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Miércoles, 31 Enero 2018

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Los países integrantes del ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, estudian una gama de proyectos de gran interés en la rama alimentaria, en lo que se interpreta como una alternativa a los crecientes precios de esos renglones en el mercado internacional.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció recientemente la Grannacional Cacao del ALBA, una iniciativa delimitada por el afán de potenciar el desarrollo agrícola y agroindustrial, así como la distribución de productos entre los miembros.

El ALBA, integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela aprobó en Caracas en enero pasado el documento jurídico para la creación de la empresa grannacional de Alimentos.

ALBA Alimentos es una entidad grannacional, o sea, alejada del mercantilismo al uso de las transnacionales, dirigida a garantizar el suministro de semillas, fertilizantes, aperos de labranza, medios para el riego y bioplaguicidas, entre otros elementos.

La diversidad de aportes ayudará a paliar graves insuficiencias en la agricultura actual, sobre todo del Sur empobrecido, y además representará un acierto inédito, ante su alcance social y por su posible incidencia en la ansiada ruptura del esquema capitalista de dominación.

El proyecto ALBA Alimentos sólo necesita de la aprobación de los jefes de Estado de los países integrantes del ALBA en su próxima cumbre en Caracas.

Como parte de sus múltiples aciertos, el bloque solidario creado en el 2004 por los líderes de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, perfiló la grannacional alimentos a fin de incrementar a corto y mediano plazos la producción de esos renglones de consumo.

Además del previsto desarrollo rural armónico de los países miembros, es justo consignar que en el seno del ALBA se han aprobado otros tratados y proyectos grannacionales.

Son los casos referidos al comercio justo, concretados en empresas como la de suministros industriales, importaciones y exportaciones, así como centros de adiestramiento para optimizar la capacidad productiva y la innovación tecnológica.

En el ámbito específico de las iniciativas en materia de alimentos, los planes del ALBA adquieren importancia crucial.

Es oportuno recordar el aumento del número de personas desnutridas en el planeta, por encima de los mil millones, y cómo la crisis económica internacional arrastró a 105 millones más a ensanchar el número de desnutridos.

No por casualidad, la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, valora de estratégico la inversión en los cultivos y solicita para tal empeño del Norte industrializado un monto mayor a los 44 000 millones de dólares.

El ALBA, integrado por naciones pobres, hace lo posible por mitigar problemas alimentarios que también le atañen y por fortuna apela a modalidades de cooperación ajenas al despiadado afán de lucro, común a estos tiempos en el comercio internacional

El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, recibió ayer a su homólogo colombiano, Andrés Fernández, quien abordó la problemática del cierre de su mercado al arroz peruano desde el 2009.

Según trascendió, la autoridad colombiana habría solicitado al Perú fijar una cuota de ingreso a nuestro cereal. Cabe mencionar que la Comunidad Andina ha declarado ilegal la prohibición impuesta por el vecino país a nuestro arroz, bajo una excusa fitosanitaria.

De acuerdo con la CAN, Colombia debería en estos días volver a abrir su mercado. De no ocurrir eso, se ha planteado que el Perú tome algunas sanciones comerciales contra dicho país (podría ser en algunos productos que ellos nos exportan). Según los productores, el Perú dejó de exportar al menos US$60 millones en los meses del 2009 en que se cerró ese mercado.

El ministerio difundió ayer una nota de prensa en la que informa de la reunión que se extendió por una hora, pero no dio detalles de los resultados.

Lo cierto es que el titular del sector solo habría tomado nota del pedido de Fernández sin ofrecer ninguna respuesta.

El presidente de la Asociación de Productores del Valle de Majes, Luis Zúñiga dijo que no están de acuerdo con una cuota, sobre todo porque la autoridad andina considera que el mercado colombiano debe ser reabierto sin condiciones. Lamentó que no fueran involucrados en el tema por el Ministerio de Agricultura (Minag).

LA CIFRA
50
Mil toneladas de arroz, por US$30 millones, se exportaron a Colombia en los cuatro primeros meses del 2009, antes de que se cerrara el mercado.

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Paraguay presentarán hoy un plan de reforma agraria integral y desarrollo rural, cuya prioridad es la titulación de tierras.

En este país, la mayoría de las tierras fértiles y cultivables están en situación de titulación falsa e ilegítima, según especialistas en este tema.

De acuerdo con el titular del MAG, Enzo Cardozo, el proyecto será sometido a la consideración de todos los sectores sociales involucrados.

El presidente del país, Fernando Lugo, ha reiterado la necesidad de la reforma agraria integral, para lo cual el Ejecutivo busca poner en práctica varios planes como el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y de las instituciones de la sociedad, asi como inversiones sociales y créditos.

Una de las promesas hechas por Lugo durante su campaña electoral fue llevar a cabo la reforma agraria con el fin de resolver uno de los principales problemas de esta nación: el acceso de los campaesinos a la tierra.

Sin embargo, a casi dos años de ganar los históricos comicios que pusieron fin a seis décadas ininterrumpidas de gobierno del Partido Colorado, aún no se concreta el anhelo de Lugo, en gran medida por los obstáculos del Congreso, de mayoría opositora.

En una entrevista con el diario ABC, el sociólogo Tomás Palau aseguró que es de vital importancia la participación de todos los involucrados para la ejecución del plan de una reforma agraria integral.

Para Palau, la dominación económica y cultural es la responsable de la actual situación de los labriegos.

