La industria bananera colombiana carga con una pesada historia en que los que pagan el mayor costo son los campesinos, que luchan por recuperar sus tierras. Es un sector marcado primero por la presencia de la guerrilla y luego por el arribo de los paramilitares, que fueron financiados por las empresas bananeras presentes en la región.
John Jairo Pérez regresa cada cierto tiempo a la parcela que tuvo que vender hace más de 15 años. Camina en silencio entre las plantas de banano que hay sembradas, con el rostro serio, y observa las pencas que van naciendo. “Ese tallo habrá que podarlo, si no, terminará tumbando la mata de al lado”. Se detiene bajo los gajos aún verdes. “Este lo recogerán pronto”.
Ronda los 50 años y llegó a la finca La Niña, en la región del Urabá, Colombia, en 1982, junto con otras 36 familias que andaban buscando tierra que cultivar. “La ocupamos respaldados por la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y su política de recuperación de terrenos sin cultivar”, explica.
El EPL, desmovilizado en los años 90, promovió la invasión de parcelas en desuso en un país donde el 14% de los propietarios es dueño del 78% de las tierras, según la Universidad de los Andes.
“Yo cultivaba plátano”, apunta. “Además, aquí todos teníamos palos frutales: mangos, cocos, aguacates”. Hasta que en el 2000 llegó uno de los dueños de la compañía Bananeras de Urabá y miembro de una de las familias bananeras más importantes de Colombia, Felipe Echeverri, y le dijo que esas tierras eran de un comandante paramilitar que quería recuperarlas.
La región de Urabá, donde se instalaron las multinacionales bananeras a principios de siglo, ha sido durante décadas un polvorín. La ausencia del Estado propició que las guerrillas comunistas del EPL y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se movieran a sus anchas desde la década de los 70.
Extorsionaban y secuestraban a ganaderos y propietarios de grandes cultivos -principalmente bananeros- controlaban los sindicatos, se disputaban territorios y aprovechaban el corredor hacia el mar Caribe para introducir armas y financiarse con el tráfico de cocaína.
En respuesta a las guerrillas, entraron al tablero los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), al margen de la ley y de la “lucha antisubversiva”, tal y como ellos sostenían. Y también las Convivir, cooperativas de seguridad privada –amparadas, legalizadas y armadas por el Estado– y auspiciadas por la agroindustria y la ganadería.
John Jairo cuenta que Echeverri lo convocó, junto con otros vecinos, en La Teca, una vereda cercana. Pero cuando los representantes de las familias llegaron a la reunión, se toparon con un grupo de paramilitares armados. Con Echeverri estaba Rafael García, uno de los principales líderes paramilitares que operaban en el Urabá, la estratégica bahía del Mar Caribe que forma parte de la ruta marítima hacia Panamá, México y Estados Unidos.
En la reunión, el bananero les dijo que si querían quedarse con las tierras debían pagar 10 millones de pesos (unos 4.800 dólares en la época) por hectárea. Los campesinos pusieron el grito en el cielo: ¿por qué pagar por unas tierras que llevaban años cultivando?
“Entonces García se sacó el revólver del cinturón, lo puso sobre la mesa y dijo: esto se negocia hoy porque se negocia”, cuenta el campesino.
Finalmente, el precio quedó en 4 millones por hectárea (1.900 dólares). Algunas familias entregaron las tierras y otras, como la de Pérez, se quedaron y trataron de pagar la cuota. “Pero un temporal se llevó nuestros cultivos, y no pudimos hacer frente a la deuda. Así que, al final, tuvimos que vender nuestras parcelas por mucho menos de lo que valían”, relata el campesino.
Hoy, 15 años después, John Jairo y el resto de las familias reclamantes siguen esperando una resolución judicial que les permita recuperar sus tierras. Pero el de La Niña no es un caso aislado. Hoy, miles de reclamaciones continúan aún por tramitar en la mayor región bananera de Colombia.
Juan Benito: Otro de los afectados por el episodio de La Niña. Benito era uno de los portavoces de los campesinos en la reunión de La Teca. Cuenta como el jefe paramilitar Rafael García dijo ante la fiscalía que desenfundó el revólver porque “le tallaba la cintura”. “En aquel entonces, esa era la Ley aquí. O uno hacía lo que le decían o le tocaba ir comprándose el cajón (ataúd)”, se lamenta (Foto: Iván M. García)
Los sectores bananero y ganadero en la región de Urabá, representados por unas pocas familias, financiaron sistemáticamente a grupos paramilitares para protegerse y desplazar a los campesinos de la región. Así, se aprovecharon del conflicto en la zona comprando tierras a muy bajos precios de agricultores que huían de la violencia.
