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Mónica Novillo G.

Domingo, 19 Noviembre 2017

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Declaración Pública en Rechazo al proceso de Consulta Indígena

La Asociación Mapuche Fijke Mogen de Coj Coj (Chol Chol), organización constituida en el mes de julio de 2008, que agrupa a personas mapuche vinculadas a distintas actividades, declara su rechazo frente al proceso de Consulta desarrollado por Conadi. Esta consulta se refiere a la propuesta del Comisionado Presidencial Para Asuntos Indígenas que dice relación con la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la Elección de Representantes Indígenas en el Congreso Nacional y en los Consejos Regionales.


Como agrupación no compartimos ni la forma ni el contenido de lo que se plantea en el documento expuesto por Conadi para llevar a cabo el proceso de "Consulta a Pueblos Indígenas". De acuerdo a lo que ahí aparece, observamos que, mediante este apurado y burocrático procedimiento, sólo se pretende aplicar una encuesta a las comunidades y organizaciones mapuche sin considerar necesariamente la incorporación de sus planteamientos, más allá de aquellas que corresponden a expresiones de beneplácito y conformismo, capaces de adecuarse "en todo cuanto sea pertinente" a este procedimiento.


Por otro lado esta consulta está diseñada de acuerdo a los procedimientos y plazos impuestos unilateralmente por el gobierno de acuerdo a su "programa", lo cual transgrede las dinámicas propias de la sociedad mapuche y sus organizaciones. De esta forma la participación en una consulta de este tipo, aún siendo para expresar desacuerdos, implica validar un proceso que se opone a los planteamientos emanados desde el Movimiento y la sociedad Mapuche.


En cuanto al contenido de la propuesta consideramos absolutamente insuficiente y, hasta peligroso, que se considere la participación "indígena", en los términos planteados y se desconozca nuestra real e histórica demanda por el reconocimiento y respeto de Nuestros Derechos Políticos, Territoriales, Económicos, Sociales y Culturales.


En primer lugar, creemos que se debe considerar la realidad particular de cada pueblo originario en su relación con el Estado y no involucrar a todos bajo la misma denominación, puesto que, a pesar de la similitud en cuanto a nuestra condición de opresión colonial y la solidaridad mutua generada en torno a nuestras demandas, tenemos obvias diferencias en términos de territorio, población, organización social, estrategias, objetivos políticos, etc.


Por otro lado, cuando se plantea la participación de "indígenas" en la cámara de diputados y en el Core, se hace sin promover ni plantear cambios estructurales que apunten a superar nuestra situación de dependencia y sometimiento como Pueblo ante el Estado Nacional; incumpliendo lo que se estipula en el Convenio 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo que dice relación con el reconocimiento de uno de los principales derechos contenidos en estos documentos, como es el derecho a la Libredeterminación. De esta forma, estimamos que, de llevarse adelante estas reformas propuestas por el ejecutivo, no se avanzará en el fortalecimiento, ni menos en la proyección de nuestras estructuras políticas autónomas; y, por el contrario, se potenciará la potestad de los partidos políticos y de sus "caudillos" de apellido indígena, quienes capitalizarán el eventual proceso para su propio beneficio.


En cuanto al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, éste no tiene equivalencia con ninguna de las propuestas emanadas desde el Movimiento Mapuche. A través de la historia reciente, se han planteado fórmulas concretas, como la que se expone en la Propuesta de la Coordinación de Organizaciones Mapuche elaborada en el Xawun de Kepe el año 2006, en la que se demanda el reconocimiento de un Parlamento Nacional Mapuche de carácter Autónomo, Territorial y Representativo, que tenga las atribuciones y los recursos para asumir decisiones que involucren aspectos esenciales para el futuro de nuestro Pueblo y que, de esta forma, se constituya en la contraparte política Mapuche frente al Estado. Siendo así, el Consejo de Pueblos Indígenas corresponde más bien a una estructura burocrático-administrativa, subordinada a las estructuras del Estado y también a merced de los partidos políticos y otras estructuras de la sociedad chilena. Al respecto cabe señalar que no existe congruencia por parte del gobierno al plantear fórmulas de "participación" como los cupos en la Cámara Baja, Core y el Consejo Nacional, que están expuestas muy por debajo de las mínimas aspiraciones políticas de nuestro pueblo, cuando ni siquiera se pretende discutir reformas estructurales, de tipo político, jurídico y económico, que pudiesen dar cabida a propuestas -como la que se menciona del Parlamento Nacional Mapuche- orientadas hacia el ejercicio de nuestro derecho al Autogobierno bajo el principio de la Libredeterminación.


