmente, aún con grandes desafíos, plantea un cambio sustancial en el estilo de la gestión pública: con mayor calidad en la planificación, con transparencia y participación abierta de la población.

En Brasil existe cierto avance en el reconocimiento de territorios indígenas, pero los problemas con concesiones forestales y petroleras sobrepuestas a los mismos es similar. En ambos casos, se mira a Bolivia como un ejemplo a seguir en este tema.

Por el otro lado, en lo que se refiere al fomento de actividades productivas campesinas, se destaca una tradicional ausencia de políticas estatales respecto a las potencialidades de la zona en frutos amazónicos como el cacao, el copoazú y en silvicultura y agro forestería, salvo recientes intentos, como el caso de la intervención estatal boliviana con la castaña. Las carreteras y las grandes inversiones estatales benefician a la agroindustria de otras regiones, al comercio transoceánico o simplemente a las poblaciones urbanas de las ciudades intermedias de la región que han crecido de manera importante en los últimos años. Buena parte de los alimentos en estas ciudades son traídos de zonas tradicionales de producción agrícola, en las tierras altas del Perú y en Bolivia.

La gente marca el camino

Ha sucedido que el Estado se preocupó, principalmente por defender la frontera y controlar el espacio nacional, impulsando acciones esencialmente a nivel urbano en desmedro de lo rural. En estos términos, no se puede hablar de un apoyo a la pequeña producción agropecuaria familiar y menos a la seguridad y soberanía alimentaria de la población que vive en esta zona.

Este tipo de intervención con soberanía se decide normalmente en las instancias centrales del Estado, con ritmos lentos, ajenos a las necesidades inmediatas de la población y con un generalizado desconocimiento de la realidad y de la importante existencia de relaciones entre fronteras.

Los Estados desconocen que en lugares tan alejados, donde la presencia estatal ha sido tradicionalmente escasa, la gente encontró maneras informales y hasta paraestatales de satisfacer sus necesidades, de colaborar entre municipios y de apoyarse entre demandantes y prestadores de bienes y servicios. Y ahora, cuando se pretende una mayor presencia del Estado, las políticas y medidas que se toman no consideran estas situaciones y todas las relaciones de intercambio y de cooperación ya existentes.

Un par de ejemplos en la frontera Bolivia – Brasil dan cuenta de ello. Hasta hace algún tiempo, la libreta de vacunación contra la fiebre amarilla no era exigida a ningún ciudadano boliviano a la hora de pasar al Brasil. Ahora, a pesar de que el documento ya rara vez se exige en otros lugares del mundo, el gobierno boliviano solicita a todos los brasileños dicho certificado para ingresar al país. Por contrapartida, y por una cuestión de reciprocidad diplomática, el Brasil pide también el documento a todo boliviano que desee viajar a su país, lo que no sucede con la población peruana, que está libre de presentar ese requisito. Una situación similar se da en el caso de enfermos graves, que a veces eran trasladados solidariamente al Brasil para ser atendidos de emergencia, situación que actualmente no ocurre.

Por otro lado, en Brasil el precio de los carburantes es casi tres veces más alto que en Bolivia, por lo que hasta hace poco era normal que la gente de Brasileia y Epitaciolandia, ciudades literalmente contiguas a Cobija (sólo las separan sendos puentes), pasen al lado boliviano a comprar gasolina.  Ahora sin embargo, para evitar el contrabando, se ha prohibido la venta de carburantes a extranjeros en la ciudad boliviana y esto ha duplicado los precios del transporte público en las ciudades brasileras, lo que acaba también afectando a la población boliviana, que cruza a estas ciudades cotidianamente por diversos motivos. Esto genera un aumento del contrabando de gasolina hacia el Brasil, lo que motiva incluso el racionamiento del abastecimiento a la población boliviana.

Las políticas gubernamentales en zonas de frontera tienen por fuerza que considerar las realidades pluriculturales de la región, lo que implica también componentes en salud y en educación, ya que se trata de poblaciones que están interconectadas y que tienen mucho en común.

Para ello es importante que estas medidas se diseñen desde abajo, de manera participativa, con los actores de las fronteras, conciliando los intereses locales con los del Estado. Existe una larga lista de acuerdos, protocolos y convenios entre países fronterizos que no han podido ser aprobados o se aprueban pero no se aplican, porque las condiciones para ello simplemente no se dan en la realidad, porque no hay voluntad o no se conocen la realidad local y los contextos regionales para su aplicación.

Entre la administración y las entidades

La presencia estatal en las fronteras es fundamental, mucho más cuando estos espacios se han caracterizado por la ausencia del Estado, pero es importante que esto se diseñe de manera adecuada, ya que en territorios tan lejanos, con problemas tan específicos y necesidades tan concretas, a veces se puede llegar a cuestionar incluso la pertenencia misma al Estado en cuestión.

Para encarar de mejor manera esto se podría pensar en el reconocimiento de una identidad transfronteriza como elemento dinamizador del desarrollo; algo que aún es muy germinal. Es innegable que en la frontera Bolivia, Brasil, Perú existen ciertos sentimientos comunes, ciertos elementos identitarios, de poblador de frontera, pero queda todavía por discernir si se trata de una idea construida a partir de la existencia de necesidades económicas, sociales y políticas no satisfechas en los tres países que aglutinan a una población que tiene sus propias diferencias o si, realmente, se trata de una noción de identidad que existe incluso previamente a la expresión de sus necesidades y que, en todo caso, se basa en elementos varios ordenes, además de lo cultural.

Las identidades, que pueden ser sobrepuestas e incluso contrapuestas en un mismo sujeto, se construyen a partir de ingredientes aglutinadores o para contraponerse a un adversario en común, y esto es algo que todavía queda por estudiar en esta zona.

Adicionalmente a la concepción de una identidad transfronteriza está la de un territorio transfronterizo que pueda ser la base para la generación de políticas trinacionales de desarrollo. Esta idea es mucho más ambiciosa, ya que, además de determinar su existencia, habría que trabajar en las posibilidades reales de articular medidas estatales de tres países con una mirada común. Sin embargo, pueden adelantarse algunas sugerencias.

En primer término, se puede afirmar, a partir de la observación, que en determinados espacios, principalmente políticos y profesionales, ya existe la percepción de la presencia de un territorio compartido. Es el caso de la iniciativa Madre de Dios, Acre y Pando (MAP), que plantea ese espacio de planificación territorial del desarrollo en la región. Subyace a esta propuesta la convicción de que, al menos desde lo político, los acuerdos fronterizos locales están basados en necesidades cotidianas que es preciso satisfacer, lo que pueden contribuir a forjar una identidad local. La gente en la región tiene una vida urbana y rural al mismo tiempo; por lo tanto, el poder se forja en espacios mixtos que luego se podrían articular en una red de ciudades para alcanzar propuestas de gobernanza transfronteriza en varios aspectos si es que los acuerdos entre Estados no prosperan.

Por otro lado, sin embargo, el común de la gente en las comunidades rurales y en los barrios no se piensa como parte de una unidad territorial, social y económica entre los tres países, sino que la construcción de su identidad y de su espacio es más bien local y, en todo caso, nacional. Es probable que el desconocimiento de las realidades vecinas pueda ser mayor al que se supone que es, a pesar de que existen lazos familiares, comerciales y laborales entre la población de los tres países.

Pero es determinante que en cada uno de los tres países, la Amazonía es considerada una zona marginal y, en general, desconocida e ignorada por la población. Esta situación debe cambiar.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El autor del presente artículo comparte con las y los lectores de la serie Diálogos sus reflexiones sobre una mayor comprensión de los procesos de descentralización en la región sudamericana desde la perspectiva de desarrollo rural y las implicaciones de lo que describe como un proceso en el que se ha “asimilado importantes instrumentos teóricos y prácticos para apoyar acciones de desarrollo local desde el marco de la acción institucional”, en el proceso generado a partir del intercambio de un grupo de profesionales de diversas organizaciones de desarrollo de Latinoamérica, en un ciclo de reflexión conjunta que incluyó visitas de campo y entrevistas con actores sociales de gobiernos locales y líderes de comunidades campesinas en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.

El contexto sobre descentralización y desarrollo local de la mayoría de los países sudamericanos muestra tendencias relevantes que debemos considerar reflexivamente. Entre varios destacan los fenómenos crecientes de urbanización sin una adecuada zonificación del territorio ni planificación de las ciudades que relegan los vínculos con lo rural o sencillamente los ignoran en los procesos de planificación y gestión de políticas públicas.  

Destacan también los efectos del cambio climático, que impactan en las actividades productivas, sin que la gestión pública prevea acciones para minimizar los riesgos ni acompañe el desarrollo productivo, aunque se reconozca la relevancia de una estrategia de generación de excedentes para dar sostenibilidad al desarrollo territorial. Otro aspecto es la débil institucionalidad, que requiere la participación activa de diversos actores sociales, comunidades, partidos y movimientos ciudadanos convergiendo en una visión de futuro común del territorio.

En este marco, en cada país el proceso de descentralización y participación ciudadana toma diferentes matices, influenciados por diversos intereses según los grupos que detentan el poder. Descentralización por descentralización no es siempre la respuesta, es importante analizar los intereses políticos y económicos de quienes finalmente conducen el proceso.