Todavía, gran parte de las tierras donde se cultiva banano en Colombia siguen en disputa. Años después de que las grandes multinacionales del banano pusieran fin a su dominio en el país, el sector permanece en manos de un puñado de grandes productores, como Echeverri, que además controlan la comercialización del fruto.
La finca La Niña se ubica entre las miles de hectáreas plantadas en la región del Urabá. En el eje bananero de Urabá –municipios de Turbo, Carepa, Apartadó y Chigorodó– se concentran 34.000 de las casi 50.000 hectáreas de banano cultivadas en Colombia. Colombia es el cuarto mayor exportador de banano del mundo por detrás de Ecuador, Filipinas y Costa Rica. Más del 90% del banano colombiano termina en los supermercados de Europa y Estados Unidos.
Plantaciones de banano en Colombia
Fuente: Censo Agropecuario Nacional de 2014
Las tierras de la finca La Niña pertenecían a la familia Hasbún Mendoza, pionera en la siembra de banano para la exportación desde Urabá. En concreto a Raúl Hasbún, un conocido bananero que tras ver como campesinos respaldados por la guerrilla ocupaban varios de sus predios, entró a formar parte de las autodefensas.
El antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) decretó la expropiación de las tierras de la Niña en junio de 1989 ya que Hasbún llevaba años sin cultivar. “Así que los paramilitares nos cobraron esas tierras cuando ya eran del Estado. Y después de que nos tocó salir, la mayoría de parcelas, como la mía, se las quedó Bananeras de Urabá”, lamenta John Jairo Pérez.
La Niña se encuentra en Turbo. El municipio alberga 10.000 hectáreas de banano que lo convierten en el mayor productor de la región. Entre 2007 y 2014 obtuvo 3,2 millones de toneladas, seguido del resto de municipios del eje bananero de Urabá.
Turbo es la salida natural al Golfo del Urabá. Un enclave estratégico que aprovecharon ya los grupos paramilitares para mover los envíos de cocaína e introducir armas en la región.
Sus 3.055 kilómetros cuadrados, la mayoría en áreas rurales y selváticas, lo han convertido en el municipio elegido para la construcción de Puerto Antioquía, una terminal en principio multipropósito; pero que se perfila como exclusiva prácticamente para la exportación de banano.
Pero Turbo ostenta también otro récord algo más amargo. Es el municipio colombiano con mayor número de solicitudes de restitución de tierras por parte de desplazados por el conflicto: 2.524. Entre éstas, la de Pérez. Y es el municipio que más casos debe tramitar aún: 1.454.
Número de solicitudes de restitución de tierras en trámite por municipio
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
“Los paramilitares llegaban a un pueblo, acusaban a algunos campesinos de colaborar con la guerrilla y los mataban en la plaza, delante de todos. Hubo mucha masacre. Entonces llegaban los comisionistas o los testaferros de los grandes empresarios. ¿Y ustedes qué van a hacer con las tierras? Y claro, los campesinos vendían. ¡Cómo no iban a vender! Pero lo hacían por muy poca plata. Lo único que querían era salir de allí”, explica Carlos Páez de Tierra y Paz, organización que agrupa a buena parte de esos campesinos desplazados en el Urabá.
Hoy, en los municipios del eje bananero del Urabá, existen más de 3.700 solicitudes de restitución de tierras que están todavía en trámite. Gerardo Vega, ex integrante del EPL y director de la Fundación Forjando Futuros, que asesora reclamantes de todo el país, califica como “fracaso” la política de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
En 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos creó la URT para administrar y gestionar las solicitudes de restitución de tierras de las víctimas de despojo o abandono forzado por el conflicto armado.
“Los jueces aquí deben encargarse de los procesos de tierras pero también de tutelas ordinarias. Así, las sentencias se retrasan”, se excusa Elkin Rocha, coordinador de la URT en Urabá. Es decir, para Rocha, la URT avanza en los trámites, pero el cuello de botella se encuentra a la hora de obtener resoluciones judiciales.
Hasta el momento, solo se han resuelto con sentencia el 5% de las más de 100.000 solicitudes presentadas en todo el país. En el eje bananero de Urabá, el porcentaje cae hasta el 3% de las peticiones de restitución de tierras.
“De todos modos, las dificultades de orden público son definitivas”, añade Rocha en referencia a las bandas criminales emergentes (Bacrim) surgidas del paramilitarismo tras su desmovilización entre 2003 y 2006. A esto se suman las rutas del narcotráfico y de migración ilegal, la cada vez más frecuente minería ilegal y el hecho de que monte adentro no se vean apenas uniformados del Estado.