Por estos motivos rechazamos participar en la encuesta diseñada para este proceso de "consulta" y consideramos que los temas relacionados con aspectos fundamentales que afectan el futuro de nuestro Pueblo, deben discutirse de acuerdo a nuestras propias definiciones respecto a la participación, a partir de lo que ya hemos elaborado como sociedad y como Movimiento, y considerando los procedimientos y compromisos como una política de Estado, no supeditado a la voluntad, las pretensiones o los plazos de un gobierno de turno.

 


Asociación Mapuche Fijke Mogen


Temuko - Coj Coj, Wajmapu.


Febrero de 2009

www.mapuexpress.net/?act=news&id=3725&PHPSESSID=d0d818855bbefa7c696d0245e4f69252

Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP):

Opinó que el plan anticrisis del gobierno no considera un plan integral de lucha contra la pobreza, sino tan sólo de una "medida para manejar los problemas de pobreza en las zonas urbanas".

Recordó que el sector rural será de los más afectados debido a la bajada de los precios de los productos agrícolas, la disminución de exportaciones y la crisis de la empresa textil alpaquera, entre otros factores de vulnerabilidad que deben ser evaluados en las regiones.

" La orientación rural de los programas sociales está justificada  porque los problemas estructurales están en las zonas rurales, que serán además las primeras en perder  servicios en el actual escenario de crisis potencial",  recordó.

De los S/.10 mil millones del Plan Anticrisis, el Ejecutivo reservó un fondo de contingencia de 1,000 millones para reforzar programas sociales rurales. "Lo que debe hacerse ...es empezar a hacer la asignación de recursos de contingencia, tras un debate entre los sectores implicados en la lucha contra la pobreza", consideró.

Datos: para afrontar la crisis en el sector rural se diseñaron 9 programas estratégicos con un presupuesto de 6,600 millones de soles, según informa la MCLCP. 

En 2008 se implementaron ya cinco de estos 9 programas, destinados a nutrición y salud materna, aprendizaje, acceso a la identidad y a servicios básicos. 

Quedan todavía por ejecutarse 4 programas de los presupuestados, que apuestan por mejorar las infraestructuras rurales (electrificación, telecomunicaciones, saneamiento básico y gestión ambiental).

Fuentes : La Republica.pe
 

 

www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?apc=cepes~U~-~1-&x=82457&cmd[327]=i-327-1bf2a5a7835e8b2199698e1f856fd8ee&s=Q

 
Montevideo, 22 de diciembre de 2008

El día 12 de diciembre pasado, integrantes de organizaciones sociales, ambientales, productores rurales y ciudadanos de distintas zonas del país afectadas por plantaciones forestales, se reunieron en Montevideo para intercambiar experiencias y denunciar la acumulación de impactos socio-ambientales que genera el modelo forestal agroindustrial.

Los temas vinculados a la concentración y extranjerización de la tierra, las dificultades que enfrentan la pequeña y mediana producción rural así como el acceso a la tierra y la pérdida de fuentes de agua fueron centrales en el debate.

En relación a la tierra, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, los participantes de la reunión manifestaron la urgencia de frenar el avance del actual proceso de concentración y extranjerización, del cual la expansión del sector forestal es uno de sus principales responsables. En tal sentido, como una de las alternativas de lucha se manifestó el apoyo a la Iniciativa de Reforma Constitucional que plantea que la propiedad inmueble rural podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales, estableciendo la ley el máximo que podrá adquirir cada ciudadano. En tanto, y a los efectos de promover una acción inmediata frente a esta problemática, se manifiesta el apoyo al Proyecto de Ley que fuera recientemente presentado por la Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas, a los parlamentarios de todas las bancadas, para declarar la moratoria a la venta de tierra a extranjeros no residentes (sea persona física o jurídica), y a los nuevos emprendimientos forestales, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2009.

Considerando que se ha ingresado en un proceso de cambio climático donde la sequía pasa a formar parte de la dinámica ambiental de la región, se denunció que la forestación agudiza la vulnerabilidad a la misma afectando gravemente los pozos comunes, artesianos y otras fuentes de agua que son alimentadas por las capas freáticas, y compromete la continuidad de los cursos de ríos, arroyos y cañadas. Como consecuencia inmediata, impacta negativamente en la población y la producción rural.

