PRONUNCIAMIENTO
El 3 de mayo del 2017, fue presentado en la Cámara de Diputados de Brasil el Informe Final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), con la participación de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
Instalado en el Congreso Nacional en noviembre de 2015, basada en la solicitud presentada por los diputados y diputadas miembros del Frente Parlamentario Agrícola (FPA), la bancada ruralista, esta Comisión Parlamentaria de Investigación está incrustada en un contexto más amplio de debates y medidas, dentro de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, que muestran la disparidad en la lucha por la tierra en Brasil y el agudizamento del problema de la tierra. En la práctica, esta agenda política se realiza en los contratiempos y violaciónes de las garantías constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado brasileño, en especial la Convención de la OIT Nº 169 de 1989 en relación con los derechos de organización social, costumbres, tradiciones y los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Brasil. Los logros de un proceso reciente, contradictorio y no consolidado de la democratización del país, desmantela gradualmente las instituciones públicas y las políticas dirigidas a los pueblos indígenas, tradicionales y campesinos, mientras que cercenan, rehuyen y penalizan las acciones de sus demandas y actividades, así como los organismos públicos, asociaciones civiles, antropólogas y antropólogos, fiscales federales y otros agentes individuales y colectivos, mediadores en una relación de poder asimétrica.
El ponente del Informe, Sr. Nilson Leitão (PSDB / MT), es uno de los legisladores que votaron por el Golpe Institucional (Impeachment) de la presidenta Dilma Roussef, y ha sido investigado en 2015 por su participación en una organización criminal que impidió la reanudación de la Tierra indígena Marãiwatsédé (MT) por los indios Xavante. Nilson Leitão fue parte del comité que examina la PEC 215, para cambiar el diseño de la demarcación de las tierras indígenas, dejando sin competência al gobierno federal y dando paso al Congreso Nacional, espacio en el que hay una representación masiva de sectores ruralistas, terratenientes con intereses claros contrarios a las demandas de las tierras indígenas.
En el Informe hay solicitudes de referencias y acusaciones que afectan a más de
100 personas, entre ellos indígenas, quilombolas, colonos campesinos (en proyectos de Reforma Agraria), antropólogos, servidores públicos, fiscales, el ex-Ministro de Estado de Justicia; José Eduardo Cardoso, y profesionales vinculados a las causas indígenas y campesinas del país. Las investigaciones se centran en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y Bahía. El estado de Mato Grosso del Sur cuenta con 27 acusados, situandose como la región con mayor número de conflitos en tierras indígenas, donde resaltan hechos de homicidio a grupos étnicos Guarani e Kaiowá.
El Informe penaliza el trabajo de antropólogos e investigaciones relacionadas con las cuestiones indígenas, un Informe inconstitucional para evitar el derecho a la libre expresión intelectual, la ciencia y el pensamiento. También penaliza el derecho de la identidad de algunos grupos indígenas y quilombolas brasileños basadas en presuposiciones racistas.
La CPI FUNAI / INCRA determina en tierras indígenas (TIS) un marco de tiempo para la "vivienda de manera permanente" del artículo 231 de la Constitución Federal en 1988, la misma promulgación de la Constitución en 05/10/198. Esta propuesta ignora el proceso histórico de genocidio y saqueo lanzado sobre los indios brasileños, especialmente en casos de desalojo forzoso de los territorios. El documento también sugiere la abolición de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), institución estatal indígena debilitado por los ataques continuos y los recortes presupuestarios millonarios. Pide también la cancelación de los procedimientos de demarcación de las tierras indígenas y territorios de los remanentes de quilombos, aún cuestiona la expropiación de tierras rurales para fines de reforma agraria. Existe en la Comisión Parlamentaria de Investigación una abierta defensa de la propiedad privada, destacando el poder político-económico y el campo institucional de interés vinculados a una estructura de tierra históricamente concentrada y un proyecto de desarrollo guiado en la agroindustria y los mega-proyectos de los sectores eléctricos de la minería y la construcción.
Expresamos así el rechazo total de las direcciones de informes y de políticas dirigidas a las cuestiones indígenas y campesinas en el país por el Congreso Nacional y el ilegítimo Gobierno Federal.
Penalizar la producción de conocimiento y el derecho a la existencia de indígenas, quilombolas y campesinos es una característica clara del mantenimiento de las políticas coloniales, lo que corrobora la escalada de la violencia histórica (genocidio) y el despojo en contra de estas poblaciones.
Entendemos también, el apoyo necesario de los científicos sociales e investigadores de América Latina frente a esta situación.
FUENTE : Chryslen Mayra Barbosa Gonçalves (mestranda en Antropologia Social por la
Universidade Estadual de Campinas)
Maiane Fortes Ribeiro (mestranda en Antropologia Social por la Universidade
Estadual de Campinas)