Interconexiones

Al analizar diferentes experiencias en la región, percibimos la importancia de los vínculos del proceso de descentralización con una propuesta política y el necesario soporte de los movimientos sociales. La experiencia Boliviana de luchas y movimientos reivindicativos nos confirma que, finalmente, se logran modificaciones a la Constitución y que, pese a sus limitaciones y vacíos, se tiene un soporte normativo sobre el cual la población puede continuar con sus luchas, presionando e incidiendo para el cumplimiento de la ley. Esto constituye un gran avance y permite tanto la institucionalización del proceso de descentralización y participación como la legitimidad del mismo, en la medida que ha surgido de las bases y responde a una aspiración concreta de la población.

Este conocimiento se enriquece recogiendo las miradas desde las comunidades y del municipio de Concepción, en la Chiquitanía, departamento de Santa Cruz, Bolivia, a partir del acercamiento a  experiencias concretas, que aportan con varios elementos percibidos expresamente en esta dinámica.

Por una parte, Concepción muestra un municipio en el cual el poder político está ahora en manos de la población, que antes era relegada por los grupos de poder tradicional, y que actualmente, aún con grandes desafíos, plantea un cambio sustancial en el estilo de la gestión pública: con mayor calidad en la planificación, con transparencia y participación abierta de la población.

Se constata también la importancia de una articulación real entre sociedad civil y gobierno local, con propósitos comunes a los intereses de ambos lados. El desarrollo ahora no es solamente un tema urbano, sino que se articula a las comunidades con sus representantes en la gestión pública del municipio.

Esta forma de gestión se traduce en espacios efectivos de participación directa, en los cuales la población anteriormente limitada puede presentar sus demandas y hacer control social. De esta manera, la población de las comunidades canaliza sus demandas y prioriza proyectos tanto de carácter social como de desarrollo productivo. Las comunidades tienen referentes y estimulan el desarrollo de capacidades en la población para asumir roles y responsabilidades de gestión pública.

En consecuencia, el gobierno local ha mejorado su capacidad de respuesta frente a las demandas de la población, y ha desarrollado, además, capacidades técnicas para una mayor eficiencia en la gestión municipal implementando instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.

Desde las ONG…

En nuestras instituciones, aún con buenas intenciones, solemos orientar nuestro trabajo en un estilo tecnocrático, con el que la capacitación y el apoyo en los procesos de participación ciudadana terminan por hacer el juego y facilitar la aplicación de las directrices del ministerio del ramo (que en cada país tiene un nombre diferente) o del gobierno central, aun cuando al final del proceso la discrecionalidad de las autoridades deja de lado todo el esfuerzo generado y desconoce las prioridades de la población, causando frustración y desconfianza en el proceso de descentralización. Esto conlleva el desafío de ser más creativos y analíticos al momento de diseñar las estrategias de promoción y apoyo a los procesos de descentralización.

Un esfuerzo que amerita mayor énfasis es generar cambios en los criterios de acción de la población, por ejemplo incidir en capacitar a niños y jóvenes, formándolos con nuevos enfoques y conceptos, con mayor capacidad analítica para leer las tendencias sociales, económicas y políticas en los países y las regiones, apostando por una nueva generación de líderes políticos, estadistas, dotados de conceptos, metodologías e instrumentos y nuevas actitudes y valores.

En cada caso es necesario reconocer al sujeto de la intervención: productores campesinos, miembros de las unidades de agricultura familiar, pequeños productores o cualquier otra denominación con la que se reconoce a productores que son, a la vez, ciudadanos con derechos y deberes políticos. Se trata de miembros de un sector que deben liderar el proceso, para contribuir con su dotación de las competencias necesarias que lo empoderen y permitan su avance hacia una participación efectiva en los espacios de decisión política. En la mayoría de casos, éste se relaciona con sectores de pequeños productores o sectores de población en marginación, que necesitan ser visualizados y reconocidos en su existencia y sus derechos.

Cobra relevancia el aspecto cultural. Para los países sudamericanos, la interculturalidad se vuelve un elemento imprescindible, especialmente para el tratamiento de zonas con sectores de población nativa, vinculada con territorios comunales y aspectos estratégicos de biodiversidad, que constituyen parte de la vida integral de estas poblaciones. Debemos analizar con madurez su racionalidad y lógica de relaciones con sus sistemas socio-económicos y ambientales, en los cuales hacen su vida y sobre los cuales construyen su identidad y reclaman su reconocimiento; esto requiere de una gran sensibilidad social y ambiental, por encima del lucro o desarrollo económico frío.

Ello implica mejorar nuestras estrategias para la incidencia política, no soslayar el rol político que podemos jugar como entidades con capacidad de establecer redes y alianzas estratégicas, para cuestionar y proponer alternativas en favor de la equidad, la justicia y la defensa de los derechos de las personas y grupos vulnerables.

Más hilos de la madeja

Las organizaciones de desarrollo debemos mejorar nuestras estrategias para trabajar el tema de la descentralización desde la perspectiva de desarrollo rural territorial. Para esto es necesario agudizar nuestras capacidades y, por tanto, invertir en conocimiento y lectura del contexto, de las relacione entre los agentes económicos, formar personal especializado e identificar nuestro rol como actores sociales en un territorio.

Actualmente es de particular relevancia ampliar nuestras redes de conocimiento e intercambiar ideas y experiencias entre pares de los países de la región. Debemos profundizar el conocimiento de los procesos latinoamericanos y asumir una actitud crítica de las propuestas y estrategias de los gobiernos en torno a la descentralización.

Por otra parte, sigue en agenda apoyar procesos de planeamiento y acondicionamiento territorial (PAT) y los de planeamiento urbano, en el marco de los planes estratégicos locales, regionales y nacionales, con la finalidad de priorizar y encontrar el eje conductor del desarrollo en cada territorio, en torno al cual se desarrollarán diversos elementos complementarios y conglomerados que hagan posible la generación de excedentes para la sostenibilidad de las dinámicas socio-económicas del territorio.

Debemos considerar que el fin de la descentralización es el bienestar de la población “el vivir bien” como se dice en algunos discursos políticos. Esto supone abrir nuestros sentidos a la complejidad de relaciones que se ponen en juego y mantener nuestros principios y valores coherentes con nuestra misión y visión de desarrollo.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En los países de Sudamérica, muchas veces las políticas de Estado referidas al acceso, propiedad y uso de la tierra se limitan a planes o a leyes, dejando de lado la perspectiva integral que debe vincular ambos instrumentos para hacerlos verdaderamente eficaces. En el presente artículo la autora comparte su visión sobre el reciente proceso ecuatoriano argumentando, a través del ejemplo, la necesidad de contar al mismo tiempo con un plan y un marco legal consistentes, que hagan efectiva una voluntad de equidad para que ésta no se quede en el discurso.

En el nuevo siglo, pese a lo que acaso ciertos eruditos agrarios pensaron, la demanda por la tierra a través de mecanismos informales de acceso continuó siendo imperativa para muchas familias pobres.

Se calcula que en la costa ecuatoriana aproximadamente 15 mil familias ocuparon y permanecieron en predios rurales abandonados por sus antiguos dueños-banqueros, responsables de la crisis bancaria vivida en el Ecuador a finales del siglo pasado (Natalia Landívar y Milton Yulán). Monitoreo de políticas de redistribución de tierra estatal y el derecho a la alimentación de posesionarios, Informe 2010. Unión Tierra y Vida y FIAN Ecuador).  

Eso confirmó la observación hecha para mediados de los años noventa acerca de que las formas informales de acceso a la tierra se habían convertido en el “único mecanismo que tienen las familias campesinas para sustentar estrategias de sobrevivencia que los protejan de los resultados de las políticas de ajuste y de las implicaciones que ellas tienen en el mercado laboral urbano” (Compañía Técnica Agropecuaria y FAO. Mercado de tierras en Ecuador. En: Mercado de tierras en el Ecuador: Estudio integrado, regiones Litoral y Sierra: 95-119. Roma: COTECA y FAO, 1995).

Un plan sin pena ni gloria

Desde Octubre de 2009 hasta diciembre 2013 se implementó en Ecuador el Plan de Fomento del acceso a tierras de los productores familiares en el Ecuador, más conocido como “Plan Tierras”. Tenía como objetivo la intervención de aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de tierra, que incluía las que estaban en manos del Estado. Como era de esperar, el Plan generó grandes expectativas, luego de las tibias reformas agrarias de los años 1964 y 1973, y del completo abandono de políticas de redistribución de tierra dirigidas por el Estado durante el período neoliberal.

Más aún, una medida como ésta parecía revolucionaria toda vez que buscaba, en apenas cuatro años, reducir de 0,80 a 0,70 el actual coeficiente de Gini de la desigualdad en la distribución de la tierra (MAGAP: 2009). Las palabras del presidente Correa en el discurso de apertura del V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC) de Octubre de 2010 fueron elocuentes: “(en) Ecuador no se necesita una reforma agraria, se necesita una verdadera revolución agraria" para “inaugurar la justica en los campos ecuatorianos”  (Vistazo 2010. Correa se compromete a radicalizar la transformación agraria en Ecuador. En: http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=12239).

