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Diputados, senadores y asambleístas se reunirán en Guatemala para combatir el hambre, junto a representantes de organizaciones de la sociedad civil de la región.

Más de 60 parlamentarios y miembros de la sociedad civil se reunirán en Ciudad de Guatemala para debatir y conocer las experiencias legislativas que buscan facilitar el acceso de la población a una alimentación adecuada en los países de la región.

El III Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe se realizará entre el 30 y 31 de agosto, y en él se analizará el rol de la sociedad civil en el desarrollo de leyes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y llevar a cabo la lucha contra el hambre. En la ocasión se abordarán vías para lograr un mayor acercamiento entre los actores públicos y sociales en la discusión de las normas y estatutos legales.

"La lucha contra el hambre debe ser una política de Estado. Para que esto sea una realidad y se mantenga en el tiempo es necesario un fuerte compromiso del ejecutivo, los parlamentarios y la sociedad civil. Las organizaciones sociales y comunitarias tiene un rol importante que jugar en el desarrollo de legislaciones para reducir el hambre y la malnutrición, a través de sus puntos de vista y experiencia", señaló Guadalupe Valdez, diputada de República Dominicana y coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre.

A la reunión también asistirán representantes de varios gobiernos de la región y parlamentarios de otros continentes.

"Esta reunión es una muestra del creciente involucramiento de los parlamentarios de la región en la lucha contra el hambre. Es una experiencia que ya genera interés en otras regiones", dijo Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Guatemala comprometida

En Guatemala el tema de seguridad alimentaria y nutricional está bien posicionado en la agenda de país, prueba de ello es el lanzamiento del pacto Hambre Cero, que busca reducir la desnutrición crónica un 10 % en los próximos 4 años. 

Asimismo, el pasado mes de julio, diputados guatemaltecos lanzaron el Frente Parlamentario Contra el Hambre de Guatemala, con el fin de sensibilizar sobre la problemática del hambre, desarrollar y reformar legislaciones y fortalecer el presupuesto nacional en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

Unidos contra el hambre

El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe es una red creada el año 2009, que reúne a legisladores regionales, subregionales y nacionales interesados en combatir la subnutrición y la malnutrición, junto a representantes de la sociedad civil.

A su vez, es el marco bajo el cual se han ido creando frentes nacionales contra el hambre en trece países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

 El frente regional y los capítulos nacionales forman parte integral de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre,  un compromiso político de todos  los países de la región cuyo fin es erradicar el hambre en la región antes del año 2025.  

Dicha labor cuenta con el apoyo de FAO, que los asiste, facilitando la coordinación de los actores y entregando ayuda técnica.

 

 

 

 

Venezuela escogió el peor momento para incorporarse al Mercado Común del Sur (Mercosur), ya que actualmente posee más debilidades que fortalezas empresariales, aseguró hoy el economista privado Orlando Ochoa.

"El ingreso de nuestro país a esa organización es un arma de doble filo pues no estamos en condiciones de competir con unos monstruos tan grandes como Argentina y Brasil", precisó a Notimex el coordinador de la asociación civil Pensar en Venezuela (PV).

El pasado 31 de julio, Venezuela ingresó oficialmente como miembro pleno al Mercosur, en una cumbre extraordinaria a la que asistieron el presidente Hugo Chávez y sus colegas de Argentina, Cristina Fernández, de Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, José Mujica.

Ochoa destacó que todo proceso de integración representa la apertura de nuevos mercados, sin embargo advirtió que las empresas venezolanas están en desventaja dado que carecen de la necesaria libertad cambiaria, es decir un mercado abierto de divisas.

"Venezuela se apresuró a formar parte de esa organización, sin evaluar antes en qué condiciones competirían nuestras empresas porque sólo tenemos petróleo que ofrecer a países hermanos, como Brasil que es una potencia a nivel económico y a Argentina", añadió.

El asesor financiero recalcó que es conocido en América Latina que Venezuela tiene una industria y agricultura disminuida, con muchos controles y divisas limitadas, lo que ha incidido en la baja producción y productividad del país.

"En estas condiciones, aparte de petróleo, poco podemos ofrecer a los países que conforman el bloque del Mercosur, cuyas economías son más sólidas que la nuestra", señaló el catedrático de la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Tras recordar que la moneda local está sobrevaluada, advirtió que en consecuencia, "será atractivo para nosotros importar de esos países, pero casi que imposible que estos importen nuestros productos porque aparte de escasos son muy caros".

"¿Qué podemos ofrecer a estos países si importamos el 70.0 por ciento de lo que comemos, porque el aparato industrial se encuentra destrozado y las empresas expropiadas por el Estado permanecen improductivas?", se preguntó el experto.

Y contestó: "nada tenemos que vender, pero sí mucho que comprar".

Mencionó que de ganar las elecciones del 7 de octubre próximo, el opositor Henrique Capriles "deberá tomar las medidas para evitar que las importaciones se multipliquen y la dependencia alimentaria termine consolidándose".

"Es preciso diseñar una política que sea capaz de diversificar nuestras exportaciones mediante la promoción de un clima de confianza y seguridad jurídica para que el sector empresarial del país genere más bienes y servicios", finalizó.

