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Daniel Lozada, ministro del Interior del Perú, habla de la importancia que tiene para su país el tratado comercial con la UE.

Cuál es el resultado de su visita a Ecuador?

Un sabor muy agradable. Hemos podido palpar la experiencia ecuatoriana en materia de seguridad ciudadana.

A propósito de ese  tema, ¿qué avance ha existido en   seguridad fronteriza?

El objetivo de nuestra presencia ha sido fortalecer nuestras fronteras, bajo el parámetro de mantener un control de doble vía entre los dos  países. Así combatir el crimen organizado.

¿Cuáles son los problemas que más inquietan a ambos países en el tema  fronterizo?

Uniformizar criterios. Felizmente hemos logrado un acuerdo que servirá de derrotero para el futuro. Lo más importante es trabajar con tecnología en la frontera para identificar todo lo  que es el tráfico ilícito de distinta índole. Básicamente en transporte ilícito de combustible, celulares robados y trata de personas...

¿Qué instituciones se involucrarán en esta homologación de criterios?

Del lado peruano los ministerios del Interior, Comunicaciones, Salud y Agricultura.

¿Se lo oficializará en el Gabinete binacional Ecuador-Perú,  en Chiclayo?

 Tendremos algunas propuestas para este trabajo, que debe iniciarse lo más pronto posible.

¿Qué tan importante es para el Perú la cooperación en seguridad en organismos  como la OEA y la Unasur?

Son foros muy importantes donde se pueden tocar muchas materias, entre ellas las relacionadas a la seguridad.

¿Al Perú le llama la atención tratar esto en la Alba?

Nos llama la atención todo lo que contribuya al desarrollo de los pueblos y su crecimiento.

¿Y en los planes del Perú está adherirse a la Alba?

En realidad, nosotros no tenemos ningún problema con ninguna organización de países que se haya constituido formalmente.

¿Qué beneficios ve el Perú en el acuerdo comercial que acaba de sellar con la Unión Europea (UE)?

Esperamos que pronto Ecuador pueda insertarse en este bloque de comercio de países europeos con la parte sudamericana. Para nosotros tiene muchas ventajas. No solo lo vemos por el lado de los productos y de cuánto podemos vender o comprar. Miramos beneficios del lado de las inversiones, que son importantes para que se genere riqueza y trabajo.

¿Quiere decir que el Perú ve beneficios concretos en el acuerdo comercial con el bloque europeo?

Creo que no solamente el Perú. Muchos países vemos que el comercio es una necesidad.

¿Por qué?

Si no hay quien compre no hay empresas ni negocio. Y si no hay negocio no hay mercado.  Necesitamos estos mercados para generar inversión, empleo y producción que luego  se traduzca en producción social.

¿Hay temor en Perú de que este acuerdo afecte a  ciertos sectores económicos?

No. En realidad en  lo que queremos es que la competitividad sea transparente, equitativa...

¿Eso está garantizado en el acuerdo con la UE?

Sí. En realidad son acuerdos que benefician a todos.

¿Esperan que Ecuador se sume a este acuerdo?

Ecuador tiene una gran riqueza en recursos  como la minería e hidrocarburos. Creo que le puede ir muy bien en ese campo.


HOJA DE VIDA
Daniel Lozada Casapia
Su experiencia.  Es economista de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actual Ministro del Interior del Perú.    
Su punto de vista.   Sostiene  que uno de los temas claves es la seguridad fronteriza. También reconoce  que un acuerdo comercial con el bloque europeo es beneficioso.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) registra un saldo positivo en el primer año de vigencia de su tratado constitutivo, aseveró la secretaria general de ese organismo, María Emma Mejía.

Recordó que el 11 de marzo de 2011 entró en vigor el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

"Ha sido un año muy fructífero", dijo Mejía y afirmó que "será muy positivo, si como pretendemos, se logra entregar a fines de abril próximo el registro del gasto militar suramericano, con lo que se habrá logrado transparentarlo y ganar en medidas de confianza".

La ex canciller de Colombia, quien el viernes se reunirá con la canciller de México, Patricia Espinosa, en la capital federal, para abordar temas relacionados con la integración, destacó los avances logrados por Unasur.

Citó entre los logros al Instituto de Gobierno en Salud, que dará una matriz de red de sistemas de salud pública a Sudamérica, el proyecto de integración física hasta el año 2022, que en abril comenzará a presentarse al sector privado y a la banca, en Sao Paulo.

Eso "nos muestra que la paz política y el hecho de que seamos una zona de paz, en la que se han depuesto diferencias, y la armonía entre nuestros presidentes nos ha permitido acelerar el proceso de integración", añadió.

Además "se ha avanzado, en presupuesto, definición de reglamentos y de toda la institucionalidad, al activar los consejos, de modo que ha sido un primer año enormemente fructífero", enfatizó.