“La falta de seguridad que existe en esta zona puede detener un trámite administrativo fácilmente, aplazar una vista de los técnicos de la URT a un predio en concreto o impedir a un juez acudir a terreno a estudiar un caso en particular y dictar rápidamente una sentencia,” remacha el coordinador de la Unidad de Restitución de Tierras.
Hasta la fecha, según la Fundación Forjando Futuros, sólo ha habido una compañía bananera –C.I. Carib Banana– con una sentencia en contra en un proceso de restitución.
Según el Tribunal Superior de Antioquia la propietaria del predio lo vendió a la empresa porque “grupos armados ingresaban para acampar y eso le generaba miedo”. Situación que aprovecharon los actuales propietarios para pagar un precio menor del que correspondía. La directiva de C.I. Carib Banana no quiso aportar su versión de lo sucedido.
TONELADAS DE BANANO EN MUY POCAS MANOS
Felipe Echeverri es hijo de Rosalba Zapata, una de las empresarias más influyentes del Urabá. Su origen bananero se remonta a Arcesio Echeverri, abuelo de Felipe, que trabajó para la multinacional americana United Fruit Company (actualmente Chiquita Brands) a principios del siglo XX. La compañía americana estuvo marcada en Colombia por la Masacre de las Bananeras, en la que decenas de trabajadores en huelga de United Fruit fueron asesinados por el Gobierno colombiano en 1928.
Rosalba Zapata es la representante legal de la compañía Bananeras de Urabá, que controla más de 600 hectáreas de banano en la región y se ubica entre las 15 mayores bananeras de Colombia, según datos del Gobierno.
Un puñado de apellidos se repiten y entrelazan entre los grandes dueños del banano: Restrepo, Henríquez, Echeverri, Velásquez o Zapata. Pocas manos dominan el sector: los productores que poseen plantaciones de más de 100 hectáreas controlan la mitad –casi el 54%– de este cultivo, según datos de 2014 del Censo Agropecuario Nacional analizados para esta investigación. Sin embargo, solo representan el 6% de los productores bananeros.
En 2009, la mitad de las hectáreas cultivadas de banano estaban en manos de 36 productores, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
La United Fruit Company tenía en la década de los años 20 el monopolio absoluto de la producción y exportación de banano en toda América Latina. Concretamente en Colombia, inició sus operaciones en la zona del Magdalena, donde poseía su propio ferrocarril y disponía de un sistema de salud exclusivo para sus trabajadores.
La hegemonía se prolongó durante décadas y en 1960, la bananera se instaló en el Golfo del Urabá. Continúo creciendo y pasó a constituirse en 1970 en la United Brands Company, y en 1985 se convirtió en Chiquita Brands International.
Hasta 2004, Chiquita Brands dominó gran parte de la producción y el mercado en Colombia. Pero ese año, la compañía salió del país tras ser acusada e investigada por vínculos con grupos armados. Finalmente, en 2007 la multinacional se declaró culpable en Estados Unidos de financiar grupos paramilitares y fue condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Condena que generó no poca polémica entre víctimas de los paramilitares en el Urabá.
La salida del país de Chiquita Brands puso fin al absoluto dominio que tuvieron las multinacionales sobre este sector durante décadas. Ahora, los grandes productores bananeros colombianos controlan la producción y la comercialización.
Las comercializadoras son las que marcan el ritmo del negocio. Banacol es la segunda exportadora del país. La primera es Unibán, que declinó hacer declaraciones para esta investigación.
Entre las dos compañías controlan el 60% de la producción de banano de exportación en Colombia entre 2008 y 2015, Unibán exportó el 40,6% y Banacol el 19,6%. O lo que es lo mismo, comercializaron 3 de cada 5 cajas de banano que salieron del país durante ese periodo.
El porcentaje es mayor si se habla solamente de la región del Urabá, donde las dos compañías controlan el 75% de las exportaciones.
De nuevo, la ausencia de las administraciones explica este hecho. Los dos únicos puertos por los que se exporta banano, Zungo y Nueva Colonia, son privados y pertenecen a las comercializadoras. Banacol posee tres terminales y Unibán controla otras dos.
Las dos compañías ofrecen también servicios logísticos a comercializadores más pequeños que tratan a duras penas de mantener su independencia. “Banacol y Unibán definen las tarifas, que son similares. Aunque sólo prestamos servicio a compañías grandes y serias”, advierte la directiva de Banacol.