Tres años después, en abril de 2013, en un acto público, el Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria afirmó que el Plan Tierras habría entregado a la fecha alrededor de 22 mil has a organizaciones campesinas de todo el país. “La meta es entregar 60 mil hectáreas hasta finales del 2013” según el funcionario (Boletín de la Dirección de Comunicación del MAGAP en:http://www.agricultura.gob.ec/magap-transfirio-81004-hectareas-a-79-familiasdemanabi/d).

Sin embargo, más allá de estos datos cuantitativos anuales, no existen hasta ahora de datos oficiales que hayan sido publicados y que den cuenta del alcance en la redistribución de la tierra en los cuatro años de ejecución del Plan Tierras, y si efectivamente este haya alcanzado sus objetivos iniciales.

Además, pese al mandato y el plazo que estableció la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) de 2009, en todo ese tiempo faltó un proceso que aprobara una nueva ley de tierras más acorde con los principios establecidos en la Constitución de 2008. Por esta razón, el Plan Tierras se desarrolló bajo los lineamientos de la Ley de Desarrollo Agrario (LDA) implementada del año 1994. Como en otros países de América Latina, esta ley fue implementada en el período más fuerte del neoliberalismo y consolidaba, entre otros, la liberalización del mercado de tierras.

En su contenido literal, el Plan Tierras incluyó elementos que subyacen a una política de tierras enmarcada en la teoría de un periodo post neoliberal. Entre estos, se incluía la priorización a las poblaciones sin tierras más necesitadas, la titularización asociativa, la venta a un precio social, y el acompañamiento integral a los grupos beneficiarios con apoyo técnico, crédito y proyectos productivos. Además, el Plan otorgaba un fuerte papel a la institucionalidad, a través de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria (SSTRA) y el involucramiento de la sociedad civil mediante un consejo de veeduría campesina (SENPLADES. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y organización, 2010. En: http://blogpnd.senplades.gob.ec/?p=3299). Por lo demás, se planteaba implícitamente la posibilidad de fortalecer otro modelo de producción que trascendiera el modelo de producción convencional que ha predominado a lo largo del desarrollo capitalista en el campo.

Las asociaciones posesionarias beneficiadas, sin embargo, terminaron por comprar los predios a precios comerciales bajo condiciones rígidas de mercado a través del mecanismo usual de compra-venta de tierras, “al más puro estilo del mercado de tierras neoliberal” (Natalia Landívar, Mario Macías y Milton Yulán (2013). Monitoreo de políticas de políticas de tierra y el derecho a la alimentación en Ecuador, Informe 2013. Quito: Unión Tierra y Vida y FIAN Ecuador).

Luego de cuatro años de su implementación, a partir de enero de 2014, se reemplazó el Plan Tierras por el proyecto Acceso a tierras de los productores familiares y legalización masiva en el territorio ecuatoriano (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y organización. 2014. En: http://blogpnd.senplades.gob.ec/?p=3299).

Un mal ejemplo

Una reciente investigación ha evidenciado los problemas de la aplicación del Plan tierras a partir del caso de los beneficiarios de dos lotes de la hacienda Las Mercedes, ubicada en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas. El Plan no garantizó una estrategia campesina que permita avanzar hacia una reestructuración agraria sostenible. La entrega de títulos de propiedad asociativa a cuatro organizaciones en el año 2012 evidenció prácticas sin las técnicas adecuadas, demagógicas y hasta de mala fe por parte de ciertos funcionarios públicos de instituciones en sucursales regionales.

El carácter demagógico del anuncio del Plan Tierras generó falsas expectativas, incluso en personas tradicionalmente vinculadas a la especulación de tierras, que no dudaron en participar en el proceso, como lo muestra la entrada de grupos de conocidos invasores de la ciudad de Guayaquil quienes, a través de un contubernio con la fuerza militar y ciertos funcionarios de las instituciones responsables, generaron un fuerte clima de violencia dentro de la hacienda.

Los problemas evidenciados son varios, como la falta de una programación de los pagos de la hipoteca adecuada a la realidad productiva de los campesinos, incoherencias en los documentos legales y desacuerdos y contradicciones entre las instituciones; la injerencia en la autonomía organizativa de las asociaciones, la imposición desde arriba de cuestiones trascendentales como las formas de tenencia, producción, organización, entre otros aspectos.

El trabajo hace notar que muchas de las estrictas condiciones de pago establecidas en la hipoteca que han asumido las asociaciones responden más a una lógica bancaria-empresarial que a una enmarcada en la promoción de la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. Las condiciones climáticas volátiles y la falta de apoyo estatal en el acompañamiento técnico, la infraestructura, especialmente de riego, el crédito productivo y los canales de almacenamiento y comercialización justos, seguros y confiables, han generado pérdidas en las dos cosechas de los inviernos pasados a los campesinos.

Todos estos son factores que inciden directamente en la capacidad de pago de las asociaciones y coloca a sus integrantes en una situación de total desprotección. A partir del próximo año, las asociaciones comenzarán a pagar la deuda por la tierra y si se mantienen las condiciones actuales, no podrán cumplir con sus obligaciones.

La investigación mencionada concluye en que al Estado y sus instituciones les ha faltado no solo la coherencia para viabilizar los preceptos de la soberanía alimentaria, sino la voluntad política para fortalecer una estrategia campesina de largo plazo. Por todo ello, la venta de la hacienda Las Mercedes es un ejemplo… a no seguir (Natalia Landívar. Conflictos agrarios y estrategias campesinas en el actual contexto político: el caso de la Hacienda las Mercedes en la provincia de Guayas. Quito, 2014. Sin publicar).

Lo que falta

Ecuador está a las puertas de aprobar una nueva ley de tierras que debiera constituirse en el marco que guíe la política de revolución agraria y que rompa la lógica de planes y programas clientelistas.

Lamentablemente, el proceso de elaboración de la ley ya ha sido cuestionado por su inconstitucionalidad y por su carácter cerrado, apurado e inconsulto. Sin embargo, todavía está por verse si las organizaciones sociales, especialmente aquellas que han mantenido su independencia y autonomía, consiguen generar alianzas fuertes que consigan establecer disposiciones claras en este cuerpo legal que rompan la lógica de la mercantilización de la tierra y la liberalización del mercado de tierras.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

La ciudadanía boliviana acaba de darle un nuevo y rotundo si a la presidencia de Evo Morales, a través del voto. En ese marco, es oportuno reflexionar sobre algunas de las tensiones que la gestión del mandatario ha tenido en los años anteriores y presumiblemente seguirá enfrentando en los próximos. El autor del presente Diálogos expone las tensiones irresueltas entre la creciente explotación minera y los derechos campesinos indígenas.

En los meses de marzo y abril de 2014, los cooperativistas mineros, que en su mayoría son de origen indígena campesino, realizaron bloqueos de caminos para presionar a la Asamblea Plurinacional boliviana para conseguir la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia. La movilización de los cooperativistas demostró a la sociedad boliviana en su conjunto y particularmente a los pueblos y naciones indígena originario campesinos, la inconstitucionalidad del proyecto, a pesar de que contaba con el consentimiento y aprobación del órgano ejecutivo.

Bajo presión

La Ley fue aprobada por la Asamblea Plurinacional el 28 de mayo de 2014. Un antecedente cercano a esta nueva norma fue la Ley Nº 1777, conocida como Código de Minería, del 17 de marzo de 1997, aprobada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la cual evidentemente respondía a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de 1967 y al periodo neoliberal implementado mediante el tristemente famoso Decreto Supremo Nº 21060, del 29 agosto de 1985, que se caracterizó por implementar la privatización de las empresas, de los recursos naturales no renovables, el cierre de la minería estatal y el despido de más de 30.000 mineros, mediante la mal llamada “relocalización”.

Los mineros relocalizados fueron los promotores de la organización de las cooperativas mineras en los yacimientos semi agotados y con mineral de baja ley que habían sido parte de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), aunque antes del D.S. Nº 21060 ya existían cooperativas en las minas de Bolsa Negra (La Paz), Siglo XX (Potosí), Huanuni (Oruro), Kami (Cochabamba) y en otras minas de propiedad de COMIBOL.

Los cooperativistas mineros, cuyo origen está en la minería nacionalizada en octubre de 1952, no cuentan con los recursos económicos y con la tecnología apropiada para la explotación, por lo que realizan su actividad en condiciones insalubres y peligrosas, que dañan su salud y su integridad física, a pesar de que el artículo 33 de la Constitución Política del Estado señala que “Las personas tiene derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse normal y permanentemente”. Por ejemplo, en la época de la minería nacionalizada, muchos cooperativistas fueron llamados “fucus” (Búhos, que roban el mineral).

En su libro Réquiem para una República, de hace 45 años, el escritor boliviano Sergio Almaraz decía: “Hay que conocer un campamento minero en Bolivia para descubrir cuánto puede resistir el hombre. ¡Cómo él y su familia se prenden a la vida! En todas las ciudades del mundo hay barrios pobres, pero la pobreza en las minas tiene su propio cortejo: envuelta en un viento y un frio eterno, curiosamente ignora al hombre….El mineral se los extrae y limpia pero la tierra se ensucia…Esta vida no puede resistir mucho tiempo. Los obreros de 38 años ya son viejos. Por cada año de trabajo en minas profundas, calurosas, mal ventiladas, envejecen tres. Las partículas de sílice producidas por los taladros al perforar la roca, quedan adheridas en los pulmones endureciéndolo gradualmente hasta producir la muerte lucida y lentamente…”.