El 9 de marzo se reunirán los ministros de Telecomunicaciones, en Paraguay, para implementar el anillo óptico sudamericano; la banda ancha, que busca abaratar costos y democratizar el uso de Internet y una red de medios públicos, indicó.

Mejía recordó que en la agenda sudamericana también están la nueva arquitectura financiera y el Banco del Sur, y señaló que los ministros de Economía y Finanzas se reunirán el 17 de marzo en Uruguay, para intercambiar las perspectivas de la región para 2012.

Lo hizo la Presidenta a través de una resolución. Los capitales extranjeros no podrán tener más del 15% del predio que compren.

 Gobierno reglamentó ayer la denominada Ley de Tierras, por la cual se limita al 15 por ciento del territorio nacional la venta a extranjeros, en tanto que las provincias deberán informar en los próximos 60 días la totalidad de los predios de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras.

A través del decreto 274/2012, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y los ministros de Agricultura, Norberto Yauhar, y de Justicia, Julio Alak, se aprobó la reglamentación de la ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Las provincias

La norma -que reglamenta la ley sancionada por el Congreso el 22 de diciembre pasado- estipula que en el plazo de 60 días, las provincias deberán comunicar fehacientemente a la autoridad de aplicación, que será el Registro Nacional de Tierras Rurales, la superficie total de cada una de ellas, sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a tierras rurales y urbanas.

También deberán informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras, según surja de los organismos provinciales competentes, o en posesión de extranjeros, ordenados por departamento, municipio o división política equivalente y, en su defecto, remitir el índice completo de titulares de dominio y de poseedores obrantes en sus órganos competentes, en caso de contar con tales registros.

De igual modo, deberán informar la nómina completa de sociedades extranjeras o con participación extranjera inscriptas en su jurisdicción, así como toda información adicional que la autoridad de aplicación requiera.

La norma indica que la situación de posesión será determinada a partir de la información obrante en los registros de poseedores en las provincias en que estos existan, o por aquellas fuentes de información que así considere la autoridad de aplicación.

Investigación lavado de dinero

En los casos en que se verifique la modificación de participaciones societarias que no sean informadas en tiempo y forma, el Registro Nacional de Tierras Rurales pondrá en conocimiento de la situación al organismo de registro societario competente, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y a la Unidad de Información Financiera (UIF), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones de registro, impositivas y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y bienes involucrados.

La investigación se extenderá a sus socios, administradores y representantes legales.

La norma puntualiza que a los fines de determinar el límite de titularidad extranjera del 15 por ciento sobre el territorio nacional se tendrá en cuenta la superficie continental americana y que el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur será considerado en los cómputos a que se refiere la presente ley una vez cumplido el objetivo establecido en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional.

La reglamentación también indica que en las provincias con municipios, ciudad o de ejidos no colindantes, la determinación de la limitación del 15 por ciento atenderá a la superficie total de tierras rurales por departamento o división política equivalente, que será informada por la provincia a la autoridad de aplicación dentro de los 60 días de aprobada la presente reglamentación.

Sanciones

En el caso de incumplimientos a la ley por parte de los otorgantes y/o los profesionales intervinientes en las operaciones comprendidas por la Ley N° 26.737 o su reglamentación, se prevé tres tipos de sanciones: apercibimiento, multa e inhabilitación.

En ese sentido, se indica que el apercibimiento sólo será aplicado para faltas consideradas leves, siempre que no se verifiquen infracciones antecedentes dentro de los dos años inmediatos anteriores. En cuanto a las multas, serán por un monto equivalente hasta el uno por ciento del valor de la operación o de la valuación fiscal del inmueble, la que resulte mayor, a la que corresponda la infracción.

En tanto, en materia de inhabilitación, se estipula de seis meses a dos años para solicitar la expedición de los certificados de habilitación ante el Registro, aplicable a los profesionales intervinientes, que incumplan las obligaciones legales y reglamentarias, independientemente de la aplicación de otras sanciones.

Para unos está condenado al fracaso, para otros saldará deuda histórica con víctimas del conflicto.

La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor el 1 de enero, busca devolver cerca de dos millones de hectáreas que fueron usurpadas por la violencia y la corrupción en los últimos 20 años en Colombia, uno de los países con más desplazados en el mundo.

El gobierno reconoce los riesgos de una iniciativa que se adentra en el corazón de las causas del conflicto armado que padece Colombia desde hace casi medio siglo, pero considera que también puede ser una vía de solución. "Este es un proceso propio de una etapa post-conflicto, pero que Colombia puso en marcha cuando el conflicto como tal no ha terminado", señaló el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

"Solucionar el problema agrario es una manera de ir acabando el conflicto. Es una ley que arrebata banderas políticas a la guerrilla", cuyo discurso ha estado enfocado en denunciar las injusticias en el campo, argumentó.