Por otra parte, en compás con las "políticas de buen relacionamiento con la sociedad" que promueven las empresas forestales y celulósicas, el gobierno habla del "silvopastoreo" como el modelo de integración de "la vaca y el árbol". Pero el modelo de monocultivo a gran escala que aplican las empresas forestales en el campo uruguayo es un modelo que ha comprobado acelerar la exclusión rural. Por lo tanto, el silvopastoreo, además de ser una etiqueta vacía y una forma de continuar la actividad y expansión forestal, es una estrategia para ocultar la pérdida de soberanía alimentaria que se encuentra asociada a la falta de políticas responsables para atenuar el éxodo rural.

Entre las denuncias presentadas por productores rurales participantes de la reunión se señaló que la escasez de pastos en calidad y cantidad suficiente en la plantación no asegura el engorde del ganado, con lo cual la plantación se utiliza prácticamente "como galpón". Otras de las denuncias realizadas se refirieron al aumento del precio de la renta para el silvopastoreo, transformándose en un elemento que se suma a la exclusión ya mencionada, atentando contra la rentabilidad ganadera. Finalmente se señaló que la dificultad de arrear el ganado que tiende a esconderse en la forestación obstaculiza el cumplimiento de los programas sanitarios previstos por exigencia nacional e internacional, en especial la vacunación contra la aftosa.

Apenas tres empresas transnacionales (Botnia, Ence y Weyerhaeuser) son dueñas de al menos 520.000 hectáreas de tierras, de las que han desplazado a pequeños productores rurales y productores familiares lesionando gravemente la identidad cultural y territorial. Los volúmenes comprometidos de empleo no se cumplen, mientras el desenfrenado proceso tecnológico compromete aún más la continuidad de los actuales. Río Negro constituye un caso emblemático de la mentira del modelo forestal celulósico: con una enorme masa forestal y una fábrica de celulosa de última generación, es el departamento que registra el mayor nivel de desempleo del país.

Las empresas forestales ponen en jaque la posibilidad de alcanzar un Uruguay productivo con justicia social, donde la tierra y el agua sean elementos centrales de la soberanía territorial y alimentaria. Bajo la lógica de la máxima ganancia, cada hectárea de tierra y cada arroyo que pasa a manos de las forestales va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria.

Existe profusa documentación de los impactos de las plantaciones forestales sobre el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, la familia rural y el empleo -falta de agua, plagas de jabalíes y zorros, desaparición de la identidad del lugar, precarización del trabajo. A eso se agrega que este modelo productivo trae aparejado el uso de agrotóxicos en toda la cadena productiva, agravando aun más los impactos.

Es necesario arrancar el velo de la mentira: lejos estamos del Uruguay natural. Nuestro país se encuentra a esta altura en un proceso de degradación socio-ambiental progresivo fruto esencialmente de la falta de voluntad política para implementar un modelo productivo incluyente y participativo y con bases en una visión diferente de uso y conservación sostenible de los distintos bienes y servicios de nuestro ambiente.

Conforme avanza el modelo forestal aumentan sus impactos, pero también crece la conciencia ciudadana sobre los mismos, que liberándose del chantaje del empleo y el desarrollo se suma a la resistencia en sus diversas formas.

Los participantes de la reunión hacen un llamado urgente a suspender la forestación y exhortan a que el problema de la tierra, su tenencia y la producción familiar ocupe un lugar central en las agendas de todos los partidos políticos. www.ecoportal.net

Firman:

