El ministerio público de Brasil pidió una indemnización de 2 millones de reales (632.500 dólares) al Estado y autoridades de Amazonas por la muerte de cinco indígenas que habían sido segregados en el área más peligrosa de la cárcel durante un brutal motín.
Los indígenas fallecieron en una masacre ocurrida en el complejo penitenciario Anisio Jobim (Compaj) en la capital de Amazonas, Manaus, entre el 1 y 2 de enero, cuando una venganza entre facciones criminales por el control del narcotráfico dejó un total de 56 muertos.
Según la fiscalía, ante las dificultades de adaptación de los indígenas, la administración penitenciaria decidió colocarlos en el espacio llamado “seguro externo”, donde están “los presos en riesgo de muerte, como miembros de facciones minoritarias o condenados por violación”.
Y las organizaciones criminales que dominaban el Compaj “ordenaron la muerte de todos los que estaban cumpliendo pena en seguro externo, lo que llevó a la muerte de los cinco indígenas”, destacó este jueves la oficina de la fiscalía en Amazonas en un comunicado.
Ante esta valoración, pidió la indemnización al Estado brasileño, al estado de Amazonas, a la Fundación Nacional del Indio (Funai) y a la empresa Umanizzare, que administra ese presidio, por “daños morales colectivos”.
Además, la dependencia exige también a las autoridades de Amazonas la creación de un “espacio adecuado y separado” para los reclusos indígenas que sufren discriminaciones étnicas en las cárceles del estado.
“La investigación realizada por el Ministerio Público reveló el total descontrol de los órganos del sistema penitenciario y de la Funai en relación a la población indígena bajo custodia en Amazonas”, lamentó.
La solicitud de la fiscalía fue introducida en un juzgado de Amazonas el miércoles y espera una respuesta judicial.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), hay 748 indígenas en las sobrepobladas y violentas cárceles brasileñas. Sin embargo, la Funai cree que son muchos más porque la mayoría de indígenas no suelen registrarse como tales para evitar sufrir discriminaciones.
Brasil, con 622.000 presos, tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo, según datos oficiales. Ese es uno de los factores que propicia que las bandas criminales tengan ahí sus centros de operaciones.
FUENTE: QUERÉTARO