 

Los ministros de Agricultura ecuatoriano y colombiano dijeron ayer que definirán los mecanismos para  exportar. Una reunión se hará en Bogotá.

Colombia y un país de la ex Unión Soviética son los mercados que busca el Gobierno para comercializar el arroz ecuatoriano.

Las conversaciones empezaron con el país vecino. Ayer en la tarde, el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, y su homólogo colombiano, Andrés Fernández, anunciaron en Quito que estudiarán la estrategia para que el arroz ecuatoriano vaya  a Colombia.

La cosecha de arroz de invierno empezó esta semana y se pronostica que habrá más de 900 000 toneladas, mucho más que la registrada durante  el año pasado.

Los productores han pedido la apertura de más mercados para evitar que haya una sobreproducción y caigan los precios.

Las exportaciones a Colombia se suspendieron hace dos años mediante un decreto ejecutivo  del presidente, Rafael Correa. 

"Se tomó la decisión de abrir el mercado de una manera ordenada, de tal forma  que no se afecte la producción arrocera ecuatoriana y colombiana", indicó el ministro de Agricultura, Ramón Espinel.

El ministro Fernández agregó que por ahora no se han establecido cantidades de exportación. Eso se definirá luego de que los técnicos de los dos ministerios analicen la producción, el mercado, consumo,  épocas de cosechas y la realidad del cultivo ecuatoriano. La primera reunión se hará la siguiente semana en Bogotá, a donde irá un equipo de trabajo del Ministerio ecuatoriano.

Fernández indicó que se dialoga con los dos gremios de arroceros colombianos (industriales y productores), pues la semana pasada la Federación de Arroceros colombiana anunció que no iba a importar el producto nacional.

El subsecretario de Agricultura del Litoral, Rafael Guerrero Burgos,  aseguró que dialogan con un país de la ex Unión Soviética, aunque no precisó su nombre. Con ellos se negociarán un total  de   20  000 toneladas.

Por ahora, el único negocio seguro es con Venezuela. Con este país se firmó un nuevo convenio para exportar 150 000 toneladas de arroz en cáscara de  la nueva cosecha. El Subsecretario explica que la entrega se iniciará en mayo y se extenderá hasta julio.

Ayer, en uno de los muelles del Trinipuerto, en el sur de Guayaquil, se embarcaron las 20 000 toneladas  restantes de arroz pilado del acuerdo con  la cosecha anterior. Hasta ahí llegaron algunos grupos de arroceros para verificar la salida de los quintales.

Julio Carchi, presidente de la Asociación de Arroceros del Plan América Lomas, en Daule, espera que el Gobierno gestione la exportación de  250 000 toneladas.

Mientras tanto, Eduardo Bejarano, gerente de la Unidad Nacional de Almacenamiento, detalló que la capacidad de acopio en el  Ecuador  alcanza las 350 000 toneladas: 150 000 para arroz en cáscara y 200 000 para arroz pilado.

Los silos y piladoras están listos para recibir el arroz, dijo Espinel.  Además, se adecuó el sistema de centros de acopio. Hasta ahora, 16 pequeñas piladoras de zonas rurales de Babahoyo, Ventanas, El Empalme, Santa Lucía,  Vinces, Baba y Yaguachi receptan el grano de los agricultores.

 

Miles de agricultores iniciaron este miércoles una huelga por tiempo indefinido con el bloqueo de la carretera Panamericana (sur de Perú) en rechazo a un proyecto de la minera Southern, de capitales mexicanos, informaron la Defensoría del Pueblo y dirigentes.

La protesta comenzó en la provincia de Islay (departamento de Arequipa), 1.050 km al sur de Lima, con una movilización masiva de agricultores que obstaculizó el tránsito en varios tramos de esa estratégica ruta que corre paralela al litoral peruano y une al norte y sur de Perú.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dijo en la tarde del miércoles que "hay varios miles de manifestantes que ya han bloqueado el puente Santa Rosa", sobre esa carretera, y pidió calma tanto a manifestantes como a la policía para evitar incidentes de violencia.

"Queremos la agricultura, no la minería", "agua sí, mina no", coreaban los manifestantes, opuestos al proyecto cuprífero Tía María de la Southern.

Según los pobladores de Islay, ese proyecto significará un golpe al ecosistema de la región e implicará la pérdida de sus fuentes de agua, necesarias para sus cultivos de arroz, azúcar y otros productos.

"Nosotros no podemos perder el sustento de nuestros hogares, no queremos contaminación, no queremos que saquen el agua del subsuelo ni una mina de tajo abierto", dijo a la radio RPP Sabina Cárdenas, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses de Islay.

En las últimas semanas la minera Southern, propiedad del Grupo México, publicó en diarios de Lima grandes avisos señalando que el proyecto Tía María será beneficioso para el sur del país.

Un fuente contingente policial, enviado desde Lima, vigila las movilizaciones de los agricultores en previsión de desórdenes.

En la víspera la Defensora del Pueblo recordó a la policía que "el uso de armas letales sólo está permitido en circunstancias específicas".

La semana pasada choques entre mineros informales y agentes antimotines dejaron un saldo de seis civiles muertos por heridas de bala.

El viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala, sostuvo que las reservas de agua de Islay no se verán afectadas por el proyecto Tía María, que prevé una producción de casi 120.000 toneladas de cobre anuales.

El economista Pedro Francke reveló en el diario La República que Southern tuvo "ganancias netas de 5.300 millones de dólares en los últimos cinco años, que es más de tres veces su inversión".