Miguel Palacín Quispe, líder indígena peruano, será uno de los tres disertantes de la primera sesión temática del Segundo Foro Andino Amazónico. “Extractivismo andino y sus efectos en la vida de los pueblos ind{igenas y campesinos”: éste es el título de su exposición”.
La primera sesión temática del Segundo Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, que comienza el 18 de septiembre en la ciudad de La Paz, somete a debate público el “Capitalismo en la Amazonía, extractivismo en los Andes y el modelo boliviano”. Entre los expositores destaca el peruano Miguel Palacín Quispe, presidente de Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI).
“Extractivismo andino y sus efectos en la vida de los pueblos indígenas y campesinos” titula la ponencia que presentará Palacín el próximo 18 de septiembre en el auditorio del Banco Central de Bolivia. El líder indígena peruano se referirá específicamente a los impactos de los “proyectos de desarrollo” que provocan el desplazamiento y el reasentamiento involuntario de las comunidades indígenas que habitan en el área de influencia del emplazamiento productivo.
Diversas agencias de Naciones Unidas coinciden en que los pueblos indígenas soportan de manera desproporcionada los costes impuestos por las industrias extractivas y consumidoras de recursos, entre ellas las generadoras de hidroelectricidad, las explotaciones hidrocarburíferas, los proyectos de infraestructura y las factorías agroexportadoras, entre otros proyectos a gran escala.
El ex relator para los derechos indígenas de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen advirtió que el modelo de desarrollo vigente en todo mundo, y por ende en Sudamérica, entraña una violación importante de los derechos culturales, sociales, medioambientales y económicos de los pueblos indígenas.
En general, las principales repercusiones de los “proyectos de desarrollo” en los derechos humanos de los indígenas se relacionan con la pérdida de tierras y territorios tradicionales; el desalojo, la migración y el reasentamiento; el agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural; la destrucción y contaminación del medio ambiente tradicional; la desorganización social y comunitaria.
En sus informes anuales 2012 y 2013 presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el actual relator especial de Naciones Unidas James Anaya argumenta que las actividades de extracción y explotación de recursos naturales en territorios indígenas o en sus inmediaciones se ha convertido posiblemente en la fuente más generalizada de obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos indígenas.
En su informe temático titulado “Las industrias extractivas y los pueblos indígenas”, Anaya constata que “los pueblos indígenas en el mundo han sufrido consecuencias negativas, incluso devastadoras, a causa de las industrias extractivas…”, y lamenta que los pueblos originarios continúen sufriendo injusticias históricas generalizadas, incluidos tratados violados, actos de opresión y políticas erradas de los gobiernos.
Entre los derechos sustantivos fundamentales de los pueblos indígenas que pueden verse afectados por la explotación y extracción de los recursos naturales figuran, en particular, los derechos a la propiedad, a la cultura, a la religión y a no ser objeto de discriminación en relación con las tierras, los territorios y los recursos naturales, lo cual incluye los lugares y objetos sagrados; los derechos a la salud y el bienestar físico en relación con un medio ambiente limpio y saludable; y los derechos a establecer y materializar sus propias prioridades de desarrollo, incluida la explotación de los recursos naturales, como parte de su derecho fundamental a la libre determinación.
En opinión del relator Anaya, el problema más importante es el modelo promovido por empresas y Estados para la extracción y explotación de los recursos naturales en hábitats indígenas. Se trata de un modelo en que los planes iniciales para la exploración y extracción de los recursos naturales son elaborados por la empresa, tal vez con cierta intervención del Estado, pero con poca o ninguna participación de la comunidad o pueblo indígena.
La empresa controla la operación de extracción y se apropia de los recursos y las ganancias, el Estado recibe regalías o recauda impuestos y los pueblos indígenas reciben, en el mejor de los casos, beneficios en forma de empleo o proyectos de desarrollo comunitario que, por lo general, tienen un valor económico insignificante en comparación con las ganancias obtenidas por la empresa. “Es un modelo de tinte colonial, en que los pueblos indígenas ven que sus territorios son invadidos de nuevo por extranjeros que, incluso cuando actúan con la promesa de asumir la responsabilidad social de las empresas, controlan aspectos de sus hábitats y se aprovechan de ellos”, dice Anaya.
Según el líder indígena Miguel Palacín, en la actualidad casi ningún gobierno respeta los derechos indígenas que se fundamentan en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 y múltiples tratados multilaterales vinculantes de derechos humanos. Cuando los Estados planifican y ejecutan “proyectos de desarrollo” rara vez consultan a los afectados, porque aún los consideran “ciudadanos de segunda” o, en el mejor de los casos, “menores de edad” incapaces de pensar por sí mismos.