Banacol, en palabras de Fernández, “tiene un control total de la cadena”. Produce, comercializa y ofrece servicios logísticos tanto a productores agrícolas para exportar desde Urabá como a compañías de otros sectores que quieran llevar mercancía a esa región.
“La totalidad de la fruta de Urabá se exporta a través de Unibán y Banacol. El 95% del volumen que movemos proviene de fincas propias. Tenemos 39, con un total de 6.500 hectáreas. El 5% restante procede de fincas socias”, explica Juliana Fernández, directora de Asignación de Fruta de la comercializadora Banacol.
De este modo, Banacol no es sólo la segunda gran comercializadora sino también el primer productor de banano de Colombia.
La comercializadora Banacol nació en noviembre de 1980 como una escisión de Unibán, que fue fundada por bananeros colombianos 14 años antes, en 1966, para romper el monopolio de las multinacionales en el país. La americana Chiquita Brands terminó su marcha de Colombia con la venta de todas sus fincas a Banacol en 2004. Con la operación, valorada en 50 millones de dólares, la comercializadora colombiana compró más de 5.000 hectáreas de banano a precio de saldo.
A cambio, Banacol firmó un contrato para seguir vendiendo gran parte de su producción a la multinacional bananera. El trato, sin embargo, especificaba que la parte compradora era Invesmar Limited, una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Según documenta el registro empresarial colombiano, Invesmar es la matriz de la sociedad colombiana Comercializadora Internacional Banacol.
El vínculo de la comercializadora con paraísos fiscales también se alarga a otros países como Panamá. Los dueños de Banacol aparecen vinculados a tres sociedades en el país centroamericano sin que exista ninguna actividad agrícola de la compañía en el país: Banana International Corporation, Banacol Corporation e Inversiones Banacol Panamá. Las sociedades anónimas en Panamá no pagan impuestos de ganancias o bienes hechas en el extranjero.
Foto: Iván M. García
CONTROLANDO LA SALIDA AL MAR
“Las dos únicas salidas que hay en Urabá son privadas y sólo pasa aquel a quien el dueño le da permiso. No hay libertad. ¿Para qué sembrar banano si no se tiene la certeza de poder salir por esos puertos?”, lamenta Jorge William Restrepo, asistente de gerencia de Bananeras de Urabá.
La bananera posee seis fincas cuyas 640 hectáreas producen un millón y medio de cajas de banano al año. Todas comercializadas a través de Unibán, donde tienen un puesto en la junta directiva. Restrepo asegura que el modelo de negocio no deja grandes ganancias.
Datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia reflejan, sin embargo, que los beneficios después de impuestos de Bananeras de Urabá sumaron 1,4 millones de dólares. Un margen del 13%. Agrícola El Retiro, propiedad de Banacol, es la bananera más grande de Colombia. En 2015, su margen de beneficio alcanzó el 26%, con ganancias por 18 millones de dólares.
El proceso de recolección del banano es sencillo. Las cuadrillas, equipos de tres o cuatro trabajadores, se internan en la plantación. Entre ellos, hay siempre uno más alto que el resto. Es el encargado de cortar los racimos. El resto los carga a la espalda protegidos por unas almohadillas y los van colgando en las garruchas, unos ganchos que penden del cable por el que se saca la fruta.
Foto: Iván M. García
Cuando ya no quedan garruchas libres, uno de los operarios se coloca una especie de faja unida a los ganchos y los arrastra por el cable hasta la planta empaquetadora. Allí, otros equipos arrancan con cuidado cada uno de los bananos, los lavan en una gran pileta de agua, los pesan y los empaquetan manualmente en cajas de cartón. La fruta está aún verde, porque madurará en el transporte para que llegue en su punto a Europa.
Claudia Argote, propietaria de la productora Agroban, encuentra su mayor obstáculo en llegar directamente al distribuidor en Europa o Estados Unidos. “Tenemos dificultades en encontrar mercados nuevos en el exterior. En Europa, por ejemplo, generan mucha más confianza las grandes compañías como Unibán o Banacol que una pequeña comercializadora, Coindex, por medio de la que exportamos nosotros”, dice.
Argote califica de duopolio lo que sucede en Urabá. “Con más inversión pública en los puertos, ese duopolio sería menor, Urabá tendría más dinamismo económico y empresarial, y el productor, más independencia”.
Juan Camilo Restrepo es el presidente de AUGURA, la patronal que agrupa a productores y comercializadoras. Para él, el modelo de exportación no presenta problema. “Es la ley de la oferta y la demanda. Si dos empresas privadas tienen la infraestructura y desarrollan el negocio con eficacia, puede haber críticas individuales; pero en absoluto las compartimos como gremio”, sentencia.
