La directora del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Elva Terceros, informó el miércoles que se inició la capacitación a investigadores del país para la elaboración de proyectos en agricultura, que serán presentados al Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), para acceder a créditos de inversión para la región.

La capacitación se realiza en la estación experimental de la localidad de Toralapa, en la provincia Tiraque, a 71 kilómetros la ciudad de Cochabamba, explicó

"Con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura es que estamos haciendo un curso para investigadores bolivianos de diferentes instituciones para poder elaborar proyectos que nos permitan postular y acceder a esos fondos", dijo a la ABI.

Argumentó que la capacitación se ejecuta tras una convocatoria lanzada por FONTAGRO en todos los países de Latinoamérica, sobre todo para los países más pobres, entre ellos Bolivia.

Los proyectos deben estar dirigidos a la pequeña agricultura, para hacer frente al cambio climático.

Precisó que el organismo multilateral tiene un fondo de alrededor 60 millones de dólares, aportado por 14 países latinoamericanos.

Explicó que las propuestas deben ser presentadas por los países y que buscan también los créditos Paraguay, Uruguay, Chile y Nicaragua.

"Entonces con ese fin se está haciendo un curso también acá teórico y práctico, para ganar esta convocatoria", agregó.

El Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria es un consorcio que tiene como misión fomentar la competitividad, la gestión sustentable de los recursos naturales y la reducción de la pobreza en el sector rural de las Américas, a través del financiamiento de proyectos que ayuden a crear y diseminar información científica.

 

El Estado contra el Estado. Sólo en el Perú suceden estas cosas. El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, que se cree amo y señor del país, pretende desautorizar una decisión del Tribunal Constitucional.

El Perú debe recordar que durante el año 2009, los Gremios y Organizaciones Agrarias de CONVEAGRO desplegaron, como es de conocimiento público, una intensa lucha por la restitución de los aranceles aplicados a los productos agropecuarios. El MEF, hizo oídos sordos a nuestra demanda. Con esa desventaja, entregada unilateralmente por el Perú, nuestro país negoció los acuerdos comerciales que hoy tiene que enfrentar el Agro Nacional sin la debida preparación a través de una Agenda Interna reclamada hasta el cansancio.

Hoy, cuando sectores proclives a los TLC reclaman lo que el agro viene haciendo durante tantos años, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por la restitución de aranceles para el cemento, haciendo que el MEF amenace con acudir a instancias supranacionales, para defender su obtusa posición.

La agricultura nacional en pleno, reitera su pedido de restitución de aranceles, como mecanismo justo y necesario para la defensa de la producción nacional afectada por las importaciones subsidiadas y competencia desleal. Los precios internacionales de los productos sensibles han caído o se mantienen estables, sin embargo el MEF, abusivamente, mantiene eliminados los aranceles a pesar que el pretexto de la eliminación arancelaria ya no existe.

Se debe calcular cuánto ha dejado de cobrar el erario nacional por este concepto de rebaja de aranceles agropecuarios y quiénes se han beneficiado con las ganancias.

De otro lado, el Gobierno a través del MEF, viene reiterando su abusiva posición antiagraria trabando la "viabilización" de la Ley PREDA. El Decreto de Urgencia 009 lo obliga a transferir 50 millones de soles al Agrobanco para que pueda salvar a miles de pequeños productores que siguen sufriendo el acoso judicial de la banca con la amenaza permanente, hasta ahora, de rematarle sus tierras y el MEF se mantiene con los ojos cerrados y los oídos sordos.

El Agro, declarado en emergencia, exige al gobierno para que a través del MINAG revise, de manera urgente, la viabilidad del Seguro Agrario Catastrófico, debido al dudoso comportamiento de las empresas aseguradoras. En el Cusco, donde las lluvias e inundaciones dejaron miles de hectáreas de cultivo destruidas, las compañías de seguro siguen "evaluando" a qué productor calificar como damnificado para socorrerlo con 400 soles por hectárea. Es un acto inhumano e irracional, pues la infraestructura productiva ha sido severamente dañada y los agricultores cusqueños no merecen este trato.

Lima, 19 de marzo 2010.

Federico León y León                                  Jorge Prado Sumari

Presidente                                           Secretario

El Gobierno peruano promulgó ayer martes la ley de recursos hídricos que le da prioridad de uso a la actividad agraria y que establece que "no existe propiedad privada" sobre el vital recurso, informó la Presidencia.

La ley, que había sido rechazada por agricultores en violentas protestas ante temores de privatización del agua destinada al riego, fue elaborada con aportes y en consenso con la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego y el gremio exportador peruano Adex.

"Esta ley marca la seguridad y devuelve la confianza al mundo agrario", dijo el presidente peruano, Alan García, tras firmar la ley en Palacio de Gobierno ante cientos de campesinos y gremios agrícolas del país.

"El agua para fines agrícolas tiene la prioridad en el uso productivo de las aguas; importante la minería, importante la industria naturalmente; pero hablando de agua será prioridad para los campesinos y la agricultura, ese es nuestro compromiso", afirmó García.