Esta descripción, a 17 años de la victoriosa insurrección de abril de 1952, habla de la situación de los mineros explotados por los denominados Barones del Estaño (los empresarios Patiño, Hochschild y Aramayo). Los mineros jugaron un papel fundamental en el triunfo de la insurrección, que dio origen a cambios profundos en la vida política, económica, cultural y social de Bolivia. Pero todavía hay cuentas pendientes, y una de ellas es, precisamente, la tensión entre la explotación minera y los derechos campesinos indígenas.

Tensiones sin resolver

En Bolivia, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, y garantiza su libre determinación, entendida como el derecho a determinar libremente su condición política, su desarrollo económico, social, cultural y su derecho a la autonomía. Por tanto, los pueblos y las naciones indígena originario campesinas son sujetos de vital importancia para la construcción de una Bolivia con justicia y equidad para “Vivir Bien”.

La recientemente aprobada Ley Nº 535, Ley de Minería y Metalurgia, de 28 de agosto de 2014, no logra liberarse del modelo neoliberal y no responde a los preceptos de la nueva CPE (que data del año 2009), porque gran parte de su contenido proviene del antiguo Código de Minería, más al contrario, viola los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígena originarios campesinos. Hay varios ejemplos de esto. Uno es el artículo 99, numeral II de la Ley, que criminaliza los actos de las naciones y pueblos indígena originaria campesinas, porque señala que “las personas colectivas o naturales que realicen actos que impidan el ejercicio de los derechos mineros, serán pasibles a sanciones establecidas en la normativa vigente”.

Otro ejemplo está en el artículo 5, donde se señalan los principios de la norma y, entre éstos, la “Responsabilidad Social en el aprovechamiento de recursos mineros en el marco del desarrollo sustentable, orientado a mejorar la calidad de vida de las y los bolivianos” y la “Sustentabilidad del desarrollo del sector minero, a través de la promoción de inversiones”. Sin embargo, el artículo 342 de la nueva CPE señala que “la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudiera afectar a la calidad del medio ambiente”. Como es evidente, esa disposición constitucional no es respetada en la Ley de Minería y Metalurgia.

La minería que se desarrolla en el país siempre ha generado irreparables daños al medio ambiente, fundamentalmente con el suelo, el agua y la biodiversidad, de los cuales son beneficiarios los pueblos indígena originario campesinos, ya que el artículo 30 numeral II, inciso 10, de la CPE, señala que tienen “derecho a vivir en una medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”. Por tanto, el principio de la “Responsabilidad Social… orientado a mejorar la calidad de vida de los bolivianos y boliviana” no se cumple y las naciones y pueblos indígena originario campesinos realizan acciones para expulsar a los que dañan su medio ambiente. En este sentido, a raíz de un conflicto minero de los comunarios de Zongo, del departamento de La Paz, hay una Sentencia Constitucional  Plurinacional, la del 0874/2014, del 12 de mayo de 2014, que reconoce la competencia de las autoridades originarias en el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina.

Con ley pero con trampa

En la actualidad, muchas poblaciones, comunidades y naciones indígena originaria campesinas de los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija y La Paz se movilizan periódicamente contra la contaminación de la actividad minera, provocada por empresas públicas y privadas, a pesar de que la Ley Nº 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, de 15 mayo de 2012, que en su artículo 1, sostiene que la ley tiene por objeto “establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando lacontinuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación”.

El artículo 347, numeral II, de la Constitución Política del Estado, señala que “Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales”.

Concordantemente el artículo 3 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien está “Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra; orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra; definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien”.

Pero las actividades mineras, sean comunitaria, estatales, privadas y cooperativas continúan dañando despiadada e irreparablemente el medio ambiente y afectando las condiciones de vida de los seres vivos, particularmente de los humanos. Una situación que ya describió Sergio Almaraz, en su artículo “Los Cementerios Mineros” que: “El mineral, contaminando el vientre de la tierra, la ha tornado yerma. A cuatro o cinco mil metros de altura donde no crece ni la paja brava, está el campamento minero. La montaña enconada por el hombre, quiere expulsarlo. De este vientre mineralizado, el agua mana envenenada. En los socavones el goteo constante de un líquido amarillento y maloliente llamado copajira, quema la ropa de los mineros. A centenares de kilómetros donde ya hay ríos y peces la muerte llega en forma de veneno líquido proveniente de la deyección de los ingenios. El mineral se los extrae y limpia pero la tierra se ensucia. La riqueza se troca en miseria”.

Como ejemplo real vemos que en el lago Poopó, del departamento de Oruro, la vida acuática ha desaparecido por lo que los pueblos originarios que viven en las orillas del lago y consumen lo que el lago les ofrece, han realizado marchas para exigir al gobierno que tome las medidas necesarias contra la contaminación minera, producida por empresas estatales, privadas y cooperativas (minas de Huanuni, Poopó, Bolívar y las plantas de beneficiado que se encuentran en Oruro), porque ha sido afectada su seguridad alimentaria y su salud, que son derechos reconocidos por la Constitución.

Dramas parecidos ocurren en el lago Titicaca y en el río Pilcomayo, donde la contaminación se eleva cada año, atentando contra la salud de las familias que viven a sus orillas y dañando la seguridad alimentaria de las comunidades, que en su mayoría vive y se alimenta de la pesca.

Derechos y obligaciones

Aunque las cooperativas mineras nacieron de la incapacidad estatal para crear fuentes de trabajo que cumplan con las disposiciones constitucionales, laborales, medio ambientales y de seguridad industrial, hay responsabilidades colectivas e individuales que deben ponerse en evidencia. Por ello, al analizar la Ley de Minería y Metalurgia, no sólo se deben tomar en cuenta las disposiciones legales, sino también las condiciones de vida de las poblaciones que viven  de la actividad minera y los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinas.

Los artículos inconstitucionales de la Ley deben ser evaluados y ajustados con la participación de los pueblos y naciones indígena originario campesinas, quienes tienen dominio ancestral sobre sus territorios, (suelo, agua y biodiversidad) y gozan del derecho a la libre determinación y a ser consultados mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas legislativas que pueden afectarles. El derecho a la consulta previa informada y obligatoria no puede ser dejado de lado, lo mismo que su derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios y a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

Es previsible que en el futuro inmediato las actividades mineras continúen siendo importantes en la economía boliviana, porque contribuyen a la generación de recursos económicos de una amplia población, pero, al mismo tiempo, también seguirán contaminando el medio ambiente y los recursos naturales.

Por ello, el Estado, dentro de un permanente dialogo inter e intracultural, debe cuidar tanto a cooperativistas como a las naciones y pueblos indígena originario campesinos y éstos, a la vez, reconocer y asumir sus propias responsabilidades para la construcción de una sociedad en el paradigma del “Vivir Bien”.

En definitiva, la nueva gestión de gobierno del Movimiento al Socialismo, presidida por Evo Morales,  tiene en su agenda pendiente establecer medidas y realizar acciones para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y cambiar paulatinamente nuestra matriz extractivista por una más sostenible.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

La descentralización sigue siendo un proceso de interés para las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de los países sudamericanos. En el presente artículo, el peruano Mario Rufino Trelles retoma las reflexiones de un grupo de profesionales de instituciones especializadas en desarrollo rural del área andina sobre el tema. El mensaje sigue siendo que, aun tratándose de una reforma ambiciosa y de múltiples dificultades, la descentralización no ha dejado de ser una aspiración democrática para los países de la región.

Han transcurrido más de dos décadas desde el inicio de frondosas discusiones y elevados esfuerzos por desarrollar nuevas dinámicas internas de descentralización en países como Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina y Perú con la finalidad de acercar el Estado a la población y mejorar sus condiciones de vida.

En ese lapso no se puede desconocer que la región muestra un escenario más descentralizado y democrático. Sin embargo, en aras de promover la participación de los principales estratos sociales algunos regímenes, aparentemente más abiertos a la participación social, usaron la representación directa para solucionar sus demandas y destruyeron algunas formas o tejidos de institucionalidad. Incluso todavía se mantienen las preocupaciones sobre el patrimonialismo y el autoritarismo en los asuntos públicos y las democracias manifiestan severas limitaciones en cuanto a su aceptación e internalización por parte de la sociedad.

A pesar de ello, los balances sobre el significado de una de las principales reformas de hace dos décadas, como es la descentralización, y las discusiones sobre la naturaleza de su estado actual se hacen cada vez más indispensables y necesarios.

