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Miércoles, 31 Enero 2018

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Un objetivo central de la próxima Cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en Otavalo, Ecuador, es la necesidad de articular la gestión pública de autoridades indígenas y afrodescendientes, afirmó la ministra Alexandra Ocles.

Ir más despacio. Esa pareció ser la señal que Brasil quiso dar a sus socios de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) la semana pasada en Quito, en la primera ronda de las conversaciones iniciadas para poner en marcha un Parlamento Suramericano. La ausencia de representantes norteños en el encuentro celebrado entre el 12 y 15 de junio pasado, destinado a poner en marcha un legislativo regional supranacional dependiente de la Unasur, sorprendió a muchos de los países de la región, que acusaron a ese país de boicotear la puesta en marcha de una de las iniciativas más ambiciosas para el futuro de la integración regional.

Del encuentro participaron los presidentes y representantes de los legislativos nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, así como representantes del Parlamento del Mercosur, cuya delegación fue encabezada por su vicepresidente, Ignacio Mendoza, junto con los parlamentarios Ruperto Godoy, Ruben Martínez Huelmo y Francisco Oviedo, y el Parlamento Andino. También estuvieron presentes delegados del Parlamento Latinoamericano, Parlamento Amazónico y Parlamento Indígena. En la reunión no estuvieron presentes delegaciones de Brasil, Guyana, Paraguay y Surinam.

La elaboración de un Protocolo Adicional que constituya el Parlamento de Unasur, conforme lo establecido en el artículo 17 del Tratado Constitutivo del bloque, era el objetivo primordial de la convocatoria, realizada diez días antes de la fecha establecida para la reunión por la presidencia semestral de la Unasur, que recae en el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. Pero, lejos de alcanzar ese objetivo, el encuentro reflejó fuertes discrepancias entre los países del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) -para quienes el Parlamento Suramericano debe surgir de la convergencia del Parlamento del Mercosur y el Parlamento Andino-, y un grupo de países integrado por Bolivia, Ecuador y Venezuela, para quienes el nuevo legislativo debe surgir "desde cero".

Fuentes parlamentarias que participaron de la reunión en Quito dijeron al Boletín Somos Mercosur que Bolivia, Ecuador y Venezuela apuntaron a crear "una nueva institucionalidad" que comience a funcionar "dentro de un mes", algo que el resto de los países consideraron "una locura", dados los requerimientos logísticos y políticos que ello implicaría. En cambio, los representantes del Mercosur y la CAN argumentaron que el mejor camino sería el aprovechamiento de las estructuras ya existentes, algo que respaldaron con una Declaración de la I Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Suramericana de Naciones, celebrada el 30 de setiembre de 2005 en Brasilia.

En esa declaración, los presidentes propusieron comenzar a recorrer el camino hacia un Parlamento de la Unasur pero aprovechando la "institucionalidad existente", "sin generar nuevos gastos financieros" y "estableciendo la coordinación de las cancillerías con los organismos ya existentes". La Cumbre concluyó con una Declaración en la que se destaca la voluntad política de impulsar un tratado constitutivo de un parlamento suramericano. Para ello, en los debates se destacó la necesidad de concretar primero la aprobación del propio Tratado Constitutivo de Unasur por parte de los Estados que aún no lo han hecho: seis países de los doce que conforman el bloque.

Según se definió en Quito, este proceso continuará con la conformación de una Comisión Especial Parlamentaria de Alto Nivel, con el objetivo de redactar y consensuar el proyecto definitivo de Protocolo Adicional, en cumplimiento de lo consagrado en la disposición transitoria del Tratado Constitutivo de Unasur. Los temas que tratara la Comisión son, entre otros, la integración de este parlamento (proporcional o igualitaria), las competencias y su presupuesto. La Comisión estará constituida por un representante de cada uno de los parlamentos nacionales y un representante de cada uno de los Parlamentos regionales. La coordinación política estará a cargo de las presidencias de los legislativos nacionales.

Se postergó la conformación de un nuevo Parlamento regional que en la reciente cumbre de los presidentes de los Poderes Legislativos de los países que integran la Unasur iban a cristalizar.

Durante los días 12 a 15 de junio se desarrolló la Cumbre de Presidentes de los Parlamentos de países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con el fin de tratar la elaboración de un protocolo adicional cuyo cometido era constituir el Parlamento de Unasur.

La Cumbre concluyó con una declaración en la que se destaca la voluntad política de impulsar un tratado constitutivo de un parlamento suramericano. Para ello, en los debates se destacó la necesidad de concretar primero la aprobación del propio Tratado Constitutivo de Unasur por parte de los estados que aún no lo han hecho, Tratado que a la fecha sólo fue ratificado por 6 países en 12 de la región. Entre los países que aún no han ratificado su inclusión a la Unasur está Uruguay.

