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Grupos de ciudadanos suman ya más de 300 iniciativas de conservación en Chile, que cubren 1,5 millones de hectáreas, en un país donde no existe reconocimiento o financiamiento para las áreas protegidas privadas, con propietarios que van de pueblos indígenas a millonarios locales y extranjeros.

Entre los primeros está la Red de Parques Mapu Lahual, creada 2005 por nueve comunidades de indígenas huilliches, que destinaron 2.250 hectáreas al establecimiento de una reserva natural.

Allí los visitantes pueden avistar ballenas en observatorios construidos frente al océano Pacífico o recorrer sus bosques para apreciar los alerces (Larix sibirica) y la avifauna, además de convivir con la cultura de ese pueblo, su comida o su lengua, el chezungún.

Gustavo Paillamanque, secretario de la Asociación de Comunidades Indígenas Mapu Lahual (tierra de alerces) contó a IPS que esa Red se creó con recursos propios y solo ha contado con el respaldo de algunas organizaciones ambientalistas, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y con esporádicos respaldos de programas estatales.

“Primero se formó una asociación de comunidades indígenas que tenían problemas relacionados con el tema de (la explotación) del alerce. Buscamos alternativas y se visualizó el turismo”, relató desde la ciudad de Osorno, 900 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Los Lagos.

Paillamanque criticó la falta de respaldo estatal para estos proyectos y otros comunitarios impulsados por actores privados que “están en un completo desamparo”. “No hay ninguna regulación desde el Estado. Y como no hay regulación, no hay ninguna línea de financiamiento, ni asistencia técnica, ni investigación. Las áreas protegidas privadas se han autosustentado. Es bastante grave”, indicó.

Con recursos limitados, la Red logró “capacitar algunos guías, a profesionales que delimiten las áreas y que hagan una información un poco más científica, pero es poco. Generalmente se van quedando estancados y no hay seguimiento en ninguna de las áreas”, afirmó.

En el otro extremo se encuentran enormes iniciativas, dos emblemáticas de ellas también en la región de Los Lagos. Una es el Parque Tantauco, propiedad del millonario empresario y expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), que cuenta con más de 118.000 hectáreas en Chiloé; y el Parque Pumalín, de 290.000 hectáreas, del también millonario empresario y ecologista estadounidense Douglas Tompkins, fallecido en este país en 2015.

Esos parques como la mayoría de las áreas protegidas privadas son de acceso público, aunque cobran por visitarlos o acampar en ellos tarifas que no están al alcance de todos. La diversidad de tamaño, recursos y realidades que presentan las reservas privadas es enorme: las mayores de 50.000 hectáreas, las medianas de 10 a 50.000 mil, las pequeñas 1.000 a 10.000, y las muy pequeñas con menos de 1.000 hectáreas. “Las pequeñas son la mayoría.

Son administradas por ONGs, fundaciones o por sus propietarios como personas directas”, explicó a IPS el ambientalista Alfredo Almonacid, quien durante los últimos 12 años fue administrador y coordinador de la Reserva Costera Valdiviana, de 50.000 hectáreas, en la también sureña región de Los Ríos.


Los propósitos de estas áreas protegidas son similares a los de la Reserva Costera Valdiviana cuyos objetos de conservación son los bosques de alerce, de olivillos (Aextoxicon punctatum), los ecosistemas de agua dulce, playas y dunas y animales diversos, a veces amenazados de extinción como el pudú (un cérvido pequeño), el zorro de Darwin (Ycalopex fulvipes) y la guiña (Leopardus guigna). Almonacid sostuvo que “hay ausencia de reconocimiento formal (a las iniciativas privadas) por parte del Estado, falta de incentivos tributarios y o financieros, falta de apoyo técnico, ausencia de un ente coordinador gubernamental de los esfuerzos de conservación privada con las áreas públicas”.

Un problema es que las áreas declaradas como protegidas por privados se rigen por una ley sin reglamento para su aplicación y no hay una autoridad del Estado que las controle o supervise, dijo Almonacid.

“La problemática medioambiental sigue siendo un tema marginal en el ideario público”, señaló. A su juicio, la política ambiental chilena “es débil y frágil y no permite defender de manera efectiva el patrimonio natural y cultural presentes en la áreas protegidas (públicas o privadas) de proyectos productivos o energéticos”.

“Hay falta de planificación territorial estratégica que permita la priorización de los usos del mismo en un contexto de largo plazo y respetando a las comunidades locales y los usos tradicionales que ellas hacen del territorio”, aseveró. Hernán Mladinic, director de Tompkins Conservation, confirmó a IPS que la entidad donará en marzo al Estado chileno un total de 410.000 hectáreas de las cuales 90 por ciento corresponden al Parque Pumalín y el resto al Parque Patagonia, en la austral región de Aysén.

“Será la donación más grande en la historia de un privado a un Estado en el mundo”, comentó. Agregó que el acuerdo de donación involucra la creación de cinco nuevos parques nacionales y la ampliación de tres ya existentes, con aportes públicos y privados. “Serán cerca de cuatro millones de hectáreas de nuevos parques nacionales, en algunos casos son parques nuevos, otros son ampliaciones y en otros reclasificaciones de nuevas reservas a parques nacionales”, explicó.

En Chile tiene una alargada superficie de casi 756.500 kilómetros cuadrados, de los que 20 por ciento son áreas protegidas por el Estado, según datos de la Conaf, la mayor parte bajo la figura de parques nacionales. Mladinic advirtió que “la presión del sobredesarrollo sobre reservas y parques naturales hace más necesario tener estos reservorios naturales”.

Al respecto postuló “una alianza virtuosa entre conservación y turismo que, bien manejado y desarrollado de manera sustentable e inteligente, puede generar conservación y beneficio para las economías locales”. En esa línea, propuso crear una ruta que atraviese 17 parques y recorra 250 kilómetros, solo en la Carretera Austral. El año 2016 el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado fue visitado por unas tres millones de personas, lo que supone un incremento de más de 20 por ciento en los últimos dos años.

Paillamanque también avizora un buen futuro porque “el tema de la conservación de la biodiversidad va teniendo más firmeza y hay más conciencia en las nuevas generaciones”.

Sin embargo, reveló, “asusta la institucionalidad y los proyectos de ley de concesiones que nos deja como a la intemperie”. “Esa es una gran amenaza que se ve en el país. Pero se está generando conciencia, también en el área cultural donde se evidencia mayor interés de las personas en el aprendizaje de las lenguas originarias, por ejemplo. Eso se ve como un futuro interesante”, concluyó.


Fuente: Eco América

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