Una reforma desafiante

En primer término es necesario reconocer que se trata de una reforma ambiciosa, “pues se propone organizar y redistribuir el poder político de una manera más equilibrada y democrática en todo el territorio del país” (Revesz Bruno. Miradas Cruzadas. Políticas públicas y desarrollo rural en el Perú. Lima, IEP; CIPCA. 2013. Pág. 31), que “(…) de manera mucho más específica, a partir de un conjunto de cambios en los sistemas de decisión pública, esta reforma busca la consolidación de gobiernos sub nacionales con capacidad de tomar decisiones concertadas con los actores regionales y locales, y, como consecuencia de ello, un mejor uso de los recursos de una región o localidad” (Argón, Jorge & Cruzado, Edgardo. La construcción de la descentralización fiscal en el Perú. En: Miradas Cruzadas. Políticas públicas y desarrollo rural en el Perú. Lima, IEP; CIPCA. 2013. Pág. 27).

Si queremos ingresar al terreno de la implementación de un proceso real, no cabe duda que la descentralización también incluye disputa de poder, lo que la convierte en un proceso muy permeable, más aún cuando a las máximas autoridades de un país les interesa “mantener la dispersión por encima de los intereses nacionales, con la finalidad de favorecer el proyecto político personal” (Comentario de Darío Restrepo (Universidad Nacional de Colombia) durante la fase presencial del Curso Descentralización, Control Social y Participación Ciudadana, realizado del 19 al 23 de agosto de 2013. Santa Cruz (Bolivia). Y cuando a las organizaciones de la sociedad civil carecen de margen de maniobra y de capacidades de incidencia para enfrentar este tipo de situaciones, sin unir esfuerzos para focalizar sus demandas con otros pares para, de ese modo, ejercer presión sobre una determinada autoridad local, regional o nacional.

Estas características, que resumen el carácter ambivalente y errático, así como la coexistencia de avances y retrocesos en los procesos de descentralización en los países sudamericanos, nos hacen preguntar ¿Qué debemos hacer? ¿Qué rol le corresponde a las ONG en un contexto como éste?

Desde el papel de las ONG

Las posibilidades son varias. Los escenarios son, evidentemente, diferentes. Los países mucho más. Y las dinámicas no son estáticas. A esto se suma que el modelo económico en el que nos desenvolvemos marca el derrotero de los países, lo que se suma a la lógica de Estados burocráticos que procuran el mantenimiento de prácticas clientelares, inequitativas y patrimoniales. Todo ello constituye un contexto difícil de enfrentar.

Aun así, existen condiciones importantes a destacar – en las que las ONG juegan un rol interesante- desde el que podrían interpelar y cuestionar (Ibíd. Pág.2) el orden actual,-aunque no se sepa con exactitud cuánto se puede modificar- y ayudar a que las organizaciones de la sociedad civil (entendiéndose por aquellas con voluntad para inmiscuirse en los asuntos de interés común, por encima de los particulares), sean “el contrapeso de poder” en una democracia por construir y donde se carece de un sistema de partidos sólido y pluralista (Ver: Marcareño, Carlos. Descentralización y democracia en América Latina: ¿una relación directa? Elementos conceptuales para su estudio. Latin American Studies Center University of Maryland, College Park 2008.Working Paper No. 23).

Interpelar y cuestionar fueron palabras insistentemente repetidas por los y las participantes del citado segundo Ciclo Descentralización del Estado, control social y participación ciudadana, cuya fase presencial se desarrolló en Santa Cruz, Bolivia, como una manera de incentivar a recrear la intervención de las ONG.

En el marco de esa reflexión, no por casualidad realizada por miembros de organizaciones no gubernamentales de varios países de la región andina, se plantearon estrategias cuya formulación emerge de las múltiples experiencias institucionales y, al mismo tiempo, una mirada positiva y pro activa hacia el futuro inmediato.

Entre las estrategias se destacó la construcción de una base institucional, que tenga como punto de partida el fortalecimiento interno de las organizaciones de la sociedad civil para su intervención y relación con los agentes del Estado. Esto supone insistir en la formación de liderazgos y no de cacicazgos, de lo contrario “buena parte de las estructuras de participación institucionalizadas, culminarán recreando las formas de ejercicio de poder que se pretendían superar” (Ibíd.).

Se habló también del fortalecimiento de las capacidades y de tácticas de incidencia política, lo cual implica que se debe tener la capacidad de reconocer sin maniqueísmo ni imaginarios forzados las características y capacidades de los sujetos con los cuales se trabaja en procesos de empoderamiento (lugar dónde se encuentran, con quiénes se relacionan, qué necesitan, para qué lo necesitan) y definir concretamente cómo medir los avances de la incidencia.

El espíritu para desarrollar redes institucionales es otra de las estrategias sugeridas. Y es que la vigencia de una sociedad civil fragmentada y dispersa en los niveles territoriales, aunque creciente en número de organizaciones, no es garantía de una mayor calidad democrática ni mucho menos del traslado y la canalización de las demandas de ciertos sectores de la población (Ibíd. Pág. 52).

A lo expuesto, es necesario añadir que, más allá de la prédica o el comportamiento reflejado en la rutina institucional de las ONG, se requiere asumir con carácter de urgencia, dos lecciones marcadas que deberían ser tomadas profundamente en cuenta para su discusión: la innovación y la provocación.

Esto significa tener como premisa que son la tan ansiada sostenibilidad de los procesos proviene de los territorios y no de los municipios ni mucho menos de los gobiernos regionales (Afirmación expuesta por Carlos Hugo Molina, experto en descentralización, durante la fase presencial del II Ciclo Descentralización del Estado, control social y participación ciudadana, desarrollada en Santa Cruz, Bolivia).

Por lo tanto, encontrar el excedente económico de producción en un territorio es una pieza importante en el desarrollo de las diferentes localidades de un país, porque controlaría, entre muchas otras, la variable de la migración y generaría expectativas en torno a las bondades y beneficios de la descentralización.

Esto genera la necesidad de introducir dos variables: pensar en la focalización de necesidades que permitan atender las principales brechas de la población y no dejar de lado la lógica de resultados, para avanzar en el logro de metas de acuerdo a las políticas priorizadas por la población.

¿Actores o facilitadores?

No dejarse envolver en “la maraña” reglamentarista o normativista debe ser una asignatura en constante revisión en las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y dar paso a la construcción de nuevas formas de participación, quizás lejos de los espacios legalmente constituidos por diferentes agentes o representaciones del Estado. Se trata de una propuesta pendiente, por elaborar y presentar a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Acaso la participación termina con asistir como agentes participantes en el Presupuesto Participativo?  ¿Y si no nos hacen caso? ¿Por qué constreñirnos a una sola dimensión que no limita ni la misma ley? 

Por tal razón, la facilitación, la asesoría y el acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil es un aspecto clave. Sin duda, esto no se restringe el ámbito político ni al papel de facilitación que deberán cumplir las ONG, con la finalidad de respaldar una determina posición, sino que deben avanzar hacia una posición de actores en ciertos procesos. Claro está, el papel a cumplir esto dependerá de las circunstancias, el escenario y costo de oportunidad que signifiquen enfrentar este tipo de situaciones.

En varios países de Sudamérica el proceso de descentralización sigue siendo una reforma inconclusa, que necesita –urgentemente- consolidarse y profundizarse, lo que implica cambios en su conducción y diseño –de parte de quienes dirigen el Estado- y de innovaciones en quienes apuestan por ella. Por tanto, provocar la discusión y generar el espacio oportuno sobre el tipo de descentralización que deseamos tener son elementos vivos que no debemos dejar pasar desapercibidos. Por el contrario, debemos entender que de esto dependerá despertar el interés en encarar un desafío que sigue siendo descomunal.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS

Este artículo, que rescata estadísticas de tres fuentes, principalmente investigaciones y reportes elaborados por HelpAge International en alianza con instituciones estatales y centros de investigación en Bolivia, presenta datos y reflexiones sobre la situación de las personas adultas mayores en el agro, dimensión poco explorada y menos explicitada que la de otros grupos poblacionales en el área.

Los derechos de las personas adultas mayores suelen ser poco visibles en los contextos nacional, regional y global. Sin embargo, se trata de un sector de la población cuya situación es fundamental para entender las condiciones de trabajo en la producción campesina indígena en el campo y, al mismo tiempo, para contribuir al debate regional sobre lo rural desde una perspectiva demográfica y de derechos.

El conocimiento sobre la población adulta mayor rural, con énfasis en la situación de las mujeres, es vital para analizar el momento actual del desarrollo rural, ya que juegan roles fundamentales dentro de sus comunidades.

Envejecimiento poblacional

América Latina y el Caribe experimentan un acelerado proceso de envejecimiento de su población. Pese a que los indicadores demográficos muestran una gran disparidad entre países, el envejecimiento es un proceso que alcanza de manera inminente a todas las poblaciones, a nivel general, las proyecciones indican que el número absoluto de personas mayores de 60 años se incrementará considerablemente hasta el año 2050.

Por ejemplo, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), algunos países de la región sudamericana, como Argentina, Uruguay y Chile ya vienen experimentando procesos de envejecimiento avanzado, mientras que Ecuador, Paraguay y Bolivia tienen procesos de envejecimiento más tardío.

