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Detrás de los encubrimientos y las campañas de desinformación sobre la desaparición forzada del ciudadano Santiago Maldonado se esconde el viejo y trágico conflicto del despojo de las tierras de las comunidades indígenas. Cambiemos y el juez Guido Otranto fueron incapaces de llevar adelante una investigación seria sobre la trágica desaparición de Maldonado.

Tampoco ha hecho nada el gobierno nacional por la deuda que arrastra el Estado con sus comunidades indígenas. Burlando la Constitución Nacional y con la complicidad de los gobiernos de turno, nacional y provincial, fueron vendidas cientos de miles de hectáreas a sociedades anónimas y corporaciones internacionales. Los márgenes cordilleranos, que eran considerados tierras desérticas e inhóspitas, hoy son codiciados por las corporaciones por sus riquezas petroleras o minerales. Ejemplo mayor lo dan las 884 mil hectáreas compradas por los Benetton en la Patagonia que piden expulsar de su estancia Leleque a la comunidad mapuche que reclama mil hectáreas. Mientras se promueven desalojos, los nuevos dueños son protegidos por el Estado en compras fraudulentas: el magnate inglés Joe Lewis, violando la ley de tierras de frontera, adquirió 11 mil hectáreas en Lago Escondido, en la frontera con Chile.

¿Qué no se dijo de los mapuches en estas semanas? Que son "anarquistas, violentos, subversivos… chilenos que están invadiendo nuestro territorio", pero se oculta que las dos mayores organizaciones que nuclean a más de doscientas comunidades mapuches (Confederación Mapuche Neuquina y Coordinadora de Organizaciones Mapuches de Rio Negro) tomaron distancia de la RAM, reiterando los reclamos pacíficos de sus derechos y la vocación humanística de su cultura. La vergonzosa historia de desalojos y represión de las comunidades se ha llevado demasiadas vidas indígenas sin que se conozca que algún represor o nuevo dueño de sus tierras haya muerto por sus acciones de resistencia. Como denunció el cacique Félix Díaz, entre el 2007 y 2015 fueron asesinados en Formosa 25 integrantes de la comunidad qom La Primavera.

La campaña mediática antiindígena miente y encubre cuando habla de "usurpación y ocupación ilegal de tierras". Es lo contario: los campos en cuestión les pertenecen desde siempre a los mapuches y hace décadas que debieron entregarles la titularidad. Los incumplimientos y las injusticias que padecieron los pueblos originarios fueron asumidos por la reforma constitucional de 1994 en Santa Fe. Como acto de reparación histórica, se incorporaron sus legítimos derechos a la Carta Magna. Tuve el privilegio de integrar como vicepresidente la Comisión de Nuevos Derechos y durante dos meses se debatió con los delegados de las comunidades indígenas la cláusula a incorporar en la Constitución Nacional.

Recordemos completo el inciso 17 del artículo 75: "Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".

Once años más tarde, se encomendó al INAI el relevamiento de las tierras prometidas y se votó la ley de emergencia territorial indígena (26160) para evitar los desalojos mientras durara el inventario catastral. Han pasado 23 años de la reforma constitucional y 11 de la ley 26160 y sólo fueron relevadas 459 comunidades indígenas de las 1532 que existen en nuestro país. El 70% de ellas sigue esperando la titularidad de las tierras que tradicionalmente habitan, mientras continúa la venta de ellas, con el agravante de que, en junio del 2016, el gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto la ley de tierras rurales (decreto 820) para flexibilizar las restricciones para la compra de campos por extranjeros.

Recordemos que también nos obligan los tratados internacionales firmados por la Argentina e incorporados a la Constitución. Su incumplimiento ha derivado en numerosos reclamos de la ONU al gobierno argentino, como el del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o el Comité de Derechos Humanos que dictaminó, en julio de 2016: "El Estado parte debe adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas".

Somos suristas, integrantes de una de las ocho grandes civilizaciones del planeta: somos pueblos nuevos, como repetía Darcy Ribeiro, fruto del mestizaje con los procesos civilizatorios que llegaron tras el genocidio de la conquista. A las tierras sureñas llegaron europeos mediterráneos, sajones, musulmanes, judíos, africanos, orientales. Las investigaciones demuestran que aproximadamente el 50% de los argentinos tenemos sangre indígena. Somos una nación pluricultural: en la reforma constitucional de Santa Fe se incluyó nuestra propuesta de reconocer el carácter plural de la identidad cultural argentina: "El Congreso tiene la obligación de (…) dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural" (artículo 75, inciso 19).

Jorge Luis Borges escribió en un poema inmortal: "La Patria es el otro". Hoy todos somos mapuches. El próximo 27 de septiembre, en sesión especial, el Senado tratará la prórroga de la ley 26160. No basta con ella, hay que terminar con el conflicto fijando plazos perentorios al catastro de las tierras y la entrega definitiva de los títulos a sus ocupantes ancestrales. Como dice el papa Francisco: "La unidad es superior al conflicto". Hace unos días, recordó en Colombia: "En la diversidad está la riqueza: todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. Aquí radica la grandeza y belleza de un país, en que todos tienen cabida y todos son importantes".

FUENTE: INFOBAE