Este proceso continuará con la conformación de una Comisión Especial Parlamentaria con el objetivo de redactar y consensuar el proyecto definitivo de protocolo adicional.

Los temas que tratara la Comisión son, entre otros, la integración de este parlamento (proporcional o igualitaria), las competencias y su presupuesto.

La Comisión estará constituida por un parlamentario de cada uno de los parlamentos de las naciones suramericanas y un representante de cada uno de los Parlamentos Regionales del Mercosur, Andino, Latinoamericano, Indígena y Amazónico.

De la Cumbre recientemente realizada en Quito, Ecuador, participaron los presidentes y representantes de los Poderes Legislativos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y Venezuela, y representantes de los parlamentos de integración regional, como el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Andino; así como de los foros parlamentarios regionales y subregionales - Parlamento Latinoamericano, Parlamento Amazónico y Parlamento Indígena.

Brasil, Guyana, Paraguay y Suriname no estuvieron presentes en el evento.

La reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, recién aprobada por el Parlamento, modifica el concepto de propiedad y establece cambios a la forma de trabajar el campo.

El artículo 1 de la ley elimina la "tercerización" por considerarla contraria a la paz social en el campo.

Explica que la tercerización es la forma de aprovechamiento de la tierra "mediante el otorgamiento a un tercero del derecho de usufructo sobre ésta" o el mandato de trabajarla, a través de un contrato, con el cual "el propietario de la tierra efectúa su aprovechamiento con la intermediación de un tercero, o lo delega en él".

Esta explicación legal se resume en que la tercerización no es otra cosa que la decisión de un propietario de arrendar sus tierras para que otra persona las trabaje dándole el derecho a aprovechar los frutos de este trabajo y obteniendo el propietario un beneficio por ello.

Eliminar la tercerización en el campo, elimina también el derecho del propietario de disponer de sus bienes como lo desee, concepto contenido en la Carta Magna.

El artículo 115 de la Constitución establece que "se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes".

El proyecto de reforma de la Ley de Tierras que se aprobó en primera discusión de la Asamblea Nacional establecía la posibilidad de que un propietario de tierras agrícolas de origen privado solicitara al Instituto Nacional de Tierras el permiso de "tercerizar las tierras de su propiedad", pero en la aprobación final de la segunda discusión se eliminó el artículo.

Principio socialista

La reforma a la legislación agraria introduce el "principio socialista según el cual la tierra es para quien la trabaja" y solicita a los jueces competentes proteger este principio.

Basado en este concepto son sujetos preferenciales de la adjudicación de tierras "los campesinos y campesinas venezolanos y venezolanas que hubieren permanecido por un período ininterrumpido superior a tres (3) años trabajando tierras privadas, bajo alguna forma de tercerización, cuando éstas fueren expropiadas por el Instituto Nacional de Tierras conforme al procedimiento previsto en la presente ley".

Se detalla en el parágrafo quinto del artículo 17 de la ley, que "una vez otorgada la garantía de permanencia a favor del solicitante, con fundamento en el numeral cuarto, cesarán los efectos de las sociedades, contratos o negocios jurídicos celebrados con el legítimo propietario de la tierra privada, el cual perderá todo derecho a los frutos, utilidades o beneficios del trabajo de dicha tierra por parte del beneficiario de la garantía de permanencia".

La disposición transitoria décimo sexta del texto legal determina que "los ocupantes de tierras con vocación agrícola que a la entrada en vigencia de la presente ley, aprovechen dicha tierra mediante cualquier forma de tercerización, deberán notificar de tal circunstancia al Instituto Nacional de Tierras, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes de la publicación de la presente ley en Gaceta Oficial, con la finalidad que el mismo regule o inicie los procedimientos administrativos correspondientes estipulado en la presente ley".

La transferencia de la propiedad agraria también es regulada en el artículo 269, el cual contempla que "los registradores y notarios exigirán las autorizaciones previstas en esta ley, y no podrá protocolizarse, reconocerse o autenticarse por ante notaría u oficina subalterna de registro alguna, sin la debida autorización del Instituto Nacional de Tierras, ningún acto de transferencia de la propiedad o gravamen de tierras con vocación agrícola o bienhechurías fomentadas en dichas tierras, o mediante los cuales se efectúe la constitución de sociedades, celebración de contratos de arrendamiento, comodato (...), que impliquen el aprovechamiento de predios rurales con vocación agrícola de forma indirecta".

 

Foto: Gustavo Bandres

La creación del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), uno de los compromisos ratificados por los presidentes de los órganos legislativos de la región en reciente reunión realizada en Quito, es de vital importancia pues potenciará la integración de los pueblos de América del Sur.