- Alicia Borges, Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas
- Alvaro Moraes, CAxTierra
- Ana Domínguez, Programa Uruguay Sustentable e Investigadora de la Facultad de Ciencias
- Ana María Janavel, pequeña productora rural
- Carlos Céspedes, Doctor en Ciencias Agronómicas
- Carlos Perez Arrarte, CIEDUR
- Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
- Daniel Campanella, MADUR y Grupo de productores y vecinos de Libertad
- Delia Villalba, ambientalista de Fray Bentos
- Diego Henderson, productor rural, integrante del Movimiento Nacional en defensa de la Tierra e integrante de la Asociación Nacional de Colonos
- Elizabeth Díaz, Grupo Guayubira
- Guillermo Macció, productor rural, Sociedad Ecológica San Gabriel
- Gustavo Piñeiro, Licenciado Geólogo
- Jorge Rochón, Asociación Agropecuaria de Tarariras
- José Luis Protti Rey, Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
- Juan Carlos Borgogno, Uruguay Natural Multiproductivo (UNAMU)
- Julio Castillo, Intersocial Salinas
- Lilián Martínez, MADUR y Grupo de productores y vecinos de Libertad
- Luis Alberto Facchin, pequeño productor rural
- Marcel Achkar, Programa Uruguay Sustentable e Investigador de la Facultad de Ciencias
- Marcelo Racchetti, Ingeniero Agrónomo, Unión de Vecinos Puerto La Paloma
- María Isabel Cárcamo, RAPAL-Uruguay
- María Panzacchi, Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas
- María Selva Ortiz, REDES/Amigos de la Tierra-Uruguay
- Mónica Litovsky, Grupo Guayubira
- Néstor Perdomo, CAxTierra
- Oscar Galli, REDES/Amigos de la Tierra-Uruguay
- Oscar Oudry, Centro Emmanuel
- Pablo Martínez, Movimiento de chacreros del ejido de Mercedes
- Raquel Núñez, Grupo Guayubira
- Ricardo Carrere, WRM
- Ricardo Rodríguez, Biólogo
- Teresa Pérez, WRM
- Washington Lockhart, Movimiento de chacreros del ejido de Mercedes
- Wladimir Sawchuk, Movimiento por la Tierra
 
 

www.ecoportal.net/content/view/full/83423

Por Aurelio Suárez Montoya

Es, en últimas, una contribución para construir entre todos una Nueva Democracia. Con otros valores sociales, venidos de raíces ancestrales, pero pensando en el futuro de la Nación y cuya aplicación real exige otro Estado, por lo cual los cancerberos del establecimiento los acusan de subvertir el orden e invocan a que se les reprima.

A la hora de los balances finales se usa definir el personaje del año. Analistas, medios de comunicación y distintos centros seleccionan, acorde con el impacto de los hechos acaecidos o con la concordancia de estos con los fines que las distintas instituciones persiguen, a quien o a quienes representen una enseñanza para la sociedad o que con su ejemplo marquen rumbos hacia delante. Al mirar en retrospectiva los acontecimientos, bastantes calamitosos por cierto, la escogencia para 2008 no resulta fácil.

Sin duda, tiene máxima relevancia el "infarto neoliberal", con epicentro en Wall Street, que hizo una ruptura -con secuelas todavía incalculables- en el ciclo de "crecimiento económico" que terminó con el estallido de la burbuja especulativa plena de toda suerte de pirámides.

Y, concomitante con esto, la derrota casi sin precedentes del partido republicano en Estados Unidos y el recambio que conlleva en nuevas políticas en el firme propósito bipartidista norteamericano de conservar la hegemonía. Contradicciones entre Europa y la Superpotencia, el ímpetu con que China, India y Rusia pujan por mayor influencia global, que envuelve el control físico de fuentes de energía y de materias primas; y, así mismo, eventos en América Latina, incluido Colombia, con su compleja y dramática situación, sobresalen como sucesos que delinean nuevos desarrollos del acontecer para los tiempos venideros.

La realidad nacional inmediata brinda, en medio de todo, un modelo digno de resaltar. En las retinas de millones de colombianos persisten las imágenes de decenas de miles de indígenas marchando por las carreteras de Colombia, desde el Cauca y todos los resguardos del país. En Minga. El observador común supone que fue un acto de protesta pública y pacífica por reivindicaciones étnicas, que es también una de las versiones oficiales, la amable. La otra, la que el gobierno prefiere, y con la cual justificó su crueldad contra la Minga, fue calificarlo como acto "terrorista", añadiendo una dosis de racismo. Son "los hijos de Quintín Lame", dijo Francisco Santos.

No obstante, y por eso la Minga es el personaje 2008, la propuesta indígena, difundida en decenas de documentos (que hay que leer), trasciende sus territorios, su Pacha Mama. Es un mensaje de dignidad y solidaridad para todos los colombianos, de unidad nacional en torno a lo que proponen como puntos de unificación. Es, en últimas, una contribución para construir entre todos una Nueva Democracia. Con otros valores sociales, venidos de raíces ancestrales, pero pensando en el futuro de la Nación y cuya aplicación real exige otro Estado, por lo cual los cancerberos del establecimiento los acusan de subvertir el orden e invocan a que se les reprima.