La norma designó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para ejercer la administración exclusiva de las aguas, organismo que además buscará recuperar la calidad de las aguas y fiscalizará si es contaminada.

A inicios del 2008, agricultores de todo el país marcharon por las calles y bloquearon carreteras del norte y sur peruano en protesta de la ley de aguas que según ellos, afectaría el libre uso del recurso para el campo.

Pero luego los campesinos de la Junta de Riego, Gobiernos regionales, gremios industriales y mineros, así como autoridades y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la gestión del Agua aportaron para elaborar la norma, que fue difundida en talleres comunitarios.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reafirmó el apoyo al Paraguay a través de una línea de crédito de hasta US$ 1.000 millones, para el periodo 2009-2013, orientado a brindar asistencia técnica y financiamiento en áreas de infraestructura como transporte, energía, agua y saneamiento, agricultura, biocombustible y también para paliar los efectos del cambio climático, según un reporte de prensa del Ministerio de Hacienda.
Autoridades del BID entregaron ayer al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, la Estrategia de País 2009-2013 del banco con Paraguay, documento que contiene los acuerdos, entre las autoridades nacionales y el organismo, que sirven como guía del apoyo de la entidad multilateral a nuestro país, durante la administración del presidente Fernando Lugo.

Asimismo, el documento pone énfasis en el área social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para el efecto, el organismo prevé poner a disposición de las necesidades del país un total de 1.000 millones de dólares, para los cinco años del Gobierno actual, a través de programas de préstamos y cooperación técnica no reembolsable del BID para las áreas prioritarias fijadas en la Estrategia.

Esta Estrategia está basada en el Plan Estratégico Económico y Social (2003-2013) y fue elaborada en permanente consulta con las autoridades y los técnicos del Ministerio de Hacienda, además de los estudios técnicos sectoriales realizados por el Banco. Por tanto, refleja el diálogo institucional del Gobierno y el mismo contiene las áreas prioritarias de proyectos y cooperaciones técnicas del sector público y también del sector privado. El documento reafirma el compromiso del BID con Paraguay para apoyar su proceso de desarrollo económico, orientado hacia las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Económico y Social (PEES) del Gobierno.

El agro uruguayo ha vivido una revolución silenciosa en los últimos años, y eso se refleja en el encarecimiento de la tierra. No hace mucho tiempo, las quejas de los productores se concentraban en el endeudamiento y la necesidad de facilidades para superar esa carga y recibir nuevos créditos. Ahora, el problema es que el negocio creció mucho, que hay otros jugadores en el campo oriental, fundamentalmente extranjeros, y que el precio de la tierra es muy caro.

¿Muy caro o adecuado a los nuevos tiempos? En el campo dicen que hay razones para un aumento del valor de la tierra, pero que los precios se han sobredimensionado por la ganancia que hasta hace poco daban la soja o la leche, con precios internacionales que ya no están.

Esta semana, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) divulgó el resultado de relevamiento de ventas de campos durante 2009, presentado en una serie construida desde 2000.

En el último trimestre del año pasado, el precio promedio de la hectárea fue de 2626 dólares. En 2000, en el promedio anual, la hectárea se había pagado 965 dólares. No son iguales los dólares de ahora que los de una década atrás, pero más allá de vaivenes en el tipo de cambio, el aumento del precio de la tierra es notorio.

Operadores del mercado y productores sostienen que el incremento por encima de niveles lógicos ha desestimulado la concreción de compras. Pero algunos interesados en adquirir tierras advierten que no encuentran una oferta suficiente.

Lo cierto es que en toda la primera década del siglo se redujo la cantidad de transacciones y también la superficie total de campos vendidos, pero el precio siguió en alza.

Así, el precio promedio por hectárea pasó de US$ 1844 en 2008 a US$ 2329 el año pasado. Eso significa un incremento en dólares del 26,3%. Si cuenta sólo el período comprendido entre octubre y diciembre, el precio medio de las compraventas llegó a US$ 2625 por hectárea, lo que significa el promedio trimestral más alto entre 2000 y 2009.

Los departamentos con más superficie vendida fueron Paysandú, Rivera y Tacuarembó. Entre los tres departamentos, acumularon ventas por US$ 108 millones, un 25% del total de transacciones.

Colonia (departamento que está frente a Buenos Aires) y Rocha (zona este, limítrofe con Brasil) registraron los precios medios más altos: 5097 y 4016 dólares por hectárea, respectivamente. El 70% de las operaciones correspondió a superficies de entre 10 y 100 hectáreas, pero éstas significan sólo el 13% del área vendida.

Como contrapartida, de acuerdo con los referentes del mercado, los altos precios hacen caer las operaciones. Por eso, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, en 2009 el área vendida cayó por tercer año consecutivo, después de alcanzar un máximo en 2006. Así, en 2009 se hicieron un 37,% menos de operaciones de compraventa de campos que en 2008, y la superficie vendida fue un 52,8% inferior a la del año anterior.