Estos procesos incluyen a la población rural, lo que lleva a la necesidad de repensar y replantear algunas reflexiones sobre las condiciones de vida de la población adulta mayor, con especial énfasis en el campo y en las diversas relaciones que esto implica.Hay que tener en cuenta que el envejecimiento es un proceso que cada ser humano vive de manera particular y es producto de la forma en que cada persona enfrentó su vida, por lo tanto, se trata de un proceso multifactorial, en el que intervienen diversos ámbitos de la existencia individual, como el estilo de vida, la educación, la salud, la nutrición, la genética y la familia, pero también de los entornos y la vida en colectividad.

Lenta pero sostenidamente, Bolivia está experimentando la transición en su estructura demográfica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el año 2010 la población de personas adultas mayores equivalía a 6,9%, y la proyección para el 2030 señala que este porcentaje se incrementará a 10%. Según la misma fuente, en 2010 los adultos mayores del campo representaban el 9% de la población total de adultos mayores y se estima que en 2015 este porcentaje ascenderá a 10%. Seis de cada diez adultos mayores re­siden en las tierras altas o altiplano, el resto se distribuye entre los valles y el oriente.

El campo envejece debido a la migración

A nivel mundial la proporción de personas mayores en zonas rurales está en moderado pero constante crecimiento tanto en los países desarrollados como en los países en proceso de desarrollo, según el informe global de envejecimiento difundido por el Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNFPA) y HelpAge International el año 2012.

Dicho reporte, denominado Envejecimiento en el Siglo XXI: Una celebración, un desafío, explica que, a pesar dela pobreza y marginación, las personas mayores no son sujetos pasivos y dependientes. Ellos apoyan a sus familias y comunidades como líderes, trabajadores, agricultores, educadores, proveedores de cuidados en salud y son poseedores de conocimientos ambientales. Así mismo indica que, debido al fenómeno de migración, especialmente desde el campo hacia las ciudades, cada vez más personas mayores asumen la jefatura de sus familias y se convierten en cuidadores de parientes enfermos y de niños cuyos padres están ausentes.

Las personas adultas mayores también contribuyen al desarrollo rural. Anivel global, la fuerza de trabajo agrícola incluye cada vez mayor cantidad de personas adultas mayores, y es significativo el aumento paulatino de la cantidad de pequeños agricultores de 50 años y más.

Los agricultores constituyen un tercio de la población mundial, pero la mitad vive en condiciones de pobreza. Los agricultores adultos mayores, como señala el reporte, son considerados "administradores primarios" de los ecosistemas, pues son ellos quienes tienen un amplio bagaje de conocimientos sobre los patrones meteorológicos y climáticos y sobre  técnicas de cultivo y uso de la tierra que potencialmente pueden ayudar a mitigar los impactos negativos del cambio climático.

Esta realidad no es ajena en Bolivia, donde, debido a los permanentes flujos de movilidad, las generaciones de jóvenes y adultos se trasladan a las ciudades o a otros países en busca de fuentes de empleo y mejores oportunidades laborales; generalmente son los abuelos quienes se quedan a cargo de los núcleos familiares conformados por los hijos menores y nietos.

Por otra parte, como consecuencia de la ausencia de mano de obra joven en el agro, los adultos mayores se ven obligados a asumir actividades productivas sin el apoyo familiar que necesariamente éstas demandan y, por lo tanto, sin la rotación de responsabilidades que caracteriza la actividad agrícola.

La constatación de que las personas adultas mayores siguen ejerciendo funciones económicas productivas contradice en muchos sentidos la idea comúnmente aceptada de que dejan de ser activas o que ya no contribuyen a la economía. Este hecho también cuestiona la idea de que son sujetos pasivos, situación que es más evidente aún en sectores poblacionales pobres o que no figuran en los sistemas de pensiones y, por lo tanto, necesitan seguir generando recursos no sólo para ellos, sino además para sus dependientes.

Obligados a trabajar toda la vida

La migración ha provocado que en las áreas rurales disminuya la población con mayor capacidad productiva, dejando el trabajo productivo y el cuidado del hogar a cargo de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores todavía se dedican a realizar trabajos agrícolas para sostener a la familia, nueve de cada diez hombres y siete de cada diez mujeres en Bolivia continúan trabajando en la vejez, señala una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en coordinación con HelpAge International. (Silvia Escobar, Trabajando de por vida, los adultos mayores en el mundo del trabajo rural, La Paz, Bolivia, Marzo de 2014,http://www.helpagela.org/publicaciones/publicaciones-destacadas/).

La investigación analiza las características de las actividades laborales que los adultos mayores realizan en las áreas rurales del país y la importancia de las mismas y da cuenta de que 91.5% de las personas mayores del área rural se dedica al cultivo de la tierra y la crianza de animales, pero la mayoría trabaja con una escasa dotación de recursos, como capital, tecnología, agua, y además enfrenta dificultades en el acceso a los mercados.

En Bolivia, de los 380.000 adultos mayores que viven en áreas rurales, 82%, es decir 302.000 aún for­man parte de la fuerza laboral. Los trabajadores rurales adultos mayores bolivianos tienen un promedio de edad de 68 años. Esto demuestra claramente que el retiro de la actividad económica entre los adultos mayores del campo tiene lugar en forma más tardía en comparación con los de áreas urbanas.

Con rostro de mujer

Según datos del UNFPA tanto a nivel global como en América Latina la población adulta mayor de mujeres supera la de hombres por lo que se constata que en el mundo hay más mujeres que hombres de este sector de la población.

Otro elemento a tomar en cuenta es que la esperanza de vida al nacer cambió, siendo en la actualidad superior a 80 años en 33 países. Hace solamente cinco años, 19 naciones habían llegado a ese hito. Según la CEPAL, en América Latina por cada 100 hombres hay 121 mujeres mayores de 60 años.En Bolivia también ocurre ese fenómeno y encontramos que entre la población que envejece hay más mujeres mayores. Las estadísticas muestran que las mujeres tienen mayor expectativa de vida que la de los hombres, pero no quiere decir que dicha longevidad vaya acompañada por una óptima calidad de vida. Por el contrario, viven una pobreza más acentuada, dado que las mujeres tienen un mayor grado de analfabetismo, aspecto que limita su acceso a mejores condiciones de vida pues es un obstáculo para acceder a la información y conocimiento, herramientas básicas para su empoderamiento y para su inclusión en el espacio público con criterios de equidad social.

La feminización del envejecimiento conlleva una problemática mayor, la doble discriminación por edad y género, que lastimosamente se acentúa en las áreas rurales y adquiere un carácter multidimensional al sumarse a la discriminación por origen étnico y estado civil.

Cada vez es más usual oír en los medios de comunicación noticas sobre discriminación y maltrato en contra de personas adultas mayores, ya sea por violencia, abandono por parte de sus familiares o despojo de sus bienes. Esta última situación toma otras características en áreas rurales, como el despojo y avasallamiento de sus tierras, la pérdida de su representación en asambleas o la disminución de acceso a recursos productivos, porque no pueden cumplir las jornadas de trabajo agrario comunitario exigido por la comunidad o porque no efectúan un rol productivo. Todo ello se agrava en una situación de expectativa por la dotación, adquisición o acceso a herencia de parcelas.

Sumado a esto, la mayoría de las mujeres adultas mayores del área rural en Bolivia no cuentan con documento de identidad o certificado de nacimiento, lo que imposibilita su acceso a seguros de salud, rentas o subsidios y un problema aún más dramático, les dificulta la seguridad jurídica para obtener o reafirmar la titularidad de sus predios o parcelas.

Acceso a la tierra

En Bolivia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es la entidad pública descentralizada encargada de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria (Art. 17 de la Ley No 1715). Según sus datos, el número de títulos emitidos a beneficiarios individuales y personerías jurídicas el año 2010 fue de 11.678, pero los títulos emitidos a personas adultas mayores apenas alcanzaron a 2.176, es decir solamente 1,67% de los beneficiarios de títulos de tierras fueron personas de ese segmento que lograron acceder individualmente a la tenencia y administración legal de la tierra en el país. (Investigación: Levantamiento de información sustantiva sobre los derechos de las personas adultas mayores en Bolivia publicada por la Defensoría del Pueblo y HelpAge International, La Paz, Bolivia 2010).

Esta situación puede explicarse a través de la identificación de problemas en algunas formas de relacionamiento en las unidades familiares donde se privilegia a las nuevas generaciones, preponderancia de la visión colectiva frente a la individualizada, desventaja de las personas adultas mayores en términos de participación en el diseño de políticas estatales, falta de documentación de identidad que acredite su derecho propietario, el nivel educativo escaso, el analfabetismo o el monolingüismo de lenguas indígenas (más acentuado en este sector de población que entre las nuevas generaciones), todo lo cual les dificulta el acercamiento al mundo urbano legal. Por otra parte, se añaden el temor al pago de impuestos y la importancia central de la autoridad de los sindicatos agrarios, que regulan la repartición y la regulación de las tierras según valores de usos y costumbres (y muchas veces estos no consideran productivas a las personas mayores).

Además de esos aspectos individuales y de grupo, también se debe tomar en cuenta aspectos de tipo estructural, comola parcelación y fragmentación de las propiedades, la falta de tierras aptas para el cultivo, la sobre posición de títulos y la falta de regularización de títulos, entre otros.