 

 

Un anteproyecto legislativo de ordenamiento territorial --que, en determinados casos, puede convalidar la expropiación de tierras si lo amerita el interés colectivo-- generó fuertes rechazos de la oposición política.

De prosperar la iniciativa --revelada ayer por el diario "La Nación" --, el Estado podrá imponer subdivisiones, edificaciones o, directamente, avanzar sobre inmuebles que declare ociosos cuando la situación socioterritorial lo requiera.
"Desde el Congreso, vamos a trabajar para que no salga. Viola una de las garantías constitucionales fundamentales: la propiedad privada", afirmó el diputado Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco).

Según un nuevo estudio, América Latina y el Caribe sufrirán costos anuales mínimos de 100.000 millones de dólares para el año 2050 debido al cambio climático. 

El informe titulado "El Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y el Caribe: Opciones para un Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono", fue elaborado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).

El estudio señala claramente que el derretimiento de los glaciares, la reducción en los rendimientos agrícolas, las inundaciones y las sequías son algunos de los cambios asociados al calentamiento global que impactarán en la región.

El investigador líder del estudio, Walter Vergara, que además es Jefe de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del - BID-, declaró que la cifra estimada representa "Los costos mínimos con los impactos ya inducidos en la biósfera, son los cambios que ya están comprometidos en la atmósfera, estos cambios van a suceder".

Ben Olken, profesor de economía del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), señala que el impacto de las altas temperaturas no solo afecta los cultivos, sino también las inversiones, la producción industrial y la estabilidad política".

INVERSIÓN

También en el documento se aconseja que "es imperioso que la región aumente en forma drástica sus inversiones en adaptación al cambio climático". Un aspecto positivo destacado por los autores es que el costo de las inversiones en adaptación es mucho menor, equivalente a la décima parte del monto estimado para los daños materiales si no se toman medidas.

Las inversiones en adaptación constituyen una pequeña fracción de los costos de los impactos materiales, estimados en forma conservadora en 0,2 % del PIB de la región a valores actuales.

Además de invertir en adaptación, también se requieren inversiones para reducir radicalmente las emisiones de dióxido de carbono y metano, dos de los principales gases de efecto invernadero.

Como mensaje final Vergara insta a "Ponernos a trabajar ya mismo o los daños van a aumentar en forma exponencial", y agrega: "Lo que podemos hacer es disminuir los daños que pueden perjudicar a nuestros hijos y nietos, ése debe ser nuestro objetivo, no podemos descontar el futuro de nuestros hijos y nietos". 

Es el segundo país del mundo con mayor aplicación de alta tecnología en los cultivos por cantidad de hectáreas, según un estudio del INTA. Cuáles son los beneficios. 

Las novedades en comunicación, internet y telefonía celular permiten que el productor visualice lo que sucede en su campo, comande equipos a distancia y acceda a mapas de rindes, aplicación y siembra en tiempo real.

Fotografías aéreas y satelitales, mapeos de suelos y sensores de índice verde son también instrumentos que cada vez más colaboran con la toma de decisiones en el manejo de insumos y demás prácticas agrotécnicas.

El 21,6% de sus 33 millones de hectáreas sembradas está equipada con herramientas de agricultura de precisión, es el cálculo realizado por el INTA Manfredi (Córdoba), a partir de información relevada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).

"Estamos en niveles muy altos de adopción de tecnología de precisión, apenas detrás de los Estados Unidos", señala Andrés Méndez, técnico del instituto.

Según el especialista, el liderazgo estadounidense se explica por su gran extensión y un alto porcentaje de equipamientos de precisión, dado que "seguramente todos los productores en ese país tienen alguna herramienta de AP". Al mismo tiempo, "otros países tecnificados como Alemania, Japón y Bélgica tienen el 100% de uso de las herramientas pero la cantidad de hectáreas es muy inferior a la de nuestro país. Por eso los superamos", analiza el técnico.

Esta tendencia ya cumplió una década y consolidó un mercado: el de equipos de agricultura de precisión, que sigue creciendo a paso firme en la Argentina. Para Méndez, "su correcto uso y el manejo de insumos y cultivos, permite que los productores sean precisos y eficientes".

Hoy, el mundo compra máquinas automatizadas, inteligentes, capaces de facilitar el manejo de cultivos e insumos por ambientes. Así, el banderillero satelital, los controladores de siembra y el monitoreo de rendimiento en cosechadoras están entre las preferidas por los productores a escala nacional.

En esta línea, Méndez destaca el rol del INTA: "Se trata de un organismo líder en la agricultura de precisión que, mediante la extensión, le acerca al productor los resultados de las investigaciones, las tecnologías desarrolladas, las formas de utilizarlas y sus beneficios". Y remarca: "Esto se nota en que los países limítrofes se interesan por los desarrollos nacionales debido a que están adaptados a la medida de las necesidades de la región". Asimismo, advierte la importancia que adquieren, cada vez más, los programas integrales de capacitación en estas tecnologías, "con una demanda creciente entre los productores más jóvenes".