Restrepo sostiene que en los últimos 50 años, las infraestructuras en el Urabá la ha puesto el sector privado. Desde los puertos actuales, que construyó la United Fruit Company (la actual Chiquita Brands) hasta el mantenimiento de las vías y carreteras que conectan las fincas productoras con las terminales.
El presidente de la patronal califica a la región del Urabá como “la esquina más estratégica de América”. Quizá por ello, finalmente el ministerio de Transporte ha proyectado la construcción de tres puertos: Puerto Antioquia, Turbo Pisisí y el de Necoclí. Por los dos primeros se moverá presumiblemente el banano.
Para el asistente de gerencia de Bananeras de Urabá, Jorge Willliam Restrepo, estos puertos llegan tarde y llegan mal. “Siguen siendo privados y Unibán y Banacol ya están estudiando cómo van a participar en ellos. Además no hay vías adecuadas para alimentarlos de carga. Las carreteras que tenemos no son aptas para camiones y estos puertos sin vías de acceso no son nada. Es imposible que se mantengan solamente con carga de banano. Vamos a tener varios elefantes blancos en la región”, concluye.
¿UN FUTURO SIN CONDENAS?
Y ante los retos que enfrenta la industria para mantenerse competitiva en el mercado y superar las dificultades de comercialización, el miedo a una condena por las consecuencias del despojo de tierras o la financiación a grupos ilegales no es una preocupación real para las bananeras.
Tal es el caso de Bananeras de Urabá, que fue una de las pionera en la región. “Las guerrillas controlaban los sindicatos y se estaban matando entre ellos. Luego, llegaron las Autodefensas, que también nos hicieron muchísimos daño a nosotros, eran tiempos difíciles”, explica Restrepo.
Carmen Berrío: Reclamante de tierras en Los Mangos, Turbo. “Ahí vivíamos toda la familia hasta que nos tocó irnos cuando ellos llegaron”, explica sobre los encapuchados que llegaron a su finca armados con fusiles en 1995. Cuando regresó unos años después, la encontró llena de paramilitares. A la espera de una resolución judicial, todavía sigue recibiendo amenazas para que no siga reclamando su tierra. Enseña un pedazo de papel que le dejaron bajo la puerta como advertencia. “Son los nombres de toda la gente que mataron en Los Mangos y que yo conocía” (Foto: Iván M. García)
Sin embargo, se escuda en que las acciones de la compañía fueron transparentes pues en todo estos años “ningún proceso contra nosotros ha salido adelante. No hay condena.”
Y aunque es cierto, el pasado mes de febrero la Fiscalía General de la Nación declaró como delito de lesa humanidad la financiación que dieron las compañías bananeras a los grupos paramilitares en el Urabá a través de las Convivir, cuando estas eran legales. Estas organizaciones entregaron luego los fondos a los grupos paramilitares de la zona.
Según denuncia la Fiscalía, el sector bananero “financió de forma voluntaria a un grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse seguridad sin importar el precio o el método utilizado”. Esta resolución evitaría que estos crímenes prescriban en el tiempo.
La Fiscalía concluye que con ese dinero no solo se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento de los grupos armados sino que se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar masacres.
Con ello, el ente investigador deja un precedente que podría repetirse para otras empresas productoras o comercializadoras denunciadas por paramilitares. Compañías como Unibán, Banacol o Bananeras de Urabá podrían responder en Colombia por crímenes de lesa humanidad. Pero por ahora, el proceso es lento, si es que llega a darse.
La única empresa que ha sido condenada por vínculos directos con paramilitares fue Chiquita Brands. Pero el proceso tuvo lugar en Estados Unidos y no en Colombia, con lo cual, ni un centavo de los 25 millones de dólares que se pagaron de multa llegaron al país para reparar a las víctimas.
Víctimas como John Jairo Pérez no pierden la esperanza de recuperar su parcela. “¿Qué siento cuando regreso a mi tierra? En realidad no es rabia. Lo único que tengo es ilusión de poder recuperarla y tenerla tan linda como la tienen ellos”.
Fuente: ElDiario.es, de España
Imágenes satelitales de ESRI e Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Mapas realizados con CARTO. Fotografía de Iván M. García y material gráfico adicional de New York Times y Puerto Antioquía Urabá. Todos los datos de comercio internacional usados en este reportaje provienen de la base de datos de comercio internacional de BACI, basándose en datos originales de la División Estadística de la ONU.