El propio presidente Juan Manuel Santos ha recalcado que la correcta aplicación de esta ley justifica por sí sola su presidencia

 Los mayores despojadores en Colombia fueron las organizaciones paramilitares que, en muchos casos, ofrecieron después las tierras a nuevos compradores.

El expresidente Álvaro Uribe, impulsor de la desmovilización de los paramilitares, ha alertado que la restitución puede derivar en "nuevos odios" contra empresarios en Colombia, donde los niveles de violencia se han reducido en los últimos años.

Desde la izquierda, el senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda denuncia que empresarios, algunos de ellos relacionados con el propio Uribe, se aprovecharon de las acciones paramilitares en la pasada década para adquirir terrenos abandonados a precios muy favorables en regiones como Montes de María. Pero el legislador duda que el gobierno de Santos tenga la intención de revertir el 'status quo' agrario en Colombia.

"La ley tiene graves vacíos y es claramente insuficiente para atender a las víctimas. Contiene medidas de seguridad jurídica para los empresarios", explicó Cepeda.

El programa de restitución de tierras, que forma parte de una iniciativa más amplia de compensación a las víctimas en Colombia, creó unidades de investigación de las denuncias y jueces especiales para revertir los despojos.

Restrepo resaltó que en las primeras seis semanas de aplicación ya se han presentado demandas por 600.000 hectáreas, lo que reafirma que "está bien enfocada". Y avanza que esta formalización de la propiedad estará complementada en la próxima legislatura por un "gran proyecto de desarrollo rural" que el Congreso empezará a estudiar en julio.

El coordinador de la Secretaría Económica de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Eco-ALBA), Diego Borja, afirmó hoy que la crisis del capitalismo es una oportunidad para la integración regional.

  Borja dijo a Prensa Latina en esta capital que los países del área deben mirar más hacia el Sur y no seguir apostando a los tratados de libre comercio (TLC) o cualquier otro tipo de acuerdo con Europa o Estados Unidos, donde el modelo ya ha demostrado su fracaso.

Expuso que por primera vez en la historia contemporánea América Latina tiene exceso de dinero, capacidad de inversión y gobiernos volcados a garantizar servicios a sus pueblos, lo cual ofrece posibilidades de una mayor interrelación. El directivo del ente económico del ALBA, creado recientemente en Caracas, apuntó que los principales compradores y vendedores en América Latina están en crisis, y en cualquier acuerdo comercial, por ejemplo, se buscará vender más y comprar menos a este bloque.

Por eso, explicó, se elaboró un mapa de mercancías para ver qué podemos intercambiar entre nosotros mismos, con lógicas de comercio distintas a las del capitalismo dentro de mecanismos unificadores como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

"Miremos al ALBA, a la Celac, a Unasur", señaló al enumerar las enormes potencialidades de la región, con un Producto Interno Bruto de 650 millones de dólares, lo cual la ubica en su conjunto en el puesto 23 de la economía mundial y en la tercera en Latinoamérica y el Caribe, detrás de Brasil y México.

Valoró la trascendencia del conjunto de países sureños, con 80 millones de habitantes, y señaló la urgencia de que se pongan en práctica proyectos conjuntos que generarán empleos, seguridad alimentaria y solución de problemas.

Entre estos, Borja se refirió un sistema ferroviario que interconecte a los países del Sur para fomentar la creación puestos laborales, el intercambio de conocimientos, la transportación de carga y de pasajeros.

También esbozó la posibilidad de dar paso a un sistema de seguridad agroalimentario desde Caracas, en Venezuela, hasta la Patagonia, para dar trabajo a los campesinos y producir alimentos en esta zona con recursos propios, iniciativa que deberá alcanzar al depauperado Haití, con el cual, dijo, América tiene una deuda histórica.

Respecto al uso del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), Borja señaló que existen verdaderas posibilidades para su expansión expresadas por los presidentes de los países del ALBA.

Sin embargo, expuso que persisten trabas todavía para este sistema, fundamentalmente de tipo burocrático y de hábitos en mandos intermedios, que podrían ser solucionadas a corto plazo, y auguró el empleo de esta moneda virtual dentro de los participantes de la Unasur.

Manifestó que en una crisis como la actual, el Sucre, el Banco del Sur y el Fondo Común de Reserva, representan una alternativa para la transformación del orden financiero regional.

Borja señaló que los miembros del ALBA decidieron incluir el uno por ciento de sus reservas internacionales en su Banco para no depender de inversiones extranjeras depredadoras (del medio ambiente y de las economías nacionales) y apoyar el desarrollo.

Por otra parte, señaló que sin la integración física probablemente morirá la voluntad de unificación continental, si no se impulsan proyectos para movilizar importantes recursos, de ahí el planteamiento del desarrollo del ferrocarril y de la interconexión aérea.

Desestimó que el crecimiento económico de uno de los bloques regionales vaya en detrimento de otro y dijo que, por el contrario, el fortalecimiento de alguno de los grupos va a reflejarse en la dinámica del resto.