En conclusión

El tema del envejecimiento vinculado a la realidad rural debe suscitar interés en la región para dejar de ser coyuntural y convertirse en un elemento importante de análisis y generación de debate a distintos niveles. Como todo fenómeno social, el envejecimiento supone diversos determinantes y consecuencias sobre las que la sociedad tiene que estar informada.

Como consecuencia del cambio demográfico, por primera vez en nuestra región están llegando a la tercera edad grupos poblacionales que han vivido históricamente en condiciones de desventaja. Si la longevidad de por sí significa un desafío, el envejecimiento en situación de pobreza lo triplica y lastimosamente, esa pobreza se presenta con mayor ímpetu en las áreas rurales de los países de la región.

En efecto, existen ciertas variables que hacen del envejecimiento rural un proceso diferen­te al que se vive en áreas urbanas: la historia de vida, el fuerte vínculo con la tierra, la organización del trabajo, el lugar donde se vive y la familia, pero también la migración de los jóvenes o la creciente dependencia del mercado para el acceso a bienes y servicios básicos han modificado las prácticas culturales tradicionales e inciden en las formas de vida de los adultos mayores.

Por todo ello, debe abrirse la mirada de líderes sociales, activistas, investigadores/as, autoridades y operadores/as de políticas públicas y dejar de lado la tradicional ceguera a las condiciones etarias que existen en las áreas rurales.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Diversos autores se han referido a la heterogeneidad de la agricultura familiar. Sin embargo, no hay estudios para determinar cómo esta heterogeneidad puede afectar la vida de los jóvenes rurales. El presente artículo está basado en una investigación realizada por el mismo autor, sobre la situación educativa y ocupacional de los jóvenes rurales y su implicación para la economía familiar, la sostenibilidad del agrosistema y sus proyectos de vida, basada en el estudio de caso de la población de Tierra Blanca, Cartago, Costa Rica. 

En el año de la agricultura familiar es fundamental analizar la situación de las y los jóvenes y su vinculación con los sistemas o unidades de producción familiar. Este artículo pretende una mirada general e integral de los efectos de la globalización y de la apertura comercial sobre la juventud rural en el contexto latinoamericano, a la vez, que enumera los efectos de las modalidades de trabajo agrícola y las tipologías de agricultura familiar sobre la permanencia, expulsión o atracción de los jóvenes hacia el trabajo en los predios familiares.

Efectos de la globalización y la apertura comercial en la agricultura familiar

Los procesos de globalización y las políticas de estabilización y ajuste estructural afectaron a la agricultura latinoamericana, sobre todo a la agricultura familiar. Los territorios rurales  que cuentan con mayores demandas de mercado internacional y ventajas competitivas se integraron mejor a los procesos de globalización, en detrimento de aquellos que no ofrecieron alternativas al mercado global, lo que provocó una nueva desigualdad. Además, las políticas de ajuste estructural cambiaron las reglas. En primer lugar por la reducción del sector público y la privatización de empresas del Estado, segundo, debido al abandono de las prácticas proteccionistas y la creciente apertura al comercio exterior y, finalmente, por el sesgo hacia la producción de bienes exportables.

Algunas de las consecuencias negativas para la agricultura familiar como el aumento del trabajo asalariado, la precarización del empleo rural, la multi-ocupación para complementar el presupuesto familiar, expulsión de medianos y pequeños productores del sector, reconcentración de la tierra, las continuas migraciones campo-ciudad o a través de las fronteras, creciente orientación de la producción agropecuaria hacia los mercados globales y la articulación de los productores agrarios con complejos agroindustriales. Todo lo anterior afecta de manera diversa a las y los jóvenes rurales. 

Efectos de la globalización y la apertura comercial en la juventud rural

La realidad de los jóvenes rurales no se puede analizar aislada de los cambios que ocurren en la región desde hace más de dos décadas. La convergencia de la globalización con la adopción de modelos de desarrollo que priorizan la apertura comercial y la producción para la exportación, inciden significativamente en la situación socioeconómica de las y los jóvenes rurales. Los medios de comunicación, internet y el consecuente flujo de información, así como la expansión de carreteras para transportar productos de exportación, acercaron las zonas urbanas con las rurales, lo cual ha provoca cambios en la vida rural, el empleo, la demanda de productos, el manejo de los recursos naturales y en elementos de la cultura de grupos y sus organizaciones específicas.

Estos cambios también afectaron a los jóvenes en su situación educativa y ocupacional. Por un lado, el consumismo. Actualmente, una amplia gama de características urbanas se encuentran también en el sector rural. Los jóvenes rurales tienen hoy los mismos símbolos de estatus social que los urbanos,  por lo que el trabajo asalariado fuera del predio familiar -contrario a la no-monetización de la agricultura familiar-  es tanto una gran atracción como una vía para adquirir bienes de consumo, lo que incide en una mayor deserción de los sistemas de producción familiar  y de los sistemas de educación formal.

Por otro lado, las nuevas fuentes de empleo juvenil de baja calificación. Lo rural ya no es solamente lo agropecuario sino un concepto más amplio de forma de vida y de organización social. Los núcleos urbanos comienzan a integrarse a las zonas rurales por medio de la compra de fincas, quintas de recreo o las mismas viviendas, lo que genera demanda de nuevos servicios y empleos. Muchos de los jóvenes dejan la educación secundaria o el predio familiar, para dedicarse a trabajar en labores agrícolas y no agrícolas como la construcción, los servicios y el comercio en sus mismas comunidades, pero siempre en empleos de baja calificación. Hay el peligro de que aumente la precarización del empleo para este sector de la población debido al abandono temprano de la educación secundaria.

Jóvenes rurales y heterogeneidad de la agricultura familiar

Los estudios más recientes sobre agricultura familiar hacen énfasis en su heterogeneidad debido a diversos factores como el capital de trabajo, la mano de obra, el acceso al mercado, a la tecnología  y a la tenencia de la tierra. En el estudio de caso realizado en Tierra Blanca de Cartago, Costa Rica, se analizó el alto grado de proletarización del trabajo agrícola entre los jóvenes, ya que el segmento de jóvenes asalariados resultó ser el más numeroso. Estos resultados indican indirectamente cambios en la tenencia de la tierra, ya que Tierra Blanca se había caracterizado por tener 90% de pequeños y medianos propietarios de tierra en el año 1983 y para el año 2009 el porcentaje de propietarios pasó a 45%, lo que evidencia procesos acelerados de re-concentración de la tierra  por medianos y grandes productores.

La primera modalidad de trabajo agrícola identificada es la de asalariado, debido a la carencia del recurso tierra. Más de la mitad de los jefes de los hogares que trabajan en alguna modalidad de agricultura no cuentan con terreno propio, por lo que deben trabajar como peones o en sociedades agrícolas, poniendo el capital de trabajo. Por lo tanto, los hijos de trabajadores asalariados no participan con sus padres en las labores agrícolas y más bien buscan obtener trabajos asalariados por sí mismos. Los jóvenes comparten con su familia solamente actividades de carácter doméstico.

Cerca de 10% de los jefes de familia trabajan en agricultura propia, pero deben compensar sus ingresos con venta de su propia mano de obra. Por el tamaño de las fincas y por la falta de capital para la atención de los cultivos, la producción y la rentabilidad de estos predios no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas del hogar ni para darle trabajo a los jóvenes en el predio familiar. Por lo tanto, los jóvenes son expulsados a buscar trabajo en otras fincas o actividades productivas para complementar el presupuesto familiar o para sostenerse económicamente a sí mismos.

Otra modalidad de trabajo agrícola es la agricultura en sociedad. Una pequeña parte de jefes de familia lo hace de esa forma para obviar los problemas de carencia de tierra o de  capital de trabajo. Los agricultores sin tierra no alquilan terreno, sino que establecen una sociedad donde el que tiene tierra pero no suficiente capital de trabajo, la ofrece con su debida preparación de suelo para quienes no disponen de tierra pero tienen capital, semilla o plántulas. A partir de esta negociación, todos los gastos de mano de obra y de insumos se dividen entre los dos socios así como las ganancias. Los jóvenes también son expulsados o excluidos porque la sociedad no puede pagar la mano de obra familiar o porque, en épocas de poco trabajo, la mano de obra no es necesaria. Ante esta situación los jóvenes prefieren salir a trabajar en fincas donde tienen trabajo fijo todo el año.

La agricultura propia no necesita sociedades ya que los recursos familiares de producción (tierra, mano de obra y capital) son suficientes y están en un relativo equilibrio para el desarrollo de la actividad y para la manutención de la familia. Sin embargo, en 35% de los casos, los hijos fueron “expulsados” de la actividad,  debido a la carencia de un salario en el predio familiar,  por el deseo de ganar autonomía y de obtener bienes de consumo o porque no se llevaban bien con los padres. Pese a ello, esta modalidad también atrae de forma temporal a los jóvenes, produciendo concentración de trabajo asalariado, sobre todo en la época de siembra y cosecha.