¿No une al 90% de los colombianos la prédica por un nuevo modelo de desarrollo cuando el vigente, el del "libre comercio", el de los TLC, está explotando en átomos? ¿Sólo cobija a los pueblos indígenas el que se reverse la "legislación de despojo", entre las que fácilmente podría incluirse no sólo el Estatuto Rural sino también las privatizaciones y los megaproyectos expulsores de miles de familias, entre otros? ¿Es exclusivo de esas comunidades demandar protección frente a un régimen que está mancillado, y más todavía en su condición de autoridad, con miles de casos criminales de sus agentes contra la población civil?¿ Compete apenas a los indios demandar que Colombia tenga una agenda propia, no dictada por extraños; en otras palabras, que ejerza su soberanía?

La Minga eleva a un plano superior la movilización social, la cual en muchos casos se limita a los reclamos particulares de los sectores. Ojalá, "como palabra que camina", los puntos de la Minga se difundan por toda la geografía nacional. No es sólo una marcha, es un proceso que apenas inicia.

Si bien estos puntos de cohesión son la cara visible de la Minga, el mensaje encubierto de libertad, dignidad y solidaridad que inculca es aún más fuerte. La crítica reiterada a los movimientos sociales, que no "aportan", se derrumba ante la Minga. Ella es, ante todo, una propuesta de un mundo antípoda al neoliberal del individualismo, "del sálvese quien pueda", y propala que la mala fortuna de una persona no es una buena noticia para las demás.

El cotejo de esta visión con la de los linces de Financial District, no resiste análisis. Ni tampoco cuando se confronta, como en el consejo comunal en La María, el estilo del gobernante, que recurre al truco politiquero, con la verdad firme y clara que salía de la voz de consejeros y consejeras indígenas. Una diferencia antagónica, que se verá más en tanto crezca su lucha; la cual, como dice el himno del pueblo Nasa, será "hasta cuando se apague el sol".

www.servindi.org/actualidad/6269

En un encuentro realizado el día 12 de diciembre, en Montevideo, organizaciones sociales y productores rurales discutieron acerca de la concentración y extranjerización de la tierra, las dificultades que enfrentan la pequeña y mediana producción rural, el acceso a la tierra y la pérdida de fuentes de agua. Los participantes denunciaron los impactos de las plantaciones forestales sobre el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, la familia rural y el empleo.

La declaración del encuentro hace un llamado a suspender la forestación y demanda al gobierno la solución del problema de la tierra, su tenencia y la producción familiar. En el documento, reiteran el apoyo a la Iniciativa de Reforma Constitucional que plantea que la propiedad inmueble rural podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales, estableciendo la ley el máximo que podrá adquirir cada ciudadano.

Además, manifiestan apoyo al Proyecto de Ley que fuera recientemente presentado por la Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas, a los parlamentarios de todas las bancadas, para declarar la moratoria a la venta de tierra a extranjeros no residentes (sea persona física o jurídica), y a los nuevos emprendimientos forestales, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2009. 

Según las organizaciones, la forestación agudiza la vulnerabilidad a la misma afectando gravemente los pozos comunes, artesianos y otras fuentes de agua que son alimentadas por las capas freáticas, y compromete la continuidad de los cursos de ríos, arroyos y cañadas. "Como consecuencia inmediata, impacta negativamente en la población y la producción rural", señala la declaración.

Los participantes consideran que el modelo de monocultivo a gran escala que aplican las empresas forestales en el campo uruguayo es un modelo que ha comprobado acelerar la exclusión rural: "Por lo tanto, el silvopastoreo, además de ser una etiqueta vacía y una forma de continuar la actividad y expansión forestal, es una estrategia para ocultar la pérdida de soberanía alimentaria que se encuentra asociada a la falta de políticas responsables para atenuar el éxodo rural". 

De acuerdo a la declaración, solamente tres empresas transnacionales (Botnia, Ence y Weyerhaeuser) son dueñas de al menos 520.000 hectáreas de tierras, de las que han desplazado a pequeños productores rurales y productores familiares lesionando gravemente la identidad cultural y territorial. Esas empresas no han cumplido las promesas del empleo.

"Las empresas forestales ponen en jaque la posibilidad de alcanzar un Uruguay productivo con justicia social, donde la tierra y el agua sean elementos centrales de la soberanía territorial y alimentaria. Bajo la lógica de la máxima ganancia, cada hectárea de tierra y cada arroyo que pasa a manos de las forestales va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria", destacan

www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=36666