La combinación de agricultura propia con agricultura en sociedad está en pleno crecimiento y provoca la compra de más terrenos ampliando la tendencia hacia la reconcentración de la tierra. Las y los  jóvenes son atraídos a esta modalidad, pues encuentran posibilidades como asalariados agrícolas de forma permanente. Jefes de familia que disponen de tierra que excede a las capacidades de la mano de obra familiar necesitan contratar a jóvenes peones por plazos indefinidos. Este grupo acapara 69% de la tierra total y es el mayor proveedor de empleo tanto a jefes de familia que ya son peones como a los jóvenes que comienzan a serlo. La condición de agricultura intensiva ofrece estabilidad laboral a los jóvenes lo cual probablemente puede ser un factor catalizador del abandono de otras formas de agricultura familiar.

Las fincas grandes son para los jóvenes una fuente estable de empleo así como los jóvenes son para las fincas grandes, un factor de sostenibilidad socioeconómica del agrosistema. La tendencia a la reconcentración de la tierra está emparentada totalmente con la tendencia a la proletarización de los jóvenes, según la experiencia de Tierra Blanca de Cartago.

Cuando las mujeres son jefas de hogar lo cual representó en el estudio 9% de los casos, éstas se dedican a los oficios domésticos y los hijos trabajan en actividades de baja calificación y remuneración. La dificultades de las mujeres rurales para tener acceso a los recursos de producción tanto por la discriminación cultural (por la tradición de la herencia a los hombres) como por su falta de participación en organizaciones que gestionan la tierra y la carencia de garantías reales para el crédito, son  aspectos  que contribuyen a la pobreza rural y a la proletarización de los jóvenes rurales a temprana edad, debido al abandono de sistema educativo.

En síntesis

Los procesos de globalización y apertura comercial han cambiado radicalmente la agricultura familiar y la situación educativa y ocupacional de las y los jóvenes rurales en América  Latina. Hay una clara tendencia en el aumento de los jóvenes rurales asalariados, de baja calificación y sin la educación  adecuada para aspirar a empleos de calidad, lo que redundará en un aumento de la precarización del empleo y la pobreza rural en la región, pero también hay tendencia a la disminución de los jóvenes trabajadores familiares sin pago, lo que redundará en problemas de sostenibilidad socioeconómica de la agricultura familiar y los territorios rurales.

El recurso tierra se está concentrando, no solamente por la transnacionalización sino por la re-concentración, lo cual ocurre con el crecimiento de la tipología agricultura propia más agricultura en sociedad. Se puede afirmar que existe una sinergia entre la tipología agricultura propia más agricultura en sociedad y los jóvenes rurales. La tendencia a la reconcentración de la tierra está emparentada con la tendencia a la proletarización de los jóvenes rurales.

La persistencia de la cultura del no pago, la falta de reconocimiento del talento y el aporte que podrían dar los jóvenes a la agricultura familiar y el patriarcalismo son factores que promueven la expulsión de los jóvenes rurales de los sistemas de agricultura familiar. Por ello, se requiere que en los sistemas de agricultura familiar se promuevan espacios sociales (emancipación de los padres) y económicos (invertir en un proyecto de vida) para que las y los jóvenes puedan permanecer en el predio en forma satisfactoria y permanente.

La tecnificación de la producción primaria y la implementación de fases de valor agregado como la  industrialización y comercio, la reducción de costos por medio de la producción de los propios insumos para la agricultura y la producción alimentos para el consumo familiar son algunas de las estrategias para ayudar a la juventud rural. También se requieren nuevas formas de gestión y administración del predio, con participación democrática en las decisiones y una monetización equitativa para mujeres y hombres, y una ubicación laboral óptima que reconozca el talento de cada uno sus miembros.

Por último se requiere espacio para la educación básica y técnica de los jóvenes, suficientes para dar una capacidad de gestión del conocimiento tal que sustente la innovación, adaptación y adopción  tecnológica en todas las fases de la cadena de valor y en actividades alternativas como el agroturismo.

¡Puede parecer un sueño! Pero, como alguien dijo...“los sueños son 10% de inspiración y 90% de transpiración. Entonces...¡a trabajar todos!

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El autor del presente artículo, el número 132 de la Serie Diálogos, parte su reflexión desde la afirmación de que la descentralización y la administración territorial de los recursos naturales son aún temas pendientes en las agendas públicas de los países sudamericanos. Una aseveración difícil de cuestionar, pese a que en la región los procesos llevan más de dos décadas. Pero no se trata solo de descentralización como proceso administrativo, sino que el autor enfatiza la relación entre ésta con la conservación y los usos territoriales de los recursos naturales. De este modo, la reflexión se vuelve más acuciante, razón la cual el texto abunda en recomendaciones. 

La descentralización y el ordenamiento de los recursos naturales siguen siendo temas pendientes en la mayoría de los países de América Latina. De hecho, son parte de un debate abierto, ya que se refieren a la forma de utilizar y conservar los recursos naturales, como parte de una mirada de redistribución del poder entre varios actores de todos los niveles administrativos y geográficos de los países. El marco de esta afirmación es que no podemos perder de vista que la descentralización es un proceso difícil y debe ser entendida como un medio o proceso, no como un fin en sí misma.

Las reflexiones que constituyen el meollo del presente artículo han sido estimuladas en parte por la lectura de dos documentos: La descentralización democrática de los recursos naturales, de Jesee C. Ribot, publicada por World Resources Intitute, el  año 2002 y La descentralización y los desafíos para la gobernabilidad democrática, publicado por la OEA, Washington, año 2008.

Perfil de un proceso ideal

Un proceso descentralizador con foco en los recursos naturales debe responder a la satisfacción de las necesidades del desarrollo sostenible del territorio, para lo cual debemos resolver algunas interrogantes como: ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Para qué nos desarrollamos? y ¿Cómo lo construimos? En ese contexto, el principal desafío es tener una ciudadanía que se involucre en lo público y con capacidad de ejercer control social sobre las políticas públicas, lo cual permite acercarse a la construcción colectiva y representativa de una propuesta de desarrollo local sostenible y de la conservación de los recursos naturales.

La explotación desmedida y poco sostenible de los recursos naturales ha sido, hasta la actualidad,  uno de los pilares económicos fundamentales del modelo de desarrollo neoliberal en Chile. Por ello es necesario y urgente establecer una solución al problema, que provenga desde la acción institucional y que promueva prácticas capaces de anticipar la degradación y desagregación del territorio.

Los territorios deben ser tratados con respeto y tomando en cuenta las diferencias naturales de cada área. Una mirada de estas características debe potenciar una descentralización natural del espacio, que conduzca a una gestión de modelos diferenciados de manejo ambiental, con objetivos de desarrollo endógenos, formas determinadas de relaciones entre lo privado y lo público y modalidades de participación de la comunidad vinculantes respecto a las decisiones a tomar.

En consecuencia, la temática ambiental debe ser tratada desde un enfoque descentralizador, desde el cual se gestionen y mejoren esquemas locales y particulares de un tipo de gestión pública que reconozca las especificidades ambientales, favoreciendo la participación y protagonismo de la ciudadanía en su desarrollo.

Ciudadanía e instituciones en juego

La trasferencia de competencias a los estamentos públicos del territorio es fundamental en un esquema que relacione intrínsecamente descentralización y protección de recursos naturales, porque permite reconocer las distintas potencialidades para la preservación y desarrollo de los recursos con los que cuenta cada territorio, por lo cual también es necesario contar con las condiciones propicias para que la población en general y los sujetos directamente involucrados en particular, depositen su  confianza política en las instituciones y las/los operadores que deben enfrentar los desafíos y responsabilidades en el área.

Un primer elemento fundamental es la estimulación de la asociación entre sujetos de los ámbitos públicos y privados, mirada que debe ser orientada hacia la puesta en valor de los recurso naturales y la sistematización del conocimiento, de tal modo que haya la posibilidad de entregar propuestas productivas en proyectos prácticos y operativos con énfasis en el manejo sostenible del territorio.

Por otro lado, es imprescindible la mejora de la institucionalidad que atiende el sector y de  los sistemas de calificación ambiental de las inversiones, asegurando mecanismos de control de nivel local que garanticen la sostenibilidad y respeto por las particularidades del territorio por parte de los diversos sujetos económicos involucrados.

En tercer lugar, se deben fomentar formas de arbitraje y relacionamiento en entornos frágiles, donde conviven sistemas productivos culturales tradicionales, el cuidado del medio ambiente y la explotación o conservación de los recursos naturales, promoviendo y estableciendo mecanismos de opinión, crítica y aportaciones en estas materias desde las organizaciones de la comunidad , con el concurso creciente de los medios de comunicación, de modo de potenciar a la ciudadanía para su participación eficaz en el área.

Complementariamente, no debe perderse de vista el establecimiento de “zonas de preservación especiales” que se correspondan con ecosistemas amenazados o de particular interés, en los que sólo se permitan actividades científicas y turismo altamente regulado.

En la perspectiva estructural de mediano y largo plazo se requiere instaurar un proyecto educativo de amplio espectro y de largo aliento, que esté destinado a crear una consciencia ecológica y ambiental entre  las nuevas generaciones.

Finalmente, es necesario prever la realización de campañas, consultas o referendos informados sobre los temas más controversiales, estimulando la participación ciudadana protagónica, dotada de normas prácticas y una legislación adecuada, resguardando el  respeto a las condiciones de representatividad propias del territorio.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.